Ignacio Felipe Rivera

Expediente 463/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
463/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Ignacio Felipe Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por *****(única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Firma y envío de oficios. Por otro lado, se autoriza al actuario, firme los oficios derivados de este juicio, y en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de forma presencial, los remita al correo electrónico autorizado, o bien, vía fax, correo ordinario o estafeta, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En caso de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico. Devolución de discos. Finalmente, de autos se advierte que en resguardo de esta Secretaría obran dos discos, remitidos por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, como justificación a su informe; en consecuencia, toda vez que carecen de objeto su permanencia en este Órgano Jurisdiccional, remítanse los mismos a la referida autoridad, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, toda vez que bastará para tal efecto el sello que en la constancia respectiva al efecto se estampe. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vistos los autos, como se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, en esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada. Por tanto, toda vez que en el presente incidente de suspensión no existe asunto pendiente por diligenciar; con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Comuníquese a las partes que, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo, por haberse concedido tanto la suspensión provisional, como la definitiva, el original de este expediente será DEPURABLE, el cual conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez fenecido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, será depurado; acontecido lo anterior, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, tomando en consideración que en la interlocutoria de nueve de mayo del año en curso, entre otras circunstancias, se dejó a disposición de la parte quejosa, el billete de depósito, en los términos siguientes: ".Cabe mencionar que, el numerario exhibido con el número de serie N874978, que ampara la cantidad de $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); queda a disposición del quejoso *****, para que pase a recogerlo, previa identificación y razón de entrega que de ello se realice, por el término de dos años; apercibido que de no hacer petición alguna para la devolución, dentro de ese término, prescribirá a favor del erario federal, en términos del artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación.". Sin que se haya notificado personalmente la citada parte quejosa; por tanto, se ordena al actuario judicial adscrito, notifique a la referida parte quejosa este proveído, así como la interlocutoria de nueve de mayo del año en curso, de forma personal, debiendo levantar el acta correspondiente. Finalmente, glósense únicamente para que obren como correspondan los sobres cerrados que devuelve el Administrador de Correos, dirigidos a las autoridades responsables Vicefiscalía Regional de la Cuenca y Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca; en razón de que mediante interlocutoria de nueve de mayo del año en curso, se dejaron de tener como autoridades responsables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, este proveído, así como la interlocutoria de nueve de mayo pasado; y por lista electrónica a las demás partes. inserción de notificación a la parte quejosa.- Audiencia Incidental En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con tres minutos del nueve de mayo de dos mil veintidós, el juez Víctor Manuel Jaimes Morelos, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de la licenciada Dulce María Cruz Ramírez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, procede a celebrar la AUDIENCIA INCIDENTAL señalada para el día de hoy, vía remota, sin asistencia personal o virtual de ninguna de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo que promovió ******, y los informes previos rendidos por las autoridades responsables e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta; y certifica: Que la mensajería acelerada denominada Estafeta devolvió los sobres cerrados que contienen los oficios 8952/2022 y 8954/2022, dirigidos a las autoridades responsables Vicefiscalía Regional de la Cuenca y Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, con la razón "Falta a qué área debe recibir". Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Se toma nota de la razón asentada por la mensajería denominada Estafeta, respecto de los dos sobres que devolvió que contienen los oficios 8952/2022 y 8954/2022, dirigidos a las autoridades responsables Vicefiscalía Regional de la Cuenca y Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, con la razón "Falta a qué área debe recibir"; sin que haya lugar a dar vista a la parte quejosa para que aclare su denominación; en razón de que el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad y resulta ocioso diferir para dar vista para que en su caso designe correctamente a las citadas autoridades responsables ejecutoras, ya que del contenido de los informes previos rendidos por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca (ordenadora) y Comandante Encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones en la Región de la Cuenca (ejecutora), se advierte la existencia de la orden de aprehensión reclamada por la parte quejosa; por ende, se dejan de tener como responsables en este cuaderno incidental a dichas autoridades de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca (ejecutoras). Por ello, se instruye al analista jurídico SISE, realice la adecuación correspondiente respecto a dichas autoridades. Enseguida, abierto el período probatorio, se hace constar que no existen pruebas pendientes de admitir y menos por desahogar, por lo que, se cierra esta etapa y se pasa al período de alegatos, en el cual las partes no los expresaron, y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló pedimento; procediéndose a dictar la siguiente interlocutoria: Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 463/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, en cumplimento al proveído de admisión de demanda, de la misma fecha, dictado en el juicio de amparo 463/2022, a solicitud de la parte quejosa, se formó el incidente de suspensión respecto del amparo promovido por Ignacio Felipe Rivera, en el que demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca y otras autoridades, que se hizo consistir en la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. SEGUNDO. En el auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados en los términos y condiciones ahí calificados; se solicitó a las autoridades responsables su informe previo; y, se citó a las partes para la audiencia incidental, misma que se verificó al tenor del acta que antecede; TERCERO.- En la diligencia que antecede se dejó de tener como autoridades responsables a las que la parte quejosa denominó como Vicefiscalía Regional de la Cuenca y Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca; lo anterior, para los efectos legales correspondientes; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 59/2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil diecinueve; por tratarse de un asunto de naturaleza penal, que corresponde a la jurisdicción de este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados, para efectos de resolver el presente, conforme a las constancias que obran, se hacen consistir en la orden de aprehensión y su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y Comandante Encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones en la Región de la Cuenca, al rendir su informe previo, convinieron en la existencia del acto que se les atribuye la parte quejosa, agregando la autoridad judicial, lo siguiente: ".Es cierto el acto reclamado, toda vez que, en este Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, se encuentra en trámite la Causa Penal 0137/2021, donde con fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, se libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso *******, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar cometido en agravio de ******* Dicho ilícito se encuentra previsto por el artículo 404 en relación con el 404 bis, fracciones I, II, y III, y sancionado por el 405 todos del Código Penal vigente en el Estado, el cual establece como sanción de tres a nueve años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta veces el valor de la unidad de medida y actualización, por ello dicho delito en términos del artículos 19, en su párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es de aquellos que amerita prisión preventiva oficiosa.". CUARTO. Análisis de la suspensión definitiva solicitada. En cuanto a la ejecución de la orden de aprehensión de treinta de marzo de dos mil veintidós, emitidas en contra Ignacio Felipe Rivera, en la causa penal 0137/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar cometido en agravio de ****, el cual no se encuentra previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de aquellos que amerita prisión preventiva oficiosa. Con fundamento en los artículos 128, 138, 147, 150 y 166, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva, sin perjuicio de la continuación del procedimiento penal de donde emana dicha orden. Medida precautoria que surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si no se cumple con los requisitos de eficacia siguientes: a).- Que el quejoso exhiba a favor de este órgano jurisdiccional, dentro del término de cinco días, garantía económica por la suma de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), en billete de depósito o en cualquiera de las formas establecidas por la ley; numerario que se fija de manera discrecional en virtud del delito que se le imputa y que no existen elementos que hagan presumir pretenda sustraerse de la acción de la justicia. b).- Obligadamente comparezca ante el Juez de la causa, dentro del plazo de cinco días para la continuación del procedimiento penal, conforme a lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley de Amparo y 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. b).- Asistir a toda clase de diligencias para las que lo citen dentro del proceso. En el caso de que no sea citado para alguna diligencia deberá comparecer ante el Juez de la causa con la periodicidad que éste estime conveniente hasta la resolución ejecutoria del juicio principal de amparo a que corresponde este incidente de suspensión. Con apercibimiento que de no hacerlo así, se hará efectiva la garantía pecuniaria que se exhiba al efecto, a favor del Erario Federal; de igual modo, para el caso de que el Juez responsable informe a este Juzgado que la parte quejosa no cumplió con alguna otra presentación a la que haya sido citada previamente o no compareció con la periodicidad que le fue señalada. Dichas medidas de aseguramiento del agraviado se adoptan a efecto de que pueda ser devuelto al Juez responsable en caso de no concedérsele el amparo y protección de la Justicia Federal. Se invoca en apoyo de lo anterior, por identidad jurídica sustancial, y en atención a la propia naturaleza de la medida cautelar respecto de la cual ahora se provee, la jurisprudencia número 16/97, visible a página 226, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, Novena Época, bajo el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.". Medida precautoria que surte sus efectos desde luego, hasta en tanto las autoridades responsables queden notificadas del acuerdo que declare que ha causado ejecutoria la sentencia que se emita en el juicio de amparo del que deriva este incidente. En el entendido que se fija una nueva garantía toda vez que la exhibida por la parte quejosa para la suspensión provisional únicamente cubrió o garantizó los posibles daños y perjuicios que, en su caso, se le causarían al tercero interesado hasta el momento en que se resolviera esta suspensión definitiva. "Época: Octava Época Registro: 217833 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo X, Diciembre de 1992, Página: 378 Materia(s): Común "SUSPENSION PROVISIONAL. LA GARANTIA OTORGADA PARA QUE SURTA EFECTOS NO GARANTIZA LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN AL TERCERO PERJUDICADO CON MOTIVO DE LA CONCESION DE LA SUSPENSION DEFINITIVA. La garantía que señala el juez de Distrito para que surta efectos la suspensión provisional únicamente cubre o garantiza los posibles daños y perjuicios que, en su caso, se le causen al tercero perjudicado hasta el momento en que se resuelva respecto de la suspensión definitiva. Lo anterior es así habida cuenta que la garantía de mérito trae igualmente aparejada la provisionalidad de la misma. En este sentido, es ajustado a derecho que el juzgador exija una nueva garantía para reparar los daños y perjuicios que con la suspensión definitiva se causen al tercero perjudicado, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio de amparo, toda vez que los daños y perjuicios que se causen con motivo de la concesión de esta última no se encuentran garantizados en los términos del artículo 125 de la Ley de Amparo". Cabe mencionar que, el numerario exhibido con el número de serie N874978, que ampara la cantidad de $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); queda a disposición del quejoso Ignacio Felipe Rivera, para que pase a recogerlo, previa identificación y razón de entrega que de ello se realice, por el término de dos años; apercibido que de no hacer petición alguna para la devolución, dentro de ese término, prescribirá a favor del erario federal, en términos del artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en el artículo 144 y 146 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por el quejoso ****, en términos del considerando cuarto de la presente interlocutoria. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    En San Bartolo Coyotepec,Oaxaca,siendo las nueve horas con cincuenta y tres minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo 463/2022, el Juez Víctor Manuel Jaimes Morelos, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de la licenciada Dulce María Cruz Ramírez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia personal o virtual de alguna de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria dio lectura a la demanda y demás constancias de autos e informa que no existe documento con el cual deba darse cuenta; asimismo, certifica: a) Que durante la tramitación de este juicio de amparo, ninguna de las partes hizo manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenido en los artículos 6, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y b) que mediante proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días con los sobre devuelto respecto a la inexistencia de las autoridades responsables señaladas como Vicefiscalía Regional de la Cuenca y Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca; el cual se encuentra transcurriendo (treinta y uno de mayo al dos de julio de esta anualidad). Acto continuo el Juez acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes en este juicio de amparo, no se opusieron a la publicación de sus datos personales, resuélvase lo conducente al dictarse la sentencia. III. Finalmente, respecto a la certificación de cuenta se advierte que en proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que se manifestara respecto a la denominación de las autoridades que señaló como Vicefiscalía Regional de la Cuenca y Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, plazo que se encuentra transcurriendo; por tanto, provéase respecto de dicha situación, en el considerando de esta sentencia correspondiente. A continuación, abierto el período probatorio, la secretaria certifica: Que se tiene como pruebas de la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, las que adjuntó a su informe justificado, consistentes dos discos en formato DVD certificados, el primero, contiene un archivo en PDF correspondiente a la transcripción de la orden de aprehensión dictada en la causa penal ***********, de su índice y el índice cronológico del desarrollo de la audiencia mencionada; en tanto, el segundo, el registro de audio y video de la audiencia celebrada el dieciséis de mayo de esta anualidad, en la citada causa penal ***********, de su índice. Por lo que, el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en este acto se tienen por recibidas las documentales relacionadas en líneas anteriores; las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, conforme al criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo circuito, de rubro: "DOCUMENTOS OFRECIDOS COMO PRUEBA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE ACORDARSE SU ADMISIÓN O DESECHAMIENTO EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y NO ANTES". Acto continuo, se abre la fase de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formuló pedimento alguno; por tanto, se cierra este período y se procede a dictar la siguiente sentencia: VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 463/2022, que promovió ************por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, el veinte de abril de dos mil veintidós, y recibida en este órgano jurisdiccional al día siguiente, por **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y otras autoridades. A quienes les reclama: ".La orden de aprehensión, así como su ejecución material." Actos que estimó violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo quedando registrada en el libro de gobierno con el número 463/2022; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se citó a las partes para la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 59/2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil diecinueve; por tratarse de un asunto de naturaleza penal, que corresponde a la jurisdicción de este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Previamente, por técnica jurídica y con la finalidad de analizar con propiedad el tema jurídico que nos ocupa, es imperativo precisar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de determinar lo pedido por el quejoso y así poder resolver, analizando en su integridad la demanda constitucional, y la información que obra en el expediente en que se actúa, tal como lo establece la tesis número P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril 2004, materia común, página 255, con número de registro 181810, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este contexto, debe indicarse que el acto reclamado en esta vía lo constituye: La orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución materia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y Comandante Encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones en la Región de la Cuenca, convinieron en la existencia del acto que se les atribuye la parte quejosa, agregando la autoridad judicial, lo siguiente: ".Es cierto el acto reclamado, toda vez que, en este Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, se encuentra en trámite la Causa Penal 0137/2021, donde con fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, se libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso ************, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de**********cometido en agravio de **************. Dicho ilícito se encuentra previsto por el artículo 404 en relación con el 404 bis, fracciones I, II, y III, y sancionado por el 405 todos del Código Penal vigente en el Estado, el cual establece como sanción de tres a nueve años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta veces el valor de la unidad de medida y actualización, por ello dicho delito en términos del artículo 19, en su párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es de aquellos que amerita prisión preventiva oficiosa.". Aunado a lo anterior, remitió como anexo a su informe justificado, un disco en formato DVD certificado, que contiene un archivo en PDF correspondiente a la transcripción de la orden de aprehensión dictada el treinta de marzo de dos mil veintidós, en la causa penal**********, de su índice y el índice cronológico del desarrollo de la audiencia mencionada. Medio electrónico que adquiere la naturaleza de una documental pública, y como tal, valor probatorio pleno; acorde al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 1a./J.43/2013, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Informe y constancia, que adquieren pleno valor probatorio en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo en relación con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º. Cuarto.- Improcedencia. Como se advierte de las actuaciones que integran este juicio de amparo, se tiene que en audiencia de treinta de marzo de dos mil veintidós, se libró orden de aprehensión en los autos de la causa penal *********, contra el aquí quejoso ***********, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar cometido en agravio de *****. Luego, a través del oficio con folio de recepción 7507, el Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, manifestó que el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la diligencia de comunicación de imputación en los autos del procedimiento penal 0137/2021, de su estadística. Asimismo, informó que en la misma fecha, se dictó contra ***********, auto de vinculación a proceso. En tales condiciones, se advierte que en el caso a estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo anterior es así, dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en él, sin afectar la nueva situación jurídica. En consecuencia, si el quejoso promovió el presente juicio de amparo, reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra en los autos de la causa penal 0137/2021, de la estadística del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; sin controvertir alguna diversa actuación emitida en dichas constancias y, de manera posterior, el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se dictó en su contra auto de vinculación a proceso, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar cometido en agravio de ****; es evidente que se actualiza un cambio de situación jurídica. Es decir, la orden reclamada quedó sustituida por la emisión del auto de vinculación a proceso que se emitió en su contra; de ahí que, no se puede decidir sobre la constitucionalidad de la orden de captura reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica creada en los autos de la causa penal de origen. Como ilustrativa, se cita la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), con número de registro 2017544, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." En consecuencia, si la parte quejosa omitió efectuar manifestación respecto al dictado del auto de vinculación que se emitió en su contra y, de su escrito inicial de demanda, no se advierten conceptos de violación diversos a los planteados para demostrar la inconstitucionalidad de la orden reclamada, es procedente decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, al actualizarse un cambio de situación jurídica. Por el criterio que la conforma, se cita la jurisprudencia 1a./J. 31/2019 (10a.), con número de registro 2020121, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo II, página 957, de rubro y texto siguiente: "DETENCIÓN. LA EMISIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO NO ACTUALIZA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMÓ SU CALIFICACIÓN. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que en los casos de detención de una persona, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Bajo el proceso penal acusatorio, el control de la detención deberá realizarse a través de una audiencia en la que el Ministerio Público deberá justificar ante el juez los motivos de la detención y éste procederá a calificarla. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene amplias precisiones en torno a la verificación que los juzgadores deben realizar sobre el cumplimiento de las exigencias constitucionales para la detención y puesta a disposición de la persona ante la autoridad correspondiente; además, ha determinado como regla la invalidez y exclusión de todos aquellos elementos de prueba que tengan como fuente directa o se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal establece el auto de vinculación a proceso como la resolución mediante la cual el juzgador determina si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, porque los datos de prueba establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. Por lo tanto, la circunstancia de que el imputado haya sido vinculado a procedimiento penal, no lo imposibilita para que combata ante la instancia constitucional la calificación de la detención y las violaciones a los derechos fundamentales que tal acto le generó. La vinculación a proceso en ningún modo sustituye dicha calificación, ni destruye en su totalidad sus efectos y consecuencias. Indudablemente los datos de prueba obtenidos con el aseguramiento, trascenderán para resolver la situación jurídica del imputado y a las posteriores resoluciones, incluso a aquellas que tendrán lugar en etapas procesales distintas. Esto último torna sumamente relevante examinar si esos datos de prueba fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. Razón por la cual, cuando se cuestione en amparo indirecto el control de la detención, la circunstancia de que se haya vinculado el imputado, no actualiza la causa de improcedencia del juicio por cambio de situación jurídica, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo." Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amaro, así como en el diverso 61, fracción XVII de la ley de la materia, procede sobreseer el presente juicio de amparo; lo que se hace extensivo al acto de ejecución que se atribuyó al Comandante Encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones en la Región de la Cuenca, al no impugnarse por vicios propios. Sobreseimiento que hace también extensivo a las autoridades responsables que la parte quejosa denominó como Vicefiscalía Regional de la Cuenca y Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, toda vez que se aun cuando se encuentra transcurriendo el plazo para que aclare la denominación, lo cierto es que resulta ocioso diferir y esperar para que en su caso, contestara la vista, toda vez que el resultado sería el mismo (sobreseer en el juicio); por ende, toda vez que es incierta su denominación, notifíquesele por lista la presente sentencia y las posteriores determinaciones. Son ilustrativas a lo anterior, en lo conducente, las tesis de rubro siguientes: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES" y "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN". Sin que sea óbice el hecho de que no se haya emplazado a la parte tercera interesada, pues si bien el emplazamiento a las partes es una regla que norma el procedimiento en el juicio de amparo, cuya inobservancia da lugar a la reposición del procedimiento para que se subsane esa irregularidad, la violación procesal en comento se funda en que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente. Empero, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia no modifica en forma alguna la situación jurídica del tercero interesado no emplazado, cuando se trata de un sobreseimiento, cuyo sentido no afecta de manera alguna sus intereses. Así, en vista de que la presente sentencia no afecta la situación jurídica de la parte tercera interesada, es razón suficiente para dictar el fallo que en derecho corresponde. Las anteriores consideraciones encuentran sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con folio 196912, cuyo rubro se transcribe: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA." QUINTO. Oposición a los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la anterior Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 79 de la nueva Ley de Amparo, se RESUELVE: **********, contra la autoridad y por el acto que quedaron precisados en el resultando primero de esta sentencia y en los términos de los considerandos tercero y cuarto que anteceden. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con cincuenta y tres minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo 463/2022, el Juez Víctor Manuel Jaimes Morelos, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de la licenciada Dulce María Cruz Ramírez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia personal o virtual de alguna de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria dio lectura a la demanda y demás constancias de autos e informa que no existe documento con el cual deba darse cuenta; asimismo, certifica: a) Que durante la tramitación de este juicio de amparo, ninguna de las partes hizo manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenido en los artículos 6, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y b) que mediante proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días con los sobre devuelto respecto a la inexistencia de las autoridades responsables señaladas como Vicefiscalía Regional de la Cuenca y Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca; el cual se encuentra transcurriendo (treinta y uno de mayo al dos de julio de esta anualidad). Acto continuo el Juez acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes en este juicio de amparo, no se opusieron a la publicación de sus datos personales, resuélvase lo conducente al dictarse la sentencia. III. Finalmente, respecto a la certificación de cuenta se advierte que en proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que se manifestara respecto a la denominación de las autoridades que señaló como Vicefiscalía Regional de la Cuenca y Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, plazo que se encuentra transcurriendo; por tanto, provéase respecto de dicha situación, en el considerando de esta sentencia correspondiente. A continuación, abierto el período probatorio, la secretaria certifica: Que se tiene como pruebas de la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, las que adjuntó a su informe justificado, consistentes dos discos en formato DVD certificados, el primero, contiene un archivo en PDF correspondiente a la transcripción de la orden de aprehensión dictada en la causa penal 0137/2022, de su índice y el índice cronológico del desarrollo de la audiencia mencionada; en tanto, el segundo, el registro de audio y video de la audiencia celebrada el dieciséis de mayo de esta anualidad, en la citada causa penal (0137/2021), de su índice. Por lo que, el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en este acto se tienen por recibidas las documentales relacionadas en líneas anteriores; las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, conforme al criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo circuito, de rubro: "DOCUMENTOS OFRECIDOS COMO PRUEBA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE ACORDARSE SU ADMISIÓN O DESECHAMIENTO EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y NO ANTES". Acto continuo, se abre la fase de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formuló pedimento alguno; por tanto, se cierra este período y se procede a dictar la siguiente sentencia: VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 463/2022, que promovió ************por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, el veinte de abril de dos mil veintidós, y recibida en este órgano jurisdiccional al día siguiente, por ***********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y otras autoridades. A quienes les reclama: ".La orden de aprehensión, así como su ejecución material." Actos que estimó violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo quedando registrada en el libro de gobierno con el número 463/2022; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se citó a las partes para la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 59/2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil diecinueve; por tratarse de un asunto de naturaleza penal, que corresponde a la jurisdicción de este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Previamente, por técnica jurídica y con la finalidad de analizar con propiedad el tema jurídico que nos ocupa, es imperativo precisar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de determinar lo pedido por el quejoso y así poder resolver, analizando en su integridad la demanda constitucional, y la información que obra en el expediente en que se actúa, tal como lo establece la tesis número P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril 2004, materia común, página 255, con número de registro 181810, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este contexto, debe indicarse que el acto reclamado en esta vía lo constituye: La orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución materia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y Comandante Encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones en la Región de la Cuenca, convinieron en la existencia del acto que se les atribuye la parte quejosa, agregando la autoridad judicial, lo siguiente: ".Es cierto el acto reclamado, toda vez que, en este Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, se encuentra en trámite la Causa Penal 0137/2021, donde con fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, ****************, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar cometido en agravio de ****. Dicho ilícito se encuentra previsto por el artículo 404 en relación con el 404 bis, fracciones I, II, y III, y sancionado por el 405 todos del Código Penal vigente en el Estado, el cual establece como sanción de tres a nueve años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta veces el valor de la unidad de medida y actualización, por ello dicho delito en términos del artículo 19, en su párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es de aquellos que amerita prisión preventiva oficiosa.". Aunado a lo anterior, remitió como anexo a su informe justificado, un disco en formato DVD certificado, que contiene un archivo en PDF correspondiente a la transcripción de la orden de aprehensión dictada el treinta de marzo de dos mil veintidós, en la causa penal 0137/2022, de su índice y el índice cronológico del desarrollo de la audiencia mencionada. Medio electrónico que adquiere la naturaleza de una documental pública, y como tal, valor probatorio pleno; acorde al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 1a./J.43/2013, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Informe y constancia, que adquieren pleno valor probatorio en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo en relación con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º. Cuarto.- Improcedencia. Como se advierte de las actuaciones que integran este juicio de amparo, se tiene que en audiencia de treinta de marzo de dos mil veintidós, se libró orden de aprehensión en los autos de la causa penal 0137/2021, contra el aquí quejoso ***********, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar cometido en agravio de *****. Luego, a través del oficio con folio de recepción 7507, el Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, manifestó que el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la diligencia de comunicación de imputación en los autos del procedimiento penal 0137/2021, de su estadística. **********, auto de vinculación a proceso. En tales condiciones, se advierte que en el caso a estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo anterior es así, dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en él, sin afectar la nueva situación jurídica. En consecuencia, si el quejoso promovió el presente juicio de amparo, reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra en los autos de la causa penal 0137/2021, de la estadística del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; sin controvertir alguna diversa actuación emitida en dichas constancias y, de manera posterior, el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se dictó en su contra auto de vinculación a proceso, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar cometido en agravio de ****; es evidente que se actualiza un cambio de situación jurídica. Es decir, la orden reclamada quedó sustituida por la emisión del auto de vinculación a proceso que se emitió en su contra; de ahí que, no se puede decidir sobre la constitucionalidad de la orden de captura reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica creada en los autos de la causa penal de origen. Como ilustrativa, se cita la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), con número de registro 2017544, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." En consecuencia, si la parte quejosa omitió efectuar manifestación respecto al dictado del auto de vinculación que se emitió en su contra y, de su escrito inicial de demanda, no se advierten conceptos de violación diversos a los planteados para demostrar la inconstitucionalidad de la orden reclamada, es procedente decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, al actualizarse un cambio de situación jurídica. Por el criterio que la conforma, se cita la jurisprudencia 1a./J. 31/2019 (10a.), con número de registro 2020121, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo II, página 957, de rubro y texto siguiente: "DETENCIÓN. LA EMISIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO NO ACTUALIZA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMÓ SU CALIFICACIÓN. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que en los casos de detención de una persona, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Bajo el proceso penal acusatorio, el control de la detención deberá realizarse a través de una audiencia en la que el Ministerio Público deberá justificar ante el juez los motivos de la detención y éste procederá a calificarla. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene amplias precisiones en torno a la verificación que los juzgadores deben realizar sobre el cumplimiento de las exigencias constitucionales para la detención y puesta a disposición de la persona ante la autoridad correspondiente; además, ha determinado como regla la invalidez y exclusión de todos aquellos elementos de prueba que tengan como fuente directa o se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal establece el auto de vinculación a proceso como la resolución mediante la cual el juzgador determina si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, porque los datos de prueba establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. Por lo tanto, la circunstancia de que el imputado haya sido vinculado a procedimiento penal, no lo imposibilita para que combata ante la instancia constitucional la calificación de la detención y las violaciones a los derechos fundamentales que tal acto le generó. La vinculación a proceso en ningún modo sustituye dicha calificación, ni destruye en su totalidad sus efectos y consecuencias. Indudablemente los datos de prueba obtenidos con el aseguramiento, trascenderán para resolver la situación jurídica del imputado y a las posteriores resoluciones, incluso a aquellas que tendrán lugar en etapas procesales distintas. Esto último torna sumamente relevante examinar si esos datos de prueba fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. Razón por la cual, cuando se cuestione en amparo indirecto el control de la detención, la circunstancia de que se haya vinculado el imputado, no actualiza la causa de improcedencia del juicio por cambio de situación jurídica, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo." Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amaro, así como en el diverso 61, fracción XVII de la ley de la materia, procede sobreseer el presente juicio de amparo; lo que se hace extensivo al acto de ejecución que se atribuyó al Comandante Encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones en la Región de la Cuenca, al no impugnarse por vicios propios. Sobreseimiento que hace también extensivo a las autoridades responsables que la parte quejosa denominó como Vicefiscalía Regional de la Cuenca y Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, toda vez que se aun cuando se encuentra transcurriendo el plazo para que aclare la denominación, lo cierto es que resulta ocioso diferir y esperar para que en su caso, contestara la vista, toda vez que el resultado sería el mismo (sobreseer en el juicio); por ende, toda vez que es incierta su denominación, notifíquesele por lista la presente sentencia y las posteriores determinaciones. Son ilustrativas a lo anterior, en lo conducente, las tesis de rubro siguientes: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES" y "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN". Sin que sea óbice el hecho de que no se haya emplazado a la parte tercera interesada, pues si bien el emplazamiento a las partes es una regla que norma el procedimiento en el juicio de amparo, cuya inobservancia da lugar a la reposición del procedimiento para que se subsane esa irregularidad, la violación procesal en comento se funda en que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente. Empero, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia no modifica en forma alguna la situación jurídica del tercero interesado no emplazado, cuando se trata de un sobreseimiento, cuyo sentido no afecta de manera alguna sus intereses. Así, en vista de que la presente sentencia no afecta la situación jurídica de la parte tercera interesada, es razón suficiente para dictar el fallo que en derecho corresponde. Las anteriores consideraciones encuentran sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con folio 196912, cuyo rubro se transcribe: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA." QUINTO. Oposición a los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la anterior Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 79 de la nueva Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por *********, contra la autoridad y por el acto que quedaron precisados en el resultando primero de esta sentencia y en los términos de los considerandos tercero y cuarto que anteceden. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    ° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; en atención a su contenido, se le tiene informando que el aquí quejoso *****, compareció a las trece horas del dieciséis de mayo del año en curso, bajo los efectos de la suspensión otorgada en el cuaderno incidental derivado de este juicio de amparo; señalándose las dieciséis horas de ese mismo día para el desahogo de la audiencia de comunicación de imputación; y toda vez que solicitó se resolviera su situación jurídica en ese momento, dictó auto de vinculación a proceso, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de **************cometido en agravio de *****; asimismo, que se le impuso la medida cautelar prevista en la fracción I del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con ello, dése vista a las partes para su conocimiento. Además, se le tiene remitiendo un disco en formato DVD certificado, que contiene el registro de audio y video de la audiencia celebrada en la causa penal 0***/2021, de su índice; por tanto, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se admite la referida prueba documental, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza; por ello, se ordena la guarda del referido disco en la secretaría de este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo dispone su artículo 2°, se da vista a las partes, por el término de tres días, con el disco óptico mencionado, a fin de que si lo estiman necesario puedan consultar la información contenida en dicho formato digital y manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no manifestar nada al respecto se entenderá su falta de interés en efectuar esa consulta. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 43/2013, aprobada por la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Notifíquese por lista electrónica.

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