Ignacio Islas Rivas
Expediente 63/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 63/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ignacio Islas Rivas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal de las presentes actuaciones, y en atención a la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en el sentido de señalar domicilio en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de tres días, contado a partir de la fecha en que quedara notificado del proveído en comento, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harían por medio de lista. En consecuencia y toda vez que el quejoso Ignacio Islas Rivas, no dio cumplimiento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho: Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Cambio de residencia, domicilio y denominación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que por Acuerdo General 3/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio y residencia del Primer Tribunal Colegiado y del Tribunal Unitario, ambos del Vigésimo Octavo Circuito; de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, así como al cambio de denominación y domicilio de la oficina de correspondencia común de los juzgados de Distrito de la propia entidad federativa, todos con residencia en Tlaxcala, Tlaxcala, aprobado en sesión ordinaria de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de febrero de dos mil dieciocho, se autorizó el cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, al EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, UBICADO EN PREDIO "RÚSTICO", EN SANTA ANITA HUILOAC, CÓDIGO POSTAL 90407, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA y que por oficio SEFSP/DGRH/DCPG/SCP/5798/2018 de nueve de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento al acuerdo en cita, la denominación del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Tlaxcala concluyó funciones el once de febrero de dos mil dieciocho y cambia a JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CON RESIDENCIA EN APIZACO. Esto en la inteligencia que, la nueva denominación de este Órgano jurisdiccional y las labores en ese lugar, iniciaron a partir del día DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. En tal virtud, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, señale domicilio en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista, atento a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Finalmente, y toda vez que, como se advierte en párrafos que anteceden a partir del día doce de febrero de dos mil dieciocho este Juzgado Federal cambio de residencia y domicilio al EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, UBICADO EN PREDIO "RÚSTICO", EN SANTA ANITA HUILOAC, CÓDIGO POSTAL 90407, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA; por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa y dar oportunidad a que de convenir a sus intereses, interponga recurso de revisión en contra del proveído de nueve de febrero del año en curso, el computo que transcurre para tal efecto, se interrumpe a partir del diecinueve del mes y año en curso, y el mismo se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. En la inteligencia, que el aludido auto le fue notificado previo citatorio por lista el quince de febrero del año que transcurre, surtiendo efectos el dieciséis siguiente por lo que dicho término transcurriría del diecinueve de febrero al dos de marzo del año en curso, es por lo que cuenta con diez días, para que de creerlo conveniente interponga el recurso pertinente, apercibido que de no hacerlo así, se proveerá lo que legalmente corresponda.
- Principal
Tlaxcala, Tlaxcala, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Informe justificado de autoridad responsable. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia Agréguese el oficio con anexo signado por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Ahora, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que refirieron que el acto reclamado si es cierto; sin embargo, precisa que el diez de enero de dos mil dieciocho se emitió la resolución correspondiente, el cual se notificó a la parte quejosa el treinta de enero de la presente anualidad, remitiendo copia certificada de las constancias con las que acredita dicha circunstancia, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Lo anterior, dado que el diez de enero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva dentro de los autos del expediente 691/2016, relativo al juicio de rectificación de acta de nacimiento, promovido por el aquí quejoso, resolución que se notificó al quejoso el treinta de enero de año que transcurre, circunstancia que se acredita con las copias certificadas que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable. En ese sentido, para mejor comprensión del presente proveído resulta conveniente señalar el acto reclamado en el presente juicio de amparo, el cual consiste en: La omisión de dictar sentencia definitiva dentro del expediente 691/2016, del índice de la responsable. Ahora, del análisis de las documentales aportadas por por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala, se desprende que el diez de enero del año en curso, se emitió la sentencia definitiva respecto del expediente 691/2016, relativo al juicio de rectificación de acta de nacimiento, resolución que se notificó al quejoso, el treinta de enero siguiente, corroborándose dicha circunstancia con las copias certificadas de la resolución de mérito, así como de la notificación correspondiente. Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitirse la sentencia definitiva respecto del expediente 691/2016, relativo al juicio de rectificación de acta de nacimiento, del índice de la responsable, tal como se advierte de la documental señalada y notificada dicha resolución a la parte quejosa, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar sentencia definitiva dentro del expediente 691/2016, del índice de la responsable, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de dictar sentencia definitiva dentro del expediente 691/2016, del índice de la responsable, que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. En el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala, adjuntó copia certificada la sentencia definitiva respecto del expediente 691/2016, relativo al juicio de rectificación de acta de nacimiento, del índice de la autoridad señalada como responsable, el cual, en la parte que interesa, establece: "RESUELVE PRIMERO.- Fue procedente la Vía Ordinaria Civil de Rectificación de Acta de Nacimiento, promovida por IGNACIO ISLAS RIVAS, en contra del OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE SANCTORUM TLAXCALA, y QUIEN O QUIENES SE CREAN CON INTERÉS JURÍDICO. SEGUNDO.- Se declara que la parte actora, acreditó los hechos invocados en la demanda, así como la acción puesta en ejercicio y los demandados, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE SANCTORUM, TLAXCALA, y QUIEN O QUIENES SE CREAN CON INTERÉS JURÍDICO, no comparecieron a juicio, ni desahogaron pruebas. TERCERO.- Como consecuencia del punto que precede, se condena al OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE SANCTORUM, TLAXCALA, y QUIEN O QUIENES SE CREAN CON INTERÉS JURÍDICO; a realizar la rectificación del acta de nacimiento de IGNACIO ISLAS RIVAS, asentada en el acta 279 Bis, existente en el libro 02, con fecha de nacimiento veintitrés de octubre de mil novecientos cincuenta y cinco, registrada ante el Oficial número cero uno del Oficial del Registro Civil de Sanctorum, Tlaxcala; a efecto de que en el apartado relativo al nombre del padre se cambie el apellido de "BLANCAS", y quede el "RIVAS" con número de acta 279 Bis, existente en el libro 02, de la Oficialia sel Registro Civil del Municipio de Sanctorum, Tlaxcala, con fecha de nacimiento veintitrés de octubre de mil novecientos cincuenta y cinco, registrada ante el Oficial Número Cero uno del Municipio en cita, a efecto de que en el apartado relativo al "nombre del padre" se cambie el apellido de "BLANCAS", y quede como nombre completo y correcto, el de "ADRIAN ISLAS ISLAS", y así se expidan la subsecuentes certificaciones de dicha acta; por lo que una vez que cause ejecutoria la presente resolución dese cumplimiento a lo previsto por la fracción V del artículo 640 del Código Civil del Estado." De la transcripción que antecede se advierte que, se dictó sentencia definitiva respecto del expediente 691/2016, relativo al juicio de rectificación de acta de nacimiento, del índice del juzgado responsable. Además, dicha resolución fue notificada al quejoso, el treinta de enero siguiente, tal como se advierte de la presente reproducción: De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión de que se duele el quejoso se subsanó al emitir la sentencia definitiva respecto del expediente 691/2016, relativo al juicio de rectificación de acta de nacimiento, del índice del juzgado responsable en los términos apuntados. Sin que en el caso puedan analizarse las posibles omisiones o dilaciones subsecuentes en el trámite respectivo, pues la materia del presente juicio debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto, en virtud de que constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. Lo anterior, sin que se contravenga lo establecido en los criterios jurisprudenciales de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES" y "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS", en tanto los criterios ahí sostenidos fueron abandonados en la diversa tesis "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)". Cobra aplicación, por analogía, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro texto y datos de identificación siguientes: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007).-- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno y de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Sin que pase inadvertido que el quejoso, hizo consistir el acto reclamado en el presente juicio de amparo, en la omisión de dictar sentencia definitiva dentro del expediente 691/2016, del índice de la responsable, lo que trae como consecuencia la dilación procesal. No obstante tal determinación no es susceptible de ampliación, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Amparo, puesto que dicho precepto establece que la demanda de amparo se podrá ampliar siempre que no hayan transcurrido los plazos para su presentación y cuando los nuevos actos guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En ese sentido, en el presente caso no se surte el segundo de los requisitos para la procedencia de la ampliación, pues no resulta procedente requerir a l quejoso a efecto de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo para que señale como acto reclamado la determinación de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 149/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334 del Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de dos mil seis, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN" Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Lo anterior es así, toda vez que tal supuesto sólo se actualiza cuando se reclame violación al derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, cuando la omisión se presenta dentro de un procedimiento jurisdiccional no opera dicha regla, puesto que tal procedimiento está sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17, de la Constitución General de la República, que establece los lineamientos de la actividad de los tribunales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes. Pero sin llegar al extremo, de que por el simple hecho de que el quejoso, manifieste que la responsable transgrede con su actuar, su derecho de petición consagrado en el artículo 8, constitucional, por sí mismo, tal situación no puede ser, pues no se puede aislar tal circunstancia atendiendo a su origen. Sobre tal circunstancia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Séptimo Circuito, estableció que el derecho fundamental de petición que se consagra en el numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traducen en que, ante una petición elevada por escrito y en forma respetuosa, la autoridad correspondiente está obligada a emitir una respuesta congruente en un plazo razonable, haciéndosela saber al solicitante, sin que ello implique que la contestación deba ser en el sentido expresado por el interesado, pues atendiendo al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes. Además, destacó que si bien el derecho de petición no obliga a la autoridad a contestar en los términos que solicita el particular, sí tiene como alcance que ésta resuelva de forma congruente con lo planteado por el gobernado, esto es, atendiendo a la cuestión que le fue planteada y dando una respuesta coherente a ella, o bien, manifestando la imposibilidad que se tiene para hacerlo; en consecuencia, no puede considerarse que se cumple con tal derecho cuando la autoridad emite resoluciones que evaden o difieren injustificadamente la resolución de lo pedido sin abordar la petición manifestada. Por tanto, si en el juicio de amparo el quejoso alegó violaciones al derecho de petición, el estudio de constitucionalidad del acto reclamado no deberá atender sólo si a la petición formulada por el gobernado le recayó una respuesta, sino si ésta guarda una mínima congruencia con lo solicitado el quejoso. En virtud, de que el derecho fundamental de petición, es un derecho gestado y promovido en el seno del Estado democrático, único en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública, se respeta sólo si las autoridades proporcionan en sus respuestas a las solicitudes de los particulares la suficiente información para que éstos puedan conocer plenamente el sentido y el alcance de las respuestas, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ellas y, en su caso, impugnarlas. Asimismo, estableció que dentro de la relación entre particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16; el primero, dispone que las normas jurídicas emitidas por el Estado, sólo regirán en una época y lugar determinados, de lo cual deriva la característica de la vigencia de la norma, además consagra la garantía de audiencia, así como las condiciones de aplicación de la ley civil y penal; en específico regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo a las formalidades esenciales del procedimiento; y, el segundo de los numerales citados en su parte inicial consagra la garantía de legalidad. Por ello, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Y en razón de ello, la Primera Sala determinó que no es factible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición, dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales, el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe entenderse al que regula de manera integral su situación. Situación que será regulada por la norma secundaria aplicable a dicho procedimiento, por ello, es que no es dable que se impugne su violación de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante la cual se elevó la petición, será conforme lo establecido por la norma secundaria, y la autoridad deberá verificar en todo momento que se atienda de la mejor forma posible la solicitud de particular, pues de considerar lo contrario, podría suceder que la contestación, aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no resuelva de mejor forma lo planteado, por no actuar conforme a la legislación ordinaria. Así la trasgresión al artículo 8° constitucional, no puede reclamarse de forma autónoma a lo previsto en los diversos preceptos constitucionales, 14, 16 y 17, cuando el particular se encuentre dentro del procedimiento jurisdiccional, o seguido en forma de juicio, pues el actuar de la autoridad debe determinarse en atención a la situación jurídica en la que se encuentre dicho particular, sin que ello, impida el estudio de forma indivisible e interdependiente de los derechos que regula la referida situación. De la ejecutoria mencionada resultaron con el carácter de jurisprudencias la 7/25015 y 8/2015, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, Décima Época, Materia Administrativa que dicen: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." Por tanto, es de concluirse que al reclamarse en el presente asunto una omisión que contraviene al principio de justicia completa, pronta e imparcial que establece el artículo 17 Constitucional, del que deriva una determinación cuya omisión se reclama, lo cierto es que no comparten la naturaleza de la violación reclamada, pues mientras en un principio se reclamó la inactividad procesal, en el segundo se reclamaría la legalidad del dictado de una resolución dictada dentro del procedimiento jurisdiccional, contra el cual no procede la ampliación de demanda. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación 157-162, Sexta Parte, Página: 187, que señala: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE LOS EFECTOS DEL, TRATANDOSE DE LA OMISION DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." Aunado a lo anterior, es importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito señaló que los actos que reclama la parte quejosa no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo y, por tanto, se actualizaría la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y" Ahora, para que los actos sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Nuestro más el Alto Tribunal, sostuvo que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Con base en tales premisas, es dable concluir que la quejosa se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, al no tratarse de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. En efecto, el objeto de la promoción del amparo es la falta de señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen, traducido en la falta de prosecución del trámite, el cual se rige por una normativa que regula el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, siendo estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ello en atención a que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad, de ahí que de ampliar su demanda de amparo y señalar como acto reclamado el proveído de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, se dolería exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo podría ser la transgresión al artículo 8o. constitucional ante la falta de respuesta a su escrito de petición. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de dichos procedimientos, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, en el caso, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta y por ende, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de trece de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, Registro 2011580, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto disponen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". En consecuencia, si la pretensión del quejoso consistiera en ampliar su demanda de amparo y reclamar la sentencia definitiva respecto del expediente 691/2016, relativo al juicio de rectificación de acta de nacimiento, en ese caso, probablemente se actualizaría la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de dicha resolución. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Doctor en Derecho Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Erwin Adam Fink Espinosa, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de nueve de dos mil dieciocho: Tlaxcala, Tlaxcala, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Informe justificado de autoridad responsable. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia Agréguese el oficio con anexo signado por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Ahora, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que refirieron que el acto reclamado si es cierto; sin embargo, precisa que el diez de enero de dos mil dieciocho se emitió la resolución correspondiente, el cual se notificó a la parte quejosa el treinta de enero de la presente anualidad, remitiendo copia certificada de las constancias con las que acredita dicha circunstancia, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Lo anterior, dado que el diez de enero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva dentro de los autos del expediente 691/2016, relativo al juicio de rectificación de acta de nacimiento, promovido por el aquí quejoso, resolución que se notificó al quejoso el treinta de enero de año que transcurre, circunstancia que se acredita con las copias certificadas que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable. En ese sentido, para mejor comprensión del presente proveído resulta conveniente señalar el acto reclamado en el presente juicio de amparo, el cual consiste en: La omisión de dictar sentencia definitiva dentro del expediente 691/2016, del índice de la responsable. Ahora, del análisis de las documentales aportadas por por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala, se desprende que el diez de enero del año en curso, se emitió la sentencia definitiva respecto del expediente 691/2016, relativo al juicio de rectificación de acta de nacimiento, resolución que se notificó al quejoso, el treinta de enero siguiente, corroborándose dicha circunstancia con las copias certificadas de la resolución de mérito, así como de la notificación correspondiente. Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitirse la sentencia definitiva respecto del expediente 691/2016, relativo al juicio de rectificación de acta de nacimiento, del índice de la responsable, tal como se advierte de la documental señalada y notificada dicha resolución a la parte quejosa, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar sentencia definitiva dentro del expediente 691/2016, del índice de la responsable, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de dictar sentencia definitiva dentro del expediente 691/2016, del índice de la responsable, que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. En el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala, adjuntó copia certificada la sentencia definitiva respecto del expediente 691/2016, relativo al juicio de rectificación de acta de nacimiento, del índice de la autoridad señalada como responsable, el cual, en la parte que interesa, establece: "RESUELVE PRIMERO.- Fue procedente la Vía Ordinaria Civil de Rectificación de Acta de Nacimiento, promovida por IGNACIO ISLAS RIVAS, en contra del OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE SANCTORUM TLAXCALA, y QUIEN O QUIENES SE CREAN CON INTERÉS JURÍDICO. SEGUNDO.- Se declara que la parte actora, acreditó los hechos invocados en la demanda, así como la acción puesta en ejercicio y los demandados, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE SANCTORUM, TLAXCALA, y QUIEN O QUIENES SE CREAN CON INTERÉS JURÍDICO, no comparecieron a juicio, ni desahogaron pruebas. TERCERO.- Como consecuencia del punto que precede, se condena al OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE SANCTORUM, TLAXCALA, y QUIEN O QUIENES SE CREAN CON INTERÉS JURÍDICO; a realizar la rectificación del acta de nacimiento de IGNACIO ISLAS RIVAS, asentada en el acta 279 Bis, existente en el libro 02, con fecha de nacimiento veintitrés de octubre de mil novecientos cincuenta y cinco, registrada ante el Oficial número cero uno del Oficial del Registro Civil de Sanctorum, Tlaxcala; a efecto de que en el apartado relativo al nombre del padre se cambie el apellido de "BLANCAS", y quede el "RIVAS" con número de acta 279 Bis, existente en el libro 02, de la Oficialia sel Registro Civil del Municipio de Sanctorum, Tlaxcala, con fecha de nacimiento veintitrés de octubre de mil novecientos cincuenta y cinco, registrada ante el Oficial Número Cero uno del Municipio en cita, a efecto de que en el apartado relativo al "nombre del padre" se cambie el apellido de "BLANCAS", y quede como nombre completo y correcto, el de "ADRIAN ISLAS ISLAS", y así se expidan la subsecuentes certificaciones de dicha acta; por lo que una vez que cause ejecutoria la presente resolución dese cumplimiento a lo previsto por la fracción V del artículo 640 del Código Civil del Estado." De la transcripción que antecede se advierte que, se dictó sentencia definitiva respecto del expediente 691/2016, relativo al juicio de rectificación de acta de nacimiento, del índice del juzgado responsable. Además, dicha resolución fue notificada al quejoso, el treinta de enero siguiente, tal como se advierte de la presente reproducción: De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión de que se duele el quejoso se subsanó al emitir la sentencia definitiva respecto del expediente 691/2016, relativo al juicio de rectificación de acta de nacimiento, del índice del juzgado responsable en los términos apuntados. Sin que en el caso puedan analizarse las posibles omisiones o dilaciones subsecuentes en el trámite respectivo, pues la materia del presente juicio debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto, en virtud de que constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. Lo anterior, sin que se contravenga lo establecido en los criterios jurisprudenciales de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES" y "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS", en tanto los criterios ahí sostenidos fueron abandonados en la diversa tesis "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)". Cobra aplicación, por analogía, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro texto y datos de identificación siguientes: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007).-- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno y de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Sin que pase inadvertido que el quejoso, hizo consistir el acto reclamado en el presente juicio de amparo, en la omisión de dictar sentencia definitiva dentro del expediente 691/2016, del índice de la responsable, lo que trae como consecuencia la dilación procesal. No obstante tal determinación no es susceptible de ampliación, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Amparo, puesto que dicho precepto establece que la demanda de amparo se podrá ampliar siempre que no hayan transcurrido los plazos para su presentación y cuando los nuevos actos guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En ese sentido, en el presente caso no se surte el segundo de los requisitos para la procedencia de la ampliación, pues no resulta procedente requerir a l quejoso a efecto de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo para que señale como acto reclamado la determinación de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 149/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334 del Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de dos mil seis, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN" Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Lo anterior es así, toda vez que tal supuesto sólo se actualiza cuando se reclame violación al derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, cuando la omisión se presenta dentro de un procedimiento jurisdiccional no opera dicha regla, puesto que tal procedimiento está sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17, de la Constitución General de la República, que establece los lineamientos de la actividad de los tribunales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes. Pero sin llegar al extremo, de que por el simple hecho de que el quejoso, manifieste que la responsable transgrede con su actuar, su derecho de petición consagrado en el artículo 8, constitucional, por sí mismo, tal situación no puede ser, pues no se puede aislar tal circunstancia atendiendo a su origen. Sobre tal circunstancia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Séptimo Circuito, estableció que el derecho fundamental de petición que se consagra en el numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traducen en que, ante una petición elevada por escrito y en forma respetuosa, la autoridad correspondiente está obligada a emitir una respuesta congruente en un plazo razonable, haciéndosela saber al solicitante, sin que ello implique que la contestación deba ser en el sentido expresado por el interesado, pues atendiendo al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes. Además, destacó que si bien el derecho de petición no obliga a la autoridad a contestar en los términos que solicita el particular, sí tiene como alcance que ésta resuelva de forma congruente con lo planteado por el gobernado, esto es, atendiendo a la cuestión que le fue planteada y dando una respuesta coherente a ella, o bien, manifestando la imposibilidad que se tiene para hacerlo; en consecuencia, no puede considerarse que se cumple con tal derecho cuando la autoridad emite resoluciones que evaden o difieren injustificadamente la resolución de lo pedido sin abordar la petición manifestada. Por tanto, si en el juicio de amparo el quejoso alegó violaciones al derecho de petición, el estudio de constitucionalidad del acto reclamado no deberá atender sólo si a la petición formulada por el gobernado le recayó una respuesta, sino si ésta guarda una mínima congruencia con lo solicitado el quejoso. En virtud, de que el derecho fundamental de petición, es un derecho gestado y promovido en el seno del Estado democrático, único en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública, se respeta sólo si las autoridades proporcionan en sus respuestas a las solicitudes de los particulares la suficiente información para que éstos puedan conocer plenamente el sentido y el alcance de las respuestas, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ellas y, en su caso, impugnarlas. Asimismo, estableció que dentro de la relación entre particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16; el primero, dispone que las normas jurídicas emitidas por el Estado, sólo regirán en una época y lugar determinados, de lo cual deriva la característica de la vigencia de la norma, además consagra la garantía de audiencia, así como las condiciones de aplicación de la ley civil y penal; en específico regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo a las formalidades esenciales del procedimiento; y, el segundo de los numerales citados en su parte inicial consagra la garantía de legalidad. Por ello, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Y en razón de ello, la Primera Sala determinó que no es factible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición, dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales, el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe entenderse al que regula de manera integral su situación. Situación que será regulada por la norma secundaria aplicable a dicho procedimiento, por ello, es que no es dable que se impugne su violación de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante la cual se elevó la petición, será conforme lo establecido por la norma secundaria, y la autoridad deberá verificar en todo momento que se atienda de la mejor forma posible la solicitud de particular, pues de considerar lo contrario, podría suceder que la contestación, aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no resuelva de mejor forma lo planteado, por no actuar conforme a la legislación ordinaria. Así la trasgresión al artículo 8° constitucional, no puede reclamarse de forma autónoma a lo previsto en los diversos preceptos constitucionales, 14, 16 y 17, cuando el particular se encuentre dentro del procedimiento jurisdiccional, o seguido en forma de juicio, pues el actuar de la autoridad debe determinarse en atención a la situación jurídica en la que se encuentre dicho particular, sin que ello, impida el estudio de forma indivisible e interdependiente de los derechos que regula la referida situación. De la ejecutoria mencionada resultaron con el carácter de jurisprudencias la 7/25015 y 8/2015, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, Décima Época, Materia Administrativa que dicen: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." Por tanto, es de concluirse que al reclamarse en el presente asunto una omisión que contraviene al principio de justicia completa, pronta e imparcial que establece el artículo 17 Constitucional, del que deriva una determinación cuya omisión se reclama, lo cierto es que no comparten la naturaleza de la violación reclamada, pues mientras en un principio se reclamó la inactividad procesal, en el segundo se reclamaría la legalidad del dictado de una resolución dictada dentro del procedimiento jurisdiccional, contra el cual no procede la ampliación de demanda. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación 157-162, Sexta Parte, Página: 187, que señala: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE LOS EFECTOS DEL, TRATANDOSE DE LA OMISION DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." Aunado a lo anterior, es importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito señaló que los actos que reclama la parte quejosa no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo y, por tanto, se actualizaría la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y" Ahora, para que los actos sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Nuestro más el Alto Tribunal, sostuvo que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Con base en tales premisas, es dable concluir que la quejosa se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, al no tratarse de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. En efecto, el objeto de la promoción del amparo es la falta de señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen, traducido en la falta de prosecución del trámite, el cual se rige por una normativa que regula el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, siendo estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ello en atención a que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad, de ahí que de ampliar su demanda de amparo y señalar como acto reclamado el proveído de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, se dolería exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo podría ser la transgresión al artículo 8o. constitucional ante la falta de respuesta a su escrito de petición. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de dichos procedimientos, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, en el caso, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta y por ende, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de trece de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, Registro 2011580, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto disponen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". En consecuencia, si la pretensión del quejoso consistiera en ampliar su demanda de amparo y reclamar la sentencia definitiva respecto del expediente 691/2016, relativo al juicio de rectificación de acta de nacimiento, en ese caso, probablemente se actualizaría la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de dicha resolución. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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