Ignacio Javier Flores Jiménez
Expediente 2318/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2318/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/01/2022
Partes del expediente
- Ignacio Javier Flores Jiménez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual, el Presidente y Secretario, ambos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, acusan de recibo de las constancias remitidas por este órgano jurisdiccional en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad oficiante acusa recibo del diverso mediante el cual se hizo de su conocimiento que el expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, se habilitó para su consulta; además, se le remitieron diez cuadernos de prueba, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el auto de siete de diciembre en curso, que dice: Previo a analizar el escrito de demanda, se estima necesario realizar las siguientes precisiones: VISITA PARA CONSULTA DE EXPEDIENTES EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Con fundamento en el artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hágase saber a las partes que en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación estará el micrositio 'Servicios jurisdiccionales' donde encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de este órgano jurisdiccional, así como las listas de acuerdos. Asimismo, en el referido micrositio encontrarán el sistema 'Agenda OJ' en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el presente expediente, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó. El Código QR deberá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o impresamente, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita; en el entendido que no se podrá utilizar ese Código para visitar otros órganos jurisdiccionales. HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JUSTICIABLES Con apoyo en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para evitar el riesgo sanitario, se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y proporcionen formas especiales y expeditas de contacto, como pueden ser correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (WhatsApp), a efecto de entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación del Secretario. MEDIDAS SANITARIAS Y CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO En el inmueble que ocupa este órgano jurisdiccional se establecerán controles sanitarios para regular y, de ser necesario, restringir el acceso de quienes no cumplan con los lineamientos que se establezcan para tal efecto. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que cuando acudan a este órgano jurisdiccional (previa cita) deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; bajo apercibimiento que podrán ser expulsados del recinto. OFICIALÍA DE PARTES COMÚN En atención a lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que dentro del complejo de Ciudad Judicial se habilitará una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente y dirigidas a éste órgano jurisdiccional. PUBLICACIONES DE LISTAS DE ACUERDOS En términos del artículo 21 del multirreferido acuerdo, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, asimismo, se colocará en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con cita previa; lo anterior, dado que no se permitirá la entrada libre a las instalaciones de Ciudad Judicial Federal. NOTIFICACIONES Con relación a lo previsto en el artículo 23 del Acuerdo General de referencia, se hace saber que la práctica de notificaciones personales, se deberá desahogar con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a efecto de resguardar la integridad de los Actuarios Notificadores y de los justiciables. PROVEER DEMANDA Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se reservó proveer la demanda de amparo que nos ocupa, hasta en tanto se entregara físicamente con sus anexos, lo que ya aconteció. Por lo tanto, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por -------, por propio derecho; con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano, por actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de estas disposiciones legales se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. De lo anterior, cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, pues no requiere mayor evidencia, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes1. En el caso, el amparo deviene en improcedente al actualizarse una causa que impide su admisión y tramitación, la cual es oficiosa por ser de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin duda, este juzgado de Distrito estima que se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIV, de la Ley de Amparo, en virtud de que al acto reclamado le reviste el carácter de consentido. A efecto de corroborar lo anterior, es necesario conocer lo que se establece en tal numeral: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" En ese sentido, el juicio de amparo será improcedente cuando no se promueva dentro de los términos que la ley de la materia señala, porque en ese supuesto, a consideración del legislador, opera una presunción legal contra el peticionario, en el sentido de considerar que éste, se encuentra conforme con el acto violatorio y por ello no lo reclamó oportunamente, aplicando en esa hipótesis el principio de instancia de parte agraviada, presunción iuris tantum que, desde luego, admite prueba en contrario. Al respecto, conviene reproducir el contenido de los artículos 17, 18, 107, fracción I, y quinto transitorio de la ley de la materia, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y, g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; "QUINTO. Los actos a los que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la misma podrán impugnarse mediante el juicio de amparo dentro de los siete años siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente Ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto, les serán aplicables los plazos de la presente Ley contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución". Del contenido sistemático de los preceptos transcritos, se evidencia que el plazo para presentar la demanda de amparo, es de quince días, con los supuestos de excepción, que en este caso no resultan aplicables, y que, dicho término se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Para mayor precisión, de los numerales transcritos se desprende, en lo que interesa, que el término para presentar la demanda de garantías se contará desde el día siguiente: a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos; c) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. Luego, la teleología de la causal de improcedencia que se analiza es preservar la seguridad jurídica por cuanto a los actos de autoridad, que si no se reclaman por la vía constitucional en los citados plazos perentorios, adquieren plena firmeza y obligatoriedad. Por ello, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto afectatorio de sus garantías, el gobernado deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; tal conducta omisiva, a criterio del legislador, debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. Sobre esa base, cabe destacar que el tercer supuesto previsto en el citado numeral, es el que en la especie se actualiza. Asimismo, cabe destacar que el acto de aplicación de una norma reclamable en amparo, es aquél que actualiza en perjuicio del gobernado la hipótesis normativa que se contiene en el numeral de que se trata, esto es, tal y como se estipula en el mismo que se incluirá en la esfera jurídica del gobernado, y no en la forma en que éste determine, que fue realizada su individualización. Es decir, el acto legislativo es el que contiene los exactos lineamientos para que un enunciado normativo irrumpa en la esfera jurídica del particular, y no es el gobernado, el que determina cuándo se individualiza la norma en su contra, y cuando no; estimar lo contrario, llevaría al absurdo de reducir la procedencia del amparo contra leyes, a lo que precisara cada quejoso respecto de su individualización. Es aplicable, en lo conducente, el criterio contenido en la tesis aislada 2a. CLXXV/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, diciembre de dos mil, página cuatrocientos cuarenta y siete, que dispone: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas." Igualmente, se cita en apoyo, la tesis 2a. CXLI/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, noviembre de dos mil, página trescientos cincuenta y cuatro, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DE UNA LEY FISCAL. NO PUEDE DERIVARSE DE LA AUTOAPLICACIÓN DE AQUÉLLA, REALIZADA EN UN ACTO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. El consentimiento tácito de una ley fiscal por no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término legal, que como causal de improcedencia consigna el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, no puede derivarse de la aceptación de la aplicación o de la autoaplicación de las normas tributarias en un acto celebrado entre particulares en una relación privada de coordinación, como lo es la traslación de los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios al realizarse una compraventa, pues aun cuando este acto faculta a los particulares afectados para promover el juicio de amparo si estiman violatorias de garantías las leyes fiscales que se aplicaron, ello no significa que de no hacerlo consientan las normas relativas, dado que aún no existe una relación entre el particular y la autoridad exactora propia del derecho tributario, por lo que para que tal consentimiento pueda darse es necesario que el acto de aplicación, en torno al cual no se promueva el juicio de garantías dentro del término legal, se realice por la autoridad fiscal, o bien, por el particular ante dicha autoridad en cumplimiento de las obligaciones que le imponen las normas tributarias, ya sea mediante la determinación por la autoridad de un crédito fiscal al particular, aplicando los preceptos reclamados o a través de la declaración o el entero que éste efectúe ante la autoridad exactora en acatamiento de las normas fiscales respectivas. En el caso, del análisis íntegro de la demanda de garantías, así como de las constancias que se anexaron a la misma, puede colegirse que el impetrante del amparo acude al presente juicio de amparo a reclamar: La Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, en específico su artículo 24, fracción III, incisos a), así como para los ejercicios fiscales de dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno, en específico sus artículos 23, fracción III, incisos a), de la citada ley, con motivo de su primer acto de aplicación materializado en los recibos de pago A 54467429 y A 54467430. Para ello, el quejoso denuncia violación al principio tributario de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues manifiesta, en esencia, que dicho impuesto se cuantifica mediante un sistema tarifario basado en el tipo, dimensiones y uso diferenciado de los vehículos, sin brindar elementos solidos que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado. Ahora bien, el quejoso precisa, bajo protesta de decir verdad, que los recibos A 54467429 y A 54467430, fueron emitidos el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, por lo que en principio, tal manifestación, al ser una confesión expresa en términos de los artículos 95, 197 y 201, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, merece pleno valor probatorio, pues produce el efecto de una presunción, sin que exista otra prueba que la contradiga. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XII, diciembre de mil novecientos noventa y tres, página ochocientos cincuenta y siete, cuyo rubro es el del siguiente tenor: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)". Asimismo, es aplicable la tesis aislada I.15o.A.28 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página dos mil seiscientos trece, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Lo anterior, pone en evidencia que el quejoso se le aplicó los artículos que reclama desde el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, dicho término se contará al día siguiente de su aplicación, es decir, de la emisión de los recibos de pago, mediante los cuales se traduce su afectación de las leyes que reclama. En razón de lo expuesto, si la parte quejosa reclama el contenido de los preceptos citados en líneas anteriores, con motivo del primer acto de aplicación, que efectuó el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, por tanto, resulta inconcuso que es a partir de esa fecha que se le aplicó la norma reclamada y, por ende, es ésta (veintiocho de octubre de dos mil veintiuno), la que debe servir de base para computar los quince días con que contaba para promover oportunamente el amparo en contra de la hipótesis normativa de mérito. Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios: "LEYES, AMPARO CONTRA LAS. EL ACTO DE AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN COLOCA AL PARTICULAR EN EL SUPUESTO DE LA LEY RECLAMADA Y LO VINCULA A ELLA, EMPEZANDO A PARTIR DE ESE MOMENTO, A CAUSARLE PERJUICIOS Y A CORRER EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS PARA IMPUGNARLA. El artículo vigésimo cuarto transitorio de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, prevé el pago de una sobretasa del 10 % respecto del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal correspondiente al año de mil novecientos ochenta y tres. Ahora bien, si el quejoso presentó su declaración relativa al pago de la sobretasa del 10 % y este documento fue recibido por la oficina federal de Hacienda correspondiente, debe estimarse que el artículo en cuestión empezó a causarle perjuicios al quejoso a partir del momento en que se vinculó a la ley colocándose en su supuesto; es decir, cuando formuló su autoliquidación y las autoridades fiscales le recibieron la declaración correspondiente, por ende también empezó a correr el término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la ley de la materia para promover el juicio de amparo en contra del precepto reclamado y su aplicación." (Tesis aislada. Séptima Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo 205-216, Segunda Parte, página 27). "IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ARTÍCULO 24 TRANSITORIO DE LA LEY QUE ESTABLECE, REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982. NO SE REQUIERE ACTO DE AUTORIDAD, EN SENTIDO ESTRICTO, PARA ATACAR SU INCONSTITUCIONALIDAD. Tratándose de normas que imponen cargas tributarias, mediante el sistema de autodeterminación y liquidación por parte del causante, como sucede con el artículo 24 transitorio de la Ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982, no es requisito indispensable la existencia de un acto de aplicación proveniente necesaria y forzosamente de una autoridad, en sentido estricto, para que el afectado se encuentre en posibilidad de promover el juicio de garantías, sino que basta con que el particular, al cumplir con la obligación legal de autodeterminarse y liquidar el tributo, se coloque en la hipótesis normativa y, por ende, se autoaplique la ley, para que pueda ejercer en su contra la acción constitucional, porque en estos casos se le reputa como auxiliar de la administración pública." (Tesis aislada. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo 205-216, Tercera Parte, página 106). Criterios que, cabe destacar, invocó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 153/2007, invocada con anterioridad (página 32 de esta sentencia): "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.", en cuya ejecutoria, en la parte que interesa, determinó: "(...) QUINTO. Para resolver el presente asunto, conviene señalar que este Alto Tribunal ha establecido en relación con la autoliquidación de los tributos, para el caso que interesa, lo siguiente: En la Octava Época, la otrora Cuarta Sala de este Alto Tribunal, emitió la tesis aislada número 4a. XVI/92, visible en la página 102, del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede lógicamente hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; de modo que la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. Si bien la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, esto no quiere decir que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el término de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en la hipótesis prevista por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Posteriormente, en la actual Novena Época, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió por unanimidad de cinco votos, el amparo en revisión 410/2001, que en la parte que interesa señala: "Es infundado el primer agravio en el que se combate el sobreseimiento en el juicio de garantías, por inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades responsables administrador local de recaudación y administrador local de auditoría fiscal, ambos de Mérida, Yucatán, y administrador central jurídico de grandes contribuyentes, administrador central de recaudación de grandes contribuyentes, administrador central de fiscalización a empresas que consolidan fiscalmente y del sector financiero, todos estos con sede en México, Distrito Federal, pues si bien es cierto que dichas autoridades tienen el carácter de ejecutoras y que el acto concreto de aplicación de los ordenamientos legales impugnados quedó demostrado con la copia certificada por el administrador local de recaudación, de la declaración complementaria por desincorporación presentada por la quejosa el treinta de junio de dos mil (fojas 157-167) y con el comprobante de pago de impuestos y derechos federales, expedido por Banco Santander Mexicano, por la cantidad de $431,665.00 (foja 168), lo cierto es que la autoaplicación de la ley por parte de la quejosa no conduce a tener por cierto algún acto de ejecución que en forma genérica le atribuye a las autoridades ejecutoras, sobre todo porque el acto de aplicación no se impugna por vicios propios, sino que su ilegalidad se hace depender de la inconstitucionalidad del precepto impugnado." Derivado del juicio citado, emanó la tesis 2a. XCII/2002, visible en la página 379, del Tomo XVI, del mes de agosto de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede, lógicamente, hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad, por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, por sí sola no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. No obsta a lo anterior el hecho de que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad receptora." Al respecto, no pasa inadvertido que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, señale que los anteriores criterios aislados no son aplicables, porque ahí se analizó el supuesto de la existencia de un acto de autoridad, que se hace derivar de la actitud del particular frente al mandato legal y, en el caso, es la conducta de la propia autoridad al recibir el pago del tributo, la que configura y actualiza el acto administrativo atribuido a las autoridades ejecutoras; en virtud de que, en realidad, lo señalado por el indicado tribunal sólo es una forma de apreciar una situación que es similar a la considerada en los criterios transcritos. Por su parte, por "autoliquidación", etimológicamente se entiende lo siguiente: "Autoliquidación. Es una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto administrativo, sino una simple declaración tributaria en la que el propio sujeto pasivo práctica también la liquidación tributaria consecuente. La autoliquidación es, así pues, una declaración-liquidación practicada y presentada por el propio sujeto pasivo y, por tratarse de una declaración tributaria, necesita siempre de un posterior acto de la administración."(1) En la práctica, a esta forma de enterar el tributo a cargo del contribuyente, también se le ha denominado, autodeterminación. "Autodeterminación. Procedimiento que el propio contribuyente realiza con la determinación de sus impuestos y para efectuar el entero respectivo. Se parte de la buena fe del sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, quien cumple espontáneamente y en tiempo con sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. Para lograr con éxito lo anterior, se requiere una cultura fiscal, leyes tributarias claras y sencillas, así como credibilidad en las instituciones gubernamentales, lo que se logra promoviendo el espíritu de servicio en el personal hacendario y reflejando el monto de las contribuciones en realidades materiales en beneficio de todos los gobernados, de tal forma que el gobierno sirva a los ciudadanos y no éstos al gobierno. Corresponde a los contribuyentes determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario."(2) El sistema fiscal mexicano es autodeclarativo. Esto significa que corresponde a los propios contribuyentes determinar y liquidar el crédito fiscal que, en su caso, resulte a su cargo. Así lo ha reconocido la Primera Sala de este Alto Tribunal, al sostener el siguiente criterio. "OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. El citado precepto dispone que corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Consecuentemente, en el causante recae la responsabilidad de determinar en cantidad líquida las contribuciones a enterar, mediante la realización de las operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley hacendaria. Dicha autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe, el cual le permite declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias. Ahora bien, la correcta interpretación del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación pone de relieve que la referida autodeterminación no constituye un reflejo de algún principio constitucional, esto es, no se trata de un derecho a favor del contribuyente, sino que es una modalidad relativa al cumplimiento de las obligaciones a su cargo, cuya atención se supervisa por la autoridad fiscal, tal como lo acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia tributaria." (Tesis 1a. XVI/2006. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, página 633). En ese tenor, la autoliquidación de los tributos realizada por los contribuyentes, implica determinar motu proprio, en cantidad líquida las contribuciones a su cargo, mediante la realización de las operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las fórmulas tributarias establecidas en la ley hacendaria, con el correspondiente deber de enterar al fisco las cantidades que resulten. Constituye el producto de la voluntad del gobernado, mediante el cumplimiento espontáneo y en tiempo de sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. Se trata, pues, de una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto de autoridad de por medio, porque esta modalidad respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente, está sujeta a ser supervisada por la autoridad fiscal mediante el ejercicio de sus facultades de revisión y comprobación en materia tributaria, de manera que, en el momento de la autoliquidación, la autoridad no externa su voluntad ante el actuar del particular, pues su actuación, en su caso, será posterior. En tal virtud, la autoliquidación no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino más bien, atiende al cumplimiento de una obligación establecida en la ley, a la cual el contribuyente sujetará al orden constitucional cuando la impugne con motivo del acto de aplicación, consistente en la realización del pago respectivo. Tampoco es posible señalar que la autodeterminación que realizan los particulares, se deba a los actos realizados por las autoridades exactoras tendientes a lograr u obtener el cobro respectivo, pues en tal caso, ya no se estaría hablando de una autoliquidación en estricto sentido, sino del cumplimiento de una obligación requerida o solicitada, situación que en el caso no sucede. Por otra parte, la circunstancia consistente en que la autoridad exactora reciba el importe autoliquidado por el contribuyente, no envuelve un actuar positivo de aquélla, pues no constituye una conducta tendiente a querer que se realice el acto en sí, o que desee que se manifiesten sus efectos, pues poco le importa a la unidad receptora del pago si el contribuyente lo realiza o no, pues en tal caso, posteriormente, sólo el contribuyente deberá soportar las consecuencias de su omisión. En su caso, tal situación únicamente implica una actitud de mero trámite, ante la voluntad manifestada externamente por el propio particular que acude espontáneamente a la oficina recaudadora a enterar el impuesto que, por medios propios, se ha autoliquidado, es decir, se trata de una actitud pasiva frente a la recaudación voluntaria que realiza el particular. Lo anterior, porque la tarea de recibir o cobrar el impuesto autoliquidado, no conlleva una declaración de voluntad unilateral por parte del órgano del Estado, tendiente a la obtención de un fin determinado, pues las indicadas acepciones de "recibir" y "cobrar", no demuestran los extremos citados, como se advierte de su significado tomado del Diccionario de la Lengua Española: "Recibir: Tomar uno lo que le dan o lo que le envían. Hacerse cargo uno de lo que le dan o le envían." "Cobrar: Recibir dinero como pago de algo." Así, es posible concluir que cuando el quejoso con motivo de la autoliquidación del tributo, considera que ha sufrido en su perjuicio el primer acto de aplicación de la disposición legal que le impone la carga tributaria reflejada en el pago correspondiente y, por tal motivo, la sujeta al orden constitucional mediante la interposición del juicio de amparo indirecto, los actos consistentes en la determinación, cuantificación, liquidación, recaudación, cobro y recepción del pago del impuesto enterado, que de manera general le atribuye a las autoridades ejecutoras, no son imputables a éstas, pues como se ha visto, la existencia de un acto de autoridad no puede derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la propia conducta que, en su caso, despliegue o exteriorice la propia autoridad. Las conclusiones anteriores, no pugnan con el hecho de que la autoliquidación de una contribución constituya un acto de aplicación de la ley, pues como se ha dejado claro, esto no quiere decir que el cumplimiento de la norma deba ser atribuido a la autoridad recaudadora, sino que, a partir de que se formula la autoliquidación y es enterada, empieza a correr el término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de garantías en contra del precepto que impone la carga tributaria reflejada en el pago correspondiente, así como respecto de su aplicación, realizada por el propio particular, en su carácter de auxiliar de la administración pública. Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios: "LEYES, AMPARO CONTRA LAS. EL ACTO DE AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN COLOCA AL PARTICULAR EN EL SUPUESTO DE LA LEY RECLAMADA Y LO VINCULA A ELLA, EMPEZANDO A PARTIR DE ESE MOMENTO, A CAUSARLE PERJUICIOS Y A CORRER EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS PARA IMPUGNARLA.-El artículo vigésimo cuarto transitorio de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, prevé el pago de una sobretasa del 10 % respecto del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal correspondiente al año de mil novecientos ochenta y tres. Ahora bien, si el quejoso presentó su declaración relativa al pago de la sobretasa del 10 % y este documento fue recibido por la oficina federal de Hacienda correspondiente, debe estimarse que el artículo en cuestión empezó a causarle perjuicios al quejoso a partir del momento en que se vinculó a la ley colocándose en su supuesto; es decir, cuando formuló su autoliquidación y las autoridades fiscales le recibieron la declaración correspondiente, por ende también empezó a correr el término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la ley de la materia para promover el juicio de amparo en contra del precepto reclamado y su aplicación." (Tesis aislada. Séptima Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo 205-216, Segunda Parte, página 27). "IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ARTÍCULO 24 TRANSITORIO DE LA LEY QUE ESTABLECE, REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982. NO SE REQUIERE ACTO DE AUTORIDAD, EN SENTIDO ESTRICTO, PARA ATACAR SU INCONSTITUCIONALIDAD.-Tratándose de normas que imponen cargas tributarias, mediante el sistema de autodeterminación y liquidación por parte del causante, como sucede con el artículo 24 transitorio de la Ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982, no es requisito indispensable la existencia de un acto de aplicación proveniente necesaria y forzosamente de una autoridad, en sentido estricto, para que el afectado se encuentre en posibilidad de promover el juicio de garantías, sino que basta con que el particular, al cumplir con la obligación legal de autodeterminarse y liquidar el tributo, se coloque en la hipótesis normativa y, por ende, se autoaplique la ley, para que pueda ejercer en su contra la acción constitucional, porque en estos casos se le reputa como auxiliar de la administración pública." (Tesis aislada. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo 205-216, Tercera Parte, página 106). Corolario de lo expuesto, el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, en términos de lo precisado en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, es el siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.-La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. (...)." Lo hasta aquí considerado, permite asumir indudablemente que el quejoso tuvo conocimiento de dichos actos que reclama traducidos en los recibos de pago de la ley reclamada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, y a partir del día siguiente hábil, comenzó a transcurrir el término genérico de quince días que concede el artículo 17 de la ley de la materia, para interponer la demanda de amparo. Así, se tiene que el plazo de los quince días en el caso, corre a partir del día veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, excluyendo los días treinta y treinta y uno de octubre, así como los días uno, dos, seis, siete, trece, catorce, quince, veinte y veintiuno de noviembre del presente año, por ser inhábiles de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo, y concluyó el veintitrés de noviembre del año en curso; es por ello que, si la demanda de amparo se presentó el uno de diciembre de dos mil veintiuno, se concluye que la presentación de la aludida demanda de amparo es extemporánea. Cabe precisar, que en actuaciones no obra constancia alguna de la que se advierta que deba de descontarse del computo en comento, algún día en razón de causa distinta a las manifestadas en el párrafo precedente; asimismo, que se excluyen del computo del aludido plazo, los días que el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo refiere como inhábiles. Máxime que la ahora quejosa no se trata de tercero extraño a algún procedimiento. Tampoco reclama la constitucionalidad de una ley a partir de su vigencia; ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Luego, el acto reclamado no tiene como efectos la privación de propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal: y, la resolución reclamada no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación o destierro, ni la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. De ahí que, en la especie, no se surte alguna de las excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo con fundamento en los artículos 112 y 113, por su manifiesta e indudable improcedencia al actualizarse las causas de inviabilidad de la acción constitucional previstas en el artículo 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo.
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Téngase por recibida la boleta que remite la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a través de la cual se identifica el Tribunal Colegiado al que le fue turnado el recurso de revisión interpuesto en autos. Por tanto, con apoyo en los artículos 89 de la Ley de Amparo y 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, gírese atento oficio por medio de interconexión al tribunal que le correspondió conocer del recurso de revisión, para hacerle del conocimiento que se envía de forma electrónica el expediente electrónico en que se actúa, el cual se encuentra habilitado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
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