Ignacio Delgado González

Expediente 1074/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1074/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
22/05/2018

Partes del expediente

  • Ignacio Delgado González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta, provenientes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1074/2017 y un anexo, asimismo remite testimonio de la resolución dictada en el toca R.P. 81/2018; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, agréguense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes, e infórmese a las partes que el órgano revisor resolvió: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a IGNACIO DELGADO GONZÁLEZ, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable que ha quedado precisado en el último considerando de la presente ejecutoria". En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse dentro de la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Ahora bien, toda vez que no es necesaria la retención del anexo remitido por el juez responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva. Finalmente, respecto al cuaderno de antecedentes, previa certificación que se realice, procédase a su destrucción.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, del que se advierte que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, acusa recibo del oficio 8123 de veinte del mes en curso, e informa a este órgano de control constitucional que admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, quedando registrado con el orden R.P. 81/2018.

  3. Principal

    Ciudad de México, a trece de marzo de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta, signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; al respecto, agréguese copia de dicho ocurso al expediente y con fundamento en el artículo 89, de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios y dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al que se encuentre integrado el expediente remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, el original del escrito de agravios y los presentes autos, para la sustanciación del recurso de referencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese cuaderno de antecedentes. No obstante que no se exhibe copias suficientes del escrito de agravios de cuenta, obténganse las necesarias para correr traslado a todas las partes, pues el acto reclamado afecta la libertad personal del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 203, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre 2004, que establece: "RECURSO DE REVISIÓN. DEBE TENERSE POR INTERPUESTO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, AUN ANTE LA FALTA DE EXHIBICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS COPIAS DEL ESCRITO DE AGRAVIOS, CUANDO EL RECURRENTE ES EL QUEJOSO, DEFENSOR O AUTORIZADO Y EL ACTO RECLAMADO IMPLICA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL".

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1074/2017, promovido por Ignacio Delgado González, contra acto del Juez Cuadragésimo Primero Penal de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remitido por razón de turno a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta resolución. II. El solicitante del amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El diecinueve siguiente se admitió a trámite la demanda, registrada con el orden 1074/2017; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita al juzgado responsable; finalmente, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este órgano jurisdiccional, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que el acto reclamado consiste en la resolución de veintitrés de noviembre pasado, emitida por el Juez Cuadragésimo Primero Penal de esta ciudad, en la causa penal 350/2005, en que determinó que no es procedente la petición del quejoso en el sentido de que se haga una nueva valoración de la pena de prisión impuesta sin tomar en consideración su estudio de personalidad. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó el juez responsable al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con la documental que adjuntó a su informe de ley, consistente en copia certificada de diversas constancias relativas a la causa indicada, en las que consta la resolución reclamada; documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 129, en vinculación con los diversos 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgado advierte de oficio que se actualice alguna, procede analizar los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Para sustentar el sentido de esta resolución, se considera conveniente hacer una breve reseña de los antecedentes del asunto, consistentes en que: 1. El veintitrés de marzo de dos mil seis se condenó al quejoso a la pena de veintisiete años seis meses de prisión, por la comisión del ilícito de homicidio calificado; contra esa determinación se interpuso recurso de apelación del que conoció la Tercera Sala Penal de esta ciudad, la que cuatro de agosto de ese año, al resolver el toca 635/2006, modificó dicha resolución sólo respecto de la reparación del daño proveniente de la comisión del delito señalado, dejando subsistente la pena de prisión impuesta. 2. Contra esta última resolución el quejoso promovió amparo directo, el cual fue radicado en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, con el número D.P. 358/2014, en el que se concedió el amparo y protección solicitados, para el efecto de que la sala indicada fundara y motivara la determinación respecto de la indemnización por muerte como concepto de reparación del daño moral; en atención a lo anterior, el tres de diciembre de dos mil catorce, la sala en cita emitió una nueva resolución en la que dejó insubsistente la determinación impugnada, atendió los efectos de dicha concesión y dejó subsistente la pena impuesta al amparista. 3. Inconforme con esta última determinación, el quejoso promovió juicio de amparo del que conoció el tribunal colegiado mencionado, el que al resolver el expediente D.P. 13/2015, negó el amparo y protección solicitados. 4. El quince de enero de dos mil dieciséis, el juez responsable declaró infundado el incidente planteado por el amparista en que solicitó la reindividualización de la pena sin tomar en cuenta el estudio de personalidad; contra dicha determinación interpuso recurso de revocación, el que el diecinueve siguiente se declaró infundado. 5. El veintitrés de noviembre pasado, el juez responsable resolvió de plano el incidente planteado por el quejoso en el sentido de que no es procedente acordar de conformidad su petición de que se realice una nueva valoración de la pena de prisión impuesta, en virtud de que se tomó en consideración su estudio de personalidad. Siendo esta última resolución la que constituye el acto que por esta vía se reclama. Ahora bien, de la lectura integral del acto reclamado se advierte que, contrario a lo que afirma el quejoso en sus conceptos de violación, está adecuadamente fundado y motivado, porque el juez responsable expuso las razones particulares que tuvo para arribar a la conclusión a la cual llegó, pues explicó los motivos por los que determinó que no es procedente la petición del amparista en el sentido de que se realice una nueva valoración de la pena de prisión impuesta, en virtud de que se tomó en consideración su estudio de personalidad, con lo cual adecuó la litis sujeta a su potestad con la hipótesis normativa que estimó aplicable, ajustando su decisión a las exigencias establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ello es así, ya que el juez responsable señaló que no es procedente acordar favorable la petición del quejoso porque mediante resolución de quince de enero de dos mil dieciséis se declaró infundado el incidente en que solicitó la reindividualización de la pena sin tomar en cuenta su estudio de personalidad, ya que la sala indicada al resolver el recurso de apelación hecho valer contra la sentencia de primera instancia dejó insubsistente la parte del fallo en que se tomó en consideración dicho estudio; además de que en caso de analizarse nuevamente esa cuestión contravendría el principio de cosa juzgada. Por tanto, si el motivo toral por el que el juez responsable determinó que no es procedente la petición del quejoso, es porque lo resuelto en la causa de origen tiene el carácter de cosa juzgada, el cual constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, inconcuso es que fue correcta la conclusión a la que arribó. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de justicia del país, localizable en la página 1482 del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Constitucional 3, Derechos Fundamentales Primera Parte -SCJN Décima Séptima Sección- Acceso a la justicia, con el rubro: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Ello es así, porque la penalidad impuesta al justiciable en la causa de origen ya fue materia de análisis, por lo que ello no puede ser materia de estudio una vez más. A lo anterior se aplica, en lo conducente y similitud jurídica, la tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal de justicia, visible en la página 713, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, titulada: "COSA JUZGADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN. LA INCORPORACIÓN DEL LLAMADO 'NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL' NO IMPLICA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDA REVISAR TEMAS DE LEGALIDAD RESUELTOS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN UNA SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO ANTERIOR". De igual forma, es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia de dicha sala, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena Época, página 60, intitulada: "COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO)". Además, como de forma correcta lo indicó el juez responsable, de la lectura de la resolución de tres de diciembre de dos mil catorce, dictada en el toca 635/2006, en que se dejó subsistente la pena de prisión impuesta al quejoso, se advierte que la sala mencionada determinó que no debía tomarse en consideración el estudio de personalidad para individualizar su sanción. Amén de que incluso en el supuesto de que se hubiese considerado tal estudio, en la especie no es admisible aplicar el criterio en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 72 del código sustantivo de la materia a una situación que tiene el carácter de cosa juzgada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia publicada en la página 1631, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo III, Materia Común, de contenido siguiente: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE COSA JUZGADA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA, ES INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 20/2014 (10a.) DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PARA REINDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN, SI YA EXISTE SENTENCIA EJECUTORIA. Cuando el quejoso pretende la reindividualización de las sanciones que le fueron impuestas en una sentencia ejecutoria, con sustento en que se deje de considerar el dictamen pericial para conocer su personalidad, con fundamento en la jurisprudencia 1a./J. 20/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de marzo de 2014 a las 9:53 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 376, de aplicación obligatoria a partir del martes 18 de marzo de 2014, de título y subtítulo: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR NO DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 175/2007].", el juzgador no puede atender la petición relativa, ya que transgrediría el binomio fundamental de cosa juzgada y de seguridad jurídica, que es de orden público, de estudio oficioso y de aplicación general con efectos erga omnes -para los sentenciados, víctimas, ofendidos, terceros interesados o extraños al juicio, así como para todas las autoridades-, los cuales no pueden ser superados o inobservados por el diverso axioma de interpretación más favorable a la persona". Consecuentemente, son infundados los conceptos de violación en que afirma el quejoso que el supuesto analizado, es una excepción a la cosa juzgada porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio en que declaró la inconstitucionalidad de un precepto que incide en su libertad personal como lo es la pena que le fue impuesta, por lo que considera que en la especie debe aplicarse de manera retroactiva dicho criterio; ello es así, pues como se indicó en la jurisprudencia transcrita, conforme a los principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica, es inaplicable el criterio que alude el quejoso, para reindividualizar la sanción, si ya existe sentencia ejecutoria, como en el caso acontece. De igual modo, es infundado el concepto de violación que hace valer el quejoso, en el sentido de que la autoridad responsable no observó el principio pro homine que prevé el artículo 1° constitucional, que obliga a interpretar y a aplicar los derechos en la protección más amplia del ser humano, ya que contrario a lo que refiere, la autoridad responsable realizó una interpretación correcta de los preceptos en que fundó su determinación, sin que sea procedente darle la interpretación que refiere el quejoso, por los motivos indicados en párrafos que anteceden. Finalmente, no se soslaya que el quince de enero de dos mil dieciséis, el juez responsable declaró infundado el incidente planteado por el amparista en que solicitó la reindividualización de la pena sin tomar en cuenta el estudio de personalidad, determinación contra la que el quejoso interpuso recurso de revocación, el cual se declaró infundado el diecinueve siguiente, resolución esta última contra la que no se inconformó, lo que podría llevar a considerar que consintió tal determinación; sin embargo, el acto que por esta vía se reclama obedece a una nueva petición realizada por aquél. En esas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, lo que procede es negar a Ignacio Delgado González el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado contra el acto reclamado consistente en la resolución de veintitrés de noviembre pasado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ignacio Delgado González, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de veintitrés de noviembre pasado, emitida por el Juez Cuadragésimo Primero Penal de esta ciudad, en la causa penal 350/2005, en que determinó que no es procedente la petición del quejoso en el sentido de que se haga una nueva valoración de la pena de prisión impuesta sin tomar en consideración su estudio de personalidad.

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