Ignacio Jimenez Andrade

Expediente 1594/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1594/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
26/08/2022

Partes del expediente

  • Ignacio Jimenez Andrade

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 16/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada en autos, en la cual se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita; en razón que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, así autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de treinta de mayo de dos mil veintidós; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1594/2021, y R E S U L T A N D O 1. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, y turnado el veintiséis de noviembre siguiente a este órgano jurisdiccional, el cual lo recibió ese mismo día, se tiene que Ignacio Jiménez Andrade, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades responsables [1] Congreso; [2] Gobernador; [3] Secretario de Gobierno, por si y como Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"; [4] Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; [5] Ayuntamiento municipal Constitucional de Tepalcingo, y [6] Presidente municipal de dicho Ayuntamiento, todos del Estado de Morelos, por los actos, en su respectivo ámbito competencial, consistentes en la omisión de hacer ejecutar y cumplir el laudo condenatorio dictado en el juicio laboral 01/563/16, así como los artículos 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en función de su supuesto primer acto de aplicación. Lo cual estima que vulneró sus derechos humanos previstos en los artículos 1, 14, 16, 17, 103, 107, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Trámite del juicio. Por auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado de amparo admitió la demanda; pidió a las autoridades responsables sus informes justificados; hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto; asimismo, dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. Luego, en acuerdo de dos de marzo de dos mil veintidós, en razón de que no obraban las constancias de notificación de los oficios 1152-4 y 1153-4, mediante los cuales este órgano jurisdiccional solicitó a las autoridades responsables Ayuntamiento Constitucional, y Presidente Constitucional, ambas de Tepalcingo, Morelos, este juzgado ordenó el reenvío de tales oficios; al efecto, se precisa que dichos informes, fueron rendidos el dieciocho de abril siguiente, se dio vista a las partes con ellos. Posteriormente, al haber sido sustanciado el juicio en cuestión, la audiencia constitucional se celebró el presente día veintisiete de junio de dos mil veintidós, por lo que se procede a dictar la resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido en contra de autoridades con residencia dentro del lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que en esta instancia se reclama a las autoridades responsables lo siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado [1] Congreso del Estado de Morelos. [a] Proceso legislativo que dio origen a los artículos 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil, relativo a las medidas de apremio, en función de su supuesto primer acto de aplicación. [2] Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos. [3] Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, y por ministerio de Ley, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad". [4] Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. [b] Omisión de ejecutar el laudo condenatorio dictado en el juicio burocrático 01/563/16, de su índice, y por ende, la abstención de imponer las medidas de apremio necesarias para lograr el acatamiento del mismo. [5] Ayuntamiento municipal Constitucional de Tepalcingo, Morelos. [c] Omisión de dar cumplimiento al laudo dictado en su contra en el juicio burocrático 01/563/16, de su índice. [6] Presidente municipal del Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos. Con la precisión de que si bien la parte quejosa señaló como actos destacados la incorrecta e indebida sustanciación por parte de la autoridad del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morreos, en su esfera de competencia, respecto del proceso de ejecución de sentencia (sic); la prolongación ilegal de dicho proceso; la omisión de remitir los autos a la autoridad respectiva, a efecto de iniciar la revocación de mandato o destitución por incumplimiento del Ayuntamiento o su Presidente municipal, ante el incumplimiento del laudo; la transgresión de sus derechos humanos de tutela efectiva y de ejecución de sentencia al omitir actuar de manera contundente y eficaz para hacerla cumplir, se aprecia que, todo ello se hizo depender de la omisión reclamada de ejecutar el laudo condenatorio dictado en el juicio burocrático ***********. Además, en los conceptos de violación se precisó por la parte quejosa que dichos actos son consecuencia de la falta de ejecución del laudo condenatorio en contra del Ayuntamiento municipal demandado; de allí que, del estudio integral de la demanda de amparo, se tiene como actos destacados los que han quedado precisados. En otro aspecto, no se inadvierte que, si bien señaló también como autoridad responsable a los integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se tiene que en realidad la omisión reclamada es atribuible al [4] Presidente Ejecutor, por lo que se tiene a esta última como la autoridad responsable del acto reclamado precisado en el inciso [b]; ello, al tratarse de la etapa de ejecución del laudo, en que lo reclamado en esta instancia no es un acto del Presidente Ejecutor sometido a revisión de los integrantes. En apoyo se cita, por las razones que lo sustentan, el criterio 2ª./J. 57/95 emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 200702, y de contenido: "JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado." III. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierta la omisión reclamada al [4] Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en razón de que negó el acto que se le atribuye, aunado a que no se advierte petición o intervención de la parte quejosa para llevar a cabo la ejecución del laudo condenatorio, previo a la presentación de la demanda de amparo, ni prueba alguna con la que se desvirtuara dicha negativa. Ello se robustece con el contenido de las documentales que remitió dicho Presidente Ejecutor junto a su informe justificado, así como las que le fueron requeridas por este juzgado de distrito en auto de dieciséis de junio del año en curso, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, por tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, se destaca que de tales constancias, se aprecia que aquélla autoridad, a la fecha de presentación de al demanda, no estaba obligada a impulsar el procedimiento de ejecución, en tanto que la parte actora mostró desinterés al no impulsar el procedimiento de ejecución en términos del artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria; aunado a que se le impuso la carga de asistir, asociado del actuario adscrito a dicho Tribunal, al domicilio de la parte demandada para que le fuera requerido el cumplimiento del laudo, y que tampoco presentó escrito o petición con el objeto de continuar con la ejecución del laudo. Se hace notar que el tres de agosto de dos mil veintiuno [previo a la promoción de este juicio de amparo], el Presidente Ejecutor emitió un auto de ejecución, a favor de Ignacio Jiménez Andrade, aquí quejoso, en el que precisó, entre otras cuestiones, lo siguiente: "[.] en atención al escrito presentado ante la oficialía de partes de esta autoridad el veintiséis de octubre de dos mil veinte, registrado bajo el número de folio 8928, signado por la Lic. ************, apoderada legal de la parte actora, así como en atención a la solicitud efectuada mediante escrito de folio 6488, recepcionado por esta autoridad con fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, al que recayó acuerdo el quince de octubre de dos mil veinte, de ese modo, en atención al amparo señalado en líneas que anteceden, debe prevalecer el presente acuerdo en los siguientes términos: ACUERDO.- Vista la certificación que antecede, en segundo lugar, se decreta auto de ejecución, [.] Por lo que se comisiona al ciudadano actuario adscrito a este Tribunal para que asociado de la parte actora, se constituya en el domicilio de la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Tepalcingo, Morelos, y le requiera a través del Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado la exhibición y entrega de las constancias, condena de hacer a favor de la actora, y para el caso de existir negativa, se apercibe al Presidente Municipal que se dará vista al pleno de este Tribunal para hacer efectiva la aplicación de una multa de mil pesos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148, 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil, atendiendo a la supletoriedad de las leyes y a fin de tomar las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo de mérito, se aplica el numeral que antecede, que a la letra se indica: [.] Haciendo del conocimiento que el requerimiento y cumplimiento del laudo emitido por este Tribunal debe ser a cargo del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, en atención a lo que dispone la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 17 y 41: [.] En ese orden de ideas de conformidad a lo establecido en los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en términos de la supletoriedad establecida en el artículo 11 de la Ley de la materia; se le hace del conocimiento al actor *************, que los presentes autos se encuentran a su disposición en este Tribunal ubicado en [.], el trámite deberá de realizar previa cita, al correo electrónico tribunal.conciliaciónyarbitraje@morelos.gob.mx, para el efecto de que en el término de tres días ejercite lo que a su derecho convenga; apercibidos que en caso de no comparecer, se tendrá como una falta de interés de la parte actora para realizar las gestiones necesarias para obtener el crédito a su favor y le empezará a transcurrir el plazo de prescripción a que se refiere el artículo 106 fracción III de la Ley Federal (sic) del Servicio Civil del Estado de Morelos. [.] NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO, MORELOS.- [.]" Además, que tal auto fue notificado a la parte actora, aquí quejosa, el trece de agosto de dos mil veintiuno, en el domicilio procesal que señaló ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, como se aprecia de las constancias remitidas mediante el oficio registrado por este juzgado con folio 12979. Asimismo, se obtiene que el [4] Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, informó a este juzgado que al veintitrés de junio de dos mil veintidós, la parte actora no había realizado manifestación alguna, ni ha acudido a dicho tribunal con la finalidad de diligenciar el auto de tres de agosto de dos mil veintiuno; ello, a pesar de que, como se adelantó, dicha parte estaba notificada. Lo anterior, sin que pase desapercibido que incluso se le fijó a la parte actora que: "[.] en el término de tres días ejercitara lo que a su derecho conviniera; apercibido que en caso de no comparecer, se tendrá como una falta de interés de la parte actora para realizar las gestiones necesarias para obtener el crédito a su favor.", y de autos, no se advierte que hubiere mostrado interés en diligenciar el auto de ejecución, no obstante que el impulso de tales actuaciones es una carga que corresponde a la parte que resultó beneficiaria con el sentido del laudo condenatorio. De ahí, que si no acudió con posterioridad a la emisión del auto de ejecución, a fin de diligenciarlo, y en su caso, tampoco exhibió una nueva petición, la autoridad no estaba obligada a ejecutarlo de manera oficiosa, puesto que era indispensable la participación del actor, o alguno de sus apoderados legales, y con el silencio, posterior a la notificación del acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno, a la fecha, se aprecia el desinterés de la parte actora, aquí quejosa. En apoyo a lo anterior, por las razones que lo sustentan, se cita el criterio XVIII.1o.2 L (10a.), emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con registro 2002144 y de contenido siguiente: "EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ES INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y LA POSTERIOR INTERVENCIÓN DE QUIEN OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se inicia a petición expresa del actor, para enseguida dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a fin de requerirle el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en la ley, específicamente las descritas en el artículo 124 de la citada ley del servicio civil, es decir, para llevar a cabo el procedimiento de ejecución de un laudo es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Sostener lo contrario, implicaría desconocer la razón de ser de la figura jurídica de la prescripción prevista en el artículo 106, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal. De ahí que el impulso para la ejecución de un laudo burocrático no corresponde al presidente ejecutor, pues es necesaria la intervención del actor." De lo que se robustece el que a efecto de que la autoridad responsable, esté en condiciones de ejecutar el laudo, requiere la intervención de la parte actora, la cual obtuvo resolución a su favor, lo cual no aconteció en el caso. Por ende, igualmente es inexistente la omisión atribuida a las autoridades responsables [5] Ayuntamiento municipal Constitucional de Tepalcingo, y [6] Presidente municipal de dicho Ayuntamiento, todos del Estado de Morelos. Ello, con independencia de lo expuesto en sus informes justificados, en razón de que si no se llevó la diligencia derivada del auto de ejecución, al no acudir el actuario adscrito al referido Tribunal Estatal para que asociado de la parte actora, se constituyera en el domicilio de la parte demandada, y por ende, no se requirió a través del Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado la exhibición y entrega de las constancias precisadas en el laudo, así como el cumplimiento de este último, se concluye que no estaban obligadas a acatar ese auto de ejecución de tres de agosto de dos mil veintiuno, en tanto que el requerimiento respectivo no les había sido realizado. En consecuencia, al no haberse acreditado la existencia de las omisiones reclamadas, y que el quejoso no ofreció prueba alguna para desvirtuar tal inexistencia; en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables aquí precisadas. IV. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto consistente en el procedimiento legislativo que dio origen a los artículos 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos, atribuido en su respectivo marco competencial, a la autoridades responsables [1] Congreso; [2] Gobernador; [3] Secretario de Gobierno, por si y como Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del estado de Morelos, pues así lo afirmaron al rendir su informe justificado. Aunado a ello, se tiene que las leyes no son objeto de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de sustento, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 191452 y de contenido siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Lo anterior, resulta acorde a lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la Séptima Época, en el criterio con registro digital 233090 y de contenido: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." V. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de fondo de la cuestión planteada, deben analizarse las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es por ello, que con relación al acto reclamado al [1] Congreso; [2] Gobernador; [3] Secretario de Gobierno, por si y como Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del estado de Morelos, consistente el instrumento jurídico recurrido, se precisa lo siguiente. Al haberse decretado el sobreseimiento respecto del supuesto primer acto de aplicación de la norma reclamada, se declara también en cuanto a los artículos 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos. Ello, como lo abordó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, con registro digital 191311 y de contenido: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Además, de que en lo particular en cuanto al acto atribuido a la [3] Secretario de Gobierno, por si y como Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", también se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, al tratarse de la autoridad encargada del refrendo y la publicación de la norma impugnada, y al no combatir sus actos por vicios propios. Por lo que, en ese tenor, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee respecto del acto consistente en los artículos 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos, atribuido en su respectivo ámbito competencial, al [1] Congreso; [2] Gobernador; [3] Secretario de Gobierno, por si y como Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del estado de Morelos. Así con fundamento, en los artículos 73 al 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee el juicio de amparo indirecto promovido por Ignacio Jiménez Andrade, por las razones y fundamentos expuestos en los puntos considerativos III y V, respecto de los actos reclamados a las autoridades ahí precisadas. Notifíquese, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resolvió y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marco Antonio García Cortez, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, visto el estado procesal del presente asunto los autos, se aprecia que mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós, este juzgado requirió a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que remitiera diversas constancias e informara el estado procesal que guarda el procedimiento de ejecución en el juicio laboral 01/563/2016, de su índice, de donde emana el acto reclamado. No obstante, se aprecia que con posterioridad, dicha autoridad únicamente remitió las constancias de notificación solicitadas, y nada dijo respecto del estado procesal del procedimiento de ejecución en el juicio laboral de origen, como se aprecia en el oficio registrado por este juzgado con folio 9462, mediante el cual el Tribunal en cita refirió acatar el requerimiento precisado en el párrafo que antecede. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase a dicha autoridad para que dentro del plazo de tres días: Informe el estado procesal que guarda el procedimiento de ejecución en el juicio laboral 01/563/16, de su índice, y remita las constancias con que apoye su dicho. En el entendido que en caso de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte, y 259 de la Ley de Amparo. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del día veintisiete de junio de dos mil veintidós, para su desarrollo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marco Antonio García Cortez, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de mayo de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 7/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente Tercer Arbitro (autoridad responsable) y Secretario General (autoridad no responsable), ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por medio del cual dan cumplimiento al requerimiento formulado en autos; con el contenido del informe dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales que anexan, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de su relación al momento de resolver el presente asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

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