Ignacio Ferral Bautista
Expediente 569/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ignacio Ferral Bautista
Actuaciones
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 469/2022 (orden 1192/2022) del índice de este órgano jurisdiccional. Para efectos administrativos dese de baja la comunicación de mérito, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En tal virtud, únicamente téngase por emplazado al tercero interesado ********************, al tenor de las constancias vinculadas por el Juzgado exhortante al expediente electrónico del presente juicio; ello, sin que haya lugar a realizar mayor providencia toda vez que por auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio constitucional. CAUSA EJECUTORIA. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que las partes legitimas no interpusieron recurso de revisión contra la determinación emitida el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que éste ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, determinación que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, por lo que carece de relevancia documental; lo anterior, deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone los numerales 21, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Otras consideraciones. Sin que en el caso, la parte quejosa haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 21, párrafo segundo, del precitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. Notifíquese por lista.[.]
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veintidós, emitida dentro del expediente ******************** de su índice; en atención a su contenido, toda vez que guarda relación con el presente asunto, glósese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales conducentes. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y, analizar de manera preferente las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese tenor, es dable precisar que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa ********************, se hace consistir en: - La abierta dilación para dictar la sentencia correspondiente dentro del expediente ******************** del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 32, con sede en esta ciudad. Por otra parte, toda vez que de las documentales recibidas se advierte una causa de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de la prevista en el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, esto, debido a que el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente; y estudiar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. El artículo 63 de la Ley de Amparo determina que debe sobreseerse en el juicio cuando se actualice alguna de las causales previstas en el diverso 61, entre ellas, según lo prevé la fracción XXI, la cesación de efectos. Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que esta causa de improcedencia se actualiza -en términos generales- cuando resultaría ocioso analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá en el futuro, por lo que su estudio no conllevaría a ningún fin práctico al no poder reparar en un beneficio para el quejoso. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional; es decir, la restitución al agraviado en el goce del derecho humano violado: restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y constriñendo a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que era constitucionalmente exigible cuando el acto es de carácter negativo. Causal que, trasladada a los casos en que el acto reclamado consista en una omisión; es decir, un acto de carácter negativo, éste deja de tener cualquier tipo de efecto o consecuencia cuando la autoridad responsable realiza el acto omisivo que se le reclama, pues con ello se agota la materia del juicio. Es decir, cesan los efectos del acto omisivo, y por tanto procede el sobreseimiento en el juicio. A mayor abundamiento, la causa de improcedencia en estudio tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es respetar el derecho vulnerado a la parte quejosa y velar por su pleno cumplimiento, por tener -el acto reclamado- naturaleza omisiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, como se dijo, sería ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. En ese sentido, resulta necesario distinguir la naturaleza de los actos reclamados en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el caso, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el catorce de diciembre de dos mil veintidós, fue dictada la sentencia correspondiente en el juicio de origen ******************** de su índice, por lo que se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, es decir, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que la parte agraviada fue restituida en el pleno goce de sus garantías, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Corrobora lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos diez del tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 196820 cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. En el entendido de que esa causa se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo, y de lo contrario se haría necesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional.[.]
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones el documento de cuenta, a través del cual la autoridad responsable oficiante rinde su informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista.
- Principal
**** Admisión. ***se admite a trámite la demanda. Incidente de suspensión. No se tramita incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa ni actualizarse los supuestos establecidos en el artículo 127, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Se señalan las trece horas con cuarenta minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Solicitud de informe justificado. **** pídase el informe justificado a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), quien(es) deberá(n) rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído. ****
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