Ignacio Esteban Hernández
Expediente 1321/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1321/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ignacio Esteban Hernández
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta número 6246/2018, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta población, mediante el cual transcribe el acuerdo de presidencia de once de junio actual, del que se advierte aceptó la competencia declina a favor de dicho Tribunal del juicio de amparo 1321/2017 al que pertenece el presente cuaderno de antecedes; por lo tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno de antecedentes, como asunto concluido. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se estima que el presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta población, mediante el cual transcribe el acuerdo de Presidencia de nueve de enero actual del que se advierte acusa recibo de los originales del juicio de amparo al que pertenece el presente cuaderno de antecedentes; así también, los trámites realizados a fin de determinar lo legalmente procedente en relación a la demanda de amparo y su aclaración por parte del promovente; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso IGNACIO ESTEBAN HERNÁNDEZ, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado el veintiuno de los corrientes, bajo de protesta de decir verdad manifiesta que uno de los actos reclamados en el presente juicio de amparo lo constituye la sentencia definitiva dictada en su contra el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, por el Juez Mixto de Primera Instancia de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, en la causa penal 32/2012, en contra de la cual no interpuso recurso alguno y transcribe el proveído de veintisiete de septiembre de este año, dictado en dicha causa, que también señala como reclamado en su demanda de amparo. Ahora bien, atento a lo manifestado por el quejoso en su demanda de amparo y escrito aclaratorio, respecto al acto reclamado que hace consistir en la sentencia definitiva, este juzgador estima carece de competencia legal para conocer y resolver del mismo, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República; y numerales 34 y 170 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. ." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. ." De tales preceptos se advierte que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas que deciden el juicio en lo principal, y respecto de las cuales se haga valer previamente el recurso ordinario que establezca la ley de la materia, por virtud de la cual puedan ser modificadas o revocadas, y es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito. En el caso, resulta evidente que la competencia para conocer del acto reclamado por el quejoso (sentencia definitiva dictada en la causa penal 32/2012 instruida en contra del quejoso), corresponde a un Tribunal Colegiado en única instancia. Por tanto, el suscrito declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por IGNACIO ESTEBAN HERNÁNDEZ, pues estima que ésta radica en el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta población. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 95, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Ante ello, con fundamento en lo que establece el artículo 47 de la Ley de Amparo, y por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados de este Circuito, se ordena remitir todo lo actuado, para que en caso de considerarlo procedente, se avoque al conocimiento del asunto, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. Por otra parte, respecto al acto reclamado por el quejoso consistente en el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 32/2012, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, la demanda debe desecharse de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, pues acorde a lo manifestado por el quejoso en escrito de cuenta, en el mismo se le requiere para que dé cumplimiento a la sentencia dictada en la causa penal 32/2012, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santiago Jamiltepec, Oaxaca; luego, es un auto dictado en ejecución de sentencia y no constituye el último en esa etapa del procedimiento. En consecuencia, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. ." "Artículo 107.- El amparo se pedirá ante el juez de distrito: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. ." Es así, ya que respecto al acto reclamado en estudio, el juicio de amparo es improcedente, toda vez que fue dictado en el procedimiento de ejecución de la causa penal 32/2012, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, el cual no constituye la última resolución dictada dentro de dicho procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Además, en el caso, el auto reclamado no se encuentra en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En apoyo, se invoca la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En consecuencia, al no tratarse el auto reclamado de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, se actualiza en la especie la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo vigente, por lo que se desecha de plano la demanda de garantías, atento a lo establecido por el numeral 113 del invocado ordenamiento legal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Ignacio Esteban Hernández, contra actos del juez Mixto de Primera Instancia de Santiago Jamiltepec , Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo bajo el número 1321/2017; a fin de proveer sobre la admisión de la misma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días siguientes al de su legal notificación, cumpla con lo siguiente: Manifieste si los hechos o antecedentes que narra en su demanda de amparo, los realiza bajo protesta de decir verdad. Aclare a qué sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil catorce, dictada en el expediente penal 32/2012 del índice de la responsable, se refiere, esto es, si es la sentencia definitiva o una resolución intermedia, indicando en este último caso cuál es esta. Indique si contra dicha ¨sentencia¨ de veintiséis de noviembre de dos mil catorce, interpuso algún recurso. Precise cuál es el contenido del último acuerdo recaído en el expediente penal 32/2012, que dice es de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, que también controvierte. Apercibido que de no cumplir con lo anterior en el plazo legal establecido, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas únicamente para ese efecto a las personas que señala, sin gozar de la amplitud de facultades que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, al no acreditar contar con cédula de licenciatura en derecho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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