Ignacio Gómez Stege
Expediente 836/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ignacio Gómez Stege
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este asunto; con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, causó ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de las responsables no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la ciada ley, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se les haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído el juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido, sin necesidad de pronunciarse respecto del destino de los incidentes de suspensión, toda vez que en la audiencia incidental se hizo la valoración respectiva de los mismos. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su artículo 21, inciso a), que a la letra dice: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al archivo de trámite y tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, procede determinar que el presente asunto es destruible en un plazo de tres años, contados a partir del presente auto que ordena el archivo, por lo que deberá procederse a su destrucción en los términos ordenados en el penúltimo párrafo del numeral trascrito. De igual forma, el presente acuerdo no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, motivo por el que no se considera de información reservada.
- Principal
Se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo.
- Principal
Visto el escrito presentado por ********************, en su carácter de tercero interesado y en atención a su contenido, señala como domicilio para recibir notificaciones y documentos, el ubicado en ******, y autorizando para oír y recibir notificaciones a ******.
- Principal
Visto el estado actual de los autos, de los que se advierte que en proveído de veintiuno de abril del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el oficio DJF.-5180-VIII/2021 y su anexo, signado por la Directora Jurídica, de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, atento lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. De las constancias que integran al presente juicio de amparo se desprende lo siguiente: La parte quejosa, reclamó específicamente: La inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, en su numeral 12 de la Tarifa anexa a dicha Ley, en su apartado IV, en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado para el Estado de Chihuahua. En sentencia pronunciada el veintiocho de octubre de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el siguiente efecto: "(.) se le cobre únicamente el cinco por ciento (5%) de la tarifa total, es decir, la cantidad de $ 750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por el servicio que recibió, única y exclusivamente, lo referente a la factura electrónica con folio fiscal *************, relativa al pago de inscripción traslativa de dominio, con numero de operación *************, de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, y se le reintegre la parte que cubrió en exceso por tal concepto." En proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con asiento en esta ciudad. Mediante oficio DJF.-5180-VIII/2021, recibido en este Juzgado el veinte de abril del presente año, la Directora Jurídica, de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con domicilio en esta ciudad, informó sobre dicho cumplimiento y anexó copia certificada de la constancia justificativa correspondiente. Bajo ese contexto, en el caso que se analiza, de la copia con firma autógrafa que adjuntó la responsable a su oficio de cuenta, se advierte que el trece de abril de dos mil veintiuno, se entregó al quejoso ********************, el cheque número *************, a cargo de la institución bancaria *************, valioso por la cantidad de $*************(*************00/100 M.N). Con el contenido del citado oficio y anexo, se dio vista al quejoso en proveído de veintiuno de abril del año en curso, del cual quedó notificado el veintitrés de abril del presente año, constancia de notificación que por ser expedida por un servidor público en ejercicio de o con motivo de sus funciones, merece eficacia probatoria plena, en términos de los artículo 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a Ley de Amparo. Acorde a lo narrado, este Juzgado Federal estima que en el presente caso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, está cumplida la ejecutoria de amparo, conclusión a la que se arriba de la confrontación entre los efectos para los cuales se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional, y la actuación realizada por la autoridad ejecutora en cumplimiento de la misma, según las constancias que se allegaron a los presentes autos. Por tales motivos, una vez que cause estado este proveído, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo en vigor, se ordenará el archivo definitivo del presente asunto.
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