Ignacio Gámez Velázquez
Expediente 1289/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1289/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 08/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ignacio Gámez Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Visto el estado de autos, y toda vez que se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que deriva el presente incidente, aunado a que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee: Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), el presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el término de tres años, contados a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse. Terminado el proceso de depuración se deberá transferir a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Vista certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que al efecto señala el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra del auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo promovido por Ignacio Gámez Velázquez. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas relativo a este expediente, dado que es innecesario su resguardo en este recinto judicial. En relación con lo anterior, acuérdese lo relativo en los autos del incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por Manuel González Matienzo, endosatario en procuración de la tercera interesada Servicios y Combustibles San Pedro, sociedad anónima de capital variable, a través del cual remite copia simple de un escrito signado por el quejoso, en el que promovió incidente de nulidad por defectos en el emplazamiento dentro del juicio ejecutivo mercantil 154/2021-III, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de San Luis Potosí, así como impresión de la versión electrónica con evidencia criptográfica del proveído de ocho de febrero pasado, dictado por ese homólogo federal, en el que admitió a trámite dicha incidencia. Bajo ese panorama, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, pues al instarse simultáneamente diverso medio de defensa por el solicitante del amparo, mediante el cual pueda obtener como resultado modificar, revocar o nulificar el acto reclamado en esta instancia constitucional, el juicio de amparo se torna improcedente. El artículo citado dispone: ... Esta interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el medio de impugnación jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En apoyo a lo anterior, este juzgado comparte el criterio del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito respecto de que la observancia al principio de definitividad permite que el juez federal analice la regularidad constitucional solamente de actos definitivos suficientemente analizados por la judicatura ordinaria, de manera que se armonicen las jurisdicciones local y federal, a fin de reconocer su autonomía y coextensión. Lo anterior no soslaya que existan reglas de excepción al principio referido, como es el caso, en el que se trata de un tercero extraño a juicio por equiparación; sin embargo, debe privilegiarse agotar los recursos ordinarios existentes ante la instancia primigenia a fin de fortalecer y reconocer su autoridad, cuando las circunstancias así lo ameriten. En la especie, el quejoso Ignacio Gómez Velázquez se ostenta como tercero extraño por equiparación al juicio ejecutivo mercantil 154/2021-III ventilado en el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de San Luis Potosí, y reclama el ilegal emplazamiento a ese sumario, así como la orden de embargo, inmovilización, aseguramiento, congelamiento y/o retención de fondos monetarios ahí dictada, respecto de todas las cuentas a su nombre y, específicamente, de la cuenta bancaria 011160058 o 11160058, CLABE 030222900002524607, abierta en la sucursal Casimiro Liceaga de esta ciudad, de la institución Banco del Bajío, sociedad anónima, institución de banca múltiple; y su ejecución. De las constancias allegadas por la tercera interesada, se tiene que el quejoso promovió incidente de nulidad por defectos en el emplazamiento dentro del juicio ejecutivo mercantil 154/2021-III, el cual se admitió a trámite por el Juez responsable en auto de ocho de febrero de este año, del cual se exhibe una impresión con evidencia criptográfica que de acuerdo con el Pleno de la Corte Mexicana, adquiere validez de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio. En tales condiciones, se estima que concurren los elementos que actualizan la causa de improcedencia en estudio, pues, a) el mismo quejoso promovió incidente de nulidad en el que también combate el ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 154/2021-III; b) dicho medio de defensa se encuentra actualmente en trámite y; c) el recurso intentado es el idóneo para combatir el acto reclamado, dado que a través de este puede obtener la nulidad de todo lo actuado en el juicio de origen. De acuerdo con lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de su audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia y contravendría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y para ello emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por tanto, este juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de marzo de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.-
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por Manuel González Matienzo, endosatario en procuración de la tercera interesada Servicios y Combustibles San Pedro, sociedad anónima de capital variable, a través del cual remite copia simple de un escrito signado por el quejoso, en el que promovió incidente de nulidad por defectos en el emplazamiento dentro del juicio ejecutivo mercantil 154/2021-III, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de San Luis Potosí, así como impresión de la versión electrónica con evidencia criptográfica del proveído de ocho de febrero pasado, dictado por ese homólogo federal, en el que admitió a trámite dicha incidencia. Bajo ese panorama, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, pues al instarse simultáneamente diverso medio de defensa por el solicitante del amparo, mediante el cual pueda obtener como resultado modificar, revocar o nulificar el acto reclamado en esta instancia constitucional, el juicio de amparo se torna improcedente. El artículo citado dispone: ... Esta interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el medio de impugnación jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En apoyo a lo anterior, este juzgado comparte el criterio del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito respecto de que la observancia al principio de definitividad permite que el juez federal analice la regularidad constitucional solamente de actos definitivos suficientemente analizados por la judicatura ordinaria, de manera que se armonicen las jurisdicciones local y federal, a fin de reconocer su autonomía y coextensión. Lo anterior no soslaya que existan reglas de excepción al principio referido, como es el caso, en el que se trata de un tercero extraño a juicio por equiparación; sin embargo, debe privilegiarse agotar los recursos ordinarios existentes ante la instancia primigenia a fin de fortalecer y reconocer su autoridad, cuando las circunstancias así lo ameriten. En la especie, el quejoso Ignacio Gómez Velázquez se ostenta como tercero extraño por equiparación al juicio ejecutivo mercantil 154/2021-III ventilado en el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de San Luis Potosí, y reclama el ilegal emplazamiento a ese sumario, así como la orden de embargo, inmovilización, aseguramiento, congelamiento y/o retención de fondos monetarios ahí dictada, respecto de todas las cuentas a su nombre y, específicamente, de la cuenta bancaria 011160058 o 11160058, CLABE 030222900002524607, abierta en la sucursal Casimiro Liceaga de esta ciudad, de la institución Banco del Bajío, sociedad anónima, institución de banca múltiple; y su ejecución. De las constancias allegadas por la tercera interesada, se tiene que el quejoso promovió incidente de nulidad por defectos en el emplazamiento dentro del juicio ejecutivo mercantil 154/2021-III, el cual se admitió a trámite por el Juez responsable en auto de ocho de febrero de este año, del cual se exhibe una impresión con evidencia criptográfica que de acuerdo con el Pleno de la Corte Mexicana, adquiere validez de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio. En tales condiciones, se estima que concurren los elementos que actualizan la causa de improcedencia en estudio, pues, a) el mismo quejoso promovió incidente de nulidad en el que también combate el ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 154/2021-III; b) dicho medio de defensa se encuentra actualmente en trámite y; c) el recurso intentado es el idóneo para combatir el acto reclamado, dado que a través de este puede obtener la nulidad de todo lo actuado en el juicio de origen. De acuerdo con lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de su audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia y contravendría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y para ello emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por tanto, este juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de marzo de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.-
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