Ignacio García Paez
Expediente 632/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 632/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/03/2021
Partes del expediente
- Ignacio García Paez
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en la circular SECNO/10/2021 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite del presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque con los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. De conformidad con las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó el regreso al esquema de contingencia del artículo 1 del Acuerdo General 13/2020 a partir del uno al nueve de febrero y del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, se suspendieron los plazos en esas fechas y en base a la circular SECNO/10/2021 en que se ordenó de nueva cuenta la aplicación del Acuerdo General 21/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, la secretaria o el secretario encargado de la tramitación del asunto brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario de las 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. Los datos de contacto de la secretaria o el secretario encargado del asunto serán proporcionados en las instalaciones del juzgado, previa cita para acudir que haga el interesado. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada de este juzgado para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. En el presente asunto se encuentra pendiente de causar ejecutoria la sentencia dictada en autos; mismo que se acordara más adelante. 3. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACTUARIOS EN MATERIA DE NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede); lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.2. Excepcionalmente, las notificaciones se harán de forma personal, cuando así se ordene en la resolución respectiva. 3.3. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 1jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 5. Vista la certificación asentada por la secretaria en el sentido de que la parte quejosa no recurrió, dentro del plazo que prevé el arábigo 86 de la ley de la materia, la sentencia terminada de engrosar el diecisiete de noviembre de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a) del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a pronunciarse sobre el incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. 6. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE REANUDACIÓN. Este acuerdo deberá ser notificado en los términos siguientes: 6.1. Por oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas. 6.2. Por medio de lista a la parte quejosa, la que deberá publicarse en la entrada de este juzgado. Notifíquese en los términos indicados
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TEPIC, NAYARIT A DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. VISTOS, para resolver, los autos que integran el Juicio de Amparo Indirecto 632/2020, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, ** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades siguientes: Autoridades responsables: Congreso del Estado de Nayarit. Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores del Servicio del Estado de Nayarit. Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. "IV.- La Norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Del Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; se reclama la discusión, expedición, promulgación y decreto de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, concretamente el primer párrafo del artículo 35, 36, 37 y 38, publicado en el Periódico Oficial Órgano Gobierno del Estado de Nayarit, el 30 de julio de 1997. Acto reclamado a las autoridades aplicadoras: a) Del Director General y Comité de vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, la aplicación en mi perjuicio del precepto antes señalado. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veinte, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, admitió a trámite la demanda la cual se registró con el número 632/2020; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se fijó día y hora para la audiencia constitucional la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, es competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme lo establecen los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 52, fracción III y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que se promueve en contra de normas administrativas emitidas por autoridades estatales, cuya ejecución se llevó a cabo dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, en términos de los dispositivos y acuerdo de previa mención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del precepto 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004 y en la jurisprudencia P./J. 40/2000. Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del artículo 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la Ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese arábigo se reproduce en el 74 de la ley en cita. Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda se observa que la parte quejosa reclama: a) Del Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad: la discusión, expedición, promulgación, orden de expedición y decreto de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, específicamente los numerales 35, 36, 37 y 38, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; y, b) Del Director General y Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad, la aplicación de los preceptos antes señalados. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, así como al Congreso del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, pues al rendir informe con justificación admitieron la certeza de los actos reclamados esto es, su intervención en el proceso legislativo de creación de las normas legales cuestionadas de inconstitucionales, de ahí que se tienen por ciertos los actos a ellas reclamados. Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas.". A su vez, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, en su respectivo informe refirió que no eran ciertos los actos de aplicación reclamados; no obstante, dicha negativa se encuentra desvirtuada, toda vez que del material probatorio que obra en el presente sumario constitucional, se advierte copia certificada del dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio otorgado al quejoso a partir del uno de marzo de dos mil veinte. Informe y constancia que dado su carácter de públicos por haber sido emitidos por autoridad en ejercicio de su función pública, poseen pleno valor probatorio de conformidad con los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al presente juicio por disposición expresa del ordinal 2 de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página trescientos noventa y uno, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por su parte, el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, no obstante haber sido emplazado para tal efecto, como se advierte de la constancia de notificación del oficio 8411/2020 que obra a foja veintiocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se tiene como presuntivamente cierto el acto que le reclama la quejosa. CUARTO. Estudio relativo a las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, la suscrita advierte de oficio, que se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Por su parte, los diversos numerales 5° y 6° de la ley de la materia disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". Luego, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los preceptos transcritos, se colige que el juicio de amparo es un medio de control para verificar la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, por su representante legal o por su defensor, y en el caso de incumplir con ello, el juicio de amparo resultara improcedente. Lo anterior significa que, sólo la persona que resulte directamente afectada con alguna determinación jurisdiccional es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o por su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, con la salvedad de las excepciones previstas en la ley de la materia. Es decir, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general, acto u omisión de autoridad que viole los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, por aquél a quien el acto reclamado le ocasione un agravio personal y directo. En suma, por parte agraviada debe entenderse que es aquel que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo; luego, como requisito de procedencia del amparo se requiere que el quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo; y, que ese interés se vea afectado por los actos de una autoridad. En esas condiciones, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo); y, b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Por tanto, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por lo que la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora bien, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo (interés jurídico), cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. De ahí que, el interés jurídico debe estar plenamente acreditado en autos para la procedencia del juicio de garantías. Es sustento de lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en la página doscientos veinticinco del tomo XXVII, enero de dos mil ocho de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". El criterio jurídico contenido en la tesis transcrita que cobra aplicación al caso por la identidad jurídica substancial existente entre el artículo 4, que se interpreta en la tesis, con los numerales 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, así como por no contraponerse con alguna disposición del citado cuerpo legal. En el caso, el quejoso reclama la inconstitucionalidad de los artículos 35, 36, 37 y 38, todos de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, que disponen: "Artículo 35. Se considerará como aceptada una pensión cuando no se haya manifestado lo contrario dentro del plazo de treinta días de la fecha en que se notifique personalmente al beneficiado el acuerdo respectivo del Comité. Las pensiones a que se refiere este capítulo no son compatibles con el disfrute de otras pensiones pagadas por el Gobierno de Nayarit, ni con el desempeño de trabajos remunerados dentro de las dependencias de la Administración Pública del Estado." "Artículo 36. Si el Comité advierte la incompatibilidad de la pensión o pensiones que esté recibiendo un trabajador o pensionado estas serán suspendidas de inmediato pero se puede gozar nuevamente de las mismas cuando desaparezca la incompatibilidad y se reintegren las sumas recibidas, lo que deberá hacerse en el plazo y con los intereses que le fije el Comité los cuales no deberán de ser mayores al nueve por ciento anual, y cuyos descuentos no serán aplicados en un período no menor al que los estuvo recibiendo. Si no se hiciere el reintegro en la forma señalada se perderá el derecho a la pensión." "Artículo 37. La percepción de una pensión con cargo al Fondo es incompatible con la remuneración de cualquier servicio que paguen las entidades públicas del Estado, con excepción de los cargos de elección popular. Existe también incompatibilidad en el caso de que exista otra pensión que haya sido concedida por la legislatura." "Artículo 38. Mientras exista la incompatibilidad de la percepción de la pensión, se suspenderá su pago, pero se tendrá nuevamente derecho a percibirla cuando desaparezca la incompatibilidad. Si existiendo la incompatibilidad se recibe una pensión, el pensionado estará obligado, dentro del plazo que señale el Comité a reintegrar las cantidades recibidas indebidamente y de no hacerlo, no volverá a disfrutar de la pensión hasta que no haga esta devolución, independientemente de que se le puedan exigir las responsabilidades que procedan." En las disposiciones transcritas prevé lo relativo a que se considerará como aceptada una pensión cuando no se haya manifestado lo contrario dentro del plazo de treinta días de la fecha en que se notifique personalmente al beneficiado. Que las pensiones de ese capítulo no son compatibles con el disfrute de otras pagadas por el Gobierno de Nayarit, ni con el desempeño de trabajos remunerados dentro de las dependencias de la Administración Pública del Estado. En caso de que el Comité advierta la incompatibilidad de la pensión que esté recibiendo un trabajador o pensionado estas serán suspendidas de inmediato la que se puede gozar nuevamente cuando desaparezca la incompatibilidad y se reintegren las cantidades recibidas, en el plazo y con los intereses que le fije el Comité, los que no podrán ser mayores al nueve por ciento anual, cuyos descuentos no serán aplicados en un período no menor al que los estuvo recibiendo, en caso de no hacer el reintegro en la forma señalada se perderá el derecho a la pensión. Además, que la percepción de una pensión con cargo al Fondo es incompatible con la remuneración de cualquier servicio que paguen las entidades públicas del Estado, con excepción de los cargos de elección popular. También existirá incompatibilidad en el caso de que exista otra pensión que haya sido concedida por la legislatura; mientras exista la incompatibilidad de la percepción de la pensión, se suspenderá su pago, pero se tendrá nuevamente derecho a percibirla cuando desaparezca la incompatibilidad; por otra parte, si existiendo la incompatibilidad se recibe una pensión, el pensionado estará obligado, dentro del plazo que señale el Comité a reintegrar las cantidades recibidas indebidamente y de no hacerlo, no volverá a disfrutar de la pensión hasta que no haga esa devolución, con independencia de que se le puedan exigir las responsabilidades que procedan. En efecto, dichos numerales, no afectan de momento la esfera jurídica de la parte quejosa. Ello se sostiene así, porque para acreditar el acto de aplicación, el quejoso acompañó a su demanda de garantías copia certificada del dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio de uno de marzo de dos mil veinte a favor del ahora quejoso, cédula profesional número 2303229, expedida por la Dirección General de profesiones, así como del oficio mediante el cual se otorgó el beneficio de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio de seis de febrero de dos mil veinte. Documentales que tienen pleno valor probatorio, al tenor de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente juicio por disposición expresa del ordinal 2 de la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de su función pública. Las constancias de referencia, resultan aptas para acreditar que le fue otorgada la pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, así como que cuenta con cédula profesional para ejercer la profesión de licenciado en derecho. No obstante, las mismas resultan insuficientes para acreditar la afectación que dice sufrir el quejoso por la aplicación de los preceptos legales en estudio, pues con las mismas no acredita que haya accedido a un cargo público dentro de las dependencia de la administración Pública del Estado y; por ende, sea incompatible con el disfrute de la pensión pagada actualmente, toda vez que no acompañó documento alguno que así lo acredite, menos aún que se le niegue el pago de la pensión de la que actualmente goza con motivo de ocupar un cargo en la entidad pública del estado; consecuentemente, dichos conceptos no causan afectación a la esfera jurídica del impetrante y, por tanto, no se afecta su interés jurídico, Máxime, que los numerales en mención establecen la incompatibilidad del disfrute de la pensión que actualmente goza con otras pensiones pagadas por el Gobierno del estado de Nayarit, así como por el desempeño de trabajos remunerados dentro de las dependencias de la administración Pública del Estado; sin embargo, en la actualidad no se sitúa en algún supuesto de incompatibilidad, pues se reitera con las documentales que acompañó no se advierte dicha circunstancia. Aunado a lo anterior, el solicitante del amparo acreditó gozar de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio a partir del uno de marzo de dos mil veinte, pues no existe dato alguno que demuestre que dicha prestación le haya sido retirada al encontrarse en el supuesto de incompatibilidad a que se refieren los artículos de previa cita. Entonces, es claro que los preceptos legales reclamados, en modo alguno inciden en la esfera jurídica de la parte quejosa, dado que, se reitera, no acreditó con documento eficaz estar en los supuestos previstos en dichos numerales. Sobre tales bases, si no está demostrado que tales preceptos legales reclamados, afecten de manera actual y real la esfera jurídica del peticionario de amparo, se actualiza, como se anunció, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo y, consecuentemente, de conformidad con el arábigo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer en el juicio, respecto de las normas y acto de aplicación reclamados. Apoya a lo anterior la tesis P. XCVII/95, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo II, Noviembre de 1995, página noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente". Asimismo, resulta aplicable en la especie, la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, Tomos 205 - 216, Primera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO PUEDE ESTABLECERSE A BASE DE PRESUNCIONES. La circunstancia de promover un juicio de amparo y de que las autoridades no hayan rendido en él los informes justificados no establece una presunción juris tantum que acredite el interés jurídico del quejoso, pues ningún precepto de la ley establece que la sola presentación de la demanda de amparo y la relación de los hechos afirmados en ella traiga aparejada esa presunción, dado que la eficacia de los mismos está condicionada a su demostración, y, porque la omisión de las autoridades responsables al rendir informes sólo acarrea la presunción de ser ciertos los actos reclamados conforme a lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, sin que ello signifique que esa presunción se extienda hasta el grado de relevar a los quejosos de la carga procesal de demostrar su interés jurídico para promover el juicio de garantías." Asimismo, se invoca la Jurisprudencia número I.1o. A. J/13, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página novecientos veintitrés, del Tomo III, Segunda Parte - 2, correspondiente al período de enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." La causal de sobreseimiento de la que se ha dado noticia precedentemente, impide ingresar al análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de garantías, pues el sentido del fallo no sólo obliga a ello sino que veda la posibilidad para realizarlo, ya que de lo contrario tal proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo. Resulta aplicable la Jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ignacio García Páez, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta determinación atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, así como al Director General y Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, todos con residencia en esta ciudad; por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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