Ignacio Javier Velazco Flores
Expediente 85/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ignacio Javier Velazco Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que negó la protección constitucional, sin que se impugnara; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE CAUSÓ EJECUTORIA. Se ordena la devolución de las constancias allegadas por las autoridades responsables, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se negó el amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(AVISO)EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL CUATRO DE JULIO DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTISEIS DE JUNIO DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: " VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 85/2023, promovido por..., contra los actos de la Cuarta Sala y Juez Cuadragésimo Sexto, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de las citadas autoridades, que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Este Juzgado admitió la demanda, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió los informes justificados, ordeno´ emplazar a la parte tercera interesada; y, fijo´ hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se advierte que las autoridades responsables rindieron sus informes justificados, respectivamente, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 38 y 107 fracción V de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un tribunal común con sede en el ámbito territorial donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado. Conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el toca..., por la Cuarta Sala Civil de la Ciudad de México, que modificó la interlocutoria de tres de octubre de dos mil veintidós, dictada en el incidente de ejecución de sentencia derivado de la controversia de arrendamiento inmobiliario..., del índice del Juez Cuadragésimo Sexto Civil de la Ciudad de México. La interlocutoria impugnada modificó para el efecto de condenar a la parte quejosa al pago de $..., moneda nacional) por concepto de las pensiones rentísticas correspondientes a los meses transcurridos de agosto de dos mil veinte a agosto de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto que se le reclama, lo que se corrobora con las constancias certificadas que remitió en apoyo a su informe, documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron el acto reclamado: 1. El tres de diciembre de dos mil veinte el Juez Cuadragésimo Sexto Civil de la Ciudad de México emitió sentencia definitiva en la controversia de arrendamiento inmobiliario..., misma que fue modificada por la Cuarta Sala Civil de la Ciudad de México el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno al resolver los tocas..., y ..., para quedar en los siguientes términos: ".PRIMERO.- Ha sido procedente la vía intentada en la que la parte actora en el juicio principal acreditó parcialmente los hechos en que fundó sus pretensiones, en tanto que el demandado acreditó sus excepciones y defensas marcadas con las letras A, B, C, y E; y respecto a la demanda reconvencional el demandado en el principal y actor en la reconvención no acreditó los hechos en que fundó sus prestaciones, en consecuencia; SEGUNDO.- Se absuelve a..., DE LAS PRESTACIONES I, II, III, IV y V (en lo referente al pago de rentas generadas en forma previa a la prestación de la demanda), VI y VII, que le fueron reclamadas en la demanda principal. TERCERO.- Se condena al demandado en lo principal y actor en la reconvención..., a pagar a la actora..., Y..., o a quien sus derechos represente, las rentas vencidas y no pagadas generadas desde agosto de dos mil veinte y hasta la emisión de la presente sentencia, a razón de $..., M.N.) mensuales, así como al pago de los intereses moratorios que lleguen a generarse por esas pensiones rentísticas, en términos del artículo 2395 del Código Civil para el Distrito Federal. Cantidades que se liquidarán y cuantificarán en ejecución de sentencia. CUARTO. Se absuelve a los actores en lo principal y demandados en la reconvención los CC...., Y ..., de las prestaciones marcadas con los incisos A) y B) de la reconvención interpuesta por..., y consecuentemente las demás prestaciones reclamadas en la reconvención; lo anterior en mérito de lo expuesto en el Considerando VII, del presente fallo. QUINTO.- No se hace especial condena en costas. SEXTO.- Notifíquese." 2. El tres de octubre de dos mil veintidós el Juez responsable resolvió el incidente de ejecución de sentencia en los siguientes términos: ".PRIMERO.- Se ajusta y se aprueba parcialmente el incidente promovido por las coactoras..., Y ..., en la cantidad de la cantidad (sic) $-..., M.N.), por concepto de las pensiones rentísticas de los meses de AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE; ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, ENERO, FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO; así como un importe de $..., M.N.), por concepto de INTERESES MORATORIOS generados de los meses DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE; ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, ENERO, FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO. SEGUNDO: Cantidad citada en el resolutivo anterior que la demandada..., a pagar a ..., Y ..., o a quien sus derechos representen dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de que esta resolución haya causado estado, ya que de no hacerlo se procederá al embargo de bienes suficientes a garantizar la cantidad adeudada, y con el producto de su venta judicial se hará pago a la parte actora. TERCERO: Notifíquese." 3. Contra tal determinación la parte demandada interpuso recurso de apelación, del que conoció la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien mediante resolución de catorce de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca..., determinó lo siguiente: ".PRIMERO.- Se MODIFICA el resolutivo primero de la sentencia interlocutoria de fecha tres de octubre del año dos mil veintidós, dictada por el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO SEXTO DE LOS CIVIL (AHORA DE PROCESO ESCRITO) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los autos del juicio controversia de Arrendamiento Inmobiliario seguido por..., Y ..., en contra de..., mismo que deberá quedar en los términos siguientes (quedando intocado todo lo demás): 'PRIMERO.- Se aprueba el incidente promovido por la parte actora, por la cantidad de $..., MONEDA NACIONAL), por concepto de las pensiones rentísticas correspondientes a los meses de AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.' SEGUNDO.- No se hace condena en costas en esta segunda instancia. TERCERO. Notifíquese." Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Análisis de fondo. Toda vez que las partes en este asunto no invocaron alguna causal de improcedencia y el suscrito no advierte oficiosamente su actualización, procede estudiar el fondo de los planteamientos que se traen al juicio constitucional. En esencia, el quejoso aduce en su concepto de violación que se vulneran sus derechos constitucionales, porque: La Sala responsable erróneamente calificó de fundado pero inoperante el agravio que se le hizo valer, ello bajo el argumento de que los jueces no pueden variar las sentencias definitivas, sin embargo lo que se le solicitó, fue que se tomaran en cuenta los pagos entregados a los terceros interesados, correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil veinte, y reconocidos por éstos al desahogarse en la audiencia de ley la prueba confesional a su cargo. Tanto el Juez primigenio, como la Sala responsable omitieron valorar la referida prueba y, el primero dictó una sentencia completamente parcial y con favoritismo a la parte contraria. Con la condena impuesta se está realizando un cobro doble, y como consecuencia de ello, un detrimento en su patrimonio. La Sala responsable emitió una sentencia sin la debida fundamentación y motivación, al no valorar el reconocimiento expreso que los terceros interesados efectuaron al desahogarse la prueba confesional en la audiencia de ley. Decisión. Los conceptos de violación son infundados; y se estudiarán de manera conjunta en términos de lo que establece el artículo 76 de la Ley de Amparo, en tanto que a juicio del suscrito, entrañan el tema común de que al quejoso se le está cobrando indebidamente un monto que responde a meses por los que ya pagó. En efecto, la Constitución Federal, entre los derechos fundamentales que tutela en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; este atributo forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que este´ en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El contenido formal de la prerrogativa de legalidad prevista en el artículo invocado, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para que´" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y autentica defensa. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; en tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Por otra parte, debe precisarse que, el incidente de liquidación es un procedimiento contencioso autónomo respecto del juicio principal y al mismo tiempo accesorio a aquél, cuyo objeto consiste en determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el procedimiento, con el propósito de llevar a cabo su ejecución. Sin embargo, la resolución que dirime la controversia incidental no puede modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues de hacerlo se atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, toda vez que en la determinación conclusiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en vías de consecuencia, en un incidente de ejecución, no puede desconocerse un derecho ya decidido en el fallo definitivo sino en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del contradictorio. Se invoca en apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. AUNQUE FORMALMENTE SEA UN PROCEDIMIENTO AJENO AL JUICIO PRINCIPAL, MATERIALMENTE ES UNA EXTENSIÓN DEL MISMO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO). El procedimiento que tiene por objeto cuantificar la condena ilíquida decretada en la sentencia definitiva que puso fin al juicio principal, que en la legislación analizada se tramita por la vía incidental, constituye un procedimiento contencioso, en tanto que tiene por objeto determinar si el cálculo contenido en la planilla de liquidación, fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. Dicho procedimiento es autónomo respecto del juicio principal, porque su resolución no afecta la cosa juzgada derivada de la sentencia definitiva dictada en éste, y su tramitación constituye un procedimiento independiente del juicio principal, con una estructura procesal equiparable a la de éste, por partir de una acción incidental que contiene una pretensión jurídica, a la que pueden oponerse defensas procesales, y por contener una etapa procesal de pruebas, alegatos y sentencia, siendo ésta impugnable en la apelación; sin embargo, este procedimiento es al mismo tiempo un accesorio del juicio principal, porque la procedencia de la acción incidental depende de la previa existencia de una condena ilíquida, y su tramitación, aunque es facultativa, es jurídicamente necesaria porque obedece al interés público de cuantificar dicha condena. El aparente antagonismo se explica porque para hacer efectivo un derecho de crédito, no basta con que se decrete su existencia, sino que además debe determinarse su contenido y alcance, pues un derecho de crédito es inerte si no puede cobrarse, y para ello es necesaria su liquidación. Por lo tanto, aunque a veces no es posible o conveniente que en el juicio principal se determine tanto la existencia como la cuantía del derecho de crédito, y por ende deba tramitarse otro procedimiento que desde el punto de vista adjetivo, es autónomo e independiente, ello no resta a tal liquidación del crédito su naturaleza sustantiva, pues su objeto versa sobre un aspecto esencial de la litis principal, que es la determinación del contenido y alcance del derecho cuya existencia fue previamente decretada como cosa juzgada en la sentencia definitiva. Por consiguiente, debe considerarse que el incidente de liquidación es, materialmente, una extensión del juicio principal, aunque formalmente sea ajeno al mismo, pues al resolverse en el mismo un aspecto esencial de la misma pretensión jurídica que fue materia del juicio principal, tal resolución obedece al principio de la justa composición de la litis, que en términos del artículo 17 constitucional, ordena que la justicia sea administrada de manera completa. De lo anterior se deriva que la sentencia interlocutoria dictada en un incidente de liquidación, participa de la misma naturaleza jurídica de la sentencia definitiva, ya que no puede considerarse que el proceso contencioso ha terminado materialmente, sino hasta que se apliquen en pago al acreedor los bienes necesarios." "INCIDENTE DE LIQUIDACION DE INTERESES. LA PLANILLA PRESENTADA POR EL ACTOR NO DEBE REBASAR, MODIFICAR O ANULAR LAS BASES DECIDIDAS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Si bien es cierto que al estar en presencia de una condena genérica sobre intereses contenida en la sentencia ejecutoria dictada en el juicio ejecutivo mercantil del que emana el acto reclamado, se hace necesario la liquidación de ese concepto a través del incidente que regula el artículo 1348, del Código de Comercio; y que la controversia incidental sobre liquidación de intereses que se forma entre las partes debe ser resuelta atendiendo a los argumentos y pruebas que se aportan en ese procedimiento, también lo es, que en éste no pueden modificarse, anularse o rebasarse las bases decididas en sentencia definitiva, de ahí que la sentencia interlocutoria reclamada al expresar que se condena a la demandada, entre otros conceptos, por "réditos moratorios al tipo legal que se han vencido y los que se sigan venciendo hasta la total solución del presente juicio", no puede ser rebasado por la planilla del actor al considerar porcentajes mayores. Por tanto, si esto sucede es correcto el proceder del juez responsable al no aprobar la planilla formulada por la parte actora, en razón de que se aparta de la directriz esencial de la sentencia pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil que condena al pago de intereses moratorios al tipo legal que es precisamente el 6% anual que indica el artículo 632, párrafo primero, del Código de Comercio." En primer término, conviene precisar que conforme a la jurisprudencia de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que es correcto que el tribunal de amparo se pronuncie sobre puntos que no fueron abordados por la autoridad de instancia, cuando el quejoso tiene razón en los planteamientos vertidos en sus conceptos de violación por omisiones de la responsable, pero carece de ella en lo que ve al fondo del asunto. En esa virtud, cabe decir que lo mismo sucede respecto de agravios en la apelación, donde igualmente éstos deben declararse fundados pero inoperantes cuando se advierta con toda claridad, y sin necesidad de hacer uso del arbitrio jurisdiccional, que la parte recurrente carece en el fondo de razón, pues ninguna utilidad le reportaría que se revocara la sentencia del Juez natural si, a fin de cuentas, el asunto a la postre se resolverá en su contra, incluso, llegado el caso, en ulterior apelación. De manera entonces que, en aras del principio de pronta y expedita administración de justicia que se contiene en el artículo 17 constitucional, en casos como éste conviene de una vez desestimar los respectivos agravios. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por igualdad de razón, las jurisprudencias y tesis que dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." "REVISIÓN FISCAL, AGRAVIOS FUNDADOS PERO INOPERANTES EN LA. Conforme a la jurisprudencia que sostuvo la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento catorce del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", es correcto que el tribunal de amparo se pronuncie sobre puntos que no fueron abordados por la autoridad de instancia, cuando el quejoso tiene razón en los planteamientos vertidos en sus conceptos de violación por omisiones de la responsable, pero carece de ella en lo que ve al fondo del asunto; en esa virtud, cabe decir que lo mismo sucede respecto de agravios en la revisión fiscal, donde igualmente deben declararse fundados pero inoperantes tales agravios cuando se advierta con toda claridad, y sin necesidad de hacer uso del arbitrio jurisdiccional, que la autoridad recurrente carece en el fondo de razón, pues ninguna utilidad le reportaría que se revocara la sentencia del Tribunal Fiscal si, a fin de cuentas, el asunto a la postre se resolverá en su contra, incluso, llegado el caso, en ulterior revisión fiscal; de manera entonces que, en aras del principio de pronta y expedita administración de justicia que se contiene en el artículo 17 constitucional, en casos como éste conviene de una vez desestimar los agravios relativos, en la inteligencia de que no sucede lo mismo cuando el punto en debate no resulta tan claro y sí, en cambio, es menester hacer uso del señalado arbitrio jurisdiccional, pues en dicha hipótesis, corresponderá de origen a la instancia común pronunciarse en ejercicio de sus facultades." "AGRAVIOS FUNDADOS PERO INOPERANTES EN LA APELACION. No es verdad que los agravios de apelación únicamente puedan ser fundados o sólo inoperantes, pero no atribuírseles ambos calificativos; porque, en efecto, no habiendo reenvío en la apelación, si las inconformidades que se plantean son procedentes así debe declararse, toda vez que el Tribunal de Alzada debe subsanar, a la luz de los agravios respectivos, las omisiones e irregularidades cometidas por el juez natural, no puede ordenarle las corrija sino hacerlo por sí mismo, lo que es consecuencia de haber reasumido la jurisdicción con motivo de la apelación. Pero si a pesar de lo fundado en los argumentos planteados éstos fueran ineficaces para modificar o revocar el fallo recurrido, es incuestionable que los propios agravios merecen también el atributo de inoperantes, habida cuenta que el estudio que de ellos se hiciera ningún efecto favorable produciría al apelante, quien obviamente persigue que se cambie el sentido de la sentencia del primer grado adversa a sus pretensiones. Lo importante en todo evento estriba en que exista el dato sustancial de que se analicen en su totalidad las inconformidades del apelante, como en el caso así lo hizo la autoridad señalada como responsable ordenadora, quien, además, explicó detalladamente, según se vio, las razones y fundamentos que tuvo para otorgarles el atributo en comento." En el caso, el recurrente en el segundo agravio que hizo valer ante la Sala responsable, sostuvo en esencia que en perjuicio de sus derechos el a quo no analizó ni valoró la confesión expresa de los actores que se desahogó en la audiencia de ley, ello a pesar de que en las excepciones y defensas del escrito de contestación al incidente se hizo valer esa cuestión. Sobre lo cual dicho Tribunal determinó lo siguiente: ".En otra tesitura, se establece que el segundo agravio de la parte recurrente es fundado pero inoperante. Ello, pues si bien de la lectura integral de la sentencia interlocutoria combatida se obtiene que el Juez de origen omitió: a) Analizar a cabalidad el escrito de contestación a la demanda incidental por parte del ahora recurrente (visible en las fojas cuarenta y tres a cuarenta y cinco del testimonio), pues no efectuó pronunciamiento alguno respecto a que, según dicho del demandado..., reconoció haber recibido los pagos puntuales de la renta al desahogarse la prueba confesional a su cargo en la audiencia de ley celebrada el tres de diciembre de dos mil veinte, por lo que las pensiones referentes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil veinte debían tenerse por pagados; a pesar de haber sido expuesto ese argumento al contestarse el hecho cuatro de la demanda incidental y en la excepción denominada: "SINE ACTIONE AGIS". b) Valorar la prueba instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. No existen elementos para variar el sentido de la resolución combatida en lo referente al periodo respecto del cual debe entenderse existe un adeudo a cubrir por parte del demandado. Lo anterior, en razón a que, de la sentencia definitiva, en su texto modificado por esta Sala al resolver los autos de los tocas..., y..., se desprende que se condenó a ..., al pago de las pensiones generadas con posterioridad a la presentación de la demanda principal, esto es, las generadas a partir de agosto de dos mil veinte, a pesar de lo expresado por ..., al desahogarse la prueba confesional a su cargo en la audiencia celebrada el tres de diciembre de dos mil veinte; como se infiere del texto cuya parte conducente se transcribe a continuación: (.) Y no debe perderse de vista que los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a la que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el Juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, en el procedimiento incidental no pueden entenderse pagadas pensiones rentísticas con base en pruebas ya valoradas al dictarse la definitiva, pues eso conllevaría variar el periodo respecto del cual está constreñido a pagar rentas el arrendatario. Por tanto, considerando las constancias de autos y que no existe ningún otro indicio que lleve a la conclusión al suscrito que las mensualidades de agosto a diciembre de dos mil veinte, ya fueron cubiertas, es que la liquidación y condena respecto de las mismas deben prevalecer." De ahí que no asiste razón al quejoso, pues como lo consideró la Sala responsable, si bien el Juez natural no se pronunció respecto de la confesión expresa señalada por el demandado, lo cierto es que ello carece en el fondo de razón y de eficacia para modificar o revocar lo recurrido, por tanto fue correcto calificar como fundado pero inoperante el agravio hecho en ese sentido por el recurrente. Lo anterior, debido a que en el tercer resolutivo de la sentencia definitiva modificada por el Tribunal de alzada, se condenó a la parte demandada a liquidar las rentas vencidas y no pagadas, generadas desde agosto de dos mil veinte y hasta la emisión de ese fallo, es decir, al veintisiete de agostos de dos mil veintiuno, lo cual constituye cosa juzgada. Por tanto, los pagos correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil veinte, que dice la quejosa, fueron entregados y reconocidos por los terceros interesados en la audiencia de ley, no son susceptibles de considerarse para resolver el incidente en cuestión, pues con dicho análisis se podría modificar, anular o rebasar lo decidido en el fallo definitivo, donde ya se condenó a pagar las rentas generadas durante esos meses, atentando así contra los principios fundamentales del proceso; tal como se aprecia del tercer punto resolutivo de la sentencia modificada por la Alzada. De ahí que tampoco pueda tomarse en cuenta la prueba confesional desahogada en la audiencia de ley, en los términos que refiere el quejoso, pues ésta sirvió para resolver el juicio en lo principal y emitir la condena impuesta a éste, como fue, la de pagar las rentas generadas en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil veinte, que ahora dice el impetrante, que liquidó. Sin que lo anterior implique una indebida fundamentación y motivación, ni un doble cobro como aduce el quejoso, pues el pago de tales meses se ordenó desde la emisión de la sentencia definitiva -en los términos que fue modificada por el Tribunal de alzada-, donde no se estableció elemento alguno para considerar que los mismos hubieran sido liquidados, por tanto, es correcto que se cuantifiquen en ejecución de sentencia, como en el caso aconteció. Por todo lo expuesto, procede negar el amparo y protección de la justicia federal. Negativa que se hace extensiva al acto que se reclamada de la autoridad ejecutora, ya que no se impugna por vicios propios, sino como consecuencia de la sentencia de segunda instancia cuya constitucionalidad se hace preservar al tenor de las razones de esta resolución. Es aplicable, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a..., contra actos de la Cuarta Sala y Juez Cuadragésimo Sexto, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones expuestas al diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo resolvió y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. (Firma electrónica) (Firma electrónica) EL JUEZ EL SECRETARIO.".
- Principal
(AVISO)EN VIRTUD DE QUE LOS TERCEROS INTERESADOS NO ACUDIERON AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL SIETE DE JULIO DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN ENGROSADA EL VEINTISEIS DE JUNIO DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 85/2023, promovido por..., contra los actos de la Cuarta Sala y Juez Cuadragésimo Sexto, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de las citadas autoridades, que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Este Juzgado admitió la demanda, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió los informes justificados, ordeno´ emplazar a la parte tercera interesada; y, fijo´ hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se advierte que las autoridades responsables rindieron sus informes justificados, respectivamente, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 38 y 107 fracción V de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un tribunal común con sede en el ámbito territorial donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado. Conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el toca..., por la Cuarta Sala Civil de la Ciudad de México, que modificó la interlocutoria de tres de octubre de dos mil veintidós, dictada en el incidente de ejecución de sentencia derivado de la controversia de arrendamiento inmobiliario..., del índice del Juez Cuadragésimo Sexto Civil de la Ciudad de México. La interlocutoria impugnada modificó para el efecto de condenar a la parte quejosa al pago de $..., moneda nacional) por concepto de las pensiones rentísticas correspondientes a los meses transcurridos de agosto de dos mil veinte a agosto de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto que se le reclama, lo que se corrobora con las constancias certificadas que remitió en apoyo a su informe, documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron el acto reclamado: 1. El tres de diciembre de dos mil veinte el Juez Cuadragésimo Sexto Civil de la Ciudad de México emitió sentencia definitiva en la controversia de arrendamiento inmobiliario..., misma que fue modificada por la Cuarta Sala Civil de la Ciudad de México el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno al resolver los tocas..., y ..., para quedar en los siguientes términos: ".PRIMERO.- Ha sido procedente la vía intentada en la que la parte actora en el juicio principal acreditó parcialmente los hechos en que fundó sus pretensiones, en tanto que el demandado acreditó sus excepciones y defensas marcadas con las letras A, B, C, y E; y respecto a la demanda reconvencional el demandado en el principal y actor en la reconvención no acreditó los hechos en que fundó sus prestaciones, en consecuencia; SEGUNDO.- Se absuelve a..., DE LAS PRESTACIONES I, II, III, IV y V (en lo referente al pago de rentas generadas en forma previa a la prestación de la demanda), VI y VII, que le fueron reclamadas en la demanda principal. TERCERO.- Se condena al demandado en lo principal y actor en la reconvención..., a pagar a la actora..., Y..., o a quien sus derechos represente, las rentas vencidas y no pagadas generadas desde agosto de dos mil veinte y hasta la emisión de la presente sentencia, a razón de $..., M.N.) mensuales, así como al pago de los intereses moratorios que lleguen a generarse por esas pensiones rentísticas, en términos del artículo 2395 del Código Civil para el Distrito Federal. Cantidades que se liquidarán y cuantificarán en ejecución de sentencia. CUARTO. Se absuelve a los actores en lo principal y demandados en la reconvención los CC...., Y ..., de las prestaciones marcadas con los incisos A) y B) de la reconvención interpuesta por..., y consecuentemente las demás prestaciones reclamadas en la reconvención; lo anterior en mérito de lo expuesto en el Considerando VII, del presente fallo. QUINTO.- No se hace especial condena en costas. SEXTO.- Notifíquese." 2. El tres de octubre de dos mil veintidós el Juez responsable resolvió el incidente de ejecución de sentencia en los siguientes términos: ".PRIMERO.- Se ajusta y se aprueba parcialmente el incidente promovido por las coactoras..., Y ..., en la cantidad de la cantidad (sic) $-..., M.N.), por concepto de las pensiones rentísticas de los meses de AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE; ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, ENERO, FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO; así como un importe de $..., M.N.), por concepto de INTERESES MORATORIOS generados de los meses DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE; ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, ENERO, FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO. SEGUNDO: Cantidad citada en el resolutivo anterior que la demandada..., a pagar a ..., Y ..., o a quien sus derechos representen dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de que esta resolución haya causado estado, ya que de no hacerlo se procederá al embargo de bienes suficientes a garantizar la cantidad adeudada, y con el producto de su venta judicial se hará pago a la parte actora. TERCERO: Notifíquese." 3. Contra tal determinación la parte demandada interpuso recurso de apelación, del que conoció la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien mediante resolución de catorce de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca..., determinó lo siguiente: ".PRIMERO.- Se MODIFICA el resolutivo primero de la sentencia interlocutoria de fecha tres de octubre del año dos mil veintidós, dictada por el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO SEXTO DE LOS CIVIL (AHORA DE PROCESO ESCRITO) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los autos del juicio controversia de Arrendamiento Inmobiliario seguido por..., Y ..., en contra de..., mismo que deberá quedar en los términos siguientes (quedando intocado todo lo demás): 'PRIMERO.- Se aprueba el incidente promovido por la parte actora, por la cantidad de $..., MONEDA NACIONAL), por concepto de las pensiones rentísticas correspondientes a los meses de AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.' SEGUNDO.- No se hace condena en costas en esta segunda instancia. TERCERO. Notifíquese." Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Análisis de fondo. Toda vez que las partes en este asunto no invocaron alguna causal de improcedencia y el suscrito no advierte oficiosamente su actualización, procede estudiar el fondo de los planteamientos que se traen al juicio constitucional. En esencia, el quejoso aduce en su concepto de violación que se vulneran sus derechos constitucionales, porque: La Sala responsable erróneamente calificó de fundado pero inoperante el agravio que se le hizo valer, ello bajo el argumento de que los jueces no pueden variar las sentencias definitivas, sin embargo lo que se le solicitó, fue que se tomaran en cuenta los pagos entregados a los terceros interesados, correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil veinte, y reconocidos por éstos al desahogarse en la audiencia de ley la prueba confesional a su cargo. Tanto el Juez primigenio, como la Sala responsable omitieron valorar la referida prueba y, el primero dictó una sentencia completamente parcial y con favoritismo a la parte contraria. Con la condena impuesta se está realizando un cobro doble, y como consecuencia de ello, un detrimento en su patrimonio. La Sala responsable emitió una sentencia sin la debida fundamentación y motivación, al no valorar el reconocimiento expreso que los terceros interesados efectuaron al desahogarse la prueba confesional en la audiencia de ley. Decisión. Los conceptos de violación son infundados; y se estudiarán de manera conjunta en términos de lo que establece el artículo 76 de la Ley de Amparo, en tanto que a juicio del suscrito, entrañan el tema común de que al quejoso se le está cobrando indebidamente un monto que responde a meses por los que ya pagó. En efecto, la Constitución Federal, entre los derechos fundamentales que tutela en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; este atributo forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que este´ en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El contenido formal de la prerrogativa de legalidad prevista en el artículo invocado, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para que´" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y autentica defensa. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; en tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Por otra parte, debe precisarse que, el incidente de liquidación es un procedimiento contencioso autónomo respecto del juicio principal y al mismo tiempo accesorio a aquél, cuyo objeto consiste en determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el procedimiento, con el propósito de llevar a cabo su ejecución. Sin embargo, la resolución que dirime la controversia incidental no puede modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues de hacerlo se atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, toda vez que en la determinación conclusiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en vías de consecuencia, en un incidente de ejecución, no puede desconocerse un derecho ya decidido en el fallo definitivo sino en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del contradictorio. Se invoca en apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. AUNQUE FORMALMENTE SEA UN PROCEDIMIENTO AJENO AL JUICIO PRINCIPAL, MATERIALMENTE ES UNA EXTENSIÓN DEL MISMO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO). El procedimiento que tiene por objeto cuantificar la condena ilíquida decretada en la sentencia definitiva que puso fin al juicio principal, que en la legislación analizada se tramita por la vía incidental, constituye un procedimiento contencioso, en tanto que tiene por objeto determinar si el cálculo contenido en la planilla de liquidación, fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. Dicho procedimiento es autónomo respecto del juicio principal, porque su resolución no afecta la cosa juzgada derivada de la sentencia definitiva dictada en éste, y su tramitación constituye un procedimiento independiente del juicio principal, con una estructura procesal equiparable a la de éste, por partir de una acción incidental que contiene una pretensión jurídica, a la que pueden oponerse defensas procesales, y por contener una etapa procesal de pruebas, alegatos y sentencia, siendo ésta impugnable en la apelación; sin embargo, este procedimiento es al mismo tiempo un accesorio del juicio principal, porque la procedencia de la acción incidental depende de la previa existencia de una condena ilíquida, y su tramitación, aunque es facultativa, es jurídicamente necesaria porque obedece al interés público de cuantificar dicha condena. El aparente antagonismo se explica porque para hacer efectivo un derecho de crédito, no basta con que se decrete su existencia, sino que además debe determinarse su contenido y alcance, pues un derecho de crédito es inerte si no puede cobrarse, y para ello es necesaria su liquidación. Por lo tanto, aunque a veces no es posible o conveniente que en el juicio principal se determine tanto la existencia como la cuantía del derecho de crédito, y por ende deba tramitarse otro procedimiento que desde el punto de vista adjetivo, es autónomo e independiente, ello no resta a tal liquidación del crédito su naturaleza sustantiva, pues su objeto versa sobre un aspecto esencial de la litis principal, que es la determinación del contenido y alcance del derecho cuya existencia fue previamente decretada como cosa juzgada en la sentencia definitiva. Por consiguiente, debe considerarse que el incidente de liquidación es, materialmente, una extensión del juicio principal, aunque formalmente sea ajeno al mismo, pues al resolverse en el mismo un aspecto esencial de la misma pretensión jurídica que fue materia del juicio principal, tal resolución obedece al principio de la justa composición de la litis, que en términos del artículo 17 constitucional, ordena que la justicia sea administrada de manera completa. De lo anterior se deriva que la sentencia interlocutoria dictada en un incidente de liquidación, participa de la misma naturaleza jurídica de la sentencia definitiva, ya que no puede considerarse que el proceso contencioso ha terminado materialmente, sino hasta que se apliquen en pago al acreedor los bienes necesarios." "INCIDENTE DE LIQUIDACION DE INTERESES. LA PLANILLA PRESENTADA POR EL ACTOR NO DEBE REBASAR, MODIFICAR O ANULAR LAS BASES DECIDIDAS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Si bien es cierto que al estar en presencia de una condena genérica sobre intereses contenida en la sentencia ejecutoria dictada en el juicio ejecutivo mercantil del que emana el acto reclamado, se hace necesario la liquidación de ese concepto a través del incidente que regula el artículo 1348, del Código de Comercio; y que la controversia incidental sobre liquidación de intereses que se forma entre las partes debe ser resuelta atendiendo a los argumentos y pruebas que se aportan en ese procedimiento, también lo es, que en éste no pueden modificarse, anularse o rebasarse las bases decididas en sentencia definitiva, de ahí que la sentencia interlocutoria reclamada al expresar que se condena a la demandada, entre otros conceptos, por "réditos moratorios al tipo legal que se han vencido y los que se sigan venciendo hasta la total solución del presente juicio", no puede ser rebasado por la planilla del actor al considerar porcentajes mayores. Por tanto, si esto sucede es correcto el proceder del juez responsable al no aprobar la planilla formulada por la parte actora, en razón de que se aparta de la directriz esencial de la sentencia pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil que condena al pago de intereses moratorios al tipo legal que es precisamente el 6% anual que indica el artículo 632, párrafo primero, del Código de Comercio." En primer término, conviene precisar que conforme a la jurisprudencia de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que es correcto que el tribunal de amparo se pronuncie sobre puntos que no fueron abordados por la autoridad de instancia, cuando el quejoso tiene razón en los planteamientos vertidos en sus conceptos de violación por omisiones de la responsable, pero carece de ella en lo que ve al fondo del asunto. En esa virtud, cabe decir que lo mismo sucede respecto de agravios en la apelación, donde igualmente éstos deben declararse fundados pero inoperantes cuando se advierta con toda claridad, y sin necesidad de hacer uso del arbitrio jurisdiccional, que la parte recurrente carece en el fondo de razón, pues ninguna utilidad le reportaría que se revocara la sentencia del Juez natural si, a fin de cuentas, el asunto a la postre se resolverá en su contra, incluso, llegado el caso, en ulterior apelación. De manera entonces que, en aras del principio de pronta y expedita administración de justicia que se contiene en el artículo 17 constitucional, en casos como éste conviene de una vez desestimar los respectivos agravios. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por igualdad de razón, las jurisprudencias y tesis que dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." "REVISIÓN FISCAL, AGRAVIOS FUNDADOS PERO INOPERANTES EN LA. Conforme a la jurisprudencia que sostuvo la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento catorce del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", es correcto que el tribunal de amparo se pronuncie sobre puntos que no fueron abordados por la autoridad de instancia, cuando el quejoso tiene razón en los planteamientos vertidos en sus conceptos de violación por omisiones de la responsable, pero carece de ella en lo que ve al fondo del asunto; en esa virtud, cabe decir que lo mismo sucede respecto de agravios en la revisión fiscal, donde igualmente deben declararse fundados pero inoperantes tales agravios cuando se advierta con toda claridad, y sin necesidad de hacer uso del arbitrio jurisdiccional, que la autoridad recurrente carece en el fondo de razón, pues ninguna utilidad le reportaría que se revocara la sentencia del Tribunal Fiscal si, a fin de cuentas, el asunto a la postre se resolverá en su contra, incluso, llegado el caso, en ulterior revisión fiscal; de manera entonces que, en aras del principio de pronta y expedita administración de justicia que se contiene en el artículo 17 constitucional, en casos como éste conviene de una vez desestimar los agravios relativos, en la inteligencia de que no sucede lo mismo cuando el punto en debate no resulta tan claro y sí, en cambio, es menester hacer uso del señalado arbitrio jurisdiccional, pues en dicha hipótesis, corresponderá de origen a la instancia común pronunciarse en ejercicio de sus facultades." "AGRAVIOS FUNDADOS PERO INOPERANTES EN LA APELACION. No es verdad que los agravios de apelación únicamente puedan ser fundados o sólo inoperantes, pero no atribuírseles ambos calificativos; porque, en efecto, no habiendo reenvío en la apelación, si las inconformidades que se plantean son procedentes así debe declararse, toda vez que el Tribunal de Alzada debe subsanar, a la luz de los agravios respectivos, las omisiones e irregularidades cometidas por el juez natural, no puede ordenarle las corrija sino hacerlo por sí mismo, lo que es consecuencia de haber reasumido la jurisdicción con motivo de la apelación. Pero si a pesar de lo fundado en los argumentos planteados éstos fueran ineficaces para modificar o revocar el fallo recurrido, es incuestionable que los propios agravios merecen también el atributo de inoperantes, habida cuenta que el estudio que de ellos se hiciera ningún efecto favorable produciría al apelante, quien obviamente persigue que se cambie el sentido de la sentencia del primer grado adversa a sus pretensiones. Lo importante en todo evento estriba en que exista el dato sustancial de que se analicen en su totalidad las inconformidades del apelante, como en el caso así lo hizo la autoridad señalada como responsable ordenadora, quien, además, explicó detalladamente, según se vio, las razones y fundamentos que tuvo para otorgarles el atributo en comento." En el caso, el recurrente en el segundo agravio que hizo valer ante la Sala responsable, sostuvo en esencia que en perjuicio de sus derechos el a quo no analizó ni valoró la confesión expresa de los actores que se desahogó en la audiencia de ley, ello a pesar de que en las excepciones y defensas del escrito de contestación al incidente se hizo valer esa cuestión. Sobre lo cual dicho Tribunal determinó lo siguiente: ".En otra tesitura, se establece que el segundo agravio de la parte recurrente es fundado pero inoperante. Ello, pues si bien de la lectura integral de la sentencia interlocutoria combatida se obtiene que el Juez de origen omitió: a) Analizar a cabalidad el escrito de contestación a la demanda incidental por parte del ahora recurrente (visible en las fojas cuarenta y tres a cuarenta y cinco del testimonio), pues no efectuó pronunciamiento alguno respecto a que, según dicho del demandado..., reconoció haber recibido los pagos puntuales de la renta al desahogarse la prueba confesional a su cargo en la audiencia de ley celebrada el tres de diciembre de dos mil veinte, por lo que las pensiones referentes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil veinte debían tenerse por pagados; a pesar de haber sido expuesto ese argumento al contestarse el hecho cuatro de la demanda incidental y en la excepción denominada: "SINE ACTIONE AGIS". b) Valorar la prueba instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. No existen elementos para variar el sentido de la resolución combatida en lo referente al periodo respecto del cual debe entenderse existe un adeudo a cubrir por parte del demandado. Lo anterior, en razón a que, de la sentencia definitiva, en su texto modificado por esta Sala al resolver los autos de los tocas..., y..., se desprende que se condenó a ..., al pago de las pensiones generadas con posterioridad a la presentación de la demanda principal, esto es, las generadas a partir de agosto de dos mil veinte, a pesar de lo expresado por ..., al desahogarse la prueba confesional a su cargo en la audiencia celebrada el tres de diciembre de dos mil veinte; como se infiere del texto cuya parte conducente se transcribe a continuación: (.) Y no debe perderse de vista que los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a la que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el Juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, en el procedimiento incidental no pueden entenderse pagadas pensiones rentísticas con base en pruebas ya valoradas al dictarse la definitiva, pues eso conllevaría variar el periodo respecto del cual está constreñido a pagar rentas el arrendatario. Por tanto, considerando las constancias de autos y que no existe ningún otro indicio que lleve a la conclusión al suscrito que las mensualidades de agosto a diciembre de dos mil veinte, ya fueron cubiertas, es que la liquidación y condena respecto de las mismas deben prevalecer." De ahí que no asiste razón al quejoso, pues como lo consideró la Sala responsable, si bien el Juez natural no se pronunció respecto de la confesión expresa señalada por el demandado, lo cierto es que ello carece en el fondo de razón y de eficacia para modificar o revocar lo recurrido, por tanto fue correcto calificar como fundado pero inoperante el agravio hecho en ese sentido por el recurrente. Lo anterior, debido a que en el tercer resolutivo de la sentencia definitiva modificada por el Tribunal de alzada, se condenó a la parte demandada a liquidar las rentas vencidas y no pagadas, generadas desde agosto de dos mil veinte y hasta la emisión de ese fallo, es decir, al veintisiete de agostos de dos mil veintiuno, lo cual constituye cosa juzgada. Por tanto, los pagos correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil veinte, que dice la quejosa, fueron entregados y reconocidos por los terceros interesados en la audiencia de ley, no son susceptibles de considerarse para resolver el incidente en cuestión, pues con dicho análisis se podría modificar, anular o rebasar lo decidido en el fallo definitivo, donde ya se condenó a pagar las rentas generadas durante esos meses, atentando así contra los principios fundamentales del proceso; tal como se aprecia del tercer punto resolutivo de la sentencia modificada por la Alzada. De ahí que tampoco pueda tomarse en cuenta la prueba confesional desahogada en la audiencia de ley, en los términos que refiere el quejoso, pues ésta sirvió para resolver el juicio en lo principal y emitir la condena impuesta a éste, como fue, la de pagar las rentas generadas en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil veinte, que ahora dice el impetrante, que liquidó. Sin que lo anterior implique una indebida fundamentación y motivación, ni un doble cobro como aduce el quejoso, pues el pago de tales meses se ordenó desde la emisión de la sentencia definitiva -en los términos que fue modificada por el Tribunal de alzada-, donde no se estableció elemento alguno para considerar que los mismos hubieran sido liquidados, por tanto, es correcto que se cuantifiquen en ejecución de sentencia, como en el caso aconteció. Por todo lo expuesto, procede negar el amparo y protección de la justicia federal. Negativa que se hace extensiva al acto que se reclamada de la autoridad ejecutora, ya que no se impugna por vicios propios, sino como consecuencia de la sentencia de segunda instancia cuya constitucionalidad se hace preservar al tenor de las razones de esta resolución. Es aplicable, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a..., contra actos de la Cuarta Sala y Juez Cuadragésimo Sexto, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones expuestas al diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo resolvió y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. (Firma electrónica) (Firma electrónica) EL JUEZ EL SECRETARIO.".
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 85/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de los terceros interesados. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se precisa que el quejoso ofreció diversas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
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