Ignacio Laureano Cruz

Expediente 771/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
771/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
28/08/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Laureano Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    MESA II "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 12685/2023 del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por el que informa que ACEPTÓ la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen a este asunto, la cual fue registrada con el número ******************** de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 fracción I, inciso b) del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y atendiendo a que en el presente juicio este órgano jurisdiccional declinó competencia legal a favor de diverso Juzgado, el expediente es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control interno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por último, como lo solicita, se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita a este Juzgado para que vincule el presente expediente electrónico al diverso ******************** del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA II......Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 771/2023, promovido por **************, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales con residencia en Tanivet, Oaxaca, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta localidad, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca al día siguiente, *******************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: ORDENADORAS: Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. Juez de Control del Circuito Judicial de Puerto Escondido; San Pedo Mixtepec, Oaxaca. EJECUTORAS: 1.- Fiscal General del Estado de Oaxaca. 2.- Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. 3.- Director de Investigaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. 4.- Subdirector de Investigaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. 5.- Comandante General Regional de la Costa de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. 6.- Comandante Local de Puerto Escondido; San Pedro Mixtepec Juquila Oaxaca, de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. 7.- Comandante Local de santos Reyes Nopala Oaxaca, de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. 8.- Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones de Delitos Contra Mujer por Razón de Género de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila Oaxaca de la Fiscalía General del Estado. ACTOS RECLAMADOS: De las responsables ordenadoras, reclamo: La orden de aprehensión y/o de privación de la libertad personal emitida en contra. De las responsables ejecutoras, reclamo: Todo acto de ejecución tendente a dar cumplimiento al acto reclamado a las autoridades responsables ordenadoras. Actos que estimó vulneran los derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del amparo. En auto de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo, la cual fue 3 registrada con el número 771/2023, se admitió la demanda de amparo; se ordenó el emplazamiento de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado; se requirió su informe justificado a las autoridades responsables; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Incompetencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para resolver el presente amparo en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, toda vez que la competencia legal es de orden público y por tanto no puede quedar sujeto a la voluntad de las partes, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo presentada por la quejosa. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Así, los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48 párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las 5 partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente" (.)". El artículo Constitucional, transcrito inicialmente, se ha interpretado de la manera siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte II, Séptima Época). 7 Por su parte, el normativo 36 de la Ley de Amparo derogada, cuyo texto es similar al del 37 de la ley en la materia vigente, se interpretó: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Sustentado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). La intelección de los numerales, tesis y jurisprudencia apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda previsión normativa constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, que establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio constitucional, no requiera de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción, se haya presentado la demanda. En la especie, el quejoso reclama la orden de aprehensión o privación de la libertad emitida por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, y por el Juez de Control del Circuito Judicial de Puerto Escondido, San Pedo Mixtepec, Oaxaca. Orden de aprehensión que en su caso, señala de ejecución por las autoridades siguientes: 1.- Fiscal General del Estado de Oaxaca. 2.- Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. 9 3.- Director de Investigaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. 4.- Subdirector de Investigaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. 5.- Comandante General Regional de la Costa de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. 6.- Comandante Local de Puerto Escondido; San Pedro Mixtepec Juquila Oaxaca, de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. 7.- Comandante Local de santos Reyes Nopala Oaxaca, de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. 8.- Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones de Delitos Contra Mujer por Razón de Género de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila Oaxaca de la Fiscalía General del Estado. Ahora, tramitado el juicio de amparo, el Juez de Control del Circuito Judicial de Puerto Escondido, San Pedo Mixtepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de la orden de aprehensión librada contra el quejoso, la cual fue emitida el once de julio de dos mil trece, en la causa penal ******** por la probable comisión del hecho que la ley establece como delito equiparado a la violación agravada, cometido en agravio de la menor de edad de iniciales******** En tanto que la diversa autoridad judicial ordenadora, Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, y 1 Respecto de la cual, el quejoso promovió el diverso amparo ********, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; que en resolución de ocho de octubre de dos mil quince, le fue negada la protección constitucional, y quedó firme por auto de cuatro de noviembre de dos mil quince. todas las autoridades señaladas como ejecutoras, negaron el acto a ellas reclamadas. De ahí que conforme al normativo Cuarto, apartado XIII, del ACUERDO GENERAL 3/2013 Y REFORMADO POR LOS DIVERSOS 26/2022, 29/2022 Y 30/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS EN QUE SE DIVIDE EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS Y UNITARIOS DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO, corresponde la COMPETENCIA LEGAL para resolver este asunto, al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ya que la competencia inicial del amparo a razón de la posible ejecución de la orden de aprehensión en territorio dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en Oaxaca, residentes en San Bartolo Coyotepec, se desvirtúa al no existir la ejecución que se reclama, por ende, le rige la regla competencial relativa a que corresponde la competencia del amparo al Juez de Distrito con jurisdicción en donde se emitió la orden de aprehensión, la población de Puerto Escondido, municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca. Lo anterior conforme al inciso a) del invocado numeral 37 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materias Común y Penal; Libro XXIII, 11 Agosto de 2013, Tomo 1, página 383, registro digital 2004166, del rubro y contenido: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables.". Así como la diversa jurisprudencia PC.I.P. J/39 P (10a.) emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Penal; Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, página 1071, registro digital 2016596, del texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener 13 ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución.". En esa tesitura, en virtud de que la orden de aprehensión reclamada fue emitida en una población bajo la jurisdicción de los Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, este Juzgado Octavo de Distrito, declara carecer de competencia legal para el conocimiento del presente asunto y estima corresponde su conocimiento al Juzgado de Distrito en turno en dicha jurisdicción. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia P./J. 8/2001, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 1/95, entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, publicada en la página cinco, Tomo XIII, Enero de 2001, con registro 190372, materia Común, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente." Con fundamento en el citado artículo 48 de la ley de la materia, remítase el expediente original y su incidente de suspensión, al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, solicitándole atentamente el acuse de recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente con las constancias que se consideren 15 necesarias, puesto que este juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3º de la Ley de Amparo; por lo que de ser necesario, su consulta se hará por ese medio. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para resolver el presente amparo, promovido por *********** contra actos de las autoridades precisadas en esta resolución. SEGUNDO. Remítase el amparo y su incidente al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, por conducto de la Oficialía de Partes correspondiente. NOTIFÍQUESE........

  3. Principal

    MESA II-A....San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, mediante el cual el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, informa que en el amparo ***** de su índice, se promovió por ********* contra actos derivados de la causa penal *****; y, el diecisiete de septiembre de dos mil quince, dictó sentencia por la que NEGÓ el amparo al quejoso, causando ejecutoria el cuatro de noviembre de ese mismo año, procediendo a su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE.......

  4. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado del agente Estatal de Investigaciones de Guardia, dependiente de la Agencia Estatal de Investigaciones, con el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido. NOTIFÍQUESE.

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