Ignacio Gerónimo García
Expediente 986/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 986/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ignacio Gerónimo García
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA IGNACIO GERONIMO GARCIA, EL AUTO DE SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEIS, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; siete de octubre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Ignacio Gerónimo García, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 986/2016, y fórmese expediente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del estudio integro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: a) El auto admisorio de veinte de mayo del presente año, dictado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, Guerrero, en el Juicio Especial de Alimentos 146/2016, por el cual se ordena descontar el 30% de las percepciones que percibe el quejoso, por concepto de alimentos provisionales en favor de su menor hija Crisanta Iseth Jerónimo Domínguez. Precisado lo anterior, el presente juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal; es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se reclaman, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, al constar que el acto reclamado es una medida precautoria en relación a los alimentos provisionales, para estar en aptitud de verificar la actualización de la causa de improcedencia invocada, debe tenerse en cuenta que el procedimiento especial de alimentos se rige por los preceptos que integran el capítulo VIII "Juicio de Alimentos", del Título Segundo "Juicios del Orden Familiar y del Estado Civil de las Personas", correspondiente al Libro Cuarto "Procedimientos Especiales", del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 364, en cuyo artículo 566, segundo párrafo, dispone que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Por consiguiente, se deduce que el auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis es apelable, porque se trata de una resolución dictada en un procedimiento que se tramita conforme a las reglas del juicio especial de alimentos. Al respecto, conviene precisar que tal cuestión estaba regulada en el artículo 224 del citado ordenamiento legal antes de ser derogado, y establecía que la resolución que concediera los alimentos era apelable en el efecto devolutivo y la que los negara era recurrible en queja. Sin embargo, mediante "Decreto Número 498 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero", publicado el veintiuno de diciembre de dos mil diez en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero No. 102 Alcance I, se derogó la Sección cuarta, del Capítulo Sexto, Título Primero, Libro Segundo con los artículos 223, 224 y 225, como así se advierte en el artículo tercero de dicho decreto. La Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, justificó tal decisión de la manera siguiente: Se propone derogar la Sección Cuarta relativa a Alimentos Provisionales y los artículos 223, 224 y 225, del Capítulo VI "medidas Cautelares", Título Primero "Actos preparatorios al juicio", Libro Segundo "Proceso jurisdiccional", para integrar la mayoría de sus contenidos en el capítulo relativo a juicios del orden familiar, con lo que se prevé facilitar el acceso a la pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva, para los acreedores alimentarios, reduciendo plazos y trámites adicionales y así eficientar su otorgamiento. Lo cual permite establecer: a) Que se derogó el artículo 224, el cual establecía que la resolución que concediera los alimentos era apelable. b) Que la mayoría de sus contenidos se integró al capítulo relativo a juicios de orden familiar; y c) Que se pretendía facilitar el acceso a la pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva, para los acreedores alimentarios, reduciendo plazos y trámites adicionales y así eficientar su otorgamiento. Lo anterior se robustece, si se toma en cuenta que, como se ha visto, el segundo párrafo del artículo 566 dispone que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza, el cual integra los contenidos a que hace referencia el decreto que derogó el diverso 224. En este orden de ideas, contra el auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis (por medio del cual se ordenó el descuento del 30% de las percepciones que percibe el quejoso para asegurar la pensión alimentaria provisional decretada en favor de su menor hija Crisanta Iseth Jerónimo Domínguez), procede el recurso de apelación al constituir un auto dictado en un juicio especial de alimentos que por disposición de la ley es recurrible mediante dicho medio ordinario de defensa. En ese orden de ideas, los numerales 375, fracción II y 384, 385 y 386, fracción II, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, disponen: "Artículo 375.- Recursos admisibles. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: (.) II. Apelación": "Artículo 384.- Iniciación del procedimiento de segunda instancia. La segunda instancia no puede abrirse sin que se interponga el recurso de apelación." "Artículo 385.- Procedencia. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados." "Artículo 386.- Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: (.) II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código." De los dispositivos legales antes transcritos se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se encuentra el de apelación, el cual procede en contra de los autos cuando expresamente así lo señale la legislación adjetiva que nos ocupa, lo que así acontece -como se dijo-, en torno a las resoluciones sobre alimentos. De ese modo, queda de relieve que aquel medio de defensa tiene por objeto que el tribunal de alzada confirme, revoque o modifique la decisión del A quo sobre las resoluciones dictadas en los mismos. Por tanto, los citados numerales conceden la posibilidad de que la determinación reclamada en la presente instancia constitucional, sea impugnada mediante el recurso de apelación, porque expresamente se prevé su procedencia en el artículo 566, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero; consecuentemente, el auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis, por medio del cual se ordenó el descuento del 30% de las percepciones que percibe el quejoso para asegurar la pensión alimentaria provisional decretada en favor de su menor hija Crisanta Iseth Jerónimo Domínguez, es susceptible de impugnarse mediante el recurso de apelación a que se refiere el artículo 384 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado ya transcrito. Sustenta, lo anterior la Jurisprudencia PC. XXI. J/5 C, consultable en la página 1412, tomo II, libro 24, noviembre 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ALIMENTOS PROVISIONALES. CONTRA EL AUTO QUE LOS FIJA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De la interpretación de los artículos 140, 375, 381, 386, 393, fracción III y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, deriva que el auto que fija alimentos provisionales es impugnable mediante el recurso de apelación, y no a través del de reconsideración, en virtud de que este último excluye su procedencia respecto de aquellas determinaciones impugnables en apelación. Al respecto, de los citados artículos 393, fracción III, y 566, se colige que las resoluciones sobre alimentos que fueran apeladas (entre éstas, las que fijan alimentos provisionales) serán ejecutables sin necesidad de caución, lo cual revela la procedencia de dicho recurso en su contra; lo anterior, aunado a que la fracción V del numeral 238 del citado código señala que el auto de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo, momento procesal en que precisamente se fijan los alimentos provisionales, sin que trascienda que tal regla esté dirigida a los juicios ordinarios, en virtud de que, conforme al diverso artículo 524 de ese mismo ordenamiento legal, en todo lo no previsto y en cuanto no se oponga a lo ordenado en el título relativo, se aplicarán las reglas generales del propio código. " Criterio que de conformidad con lo establecido por el artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatorio para los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, Juzgados de Distrito, Tribunales Militares y Judiciales del Orden Común de las Entidades Federativas y Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. Por tanto, el quejoso previamente a promover el juicio de amparo debió observar el medio de impugnación aludido ante el mismo Juez responsable, y al no hacerlo incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo, máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, en primera porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, dado que tiene el carácter de demandado en el juicio familiar de donde deriva el acto reclamado, aunado a que el auto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal derivado de un procedimiento penal. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para el ahora agraviado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Mayo de 2002, página 902, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a estos puntos y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para ese efecto designa en su escrito de demanda; y por autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo a Luis Miranda Nava, cuya cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos de la última parte del párrafo segundo del citado numeral a Faviola Pineda Oliva, por no contar con el requisito anterior, quedando a salvo su derecho para hacerlo con posterioridad. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la misma ley de la materia, se faculta a la actuaria judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.
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