Ignacio del Ángel Vargas
Expediente 432/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/07/2019
Partes del expediente
- Ignacio del Ángel Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
V...Se declara que dicho auto ha causado estado, se ordena su archivo...
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Heroica Matamoros, Tamaulipas, seis de junio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; asimismo, con fundamento en el dispositivo 119 de la ley de la materia, dada su propia y especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales allegadas por primera de las citadas autoridades; sin embargo, resulta innecesario poner lo anterior a la vista de las partes por las consideraciones que enseguida se expondrán. De conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de garantías se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente al acto reclamado por el quejoso Guadalupe María de Jesús Ramírez Silguero, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y ." Dicha causa de improcedencia cobra vida jurídica, cuando el acto reclamado dentro de una contienda constitucional como la que nos ocupa, ya no pueda surtir efecto legal o materia alguna, por la simple razón de haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, que a diferencia de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, no requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la causal que se analizará, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. En el caso, lo que reclama el agraviado a través del juicio constitucional que nos ocupa es la negativa por parte de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es el retardo en la impartición de justicia al no desahogar las pruebas admitidas dentro del expediente administrativo laboral 60/E06/2017. Empero, de las documentales que ahora remite la responsable se desprende que el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por elevado a la categoría de laudo el convenio celebrado por al actor aquí quejoso y el ahora tercero interesado Polytech Netting Industries de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada y otros, además por desistido al agraviado de la demanda y acciones intentadas en su escrito inicial de demanda que fue radicado con el expediente administrativo laboral 60/E06/2017 y ordenó el archivo del mismo. Por ende, aún y cuando pudiera decirse que subsiste el acto reclamado de la autoridad señalada como responsable, lo cierto es que el mismo ya no surte efecto legal o material alguno en la persona del aquí quejoso, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, pues los actos reprochados atribuidos a la responsable era de aquéllos que solamente le afectaba mientras se encontraba el trámite el expediente de origen, resultando inconcuso analizar si el mismo es inconstitucional, porque jurídicamente se tornaría imposible restituir al agraviado en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria si, en el caso, se tiene constancia de que en el expediente administrativo laboral 60/E06/2017 ya se llegó a un convenio, el cual se elevó a la categoría de laudo y se ordenó el archivo del mismo. Luego entonces, se sostiene que se actualiza en el presente caso, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor; y toda vez que la misma debe de analizarse de oficio, conforme lo dispuesto en el arábigo 62 de la legislación de la materia; con apoyo en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento de este juicio de garantías promovido por Ignacio del Ángel Vargas, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo: XXIV, Diciembre de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por todo lo anterior, se deja sin efectos el desahogo de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con quince minutos del diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
V. De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte tercero interesado Polytech Netting Industries de México, S.A. de C.V., por conducto de quien legalmente lo represente, el proveído de seis de junio de dos mil diecinueve, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
V...Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la intervención ministerial 248/2019, signada por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a través de la cual formula alegatos de su intención en relación al presente asunto; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda, lo cual de ser procedente, será tomado en consideración al momento de pronunciarse la resolución respectiva en este asunto; asimismo, como lo solicita, una vez que se dicte dicho fallo, expídasele copia certificada del mismo, previa razón de recibo que se deje en autos para constancia. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos de lo dispuesto por el numeral 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
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