Ignacio Flores Arenas

Expediente 556/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
556/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
19/09/2016

Partes del expediente

  • Ignacio Flores Arenas
  • IGNACIO FLORES ARENAS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Glósese a los presentes autos dos escritos de la parte quejosa por conducto de su defensor particular xxxx atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2° de esta última, expídasele únicamente un tanto de las constancias que indica, previa constancia que por su recibo se deje en autos. Del mismo modo, hágasele saber al solicitante que no ha lugar a acordar de conformidad la expedición de tres tantos más de las copias certificadas que refiere en su ocurso de cuenta, en virtud de que si bien es cierto que los Secretarios y Actuarios adscritos a éste Juzgado Federal gozan de fe pública, no menos cierto es que su función preponderantemente es la jurisdiccional; por lo que, si es su deseo, debe acudir ante un fedatario público cuya función, entre otras, es justamente esa, a efecto de obtener el número de copias certificadas que requiera. Habida cuenta que la decisión judicial de negar copia certificada en más de un tanto es discrecional del juzgador conforme a lo previsto en el citado artículo 278 del Código supletorio a la Ley de Amparo.

  2. Principal

    ... En las condiciones relatadas y con independencia de que sea correcto o no el estudio de fondo del auto de formal prisión, este juzgado estima que la sentencia dictada se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Regulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. De igual forma, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. En otro sentido, visto el estado procesal que guardan los autos de los que se desprende lo siguiente: Mediante escrito presentado el dos de mayo de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y turnada a este juzgado el día siguiente, Ignacio Flores Arenas, por conducto de su defensor particular Leonardo Tecua Petla, solicitó el amparo y protección de la justicia federal respecto del auto de formal prisión dictado en el proceso 352/2013 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, así como su ejecución y solicitó su libertad provisional bajo caución. Por acuerdo dictado el tres de mayo siguiente en el incidente de suspensión que derivó de este juicio principal, se fijaron los montos para que el aquí quejoso gozara de su libertad bajo caución en la causa de origen en los siguientes términos: ".Así, con fundamento en el artículo 136, párrafo séptimo, de la Ley de Amparo, 20 Constitucional, apartado A, fracción I, y 350 del Código Procesal Local, se concede al quejoso IGNACIO FLORES ARENAS, el beneficio de la LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, respecto del delito COMETIDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EN OTROS RAMOS DEL PODER PÚBLICO, ilícito previsto en el artículo 421, fracción XVI, y sancionado por los diversos 424 y 439, relacionados con el último párrafo del citado artículo 421, así como con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la administración de justicia, por el cual le fue dictado auto de formal prisión dentro del proceso 352/2013 del Juzgado Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, para lo cual deberá exhibir previamente ante este Juzgado Federal, las siguientes garantías: Se le fija la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos cero centavos, moneda nacional) para garantizar las obligaciones procesales para con este juzgado federal, tomando en consideración las circunstancias y modalidades de ejecución del ilícito que se le atribuye, y demás constancias que revelan la comisión del delito; así como la situación social y económica del quejoso, la que se desprende de su declaración ante el juez responsable, en donde manifestó: ". Llamarse como ha quedado escrito, ser originario de Izúcar de Matamoros, Puebla y vecino de esta ciudad de Puebla, con domicilio en Privada ciento cincuenta y tres poniente número mil trescientos veintiuno de la colonia Bosques de la Cañada, que nací el día uno de febrero de 1960 mil novecientos sesenta, actualmente de cincuenta y cuatro año de edad, que sabe leer y escribir, con instrucción bachiller; que actualmente soy comerciante y gano en forma diaria la cantidad de treinta pesos diarios, que dependen económicamente de mí, mi esposa de nombre ALEJANDRA FUENTES PERALTA, mis hijos de nombres MIGUEL ÁNGEL FLORES BENÍTEZ y mi señora madre TERESA ARENAS VAQUERO, de estado civil casado, que no tengo apodo que no fumo que no tomo bebidas embriagantes, que no soy adicto a ninguna droga, que no soy dueño de ningún bien mueble o inmueble,, que soy católico, que es la primera vez que me encuentro detenido por la comisión de un delito, que mis padres se llaman CAMERINO FLORES SÁNCHEZ (finado) y mi señora madre TERESA ARENAS VAQUERO (vive)."; cantidad que también se determina en virtud de que el que suscribe, goza de la más amplia facultad para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que la procesada no se sustraiga a la acción de la justicia y se continúe con el procedimiento, es decir, dado que lo que se pretende es garantizar que la quejosa se someta y cumpla con sus obligaciones procesales, se estima que la cantidad fijada guarda un prudente equilibrio entre el delicadísimo derecho fundamental constitucional de la libertad personal con lo referente a la continuación del procedimiento penal. Así mismo, se le fija la cantidad de CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($122,760.00 M.N.) por concepto de multa, la cual equivale a la mínima de las sanciones pecuniarias previstas en los artículos 424 y 439, ambos del Código Penal para el Estado de Puebla, cantidad que se fija tomando en consideración lo manifestado por el aquí impetrante de amparo al momento de declarar en preparatoria en el sentido de que percibe un ingreso semanal de $30.00 (treinta pesos diarios) por ser comerciante, tener tres dependientes económicos, así como por las circunstancias de ejecución en que se cometió el delito que se le atribuye. Consideraciones que generan convicción respecto a que la cantidad fijada como sanción pecuniaria resulta asequible para el impetrante de amparo y que esta no constituya una carga económicamente excesiva y elevada que escape a sus posibilidades económicas, atendiendo a los datos obtenidos de su declaración preparatoria y que han quedado precisados en el párrafo que antecede, lo anterior a fin de privilegiar lo dispuesto por la fracción I, apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se fija monto para garantizar la reparación del daño en atención a que como se dijo, el delito atribuido al impetrante de amparo no es de aquellos que afecten el patrimonio de los agraviados, pues como se dijo en líneas precedentes el bien jurídico tutelado lo es la correcta administración de justicia, cometido en agravio de la sociedad; de tal forma, que de acuerdo a la naturaleza, modalidades y características del delito analizado en párrafos precedentes, no es posible obtener una cantidad primigenia de dinero que sirva de garantía para la reparación del daño." Por acuerdo de seis de mayo de este año, dictado en el incidente de suspensión, se tuvo al inconforme exhibiendo los montos para obtener su libertad provisional bajo caución. En sentencia engrosada el treinta de junio de la presente anualidad se concedió el amparo a Ignacio Flores Arenas para el efecto de que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro del proceso 352/2013, realizara lo siguiente: ... El veinte de julio pasado dicha determinación causó ejecutoria y en esta data se tuvo por cumplida. Ahora bien, en ese sentido y en razón de que el quejoso aún continúa sujeto a proceso con motivo del auto de formal prisión de veintiséis de julio de dos mil dieciséis dictado en el proceso 352/2013 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, por el delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por los artículos 419, fracción III, y sancionado por el diverso 420, en relación con los numerales 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la administración de justicia, y en este acuerdo se archivó del presente asunto por encontrarse concluido; en consecuencia, tomando en consideración que de autos se advierte que obran las pólizas de fianza números 3154-06249-2 y 3154-06250-4, que sirvieron para garantizar la libertad provisional bajo caución del aquí quejoso respecto del delito COMETIDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EN OTROS RAMOS DEL PODER PÚBLICO, ilícito previsto en el artículo 421, fracción XVI, y sancionado por los diversos 424 y 439, relacionados con el último párrafo del citado artículo 421, así como con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la administración de justicia dentro de la causa penal 352/2013 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se ordena remitirlos al titular de dicho órgano jurisdiccional a fin de que proceda conforme a sus facultades, requiriéndole, a la brevedad, el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, visto el estado de los autos, de los que se advierte que mediante acuerdo de dieciséis de agosto de la presente anualidad se tuvo por acordada la copia certificada del oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual solicitó copia certificada de la sentencia dictada en este asunto, del acuerdo mediante el cual causó ejecutoria y de la determinación con la que el juez responsable informa el cumplimiento al fallo protector; ello, para que surtan sus efectos legales en la inconformidad 21/2016 de su índice; por tanto, a fin de que el Tribunal Colegiado tenga a bien proveer lo conducente, comuníquesele con el contenido de la presente determinación vía oficio.

  3. Principal

    ... En las condiciones relatadas y con independencia de que sea correcto o no el estudio de fondo del auto de formal prisión, este juzgado estima que la sentencia dictada se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Regulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. De igual forma, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. En otro sentido, visto el estado procesal que guardan los autos de los que se desprende lo siguiente: Mediante escrito presentado el dos de mayo de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y turnada a este juzgado el día siguiente, Ignacio Flores Arenas, por conducto de su defensor particular Leonardo Tecua Petla, solicitó el amparo y protección de la justicia federal respecto del auto de formal prisión dictado en el proceso 352/2013 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, así como su ejecución y solicitó su libertad provisional bajo caución. Por acuerdo dictado el tres de mayo siguiente en el incidente de suspensión que derivó de este juicio principal, se fijaron los montos para que el aquí quejoso gozara de su libertad bajo caución en la causa de origen en los siguientes términos: ".Así, con fundamento en el artículo 136, párrafo séptimo, de la Ley de Amparo, 20 Constitucional, apartado A, fracción I, y 350 del Código Procesal Local, se concede al quejoso IGNACIO FLORES ARENAS, el beneficio de la LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, respecto del delito COMETIDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EN OTROS RAMOS DEL PODER PÚBLICO, ilícito previsto en el artículo 421, fracción XVI, y sancionado por los diversos 424 y 439, relacionados con el último párrafo del citado artículo 421, así como con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la administración de justicia, por el cual le fue dictado auto de formal prisión dentro del proceso 352/2013 del Juzgado Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, para lo cual deberá exhibir previamente ante este Juzgado Federal, las siguientes garantías: Se le fija la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos cero centavos, moneda nacional) para garantizar las obligaciones procesales para con este juzgado federal, tomando en consideración las circunstancias y modalidades de ejecución del ilícito que se le atribuye, y demás constancias que revelan la comisión del delito; así como la situación social y económica del quejoso, la que se desprende de su declaración ante el juez responsable, en donde manifestó: ". Llamarse como ha quedado escrito, ser originario de Izúcar de Matamoros, Puebla y vecino de esta ciudad de Puebla, con domicilio en Privada ciento cincuenta y tres poniente número mil trescientos veintiuno de la colonia Bosques de la Cañada, que nací el día uno de febrero de 1960 mil novecientos sesenta, actualmente de cincuenta y cuatro año de edad, que sabe leer y escribir, con instrucción bachiller; que actualmente soy comerciante y gano en forma diaria la cantidad de treinta pesos diarios, que dependen económicamente de mí, mi esposa de nombre ALEJANDRA FUENTES PERALTA, mis hijos de nombres MIGUEL ÁNGEL FLORES BENÍTEZ y mi señora madre TERESA ARENAS VAQUERO, de estado civil casado, que no tengo apodo que no fumo que no tomo bebidas embriagantes, que no soy adicto a ninguna droga, que no soy dueño de ningún bien mueble o inmueble,, que soy católico, que es la primera vez que me encuentro detenido por la comisión de un delito, que mis padres se llaman CAMERINO FLORES SÁNCHEZ (finado) y mi señora madre TERESA ARENAS VAQUERO (vive)."; cantidad que también se determina en virtud de que el que suscribe, goza de la más amplia facultad para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que la procesada no se sustraiga a la acción de la justicia y se continúe con el procedimiento, es decir, dado que lo que se pretende es garantizar que la quejosa se someta y cumpla con sus obligaciones procesales, se estima que la cantidad fijada guarda un prudente equilibrio entre el delicadísimo derecho fundamental constitucional de la libertad personal con lo referente a la continuación del procedimiento penal. Así mismo, se le fija la cantidad de CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($122,760.00 M.N.) por concepto de multa, la cual equivale a la mínima de las sanciones pecuniarias previstas en los artículos 424 y 439, ambos del Código Penal para el Estado de Puebla, cantidad que se fija tomando en consideración lo manifestado por el aquí impetrante de amparo al momento de declarar en preparatoria en el sentido de que percibe un ingreso semanal de $30.00 (treinta pesos diarios) por ser comerciante, tener tres dependientes económicos, así como por las circunstancias de ejecución en que se cometió el delito que se le atribuye. Consideraciones que generan convicción respecto a que la cantidad fijada como sanción pecuniaria resulta asequible para el impetrante de amparo y que esta no constituya una carga económicamente excesiva y elevada que escape a sus posibilidades económicas, atendiendo a los datos obtenidos de su declaración preparatoria y que han quedado precisados en el párrafo que antecede, lo anterior a fin de privilegiar lo dispuesto por la fracción I, apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se fija monto para garantizar la reparación del daño en atención a que como se dijo, el delito atribuido al impetrante de amparo no es de aquellos que afecten el patrimonio de los agraviados, pues como se dijo en líneas precedentes el bien jurídico tutelado lo es la correcta administración de justicia, cometido en agravio de la sociedad; de tal forma, que de acuerdo a la naturaleza, modalidades y características del delito analizado en párrafos precedentes, no es posible obtener una cantidad primigenia de dinero que sirva de garantía para la reparación del daño." Por acuerdo de seis de mayo de este año, dictado en el incidente de suspensión, se tuvo al inconforme exhibiendo los montos para obtener su libertad provisional bajo caución. En sentencia engrosada el treinta de junio de la presente anualidad se concedió el amparo a Ignacio Flores Arenas para el efecto de que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro del proceso 352/2013, realizara lo siguiente: ... El veinte de julio pasado dicha determinación causó ejecutoria y en esta data se tuvo por cumplida. Ahora bien, en ese sentido y en razón de que el quejoso aún continúa sujeto a proceso con motivo del auto de formal prisión de veintiséis de julio de dos mil dieciséis dictado en el proceso 352/2013 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, por el delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por los artículos 419, fracción III, y sancionado por el diverso 420, en relación con los numerales 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la administración de justicia, y en este acuerdo se archivó del presente asunto por encontrarse concluido; en consecuencia, tomando en consideración que de autos se advierte que obran las pólizas de fianza números 3154-06249-2 y 3154-06250-4, que sirvieron para garantizar la libertad provisional bajo caución del aquí quejoso respecto del delito COMETIDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EN OTROS RAMOS DEL PODER PÚBLICO, ilícito previsto en el artículo 421, fracción XVI, y sancionado por los diversos 424 y 439, relacionados con el último párrafo del citado artículo 421, así como con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la administración de justicia dentro de la causa penal 352/2013 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se ordena remitirlos al titular de dicho órgano jurisdiccional a fin de que proceda conforme a sus facultades, requiriéndole, a la brevedad, el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, visto el estado de los autos, de los que se advierte que mediante acuerdo de dieciséis de agosto de la presente anualidad se tuvo por acordada la copia certificada del oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual solicitó copia certificada de la sentencia dictada en este asunto, del acuerdo mediante el cual causó ejecutoria y de la determinación con la que el juez responsable informa el cumplimiento al fallo protector; ello, para que surtan sus efectos legales en la inconformidad 21/2016 de su índice; por tanto, a fin de que el Tribunal Colegiado tenga a bien proveer lo conducente, comuníquesele con el contenido de la presente determinación vía oficio.

  4. Incidental

    Agréguense a los autos los oficios del JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA y DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA, así como dos anexos, visto el contenido de los mismos, téngaseles informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, para que en el plazo de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido ese tiempo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que proceda en derecho.

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