Ignacio Espinoza Mendez
Expediente 522/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/05/2019
Partes del expediente
- Ignacio Espinoza Mendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de mayo de dos mil diecinueve. Intégrense únicamente para que obre como correspondan el escrito de la aparte quejosa, por medio del cual pretende desahogar el requerimiento de veintidós de abril pasado, toda vez que el veintiséis siguiente, se desechó la demanda de amparo presentada por este.
- Principal
En cumplimiento al citatorio de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, hago efectivo el apercibimiento ahí decretado y notifico por lista a la parte quejosa el auto de veintiséis de abril anterior, al tenor siguiente: Toluca, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por medio del cual desahoga el requerimiento de veintidós de los cursantes. Téngase por satisfecho el requerimiento y se deja sin efectos el apercibimiento decretado. DESECHAMIENTO Ahora, previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, del análisis íntegro al escrito de demanda se advierte que el quejoso reclama el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictados por la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la causa 389/2019, en audiencia de veinte de marzo de dos mil diecinueve. En virtud de lo anterior, después de analizar la presente demanda de amparo, así como el DVD que remite la responsable en el oficio que se acuerda, éste órgano de control constitucional advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo, por regla general el plazo para presentar la demanda es de quince días, con las excepciones contenidas en el mismo. Precisando que el acto que aquí se analiza, no encuadra en alguno de los supuestos de excepción establecidos en el artículo 17, en sus fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, pues no se reclama la aplicación de una norma general autoaplicativa, ni un procedimiento de extradición, aunado a que el acto que aquí se controvierte, si bien deriva de un procedimiento penal, no se surte el supuesto de la fracción II, invocada, al no estar en presencia de una sentencia condenatoria definitiva; tampoco se está frente a un acto que tienda a privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal y menos aún, se trata de un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Carta Magna, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Por su parte, el numeral 18 de la propia ley establece que el término establecido en el diverso 17 del ordenamiento invocado se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor de los mismos, o de su ejecución. Ahora bien, de las constancias que integran el sumario a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se observa que el quejoso Ignacio Espinoza Méndez, así como su defensor tuvieron conocimiento del acto reclamado el veinte de marzo de dos mil diecinueve, al encontrarse presentes en la diligencia donde se dictó el auto de vinculación a proceso, quedando notificados de la misma en aquella temporalidad en términos del artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como se aprecia de la videograbación que remite la oficiante. Con base en lo anterior, es dable sostener que el ahora quejoso tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado desde el veinte de marzo de dos mil diecinueve; por lo que a partir de esa fecha comenzó a transcurrir el plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo. Consecuentemente, si el impetrante del amparo tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veinte de marzo de dos mil diecinueve; el plazo para presentar su demanda transcurrió del veinticinco de marzo siguiente y concluyó el doce de abril actual, por lo que, si el quejoso depositó su demanda en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales, en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, como se advierte de la papeleta de demanda, es evidente que transcurrió en demasía el término que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que a su vez implica el consentimiento tácito del acto que en esta instancia reclama y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia ya invocada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y sinopsis siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal.". Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17 ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente.
- Principal
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