Ignacio Fuentes Alonso

Expediente 523/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
523/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
10/08/2021

Partes del expediente

  • Ignacio Fuentes Alonso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de agosto de dos mil veintiuno. Téngase Presidente de la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México, acusando recibo de los autos del juicio de nulidad *****************. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos del que se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó la protección constitucional. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del ocho de julio del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas. Por otra parte, toda vez que resulta innecesaria la retención del juicio de nulidad 2261/20-11-02-2-OT remitido por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, devuélvase el mismo al Presidente de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México. En el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días posteriores al en que reciba dicha constancia, se hará acreedora a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 236, fracción I, 237, fracción I, y 259 de la ley de la materia. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2031/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    VI. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las doce horas con treinta y seis minutos del ocho de julio de dos mil veintiuno, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 523/2021-VI, promovido por **********, por derecho propio, contra actos de la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante la presencia de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Acto continuo se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el informe justificado que obra en autos. Periodo de pruebas. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las ofrecidas por las partes. Periodo de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que no fueron formulados. Se cierra este periodo. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida la presente audiencia constitucional, de la que se levanta el acta para constancia legal. A continuación se procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 523/2021-VI; y, R E S U L T A N D O I. El tres de junio de dos mil veintiuno se ingresó al buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el oficio signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remitió el expediente relativo al juicio de amparo directo 192/2021, promovido por **********, contra actos de la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, e hizo del conocimiento el contenido del auto del treinta y uno de mayo del año en curso, por el que dicho Tribunal determinó carecer de competencia legal para conocer del presente juicio y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, del cual correspondió conocer a este Juzgado de Distrito. II. En proveído del nueve de junio de dos mil veintiuno, se aceptó la competencia declinada y se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 523/2021-VI; dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional y se ordenó notificar al tercero interesado Consejo Consultivo de la Delegación Regional Estado de México Oriente, del Instituto Mexicano del Seguro Social. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el auto reclamado se atribuye a un tribunal administrativo con residencia en la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en la demanda de amparo, se hace consistir en: La resolución del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de nulidad 2261/20-11-02-2-OT, en que se declaró procedente y fundado el incidente de falsedad de documento interpuesto por la autoridad demandada, y se determinó que la firma suscrita en el escrito de ampliación de demanda no fue suscrita por Ignacio Fuentes Alonso. TERCERO. El presidente de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó el acto reclamado. Lo cual se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. CUARTO. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por las partes o que se advierta de oficio, se procede el estudio de fondo del asunto. El quejoso hace valer como conceptos de violación lo siguiente: a) El acto reclamado contraviene y lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales toda vez que la responsable fue omisa en notificar legalmente el acuerdo mediante el cual admitió el incidente de falsedad de documento, así como de correr traslado con la promoción incidental. b) Es incorrecto el actuar de la responsable al admitir a trámite el incidente del que deriva el acto reclamado ya que es ilógico que el ahora quejoso falsifique su propia firma, aunado a que es un hecho notorio que el único medio de defensa que existe para impugnar la aceptación de la demanda es el recurso de reclamación. c) Es incorrecto el actuar de responsable dado que es improcedente el incidente de falsedad de documento hecho valer por la parte demandada, ya que conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo únicamente procede en contra de las probanzas aportadas por las partes, por lo que no es aplicable la jurisprudencia insertada en la página siete del acto reclamado. d) La responsable viola el principio jurídico del debido proceso al no requerir a la hora quejosa a efecto de que compareciera a estampar su firma en diversas ocasiones. e) Con el actuar de Gonzalo Aarón Rodríguez Mora, se viola el axioma jurídico de imparcialidad, dado que al emitir su dictamen lo hace en favor de su patrón, que en este caso es el Instituto Mexicano del Seguro Social, quién tiene interés de obtener un resultado favorable. f) Se violenta el artículo 14 constitucional dado que las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no pueden aplicar el principio de suplencia de la deficiencia de la queja en favor de la autoridad demandada. g) Se viola el principio jurídico de exhaustividad, así como el de debido proceso dado que la autoridad responsable se encontraba obligada a revisar de manera exhaustiva todos y cada uno de los conceptos de impugnación hechos valer en el escrito inicial de demanda así como en la ampliación de la misma a efecto de resolver el juicio de nulidad procedente y no así a través de una sentencia interlocutoria. h) La autoridad responsable conculca lo establecido en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dejando al quejoso en estado de indefensión al declarar el sobreseimiento y la nulidad parcial de los créditos fiscales impugnados en el juicio de nulidad dado que no se le notificó de la resolución que resolvió el recurso de revocación interpuesto. i) Son inaplicables las jurisprudencias insertadas en los considerandos del acto reclamado dado que en ningún momento hacen referencia a los conceptos de impugnación planteados por la hoy quejosa en su escrito inicial de demanda de juicio contencioso administrativo con lo cual favorecen a la autoridad demandada. j) La resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada dado que los hechos en que se apoye deben apreciarse de manera correcta y deben dictarse en estricto acatamiento a las disposiciones correspondientes y en el caso las copias certificadas de los dictámenes anexados al escrito de la contestación de la demanda al tratarse de actos viciados dieron como resultado la emisión de otro acto viciado, que en este caso es la resolución impugnada, lo cual viola lo dispuesto en el artículo 38 fracción cuarta del código federal tributario. k) Se encuentra acreditado que los créditos fiscales por concepto de cuota obrero patronal impugnados en el juicio del que derivan los actos reclamados, contravienen lo previsto en el artículo 38 fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación lo cual se encuentra actualizado con lo señalado en el diverso 51 de la Ley Federal del procedimiento contencioso administrativo. l) La autoridad responsable fue omisa en pronunciarse respecto de los conceptos de impugnación hechos valer en el escrito inicial de demanda, por lo que se transgrede lo establecido en el artículo 8o. constitucional. es infundado igual que el g Los conceptos de violación identificados con las letras a) y d), resultan infundado, conforme a las siguientes consideraciones: En el escrito inicial de demanda que dio origen al procedimiento del que derivan los actos reclamados, el quejoso señaló domicilio para oír y recibir notificaciones así como la cuenta de correo electrónico juridicoiusmx@hotmail.com, para tal efecto, lo cual fue acordado favorable por la responsable en proveído del cinco de noviembre de dos mil veintiuno (foja 29 del tomo de pruebas). En acuerdo del dos de marzo de dos mil veintiuno, en que la autoridad responsable admitió a trámite el incidente de falsedad de documento ordenó requerir al ahora quejoso para que en el término de tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación, acudiera a las instalaciones de dicha autoridad a fin de que estampara en cinco ocasiones su firma que usa para documentos oficiales, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendrían por ciertos los hechos planteados por la autoridad demandada respecto de la autenticidad de la firma plasmada en el escrito de ampliación de demanda, lo cual ordenó avisar por correo electrónico al ahora quejoso, para posteriormente notificarle por boletín jurisdiccional (fojas 558 y 559 del tomo de pruebas). Al respecto, el cinco de marzo de dos mil veintiuno la actuaria adscrita a la responsable hizo constar que envió los correos electrónico correspondientes a las partes, a efecto de informarles la admisión del incidente de falsedad de documento, entre ellos, al aquí quejoso a la dirección electrónica juridicoiusmx@hotmail.com (foja 560 del tomo de pruebas). Posteriormente, el catorce de abril de dos mil veintiuno, el actuario adscrito a la responsable hizo constar que el once de marzo de dos mil veintiuno publicó por boletín jurisdiccional la notificación del acuerdo de admisión del incidente de falsedad de documentos y vista a la parte actora (aquí quejosa) (fojas 561 y 562 del tomo de pruebas). Ahora, el artículo 66 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que las notificaciones a los particulares y a las autoridades en el juicio deberán realizarse por medio del Boletín Jurisdiccional, enviándose previamente un aviso electrónico a su dirección de correo electrónico de que se realizará la notificación; y el diverso 67 de dicha ley, establece que las notificaciones únicamente deberán realizarse personalmente, o por correo certificado con acuse de recibo cuando se corra traslado de la demanda, y para el caso del tercero, así como el emplazamiento al particular en el juicio de lesividad a que se refiere el artículo 13, fracción III de la misma ley, y cuando se mande citar al testigo que no pueda ser presentado por la parte oferente. Motivos por los que contrario a lo afirmado por el ahora quejoso, la autoridad responsable sí le notificó la admisión del incidente de falsedad de documento hecho valer en su contra, atendiendo lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo cual estuvo en posibilidad de acudir ante la autoridad responsable a efecto de plasmar su firma que usa para documentos oficiales y se le corriera traslado con el incidente en cita. Aunado a que el quejoso no realizó manifestación alguna respecto de alguna ilegalidad de la forma en que la autoridad responsable le notificó la admisión del incidente en cuestión. Motivos por los que resultan infundados los conceptos de violación en estudio. Asimismo, es infundado el concepto de violación identificado con la letra b), en que el quejoso afirma que es incorrecto el actuar de la responsable al admitir a trámite el incidente del que deriva el acto reclamado ya que es ilógico que falsificó su propia firma, aunado a que es un hecho notorio que el único medio de defensa que existe para impugnar la aceptación de la demanda es el recurso de reclamación. Lo anterior es así, dado que en el caso la autoridad demandada hizo valer incidente de falsedad de documento, mismo que admitió a trámite la autoridad responsable en sus términos en proveído del dos de marzo de dos mil veintiuno, sin que en el mismo se emitiera pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda o de su ampliación. Circunstancia por la que contrario a lo afirmado por el quejoso, la parte demandada no impugnó la determinación en que se aceptó la demanda; de ahí que resulte infundado lo afirmado en el concepto de violación en estudio. Asimismo, es infundado el concepto de violación identificado con la letra c), en que el quejoso afirma que es improcedente el incidente de falsedad de documento hecho valer por la parte demandada, ya que conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo únicamente procede en contra de las probanzas aportadas por las partes, por lo que no es aplicable la jurisprudencia insertada en la página siete del acto reclamado, conforme a las siguientes consideraciones: En proveído del dos de marzo de dos mil veintiuno, la responsable admitió a trámite el incidente de falsedad de documento, para lo cual citó el artículo 36, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (fojas 558 y 559 del tomo de pruebas). Dicho numeral establece que cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento, incluyendo las promociones y actuaciones en juicio, el incidente se podrá hacer valer ante el Magistrado Instructor hasta antes de que se cierre la instrucción en el juicio. Asimismo, precisa que si alguna de las partes sostiene la falsedad de un documento firmado por otra, el Magistrado Instructor podrá citar a la parte respectiva para que estampe su firma en presencia del secretario, misma que se tendrá como indubitable para el cotejo. Además, establece que el incidente se substanciará conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 39 de la misma ley, el cual señala que si no está previsto algún trámite especial, los incidentes se substanciarán corriendo traslado de la promoción a las partes por el término de tres días, y con el escrito por el que se promueva el incidente o se desahogue el traslado concedido, se ofrecerán las pruebas pertinentes y se presentarán los documentos, los cuestionarios e interrogatorios de testigos y peritos, siendo aplicables para las pruebas pericial y testimonial las reglas relativas del principal. Motivo por el que contrario a lo señalado por el quejoso, conforme al artículo citado, es procedente el incidente de falsedad de documento hecho valer por la parte demandada, por lo cual resulta infundado su concepto de violación. Circunstancia por la que también resulta infundado el argumento de que no es aplicable la jurisprudencia citada por la responsable en la emisión de la determinación que constituye el acto reclamado, pues con independencia de que la misma trata de un supuesto de la Ley de Amparo, en términos del el artículo 36, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es procedente el incidente de falsedad de documento hecho valer respecto de la autenticidad de la firma plasmada en el escrito de ampliación de demanda. Asimismo, es infundado en concepto de violación identificado con la letra e), en que el quejoso afirma que el actuar de Gonzalo Aarón Rodríguez Mora, viola el axioma jurídico de imparcialidad, dado que al emitir su dictamen lo hace en favor de su patrón, que en este caso es el Instituto Mexicano del Seguro Social, quién tiene interés de obtener un resultado favorable. Lo anterior es así, dado que al emitir la resolución que constituye el acto reclamado la autoridad responsable, lo realizó conforme a las siguientes consideraciones (fojas 764 al 770 del tomo de pruebas): - Ignacio fuentes Alonso, fue omiso en acudir a las instalaciones de la sala responsable a efecto de estampar en cinco ocasiones su firma, mismas que servirían para el desahogo de la prueba pericial. - Para la substanciación y resolución del incidente de falsedad de documento es necesario el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía; sin embargo resultó innecesario su desahogo al no existir elementos de contraste para el cotejo de la firma controvertida. - Tomando en consideración que el actor no compareció a estampar su firma, cómo le fue requerido en proveído del dos de marzo de dos mil veintiuno, se tienen por ciertos los hechos relacionados con la autenticidad de la firma plasmada en el escrito de ampliación de demanda, con base en los artículos 81 y 124, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. - Al hacerse efectivo el apercibimiento por la omisión de la parte actora de presentarse a asentar su firma en cinco ocasiones, resultó innecesario continuar con el desahogo de la pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía propuesta por la autoridad demandada, pues además de que se tendrían por ciertos los hechos imputados, la prueba pericial no podría ser debidamente desahogada por falta de elementos para contrastar (firmas indubitadas), que servirían de base para la emisión del dictamen correspondiente. - En términos de la fracción I, del artículo 124 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, cuando una de las partes no comparezca sin causa justa, se le tendrá por confeso de los hechos que se le atribuyen; por lo que si la parte actora omitió asistir a estampar su firma, se determina que el hecho imputado es cierto, pues ante su omisión no existe alguna prueba u hecho notorio que acredite lo contrario, motivo por el que declaró que la firma qué obra plasmada en la ampliación de demanda no fue suscrita por Ignacio fuentes Alonso. Circunstancias por las que contrario a lo referido por el quejoso, la autoridad responsable al emitir la determinación que constituye el acto reclamado no tomó en consideración dictamen pericial alguno, dado que únicamente se basó en tener por cierto el hecho imputado, dado que Ignacio fuentes Alonso no compareció a plasmar su firma a efecto de que fuera contrastada con la diversa en cuestión. Motivo por el que resulta infundado el concepto de violación en estudio. De igual manera, resulta infundado el concepto de violación f), en que se afirma que la responsable violentó el artículo 14 constitucional dado que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no pueden aplicar el principio de suplencia de la deficiencia de la queja en favor de la autoridad demandada. Dicha afirmación se realiza, dado que de la resolución que constituye el acto reclamado no se desprende que se haya suplido la deficiencia de la queja en favor de la autoridad demandada, ya que la responsable únicamente se limitó a resolver el incidente de falsedad de documento hecho valer en contra del escrito de ampliación de demanda, y el único motivo por el cual lo declaró fundado derivó del hecho de que el ahora quejoso no compareció a plasmar su firma a efecto de que fuera contrastada con l diversa en cuestión, sin que con ello se supliera la deficiencia de la queja en favor de la autoridad demandada. Asimismo, son infundados los conceptos de violación identificado con las letras g), j) y l). Lo anterior es así, dado que contrario a lo afirmado por el quejoso, la autoridad responsable únicamente se limitó a resolver el incidente de falsedad de documento, sin que en el caso se pronunciara de la cuestión principal, lo cual, en su caso, realizará una vez que se encuentre integrado el expediente y se resuelva el juicio en lo principal. Aunado a que de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el juicio del que deriva el acto reclamado de encuentra en trámite. De ahí que contrario a lo firmado por el quejoso, la responsable no se encontraba obligada a pronunciarse respecto de los argumentos hechos valer en el escrito de demanda, así como en el de su ampliación. Finalmente, son inoperantes los conceptos de violación identificados con las letras h), i), k). Lo anterior es así, ya que las manifestaciones hechas valer en los referidos conceptos de violación no atacan las consideraciones tomadas por la sala responsable al emitir la resolución del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de nulidad 2261/20-11-02-2-OT, en que se declaró procedente y fundado el incidente de falsedad de documento interpuesto por la autoridad demandada, sin producir argumento alguno que confronte lo resuelto por la sala responsable. En ese tenor, es evidente que ese acto reclamado debe subsistir por inatacado, máxime si se toma en cuenta que los conceptos de violación que se formulen deben estar encaminados a controvertir los fundamentos de la resolución o acto que se impugna, toda vez que el juicio de amparo tiene por objeto estudiar el acto que se combate en atención a los motivos de inconformidad que éste causa al impetrante de amparo y, si en el presente asunto, se esgrime un razonamiento que no ataca el mismo, es incuestionable que este Juzgado de Distrito debe declararlos inoperantes. Sobre tales premisas, dado lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en términos y para los efectos del último considerando de la presente resolución. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se hace del conocimiento de las partes, que mediante oficio SEADS/365/2021, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó a este órgano federal que el Pleno del propio Consejo, en sesión del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, acordó la adscripción del Juez Juan Manuel Villanueva Gómez a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en sustitución del Juez José Álvaro Vargas Ornelas, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, circunstancia que se informa para los efectos legales a que haya lugar. Al respecto se invoca la Jurisprudencia 2a./J.104/2010, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII (Julio de 2010), página 312, que a la letra indica: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Notifíquese mediante lista electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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