Ignacio García García

Expediente 627/2016 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
627/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
14/07/2016

Partes del expediente

  • Ignacio García García

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS, Y AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DESECHO POR IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. LO ANTERIOR, HAGASE DEL CONOCIMIENTO A LA AUTORIDASD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticuatro de junio de dos mil dieciséis. Visto el oficio 18999, del Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo indirecto 709/2016-I-B y, nueve copias de la demanda de garantías; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese y acúsese recibo. Tomando en consideración que por resolución de veintidós de junio de dos mil dieciséis, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo indirecto de referencia, en virtud de que el acto reclamado se hizo consistir en la sentencia condenatoria de dos de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimapán, Hidalgo, por tanto; al tratarse de una resolución definitiva que puso fin al procedimiento penal, contra esta procede el amparo directo. Consecuentemente, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, estimó carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo 709/2016-I-B de su índice, en virtud de que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis de procedencia del amparo biinstancial que establece el precepto 107 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el numeral en cita. Lo anterior es así, pues de la lectura íntegra de la demanda de garantías presentada ante el juzgado federal el veinte de junio del año en curso, el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó que el acto reclamado es la sentencia condenatoria de dos de junio del año en curso, dictada por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimapán, Hidalgo, resolución contra la que procede el recurso de apelación en términos del artículo 337, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo. Así, cabe precisar que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Es por ello, que este órgano colegiado estima que el presente juicio de garantías debe desecharse por notoriamente improcedente. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 6/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". En mérito de lo anterior, como ya se indicó anteriormente en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de dos de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimapán, Hidalgo, seguido en contra del quejoso Ignacio García García, determinación contra la que procede el recurso de apelación, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII, 170, 179 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por Ignacio García García, por propio derecho. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, los indicados en el escrito de demanda. En el momento procesal oportuno, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del año en curso, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

  4. Juicio de Amparo Directo

    NOTIFICACIÓN PERSONAL.

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