Ignacio Guasti Gómez

Expediente 1818/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1818/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
24/02/2016

Partes del expediente

  • Ignacio Guasti Gómez
  • Ignacio Guasti Gómez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA I B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. Vistos los autos y certificación de cuenta, de los que se advierte que el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, que negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Ignacio Guasti Gómez; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Mediante oficio que se gire, devuélvase a la autoridad responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, el original del expediente 111/2011 de su índice, que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Piedad Guadalupe Jiménez Santiago, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MESA I B Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1818/2015, promovido por Ignacio Guasti Gómez, contra actos de la Junta de Arbitraje para los empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, y Resultando PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en esta ciudad y turnado en la misma fecha a este juzgado Ignacio Guasti Gómez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se detallan. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Junta de Arbitraje para los empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca ACTOS RECLAMADOS a) La resolución de veintiocho de octubre de dos mil quince dictada en el juicio laboral burocrático 111/2011, que desechó por notoriamente improcedente el incidente de nulidad respecto de la notificación del acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil catorce, efectuada el primero de septiembre siguiente. SEGUNDO. Tramitación del juicio. El veintiséis de noviembre de dos mil quince se admitió la demanda de que se trata, se registró con el número de expediente 1818/2015, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público adscrito, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y Considerado PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; al reclamarse actos atribuidos a una autoridad con residencia dentro de la circunscripción territorial en la que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario efectuar un análisis conjunto de la demanda. Así, del análisis integral de la demanda y atendiendo a la causa de pedir contenida en tal líbelo, se deduce que la parte quejosa reclama: la resolución de veintiocho de octubre de dos mil quince dictada en el juicio laboral burocrático 111/2011, que desechó por notoriamente improcedente el incidente de nulidad respecto de la notificación del acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil catorce, efectuada el primero de septiembre siguiente. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de garantías, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan de inconstitucionales, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Son ciertos los actos reclamados, toda vez que al rendir su informe justificado, la junta responsable acepto su existencia, lo cual se encuentra corroborado con las constancias que anexó para apoyarlo. CUARTO.- Procedencia de la demanda.- Previo el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, procede analizar las causales de improcedencia por ser de estudio oficioso y preferente. Dado que las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna y que este órgano de control constitucional no advierte de oficio su actualización, procede entrar al estudio de los actos reclamados, sin que resulte necesario transcribir los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa ya que con ello no se transgreden los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo. Cabe destacar, que no obstante se tiene a la vista el diverso juicio de amparo 1536/2015 de los del índice de este juzgado, del mismo no se advierte causal de improcedencia alguna, ya que aquel fue promovido en contra de la omisión de la Junta también aquí responsable, de emitir el acuerdo relativo al escrito mediante el cual el quejoso interpuso el incidente de nulidad, al cual, durante la tramitación del aludido juicio constitucional le recayó el acuerdo aquí reclamado, lo que originó el sobreseimiento de aquel. QUINTO.- Estudio de los conceptos de violación.- Los conceptos de violación deben desestimarse, por las razones que a continuación se exponen. Como se precisó en el segundo considerando, el quejoso reclama la resolución de veintiocho de octubre de dos mil quince dictada en el juicio laboral burocrático 111/2011, que desechó por notoriamente improcedente el incidente de nulidad respecto de la notificación del acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil catorce, efectuada el primero de septiembre siguiente Al respecto, el peticionario del amparo en su único concepto de violación aduce que la responsable atenta contra sus derechos humanos, pues consideró extemporáneo el incidente de nulidad promovido por no haberlo hecho dentro del término de tres días, cuando tal plazo no es aplicable al procedimiento de donde emerge el acto reclamado, ya que en términos del artículo 7 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, los casos no previstos se resolverán conforme a los lineamientos generales de la misma, conforme a la mayor equidad y conforme a las exigencias que reclaman los servicios públicos en bien de la sociedad. Que al no establecer el artículo 90 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez termino para promover el incidente, no le es permitido a la responsable establecerlo. Que la tesis que citó en su acuerdo es inaplicable, ya que se refiere al término previsto por el artículo 735 de la Ley Federal de Trabajo, sin embargo la Ley Civil aplicable no contiene ningún precepto que ordene que deba acudirse a tal disposición normativa. Que analizando los hechos en conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada, la responsable debió, conforme a la mayor equidad y en bien de la sociedad, atender a lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, que prevé la prescripción para las acciones que nazcan de esa Ley el plazo de un año. Los argumentos reseñados son desafortunados, toda vez que contrario a lo que aduce el quejoso, se estima correcto la decisión de la junta responsable, respecto de que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral burocrático municipal oaxaqueño, conforme a los lineamientos generales de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, a la mayor equidad y a las exigencias que reclaman los servicios públicos en bien de la sociedad, debe interponerse dentro del término de tres días. Lo anterior es así, toda vez que en el artículo 90 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, no hay disposición que prevea el término para interponer el incidente de nulidad de actuaciones; sin embargo, por seguridad jurídica, no puede quedar indefinido o al albedrío de las partes el plazo para impugnar la actuación que se califica de nula. Por tanto, en términos del artículo 7 de la Ley civil de referencia, que establece que los casos no previstos en ésta, se resolverán conforme a sus lineamientos generales, a la mayor equidad y a las exigencias que reclaman los servicios públicos en bien de la sociedad y que están a cargo del Ayuntamiento, ante la omisión de la referida ley de regular a cabalidad determinado procedimiento instituido expresamente (como en el caso del procedimiento incidental de nulidad de notificaciones), por mayor equidad, debe acudirse a las normas reguladoras del derecho laboral burocrático previsto por el artículo apartado B del artículo 123 constitucional, esto es, en principio a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues ambas leyes burocráticas regulan las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, difiriendo únicamente el patrón en cuanto al nivel de gobierno: Federación y Municipio; y sólo para el caso de que tal norma sea omisa en el mismo sentido, con fundamento en su artículo 11, aplicar supletoriamente y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad. En el caso, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 141, regula de manera similar a la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez (artículo 90) el incidente de nulidad de notificaciones, omitiendo establecer el término para promoverlo. Artículo 90.- Cualquier incidente que se suscite con motivo de la personalidad de las partes o de sus representantes, de la competencia de la Junta, del interés del tercero, sobre la nulidad de actuaciones u otros motivos, será resuelto de plano, de acuerdo con los principios a que se refiere el artículo anterior. ARTICULO 141.- Los incidentes que se susciten con motivo de la personalidad de las partes o de sus representantes, de la competencia del Tribunal, del interés de tercero, de nulidad de actuaciones u otros motivos, serán resueltos de plano. Sin embargo, en el juicio laboral burocrático federal, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley aplicable, el incidente de nulidad de notificaciones debe interponerse en el plazo previsto por el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, dentro del plazo genérico de tres días hábiles, contados a partir del momento en el que el afectado tenga conocimiento, se manifieste sabedor de la actuación procesal cuya nulidad promueve, al en que haya tenido lugar la actuación subsecuente o al en que surta efectos su notificación, y se contará el día de su vencimiento. En consecuencia, conforme a la mayor equidad, en el juicio laboral burocrático municipal en el Estado de Oaxaca, como atinadamente lo consideró la junta responsable, debe atenderse a ese término de tres días que aplica en la generalidad de los juicios labores (tanto burocrático federal como ordinarios local y federal), y en específico en el burocrático federal, ya que por seguridad jurídica, no puede quedar indefinido o al albedrío de las partes el plazo para impugnar la actuación que se califica de nula ante la omisión de la ley municipal en comento. Sirven de apoyo, por las razones que la sustentan, las tesis siguientes: SINDICATOS. ANTE LA OMISIÓN DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO, DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE, POR MAYOR EQUIDAD, LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y NO LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El artículo 7o., párrafo segundo, de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, establece que los casos no previstos en ésta, se resolverán conforme a sus lineamientos generales, a la mayor igualdad y a las exigencias que reclaman los servicios públicos en bien de la sociedad y que están a cargo del Ayuntamiento. Ahora bien, ante la omisión de la referida ley de establecer los requisitos para obtener el registro sindical, debe aplicarse supletoriamente, por mayor equidad, el artículo 72 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y no el diverso 365 de la Ley Federal del Trabajo, pues ambas leyes burocráticas regulan las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, difiriendo únicamente el patrón en cuanto al nivel de gobierno: Federación y Municipio. [Época: Décima Época, Registro: 2004801, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Materia(s): Laboral, Tesis: XIII.T.A.6 L (10a.), Página: 1905] PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA. AUN CUANDO LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL NO LOS CONTEMPLE TIENEN DERECHO A PERCIBIRLOS POR RAZONES DE EQUIDAD RESPECTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE OTROS NIVELES DE GOBIERNO (FEDERACIÓN Y ENTIDADES FEDERATIVAS) QUE SÍ LOS RECIBEN. La prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones otorgadas a los servidores públicos de la Federación conforme a los artículos 40 y 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y a los empleados al servicio del Gobierno del Estado de Oaxaca, en términos de los artículos 80 y 87 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria acorde con el artículo 7o. de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca. Ahora bien, el hecho de que en una legislación municipal que regule las relaciones laborales entre un determinado Municipio y sus trabajadores no se contemple la prima vacacional y el aguinaldo, no es una razón válida para privar a estos últimos del derecho a percibirlos, por tratarse de conceptos que se generan por la sola prestación del servicio; pues de no otorgárseles generaría una grave inequidad respecto de trabajadores de otros niveles de gobierno (Federación y entidades federativas) que sí los reciben. [Época: Novena Época, Registro: 170049, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia(s): Laboral, Tesis: XIII.1o.10 L, Página: 1799] LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. LA LEGISLACIÓN SUPLETORIA EN EL PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS, LO ES LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. De acuerdo con el catálogo de normas que contempla la Ley del Servicio del Estado y los Municipios de Chiapas, en ninguno de sus supuestos otorga un título específico del procedimiento a seguir para el ofrecimiento, admisión, desahogo y perfeccionamiento de pruebas; en esa virtud, en su artículo noveno transitorio establece: "En lo no previsto y que no se oponga a esta ley es supletoria la Ley Federal de los Trabajadores del Estado."; sin embargo, la legislación que conforme al transcrito precepto es supletoria de la ley burocrática del Estado, tampoco consagra disposiciones específicas que prevean lo relativo. No obstante ello, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 11 preceptúa: "En lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad.", hipótesis que válidamente da la pauta a considerar, que si para la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, en lo no previsto, es supletoria la ley reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, en tanto no exista conflicto entre ambas legislaciones, y ésta a su vez, contempla la factibilidad de acudir a la supletoriedad de otras legislaciones, destacando en orden de aplicación preferente, la Ley Federal del Trabajo, ello conduce a establecer que no existe obstáculo legal para considerar que esta última, al ser supletoria de aquélla, también pueda serlo de la ley del servicio civil en comento, para el fin de resolver lo inherente a las formalidades que se deban observar en el procedimiento laboral burocrático en cuanto al desahogo de pruebas. Por lo anterior, quienes actualmente integran este órgano colegiado, con fundamento en lo previsto en el artículo 194 de la Ley de Amparo, estiman procedente interrumpir el criterio sustentado por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la jurisprudencia J/37, visible en la página 402, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, octubre de 1996, intitulada: "LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO ES SUPLETORIA DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).", ya que como se advierte de su contenido, para rechazar la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo sólo se atiende a lo dispuesto en el artículo noveno transitorio de la ley burocrática local, sin que se ocupe de mencionar por qué, ante la falta de disposiciones en una y otra legislación sobre aspectos básicos del proceso burocrático, como el relativo al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, no pueda acudirse supletoriamente a la Ley Federal del Trabajo, no obstante lo que establece el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. [Época: Novena Época, Registro: 192487, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Febrero de 2000, Materia(s): Laboral, Tesis: XX.1o.94 L, Página: 1074] Sin que en el caso sea jurídicamente aplicable el plazo de un año previsto por el artículo 69 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, al incidente de nulidad, pues aquel se refiere a la prescripción de las acciones laborales que nazcan de los derechos consignados en la propia ley, es decir de las relaciones de trabajo entre los operarios municipales y el ayuntamiento como patrón equiparado, pero no de una cuestión procesal surgida dentro de un juicio entablado precisamente en ejercicio de una acción laboral. Es así, que en la especie, como lo estimó la junta responsable, no puede tenerse como fecha de conocimiento de la notificación cuya nulidad se combatió en el procedimiento natural el quince de mayo de dos mil quince, toda vez que dentro de los autos se aprecian dos actuaciones anteriores a dicha data, la promoción del apoderado legal del quejoso presentada el cinco de septiembre de dos mil catorce a la cual le recayó el acuerdo de cinco de noviembre siguiente, y diversa promoción de su mismo apoderado presentada en catorce de enero de dos mil quince, mediante la cual solicitó copias de todo lo actuado en el expediente, las cuales fueron acordadas de conformidad en el acuerdo correspondiente, y que en la parte inferior de la promoción de referencia aparece una leyenda con el nombre y firma del promovente como acuse de recibo de las copias solicitadas ["Recibí Copias. Samuel Jerzy López Ortiz (rubrica) 14 enero 2015"]. Luego, que a partir de las actuaciones subsecuentes a la notificación cuya nulidad se pretende, deba tenerse por sabedor al promoverte de la misma. Ello, toda vez que atendiendo a la naturaleza del incidente de nulidad de notificaciones, esto es tiende a establecer que es nulo tanto lo actuado, como todo lo posterior, hasta la siguiente actuación en que intervenga el incidentista, debe entenderse de una actuación subsecuente a la notificación nula hace sabedor al afectado de ella; y una actuación subsecuente es, por regla general, cualquier acto en el que participe quien aduce la nulidad, como: la intervención en cualquier diligencia en presencia de los integrantes de la Junta, de su presidente, del secretario o actuario (comparecencia de ratificación de firma, entrega de documentos o valores o desahogo de audiencias o pruebas); la intervención como parte o autorizado en una notificación personal; y, la presentación de alguna promoción. Así, resulta inconcuso que, aún que la tesis invocada por la junta responsable no es exactamente aplicable al caso, lo cierto es que su cita no le genera agravio alguno al quejoso ya que sólo se introdujo como apoyo a la decisión emitida respecto del término de tres días para interponer el incidente de nulidad de notificaciones, la cual como se ha visto, se estima acertada. En consecuencia, al haberse desestimado los conceptos de violación, y no advertirse queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Único.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ignacio Guasti Gómez, contra los actos reclamados a la Junta de Arbitraje para los empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, por las razones dadas en considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Piedad Guadalupe Jiménez Santiago, que autoriza y da fe el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, data en que las labores del juzgado lo permitieron. Con lo que se da por terminada esta audiencia. Se cierra el acta que se autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    MESA I B Agréguese el informe justificado que rinden los Integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, residentes en esta ciudad, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para su debido conocimiento. Toda vez que como justificación de su informe la autoridad responsable remite el original del expediente número 111/2011de su índice, relativa al acto reclamado, apertúrese el anexo I, respetando folio, entresello y rúbrica asignados. En tales condiciones, a fin de que las partes tengan conocimiento del informe justificado y constancias de referencia, con la oportunidad a que se refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la aludida Ley de Amparo invocada, no es factible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, por lo que se difiere, y se fijan las ONCE HORAS DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo. Toda vez que la citada autoridad indica que en este propio juzgado se tramitó el juicio de amparo 1563/2015, se ordena traer a la vista el citado expediente en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    MESA I B Agréguese el escrito signado por el Síndico Procurador y Hacendario y Representante Legal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, tercero interesado en el presente juicio de amparo; en atención a su contenido, con fundamento en el normativo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado a este juicio de amparo. Asimismo, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus alegatos, los cuales se tendrán por recibidos en la audiencia constitucional.

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