Ignacio Diaz Hernández

Expediente 1090/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1090/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
22/01/2018

Partes del expediente

  • Ignacio Diaz Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    El veintidós de enero de dos mil dieciocho, el licenciado Juan García Trejo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del quince al diecinueve del mes y año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de diez del mismo mes y año, dentro del juicio de amparo 1090/2017. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto de diez del mes y año en curso, a través del cual se desechó la demanda de garantías promovida por Ignacio Díaz Hernández; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2°, de la ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe. Ajc.

  2. Principal

    CUENTA. El diez enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con un escrito registrado con el folio 329 y seis copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de enero de dos mil dieciocho. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Ignacio Díaz Hernández, por el que da cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de veintidós de diciembre del año próximo pasado. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: De la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, reclama: Resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación civil 483/2017, que confirmó la diversa de treinta de junio de ese mismo año, dictada por el juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones deducido del expediente 179/2015 relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Rodrigo Díaz Carrera denunciado por Gisela Berenice Muñetón Márquez. Del juez primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, reclama: Seguimiento del juicio sucesorio a bienes de Rodrigo Díaz Carrera denunciado por Gisela Berenice Muñetón Márquez. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la ley de la materia, el primero textualmente dispone: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.).". Del precepto legal antes transcrito, se colige que cuando se reclamen actos dentro de un juicio, el amparo indirecto será procedente a condición de que tales actos, tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación y que dichos actos son aquellos que afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución o en Tratados Internacionales. Así, en diversas ejecutorias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha definido que los actos de imposible reparación, son aquellos que de una manera inmediata, lesionan el interés de una de las partes en el juicio y que tal afectación perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no es posible repararlos en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos, como sería por ejemplo: el embargo trabado en bienes de la parte quejosa, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera. A mayor abundamiento, es pertinente exponer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversas ejecutorias, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esta afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata y que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el que resulta afectado, obtiene sentencia a su favor. Ahora bien, del análisis que se realiza de la demanda de amparo, se tiene que el quejoso comparece a la presente instancia constitucional en su calidad de parte en el expediente 179/2015 relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Rodrigo Díaz Carrera, radicado ante el juzgado primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas y reclama la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación civil 483/2017, que confirmó la diversa de treinta de junio de ese mismo año, dictada por el citado juez, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones deducido del indicado juicio de origen. Asimismo, de la cédula de notificación de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, que adjunta el propio promovente, se colige que la interlocutoria reclamada no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en razón que el ahora promovente interpuso incidente de nulidad de actuaciones en el expediente 179/2015 relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Rodrigo Díaz Carrera, previo a la celebración de la junta de reconocimiento de herederos y designación de albacea; es decir, antes de que se emita el fallo definitivo con el cual concluya la primera de las secciones que integran el referido juicio sucesorio. Por tanto, si no se ha pronunciado la resolución que ponga fin a la sección de reconocimiento de herederos, los efectos que trae consigo no pueden considerarse actos dentro de juicio que tengan sobre la parte quejosa una afectación a sus derechos sustantivos y que deban de considerarse de imposible reparación, en términos de la premisa expuesta, porque solamente afectan derechos adjetivos o procesales, siendo hasta que se pronuncie el fallo con el que concluya etapa de reconocimiento de herederos, cuando se pudiera actualizar tal perjuicio, ya que puede suceder que dicho fallo le sea favorable a sus intereses y, en caso contrario, indefectiblemente podrá hacerlo valer como una violación procesal en diverso amparo indirecto que promueva en su contra. En efecto, el numeral 107 constitucional establece como regla general que tratándose de amparo directo, éste sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso; o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de la ley aplicable cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa; hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio o después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en un diverso amparo indirecto. De ahí que la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, que confirma la diversa interlocutoria que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el ahora quejoso en el expediente 179/2015 relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Rodrigo Díaz Carrera, denunciado por Gisela Berenice Muñetón Márquez, no constituye un acto que le cause un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, que de facto deba ser atendido en esta vía constitucional. Ello, en tanto que existe la posibilidad que el fallo definitivo con el cual se concluya la sección de reconocimiento de herederos del juicio sucesorio de donde emana el acto reclamado, no sea favorable a sus intereses puede hacerlo valer como una violación procesal en diverso amparo indirecto que promueva en contra dicho fallo, siendo precisamente ahí en donde podrá determinarse si el acto ahora reclamado y sus consecuencias causan o no perjuicio a los intereses del hoy quejoso, en términos del dispositivo 172 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por identidad de razones la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo. Bajo esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en los artículos el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ignacio Díaz Hernández. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. *Rosy.

  3. Principal

    En ocho de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con un oficio registrado con el folio 220, con anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de enero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por la secretaria encargada de la guardia del despacho de lo urgente del juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, por el que devuelve debidamente diligenciado el despacho con número de orden 1087/2017 y origen 496/2017, en el que se le encomendó notificar personalmente a la parte quejosa el auto de veintidós de diciembre pasado, lo anterior, en términos del acta asentada por la autoridad oficiante el cuatro del mes y año en curso. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy

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