Ignacio Herrera Romo
Expediente 300/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 30/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ignacio Herrera Romo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por la Magistrada Propietaria de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en la capital; mediante el cual acusa recibo del toca 152/2021, así como de dos legajos deducidos del expediente SOM 74/2021; asimismo, se da por enterada de que la resolución que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo ha causado estado; agréguese a los autos dicho comunicado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la legislación en comento, contra el proveído de quince de julio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes, en virtud que la sentencia no les irroga perjuicio alguno. "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el término de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. - Documentos: La parte tercera interesada allegó un documento catalogado como no original. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, 18, fracción I, inciso a), 20, párrafo primero, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, inciso a) y, párrafo segundo del Acuerdo en cita. Realícese la certificación de la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Hágase la anotación en el libro de gobierno y en el Sistema Integra de Seguimiento a Expedientes (SISE). Ahora, respecto de los documentos exhibidos en el presente juicio, su devolución se autoriza desde este momento, en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Por lo que, para su obtención, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2, respecto de lo que se les informa que el horario de este Juzgado es de las 12:30 a las 18:30 horas, de lunes a viernes, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Por otra parte, mediante oficio con transcripción del presente proveído, devuélvanse a la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Estado de Guanajuato, con sede en la capital, las documentales consistentes en el toca ********************en un tomo y dos legajos deducidos del expediente ********************. Solicitándose el acuse de recibo correspondiente. De igual forma, al Juez del Sistema de Oralidad Mercantil de la Región de Irapuato, Guanajuato, devuélvasele la copia certificada del cuadernillo relativo al expediente ******************** de su índice, en dos tomos. Se requiere a las autoridades responsables, con excepción de la Sala, para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. SE ATIENDE OFICIO Finalmente, téngase por recibido el oficio signado por la Magistrada Propietaria de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual acusa recibo del oficio 11106/2021, por el que se le notificó el auto de quince de julio se este año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario; agréguese a los autos dicho comunicado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
... Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en proveído de nueve de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio suscrito por la Juez Décimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, mediante el cual, informó que no aceptó la competencia planteada para conocer del expediente *** del índice del Juzgado del Sistema de Oralidad Mercantil de la Región de Irapuato, Guanajuato, por lo que ordenó remitir el sumario en comento a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que a su vez lo asignara a un juzgado de proceso oral, correspondiendo dicho conocimiento al Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, quien lo registró bajo el número de expediente 286/2021, competencia que fue aceptada por el referido órgano jurisdiccional. En atención a lo anterior, se acuerda: ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el caso, del estudio íntegro de la demanda se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de Incompetencia por Declinatoria de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca 152/2021, relacionado con el juicio oral ordinario mercantil 74/2021, a través de la cual, la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, como autoridad ordenadora, resuelve declinar la competencia de la autoridad ejecutora y le ordena remitir los autos del juicio oral ordinario mercantil 74/2021 al Juez competente en la ciudad de México. De lo anterior, se considera la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción VIII, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de amparo vigente, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y" Del precepto señalado en primer término se obtiene que el juicio de amparo se tornara improcedente cuando en la tramitación del mismo, aparezca o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de la materia, o bien, que derive de la Carta Magna. Por su parte, el segundo numeral hace referencia a la procedencia del juicio de garantías tratándose de actos donde una autoridad determine inhibir o declinar la competencia para que sea diversa autoridad la que conozca del asunto. Sin embargo, dicha cuestión acontecerá hasta se dicte la resolución final en la cuestión competencial, esto es, hasta en tanto la diversa autoridad determine si acepta o no la competencia planteada; caso en el cual, podrá acudir al juicio de amparo. En efecto, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; entonces, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. En la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. En el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquel que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia en favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Entonces será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, o bien, la rechace y no antes. Para determinar el alcance del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en relación con la procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad en los que se decline o inhiba la competencia-, que es procedente el amparo indirecto en contra de los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos. Los actos de autoridad susceptibles de impugnación en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse referidos a aquellos en los que la autoridad, a favor de la cual se declina competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento del trámite de una cuestión de competencia cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Ahora, en el caso, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de Incompetencia por Declinatoria de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca 152/2021, relacionado con el juicio oral ordinario mercantil 74/2021, a través de la cual, la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, como autoridad ordenadora, resuelve declinar la competencia de la autoridad ejecutora y le ordena remitir los autos del juicio oral ordinario mercantil 74/2021 al Juez competente en la ciudad de México. Por ende, el acto que aquí se reclama, no da lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto, dado que la afectación personal y directa que representa no es definitiva en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, en lo conducente la jurisprudencia siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2009721 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I página 5 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Contradicción de tesis 239/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 28 de mayo de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I. y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la queja 122/2013, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 146/2014. El Tribunal Pleno, el siete de julio en curso, aprobó, con el número 17/2015 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de julio de dos mil quince. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 68/2021 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de presidencia de 13 de abril de 2021. Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de agosto de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. En razón de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción VIII, este último aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo vigente. No obstante, la resolución que le causa perjuicio y que es materia de análisis en el juicio de amparo, es la dictada por el Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, precisamente, porque aceptó la competencia planteada y registró el asunto bajo el número de expediente 286/2021, sin embargo, no forma parte de la litis en el presente juicio de amparo. En ese contexto, al quedar demostrada la actualización de la causa de improcedencia en estudio, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, conforme con lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la legislación de la materia, sin que sea necesario esperar hasta la audiencia constitucional, en tanto no variaría el sentido. En tal virtud, se ordena dejar sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, que está señalada para las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y vía electrónica a los terceros interesados.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL PROMOVENTE***** EL ACUERDO DICTADO EL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL DICE: ... Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en proveído de nueve de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio suscrito por la Juez Décimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, mediante el cual, informó que no aceptó la competencia planteada para conocer del expediente *** del índice del Juzgado del Sistema de Oralidad Mercantil de la Región de Irapuato, Guanajuato, por lo que ordenó remitir el sumario en comento a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que a su vez lo asignara a un juzgado de proceso oral, correspondiendo dicho conocimiento al Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, quien lo registró bajo el número de expediente 286/2021, competencia que fue aceptada por el referido órgano jurisdiccional. En atención a lo anterior, se acuerda: ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el caso, del estudio íntegro de la demanda se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de Incompetencia por Declinatoria de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca ***, relacionado con el juicio oral ordinario mercantil ***, a través de la cual, la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, como autoridad ordenadora, resuelve declinar la competencia de la autoridad ejecutora y le ordena remitir los autos del juicio oral ordinario mercantil *** al Juez competente en la ciudad de México. De lo anterior, se considera la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción VIII, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de amparo vigente, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y" Del precepto señalado en primer término se obtiene que el juicio de amparo se tornara improcedente cuando en la tramitación del mismo, aparezca o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de la materia, o bien, que derive de la Carta Magna. Por su parte, el segundo numeral hace referencia a la procedencia del juicio de garantías tratándose de actos donde una autoridad determine inhibir o declinar la competencia para que sea diversa autoridad la que conozca del asunto. Sin embargo, dicha cuestión acontecerá hasta se dicte la resolución final en la cuestión competencial, esto es, hasta en tanto la diversa autoridad determine si acepta o no la competencia planteada; caso en el cual, podrá acudir al juicio de amparo. En efecto, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; entonces, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. En la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. En el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquel que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia en favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Entonces será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, o bien, la rechace y no antes. Para determinar el alcance del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en relación con la procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad en los que se decline o inhiba la competencia-, que es procedente el amparo indirecto en contra de los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos. Los actos de autoridad susceptibles de impugnación en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse referidos a aquellos en los que la autoridad, a favor de la cual se declina competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento del trámite de una cuestión de competencia cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Ahora, en el caso, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de Incompetencia por Declinatoria de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca 152/2021, relacionado con el juicio oral ordinario mercantil 74/2021, a través de la cual, la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, como autoridad ordenadora, resuelve declinar la competencia de la autoridad ejecutora y le ordena remitir los autos del juicio oral ordinario mercantil 74/2021 al Juez competente en la ciudad de México. Por ende, el acto que aquí se reclama, no da lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto, dado que la afectación personal y directa que representa no es definitiva en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, en lo conducente la jurisprudencia siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2009721 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I página 5 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Contradicción de tesis 239/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 28 de mayo de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I. y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la queja 122/2013, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 146/2014. El Tribunal Pleno, el siete de julio en curso, aprobó, con el número 17/2015 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de julio de dos mil quince. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 68/2021 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de presidencia de 13 de abril de 2021. Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de agosto de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. En razón de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción VIII, este último aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo vigente. No obstante, la resolución que le causa perjuicio y que es materia de análisis en el juicio de amparo, es la dictada por el Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, precisamente, porque aceptó la competencia planteada y registró el asunto bajo el número de expediente 286/2021, sin embargo, no forma parte de la litis en el presente juicio de amparo. En ese contexto, al quedar demostrada la actualización de la causa de improcedencia en estudio, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, conforme con lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la legislación de la materia, sin que sea necesario esperar hasta la audiencia constitucional, en tanto no variaría el sentido. En tal virtud, se ordena dejar sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, que está señalada para las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y vía electrónica a los terceros interesados.
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