IGNACIO DIAZ REYES y Otros.

Expediente 473/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
473/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • IGNACIO DIAZ REYES y Otros.
  • Ignacio Diaz Reyes
  • Director de Conseciones de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de abril de dos mil veintiuno. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese.

  2. Incidental

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 457/2020, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los artículos 6, 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor el veintiséis de marzo siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, deberá realizarse su depuración en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo invocado, posteriormente, transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por la responsable sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable, Director de Concesiones de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, realizara lo siguiente: "Deje insubsistente el oficio número"...... de dos de septiembre de dos mil veinte, y emita otro en el que siguiendo los lineamientos indicados en esta sentencia de respuesta a las solicitudes del quejoso de cinco de diciembre de dos mil dieciocho y dos de enero de dos mil diecinueve, de manera fundada y motivada." Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable mediante oficio "...... , adjuntó el memorándum "...... signado por el Jefe del Departamento de Concesiones, mediante el cual anexó copias certificadas del acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, emitido en el expediente "..... , en el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, dejó insubsistente el oficio número "....... de dos de septiembre de dos mil veinte, y emitió otro, en el que otorgó respuesta a los escritos de solicitud de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, y dos de enero de dos mil diecinueve, suscritos por el aquí quejoso, por los que manifestó su pretensión de adherirse al ACUERDO ADMINISTRATIVO, por el que se establece el procedimiento para la sustitución de permisos para la prestación del servicio de transporte público por títulos de concesión, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que dejó insubsistente el oficio número SEMOVI/DC/187/2020 de dos de septiembre de dos mil veinte, y emitió un acuerdo el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en el que siguiendo los lineamientos indicados en la sentencia, dio respuesta a las solicitudes del quejoso de cinco de diciembre de dos mil dieciocho y dos de enero de dos mil diecinueve, de manera fundada y motivada, esto es, respecto del primer escrito, señaló que el quejoso solicitó su permiso amparado bajo el Acuerdo P1702, que le fue expedido el seis de agosto de dos mil nueve, y cuya fecha de vencimiento recayó el seis de agosto de dos mil diez, fuera sustituido administrativamente por un título de concesión a su nombre, acompañando la documentación atinente para la procedencia de su pretensión, en la misma modalidad y en el mismo municipio, manifestando su aceptación tácita y voluntaria de la resolución que conforme a derecho recayera a su petición; en el caso concreto, el quejoso exhibió las documentales a que hace alusión en el acuerdo citado, por lo que una vez analizadas las documentales presentadas por el quejoso ante esa autoridad, se estableció que del estudio del expediente administrativo formado a nombre del aquí quejoso, así como de las constancias descritas en dicho acuerdo, es improcedente la solicitud del quejoso "...... bajo los siguientes argumentos: Imagen escaneada En ese tenor, como se puede advertir del texto inserto, la autoridad responsable, determinó improcedente los trámites solicitados por el ahora quejoso, en su carácter de permisionario del servicio público de transporte en la modalidad de taxi, perteneciente a la localidad de colonia Guillermo González Guardado del municipio de Villa de Zaachila, distrito de Zaachila, por los motivos y fundamentos expresados en los considerandos antes reseñados. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno Finalmente, por lo que hace a las diversas manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en escrito acordado el diecinueve de febrero actual, en el sentido de que resulta ilegal la contestación que le dio la autoridad responsable a sus peticiones, por no tener justificación legal alguna, pues se le deja en completo estado de indefensión en virtud de que no se le permitió en todo caso regularizar los requisitos que le son necesarios a fin de obtener el cambio de permisionario a concesionario ni su cambio de vehículo para seguir prestando el servicio de taxi y al efecto anexo copia certificada de refrendos y pago de derechos; dígasele que podrá hacer valer sus derechos por la vía legal correspondiente, ya que las manifestaciones que vierte de tomarse en cuenta excederían el efecto del fallo concesorio; por tanto, deberá estarse a lo acordado en líneas que anteceden. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por la responsable sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable, Director de Concesiones de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, realizara lo siguiente: "Deje insubsistente el oficio número"...... de dos de septiembre de dos mil veinte, y emita otro en el que siguiendo los lineamientos indicados en esta sentencia de respuesta a las solicitudes del quejoso de cinco de diciembre de dos mil dieciocho y dos de enero de dos mil diecinueve, de manera fundada y motivada." Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable mediante oficio "...... , adjuntó el memorándum "...... signado por el Jefe del Departamento de Concesiones, mediante el cual anexó copias certificadas del acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, emitido en el expediente "..... , en el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, dejó insubsistente el oficio número "....... de dos de septiembre de dos mil veinte, y emitió otro, en el que otorgó respuesta a los escritos de solicitud de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, y dos de enero de dos mil diecinueve, suscritos por el aquí quejoso, por los que manifestó su pretensión de adherirse al ACUERDO ADMINISTRATIVO, por el que se establece el procedimiento para la sustitución de permisos para la prestación del servicio de transporte público por títulos de concesión, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que dejó insubsistente el oficio número SEMOVI/DC/187/2020 de dos de septiembre de dos mil veinte, y emitió un acuerdo el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en el que siguiendo los lineamientos indicados en la sentencia, dio respuesta a las solicitudes del quejoso de cinco de diciembre de dos mil dieciocho y dos de enero de dos mil diecinueve, de manera fundada y motivada, esto es, respecto del primer escrito, señaló que el quejoso solicitó su permiso amparado bajo el Acuerdo P1702, que le fue expedido el seis de agosto de dos mil nueve, y cuya fecha de vencimiento recayó el seis de agosto de dos mil diez, fuera sustituido administrativamente por un título de concesión a su nombre, acompañando la documentación atinente para la procedencia de su pretensión, en la misma modalidad y en el mismo municipio, manifestando su aceptación tácita y voluntaria de la resolución que conforme a derecho recayera a su petición; en el caso concreto, el quejoso exhibió las documentales a que hace alusión en el acuerdo citado, por lo que una vez analizadas las documentales presentadas por el quejoso ante esa autoridad, se estableció que del estudio del expediente administrativo formado a nombre del aquí quejoso, así como de las constancias descritas en dicho acuerdo, es improcedente la solicitud del quejoso "...... bajo los siguientes argumentos: Imagen escaneada En ese tenor, como se puede advertir del texto inserto, la autoridad responsable, determinó improcedente los trámites solicitados por el ahora quejoso, en su carácter de permisionario del servicio público de transporte en la modalidad de taxi, perteneciente a la localidad de colonia Guillermo González Guardado del municipio de Villa de Zaachila, distrito de Zaachila, por los motivos y fundamentos expresados en los considerandos antes reseñados. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno Finalmente, por lo que hace a las diversas manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en escrito acordado el diecinueve de febrero actual, en el sentido de que resulta ilegal la contestación que le dio la autoridad responsable a sus peticiones, por no tener justificación legal alguna, pues se le deja en completo estado de indefensión en virtud de que no se le permitió en todo caso regularizar los requisitos que le son necesarios a fin de obtener el cambio de permisionario a concesionario ni su cambio de vehículo para seguir prestando el servicio de taxi y al efecto anexo copia certificada de refrendos y pago de derechos; dígasele que podrá hacer valer sus derechos por la vía legal correspondiente, ya que las manifestaciones que vierte de tomarse en cuenta excederían el efecto del fallo concesorio; por tanto, deberá estarse a lo acordado en líneas que anteceden. 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