Ignacio Eduardo Zárate Rocha
Expediente 588/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ignacio Eduardo Zárate Rocha
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por *************, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le tiene dando cumplimiento a requerimiento de trece de agosto del año en curso. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: 1.- La emisión y suscripción del Acuerdo de fecha 07 de julio del 2020 que obra dentro de los autos del juicio laboral de origen *************, mediante el cual se omite realizar las diligencias necesarias para investigar el domicilio para notificar al patrón demandado dentro del citado juicio del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Celaya, Guanajuato omitiendo de esta manera atender lo dispuesto en el artículo 712, 782 y 783 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante esta quejosa haberle dado a conocer tanto en el escrito inicial de demanda, como en una promoción diversa e incluso con documentos emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los únicos domicilios que conozco y que fueran los mismos en los que preste mis servicios subordinados. 2.- La emisión y suscripción del Acuerdo de fecha 07 de julio del 2020 que obra dentro de los autos del juicio laboral de origen 3146/2020/L1/CC/1 1D, mediante el cual se le obliga a esta quejosa a señalar un domicilio del patrón, con él apercibimiento que no hacerlo así comenzaría a correr en mi perjuicio el termino relativo a la caducidad a que se refiere el artículo 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo, omitiendo de esta manera atender lo dispuesto en los artículos 712, 782 y 783 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante esta quejosa haberle dado a conocer tanto en el escrito inicial de demanda, como en una promoción diversa e incluso c n documentales emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los únicos domicilios que conozco y que fueran los mismos en los que preste mis servicios subordinados Sin que resulte óbice para esta determinación, la circunstancia señalada por el quejoso, en el sentido de que es inminente que el requerimiento como él lo plantea será realizado precisamente por la autoridad laboral a la que señala como responsable, con la consecuencia legal de la caducidad, dado que esas manifestaciones en este momento constituyen meras suposiciones contra las cuales tampoco procede el juicio de amparo biinstancial. Máxime que, contra cada una de las determinaciones que pudiesen pronunciarse en el juicio de origen, tiene expedito el derecho a interponer los recursos ordinarios que procedieren, pues al ser parte de éste, ningún impedimento legal tiene para ello. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y otra; con apoyo en el artículo 2, fracción VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 588/2021-VI. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, la irregularidad advertida por este Juzgado, emerge de lo dispuesto en la fracción IV del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108, fracción IV, de la ley de la materia que disponen: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Del precepto transcrito se desprende la insoslayable obligación que tiene la parte quejosa de indicar con precisión cuál es el acto de autoridad que reclama y haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Al respecto, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia implica que el agraviado indique en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a) Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b) Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c) La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro 287445, en el Semanario Judicial de la Federación electrónico, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." En ese sentido, resulta importante establecer que en el caso concreto la parte quejosa en el capítulo de acto reclamado, indica como tales los siguientes: 1.- La emisión y suscripción del Acuerdo de fecha 07 de julio del 2020 que obra dentro de los autos del juicio laboral de origen ****************, mediante el cual se omite realizar las diligencias necesarias para investigar el domicilio para notificar al patrón demandado dentro del citado juicio del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Celaya, Guanajuato omitiendo de esta manera atender lo dispuesto en el artículo 712, 782 y 783 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante esta quejosa haberle dado a conocer tanto en el escrito inicial de demanda, como en una promoción diversa e incluso con documentos emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los únicos domicilios que conozco y que fueran los mismos en los que preste mis servicios subordinados. 2.- La emisión y suscripción del Acuerdo de fecha 07 de julio del 2020 que obra dentro de los autos del juicio laboral de origen **************, mediante el cual se le obliga a esta quejosa a señalar un domicilio del patrón, con él apercibimiento que no hacerlo así comenzaría a correr en mi perjuicio el termino relativo a la caducidad a que se refiere el artículo 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo, omitiendo de esta manera atender lo dispuesto en los artículos 712, 782 y 783 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante esta quejosa haberle dado a conocer tanto en el escrito inicial de demanda, como en una promoción diversa e incluso con documentales emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los únicos domicilios que conozco y que fueran los mismos en los que preste mis servicios subordinados Sin embargo, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, específicamente del capítulo que señaló como "ANTECEDENTES", la quejosa hace los siguientes señalamientos: PRIMERO. En fecha 20 de noviembre de 2020 presenté demanda laboral en la oficialía de partes de la autoridad responsable en contra de la hoy tercera interesada, reclamando diversas prestaciones derivadas del despido injustificado del que fui objeto, dicha demanda fue radicada bajo el No de Expediente ********** del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Celaya, Guanajuato. SEGUNDO. En fecha 23 de noviembre de 2020, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Celaya, Guanajuato, me requirió la presentación de dos juegos de copias del escrito inicial de demanda para efecto de llevar a cabo el emplazamiento. TERCERO. En fecha 03 de diciembre de 2020 di cabal cumplimiento al requerimiento formulado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Celaya, Guanajuato. CUARTO. En fecha 24 de marzo de 2021 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Celaya, Guanajuato, me requirió mediante estrados para señalar el ultimo domicilio en donde hubiera prestado mis servicios. QUINTO. En fecha 05 de abril de 2021 di cumplimiento a dicho requerimiento señalando como el último lugar en donde preste mis servicios el ubicado en calle Quinta Julietas número 211 de la colonia Real de Arboleda en el municipio de Celaya, Guanajuato, mismo domicilio que coincide con el registrado ante la autoridad en materia de seguridad social correspondiente, según consta en la Cédula de determinación de cuotas de fecha 14 de agosto de 2020 emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social que se anexó a mi escrito en cumplimiento. Asimismo, solicite a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Celaya, Guanajuato, con fundamento en el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, en caso de que ************ ya no tuviera su domicilio en el lugar señalado, girara oficios a las dependencias que considerara pertinentes, para localizar el nuevo domicilio del demandado y una vez obtenida la información necesaria, se realice el emplazamiento. SEXTO. En fecha 07 de julio de 2021 al asistir a la audiencia de conciliación demanda y excepciones del juicio laboral ********** del índice de la Junta Local de conciliación y Arbitraje con residencia en Celaya, Guanajuato el personal de dicho órgano me informó que no se había podido notificar al demandado por lo que me requirió de nuevo señalar un domicilio para ello en un término de tres días y bajo el apercibimiento que de no señalarlo comenzaría a correr en mi perjuicio el término relativo a la caducidad a que se refiere el artículo 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante esta quejosa haberle dado a conocer tanto en el escrito inicial de demanda, como en una promoción diversa e incluso con documentales emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los únicos domicilios que conozco y que fueran los mismos en los que preste mis servicios subordinados. En ese sentido, lo señalado por el quejoso en el apartado del acto reclamado y en el capítulo de antecedentes, resulta ambiguo e impreciso y no se puede establecer con claridad cuál es el acto que en realidad reclama -debido a la inconsistencia de las fechas señaladas-, de lo que se concluye que la demanda se torna irregular por dicho aspecto, pues de estimarlo de otra manera podría generar diversos problemas como el informe no sea solicitado correctamente y que la sentencia que se llegara a emitir no tendría ejecución sobre la verdadera razón del amparo, lo que redundaría en perjuicio del promovente del amparo. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Precise con claridad el acto que reclama en el presente juicio de amparo, debiendo especificar la fecha de su emisión. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la promovente es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Amén, de que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo artículo 12 de la Ley de Amparo a Baltazar León Ortega y Víctor Hugo Rodríguez Días, al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, de conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y otra; con apoyo en el artículo 2, fracción VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 588/2021-VI. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, la irregularidad advertida por este Juzgado, emerge de lo dispuesto en la fracción IV del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108, fracción IV, de la ley de la materia que disponen: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Del precepto transcrito se desprende la insoslayable obligación que tiene la parte quejosa de indicar con precisión cuál es el acto de autoridad que reclama y haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Al respecto, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia implica que el agraviado indique en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a) Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b) Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c) La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro 287445, en el Semanario Judicial de la Federación electrónico, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." En ese sentido, resulta importante establecer que en el caso concreto la parte quejosa en el capítulo de acto reclamado, indica como tales los siguientes: 1.- La emisión y suscripción del Acuerdo de fecha 07 de julio del 2020 que obra dentro de los autos del juicio laboral de origen ****************, mediante el cual se omite realizar las diligencias necesarias para investigar el domicilio para notificar al patrón demandado dentro del citado juicio del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Celaya, Guanajuato omitiendo de esta manera atender lo dispuesto en el artículo 712, 782 y 783 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante esta quejosa haberle dado a conocer tanto en el escrito inicial de demanda, como en una promoción diversa e incluso con documentos emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los únicos domicilios que conozco y que fueran los mismos en los que preste mis servicios subordinados. 2.- La emisión y suscripción del Acuerdo de fecha 07 de julio del 2020 que obra dentro de los autos del juicio laboral de origen **************, mediante el cual se le obliga a esta quejosa a señalar un domicilio del patrón, con él apercibimiento que no hacerlo así comenzaría a correr en mi perjuicio el termino relativo a la caducidad a que se refiere el artículo 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo, omitiendo de esta manera atender lo dispuesto en los artículos 712, 782 y 783 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante esta quejosa haberle dado a conocer tanto en el escrito inicial de demanda, como en una promoción diversa e incluso con documentales emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los únicos domicilios que conozco y que fueran los mismos en los que preste mis servicios subordinados Sin embargo, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, específicamente del capítulo que señaló como "ANTECEDENTES", la quejosa hace los siguientes señalamientos: PRIMERO. En fecha 20 de noviembre de 2020 presenté demanda laboral en la oficialía de partes de la autoridad responsable en contra de la hoy tercera interesada, reclamando diversas prestaciones derivadas del despido injustificado del que fui objeto, dicha demanda fue radicada bajo el No de Expediente ********** del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Celaya, Guanajuato. SEGUNDO. En fecha 23 de noviembre de 2020, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Celaya, Guanajuato, me requirió la presentación de dos juegos de copias del escrito inicial de demanda para efecto de llevar a cabo el emplazamiento. TERCERO. En fecha 03 de diciembre de 2020 di cabal cumplimiento al requerimiento formulado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Celaya, Guanajuato. CUARTO. En fecha 24 de marzo de 2021 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Celaya, Guanajuato, me requirió mediante estrados para señalar el ultimo domicilio en donde hubiera prestado mis servicios. QUINTO. En fecha 05 de abril de 2021 di cumplimiento a dicho requerimiento señalando como el último lugar en donde preste mis servicios el ubicado en calle Quinta Julietas número 211 de la colonia Real de Arboleda en el municipio de Celaya, Guanajuato, mismo domicilio que coincide con el registrado ante la autoridad en materia de seguridad social correspondiente, según consta en la Cédula de determinación de cuotas de fecha 14 de agosto de 2020 emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social que se anexó a mi escrito en cumplimiento. Asimismo, solicite a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Celaya, Guanajuato, con fundamento en el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, en caso de que ************ ya no tuviera su domicilio en el lugar señalado, girara oficios a las dependencias que considerara pertinentes, para localizar el nuevo domicilio del demandado y una vez obtenida la información necesaria, se realice el emplazamiento. SEXTO. En fecha 07 de julio de 2021 al asistir a la audiencia de conciliación demanda y excepciones del juicio laboral ********** del índice de la Junta Local de conciliación y Arbitraje con residencia en Celaya, Guanajuato el personal de dicho órgano me informó que no se había podido notificar al demandado por lo que me requirió de nuevo señalar un domicilio para ello en un término de tres días y bajo el apercibimiento que de no señalarlo comenzaría a correr en mi perjuicio el término relativo a la caducidad a que se refiere el artículo 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante esta quejosa haberle dado a conocer tanto en el escrito inicial de demanda, como en una promoción diversa e incluso con documentales emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los únicos domicilios que conozco y que fueran los mismos en los que preste mis servicios subordinados. En ese sentido, lo señalado por el quejoso en el apartado del acto reclamado y en el capítulo de antecedentes, resulta ambiguo e impreciso y no se puede establecer con claridad cuál es el acto que en realidad reclama -debido a la inconsistencia de las fechas señaladas-, de lo que se concluye que la demanda se torna irregular por dicho aspecto, pues de estimarlo de otra manera podría generar diversos problemas como el informe no sea solicitado correctamente y que la sentencia que se llegara a emitir no tendría ejecución sobre la verdadera razón del amparo, lo que redundaría en perjuicio del promovente del amparo. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Precise con claridad el acto que reclama en el presente juicio de amparo, debiendo especificar la fecha de su emisión. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la promovente es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Amén, de que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo artículo 12 de la Ley de Amparo a Baltazar León Ortega y Víctor Hugo Rodríguez Días, al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, de conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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