Ignacio Jorge Montero Urbina
Expediente 9/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 30 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 9/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 26/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ignacio Jorge Montero Urbina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Incidental
I. En acuerdo de esta fecha, dictado en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido, como se advierte de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento, y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del citado capítulo, acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012" se estima que el original del presente incidente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación del presente proveído, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados.
- Principal
I. Vista la notificación actuarial que antecede, de la que se desprende que fue notificado el quejoso Ignacio Jorge Montero Urbina, en la que manifestó que no era su deseo interponer recurso alguno en contra del proveído de veinticinco de enero pasado, en donde se declaró por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio, por tanto, hágase efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecinueve de febrero de la presente anualidad, esto es, no se tomaran en cuenta las manifestaciones vertidas en su escrito presentado en éste Órgano Jurisdiccional el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que mediante proveído de veinticinco de enero del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio, sin que la parte quejosa haya hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero de la Ley de Amparo, téngase por consentida tal determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión derivado del presente juicio. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, además, no contiene información reservada. Finalmente, tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS "Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y haga del conocimiento del citado agraviado el contenido del presente acuerdo. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
I. Agréguese a los presentes autos, el escrito signado por el quejoso Ignacio Jorge Montero Urbina, mediante el cual, hace diversas manifestaciones en torno al proveído de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en donde se advierte diversas inconformidades, por tanto, con el fin de no dejar en estado de indefensión al citado quejoso, con apoyo en el artículo 297 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, prevéngasele, para que al momento de la notificación del presente proveído, manifieste, si es su deseo promover recurso de inconformidad en contra del auto de veinticinco de enero de la presente anualidad, en donde se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, apercibido que de no hacerlo, no se le tomaran en cuentas dichas deposiciones.. Asimismo, respecto a la solicitud que hace en que se requieran diversas documentales al Área de Seguridad del Módulo Alfa 2 y a la Clínica Médica del Centro de Reinserción Social, del cual se encentra recluido el quejoso, al efecto dígase que no ha lugar a acordar de conformidad dicha solicitud, toda vez que en el presente juicio y como ya se adelantó, se tuvo cumplida la sentencia dictada en el presente juicio. Finalmente, tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS "Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y haga del conocimiento del citado agraviado el contenido del presente acuerdo. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
I. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante acuerdo de diez de enero de dos mil diecinueve, se tuvo a la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, anexando las respectivas constancias. Ahora, tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis siguiente: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 4 de 6 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Mediante resolución dictada el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (fojas 129 a 134), por una parte se negó y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Ignacio Jorge Montero Urbina. Sin que la parte legitimada hubiese recurrido dicha determinación, causó ejecutoria a través del acuerdo dictado el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 147 a 149), por lo que se requirió al Director General; Médico Coordinador y Director de Administración, todos del Centro Federal de Readaptación Social, número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, para que realizaran lo siguiente: a) No restrinjan el consumo de sal en forma total en los alimentos que le proporcionan al quejoso, sino en una cantidad menor. b) Permitir al quejoso la adquisición moderada de diversos productos que contengan sal que se encuentren ofertados en la tienda que se ubica en el lugar donde guarda reclusión. Tal circunstancia sólo debe subsistir hasta en tanto no exista diversa prescripción médica donde se advierta que la ingesta de sal, sea perjudicial para agravar el padecimiento que le aqueja que lo es la hipertensión arterial. En cumplimiento a la ejecutoria dictada, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social, número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, remitió el oficio 195/2019, mediante el cual, informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora con la constancia certificada respectiva (fojas 154 a 159 y 172 a 174). Ahora, del examen de las documentales descritas, las cuales tienen pleno valor probatorio de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, se desprende que el citado Director realizó lo siguiente: ~ Precisó que el quejoso Ignacio Jorge Montero Urbina, a la fecha -ocho de enero de dos mil diecinueve- se encuentra bajo el tratamiento indicado por el médico general del mencionado centro de reclusión, en relación con su padecimiento crónico degenerativo de hipertensión arterial sistémica, por lo que cuenta con dieta hipo-sódica vigente, la que coadyuva al control de ese padecimiento y a preservar su integridad física; caso contrario, podría sufrir una descomposición que comprometa órganos vitales y que ocasione patologías secundarias. ~ Agregó que la mencionada dieta no restringe totalmente al ingesta de sal, solo la limita a las cantidades sugeridas, asimismo, se considera que el quejoso debe continuar de manera permanente bajo ese régimen alimenticio; además, se determinó restringir la compra de productos con sal y refrescos ofertados en la tienda ubicada en el centro de reclusión de que se trata. ~ Lo anterior, conforme a la nueva prescripción médica contenida en la nota elaborada el tres de enero de dos mil diecinueve, por la Médico Penitenciario Susana L. Vigil, con cédula profesional 7103905, que remitió a este Juzgado en copia certificada. Por ende, se puede concluir que la autoridad responsable en cuestión, en relación con los efectos del fallo protector acreditó: Que no limitó el consumo de sal en forma total en los alimentos que le proporcionan al quejoso, sino en una cantidad menor, al suministrarle de manera permanente la dieta hipo-sódica baja en sales. No obstante, determinó que no era posible permitir al quejoso la adquisición moderada de diversos productos que contengan sal que se encuentren ofertados en la tienda que se ubica en el lugar donde guarda reclusión, de acuerdo a lo establecido en la prescripción médica de referencia. Por lo expuesto, se estima que el Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, cumplió con las exigencias precisadas dentro de los efectos de la concesión del amparo. Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, se declara que LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO SE ENCUENTRA CUMPLIDA, sin excesos ni defectos. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la ley de la materia. No pasa inadvertida la manifestación realizada por el quejoso en el acta de notificación personal de once de enero actual, en el sentido de que ".no se ha cumplido con lo ordenado por la autoridad judicial, toda vez que me siguen teniendo con la dieta hipo-sódica y no me encuentro enfermo" (sic); sin embargo, dicha expresión se considera errónea, en virtud de que, como se estableció en párrafos precedentes, el suministro del aludido régimen alimenticio y la restricción para la compra de productos que contengan sal y refrescos, obedecen al padecimiento que le aqueja de acuerdo al análisis médico practicado el tres de enero de dos mil diecinueve. Lo que se robustece con el dictamen relativo a la prueba pericial en materia de medicina ofertada por el propio quejoso durante el trámite del juicio de amparo en que se actúa (fojas 111 a 118), del que se advierte que el peticionario de amparo cursa con hipertensión arterial sistémica y que la dieta adecuada para éste es la hipo-sódica o baja en sal, misma que, como se precisó anteriormente, es suministrada por la autoridad penitenciaria responsable. Finalmente, tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS "Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y haga del conocimiento del citado agraviado el contenido del presente acuerdo. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal.
Quedan 26 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes
- Ibran Eduardo Maldonado Sanchez769/2015
- Ignacio Aguilar Soberano633/2023
- Ignacio Armas Magdaleno90/2021
- Ignacio Armas Magdaleno211/2021
- Ignacio Contreras Zaragoza248/2023
- Ignacio Gómez Amezcua869/2023
- Ignacio Madrigal Rico544/2019
- Ignacio Menera Mata8/2023
- IGNACIO MORA LEMUS y Otros.204/2023
- Ignacio Onchi Alendar204/2022
- Ignacio Onchi Alendar630/2021
- Ignacio Onchi Alendar218/2022