Ignacio de los Santos Matías

Expediente 1096/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1096/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
27/12/2021

Partes del expediente

  • Ignacio de los Santos Matías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Villahermosa, Tabasco, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la . En las relatadas condiciones, la suscrita estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, por las siguientes consideraciones: La Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tabasco, remitió el oficio SP/885/2020 de veintiocho de abril de dos mil veinte, signado por el Jefe de Departamento de Pensiones de dicha entidad, dirigido al quejoso Ignacio de los Santos Matías, en el que manifestó dar contestación a su derecho de petición de trece de enero de dos mil veinte. Y en efecto, en dicho oficio la responsable expone a la parte quejosa una tabla de incrementos correspondiente a la cuota original de pensión respecto a los últimos cinco años anteriores a su derecho de petición, la que refleja el sueldo total, los porcentajes aplicados y su incremento porcentual de aumento relativo, así como la explicación aritmética de las cantidades vertidas en dicha tabla. Asimismo, describe una tabla de pensión pagada, que contiene los periodos en los cuales se otorgaron los incrementos de pensión, los sueldos, incrementos, cuota diaria incrementada, percepción por periodo aguinaldo y percepción neta, así como la explicación aritmética de los resultados contenidos en dicha tabla. De igual forma, mediante cedula de notificación por comparecencia, la notificadora adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tabasco, asentó que compareció en el local que ocupa dicha dependencia Antonio González Velázquez, en representación de Ignacio de los Santos Matías y procedió a notificar personalmente el SP/885/2020 de veintiocho de abril de dos mil veinte, firmando al calce de conformidad. De lo anterior, se desprende que el oficio SP/885/2020 y la cedula de notificación, satisface los efectos con los cuales fue concedida la sentencia dictada en el presente asunto y resulta congruente con lo peticionado por la parte quejosa el trece de enero de dos mil veinte, toda vez que de manera congruente, fundada y motivada, detalla de manera aritmética y por fecha los incrementos respecto de los últimos cinco años anteriores a su derecho de petición, así como la pensión ya pagada, así como notifica lo anterior a la parte demandada. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales o en copia certificada que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con las constancias que sean susceptibles de destrucción. Empero, para la devolución de las documentales aludidas la parte interesa, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la devolución de los documentos que peticiona, por lo que deberá agendar de nueva cita. Ahora, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación y cuenta que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de dieciséis de diciembre del presente año, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar los siguientes antecedentes: 1. Por sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Ignacio de los Santos Matías, para los efectos siguientes: SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que el Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tabasco, Delegación Estatal Tabasco: Dé contestación inmediata de forma coherente, integral, así como fundada y motivada a la solicitud presentada el trece de enero de dos mil veinte, formulada por el quejoso Ignacio de los Santos Macías, y que se transcribe a continuación. C. IGNACIO DE LOS SANTOS MATÍAS, por mi propio derecho en mi carácter de pensionado del ISSSTE con número de pensión 1491730 con fecha 01/01/16 señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Gladiola número 105 del fraccionamiento Real del Ángel de esta ciudad, y autorizado a los CC. Licenciados Rodolfo Gordillo Alvarado, Alberto Gil Gutiérrez, Germán Lorenzo Iduarte Méndez, Tixiana Laura Toledo Peral, Antonio González Velázquez, José Alejandro Córdova Pulido y Kristell Torres Figueroa, comparezco a solicitar: De conformidad con el artículo 8 de la CPEUM y 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, solicito se me indique: Se me indique de forma fundada y motivada los cálculos y operaciones aritméticas que fueron utilizadas para la determinación de la cuota pensionaria diaria, así como los conceptos que se me incluyeron y se ordene el pago de las diferencias a mi favor desde la fecha de su otorgamiento hasta la actualidad ello en razón de que no se han completado la totalidad de los conceptos en la integración y cálculo a mi cuota pensionaria. Los montos que he recibido mes con mes y año por concepto de pensión mensual. Los cálculos y porcentajes de incremento que se han aplicado a mi pensión, desde la fecha de su otorgamiento hasta la presente, toda vez que no se han realizado los incrementos correspondientes de acorde a la ley de la materia. Adicionalmente, se precise la ley que para tal efecto ha sido tomada en cuenta. Por lo antes expuesto: PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos descritos en este curso, ante esta autoridad, ejerciendo mi derecho de petición así como lo señalado domicilio y autorizando a los mencionados para oír y recibir todo tipo de citas y notificaciones". Hecho lo anterior, proceda a la notificación de su determinación, en el domicilio indicado en el citado escrito. Cabe señalar, que la presente concesión de amparo no implica la contestación de la solicitud formulada en sentido positivo o negativo, ya que el derecho fundamental contenido en el artículo 8 constitucional, impone a la autoridad responsable la obligación de emitir una respuesta en breve término, que debe ser congruente con lo solicitado, empero, no la vincula a que la contestación deba ser favorable o no a los intereses del peticionario de amparo." De lo transcrito se desprende que los efectos de la sentencia de amparo fueron para que la autoridad responsable acordara de manera impediente, coherente, fundada y motivada, a cada uno de los puntos de la petición formulada por la parte quejosa Ignacio de los Santos Macías, mediante solicitud de trece de enero de dos mil veinte. 2. Mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el veintiséis de noviembre del presente año, la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del oficio SP/885/2020 de veintiocho de abril de dos mil veinte y de la cedula de notificación por comparecencia de ocho de julio de dos mil veinte. Constancias a las que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 3. Por tanto, en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se reservó acordar respecto del oficio anterior, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio. 4. En razón de lo anterior, en proveído de dieciséis de diciembre de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y; en virtud de la reserva dictada en el auto de veintinueve de noviembre del presente año, se dio vista y corrió traslado a la parte quejosa con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestara lo que a su interés conviniere, sin que se haya pronunciado al respecto, no obstante haber sido legalmente notificada para ello. En las relatadas condiciones, la suscrita estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, por las siguientes consideraciones: La Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tabasco, remitió el oficio SP/885/2020 de veintiocho de abril de dos mil veinte, signado por el Jefe de Departamento de Pensiones de dicha entidad, dirigido al quejoso Ignacio de los Santos Matías, en el que manifestó dar contestación a su derecho de petición de trece de enero de dos mil veinte. Y en efecto, en dicho oficio la responsable expone a la parte quejosa una tabla de incrementos correspondiente a la cuota original de pensión respecto a los últimos cinco años anteriores a su derecho de petición, la que refleja el sueldo total, los porcentajes aplicados y su incremento porcentual de aumento relativo, así como la explicación aritmética de las cantidades vertidas en dicha tabla. Asimismo, describe una tabla de pensión pagada, que contiene los periodos en los cuales se otorgaron los incrementos de pensión, los sueldos, incrementos, cuota diaria incrementada, percepción por periodo aguinaldo y percepción neta, así como la explicación aritmética de los resultados contenidos en dicha tabla. De igual forma, mediante cedula de notificación por comparecencia, la notificadora adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tabasco, asentó que compareció en el local que ocupa dicha dependencia Antonio González Velázquez, en representación de Ignacio de los Santos Matías y procedió a notificar personalmente el SP/885/2020 de veintiocho de abril de dos mil veinte, firmando al calce de conformidad. De lo anterior, se desprende que el oficio SP/885/2020 y la cedula de notificación, satisface los efectos con los cuales fue concedida la sentencia dictada en el presente asunto y resulta congruente con lo peticionado por la parte quejosa el trece de enero de dos mil veinte, toda vez que de manera congruente, fundada y motivada, detalla de manera aritmética y por fecha los incrementos respecto de los últimos cinco años anteriores a su derecho de petición, así como la pensión ya pagada, así como notifica lo anterior a la parte demandada. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales o en copia certificada que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con las constancias que sean susceptibles de destrucción. Empero, para la devolución de las documentales aludidas la parte interesa, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la devolución de los documentos que peticiona, por lo que deberá agendar de nueva cita. Ahora, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Ignacio de los Santos Matías; por lo que con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REQUERIMIENTO A LA RESPONSABLE. En la sentencia de mérito se concedió el amparo y protección a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "Dé contestación inmediata de forma coherente, integral, así como fundada y motivada a la solicitud presentada el trece de enero de dos mil veinte, formulada por el quejoso Ignacio de los Santos Macías, y que se transcribe a continuación. "C. IGNACIO DE LOS SANTOS MATÍAS, por mi propio derecho en mi carácter de pensionado del ISSSTE con número de pensión 1491730 con fecha 01/01/16 señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Gladiola número 105 del fraccionamiento Real del Ángel de esta ciudad, y autorizado a los CC. Licenciados Rodolfo Gordillo Alvarado, Alberto Gil Gutiérrez, Germán Lorenzo Iduarte Méndez, Tixiana Laura Toledo Peral, Antonio González Velázquez, José Alejandro Córdova Pulido y Kristell Torres Figueroa, comparezco a solicitar: De conformidad con el artículo 8 de la CPEUM y 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, solicito se me indique: Se me indique de forma fundada y motivada los cálculos y operaciones aritméticas que fueron utilizadas para la determinación de la cuota pensionaria diaria, así como los conceptos que se me incluyeron y se ordene el pago de las diferencias a mi favor desde la fecha de su otorgamiento hasta la actualidad ello en razón de que no se han completado la totalidad de los conceptos en la integración y cálculo a mi cuota pensionaria. Los montos que he recibido mes con mes y año por concepto de pensión mensual. Los cálculos y porcentajes de incremento que se han aplicado a mi pensión, desde la fecha de su otorgamiento hasta la presente, toda vez que no se han realizado los incrementos correspondientes de acorde a la ley de la materia. Adicionalmente, se precise la ley que para tal efecto ha sido tomada en cuenta. Por lo antes expuesto: PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos descritos en este curso, ante esta autoridad, ejerciendo mi derecho de petición así como lo señalado domicilio y autorizando a los mencionados para oír y recibir todo tipo de citas y notificaciones". Hecho lo anterior, proceda a la notificación de su determinación, en el domicilio indicado en el citado escrito. Cabe señalar, que la presente concesión de amparo no implica la contestación de la solicitud formulada en sentido positivo o negativo, ya que el derecho fundamental contenido en el artículo 8 constitucional, impone a la autoridad responsable la obligación de emitir una respuesta en breve término, que debe ser congruente con lo solicitado, empero, no la vincula a que la contestación deba ser favorable o no a los intereses del peticionario de amparo. Ahora, de la certificación secretarial se advierte, que en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se reservó proveer respecto del oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tabasco (ISSSTE), residente en esta ciudad; por lo que al respecto, se acuerda: con el oficio SP/885/2020 de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, se tiene a la citada autoridad remitiendo copia certificada de la constancia de notificación de veintiocho de abril de dos mil veinte. Por lo tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que exprese lo que a su interés legal convenga respecto a la constancia remitida por la autoridad responsable; apercibiéndola que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo señalado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito o la imposibilidad jurídica en su caso, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la Junta responsable, de conformidad con la tesis 2ª./J.26/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1096/2021-3, promovido por Ignacio de los Santos Matías, contra los actos que reclama al Jefe de la Unidad de Atención Derechohabiente de la Delegación Estatal Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios del artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente hábil, Ignacio de los Santos Matías, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: A C T O S R E C L A M A D O S "La omisión de la autoridad responsable de emitir por escrito un acuerdo en breve término y congruente a lo peticionado en el escrito pacífico y respetuoso de 17 de octubre de 2019 y recibido por la autoridad responsable en fecha 13 de enero de 2020, así como la omisión de notificar a la suscrita dicho acuerdo" A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E "JEFE DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN DERECHOHABIENTE DE LA DELEGACIÓN ESTATAL TABASCO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El trece de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1096/2021-3; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de acordar el escrito de fecha 17 de octubre de dos mil diecinueve, signado por Ignacio de los Santos Matías, presentado ante la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, Subdelegación Tabasco el trece de enero de dos mil veinte y la notificación del mismo. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable Jefa de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social de la Delegación Estatal en Tabasco de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto de su apoderada legal, al rendir su informe justificado, manifestó que el acto reclamado no es cierto Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que de sus manifestaciones se desprende que el escrito presentado por la parte quejosa tiene el sello de recibido por el Jefe de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social de la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Documento que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna QUINTO. ESTUDIO DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, pues señala básicamente en sus conceptos de violación que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el derecho humano consagrado en el artículo 8o. constitucional, puesto que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo no había emitido respuesta a su petición formulada mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil veinte. Dicho motivo de inconformidad a juicio del que esto resuelve es substancialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa en términos de las consideraciones que a continuación se vierten. Para dilucidar lo anterior, resulta pertinente reproducir el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente dice: Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. El precepto transcrito establece los requisitos que deben de reunir las peticiones que los particulares realicen a las autoridades que, a saber, son: 1. Que se dirija por escrito, 2.- En forma pacífica; y, 3.- De manera respetuosa, lo que sólo implica que el particular se conduzca a la autoridad con toda atención y miramiento. Asimismo, el dispositivo constitucional prevé las obligaciones a cargo de las autoridades, al momento de dar contestación a las citadas peticiones, que básicamente consisten en 1.- Contestar por escrito, y 2.- Dar a conocer la respuesta al interesado en breve término. En esa tesitura, del precepto sometido a estudio, se establece como derecho fundamental el llamado "derecho de petición" que consiste en que todo gobernado puede dirigirse a las autoridades con la certeza de que recibirá una respuesta a la solicitud que formula. En realidad, el derecho de petición no se limita únicamente a la facultad de pedir algo a la autoridad, ya que el derecho público subjetivo que consagra aquel precepto constitucional, bien podría denominarse derecho de respuesta o más precisamente "derecho de recibir respuesta", pues la Constitución otorga la facultad de exigir jurídicamente que la autoridad responda a la petición que se le hace. El término petición no debe entenderse en un sentido gramatical restringido, como la acción para requerir la entrega de una cosa, sino en el más amplio de solicitar a alguien que haga algo o actúe de alguna forma. Es cierto que en determinados casos la petición puede consistir en la entrega de un objeto, pero en términos generales el derecho de petición se refiere al requerimiento que hace el gobernado para que la autoridad realice o deje de efectuar algún acto propio de la esfera de sus atribuciones. En contra de lo que ocurre en la mayoría de los derechos individuales, que imponen al Estado una obligación negativa o de abstención respecto de las actividades que puedan realizar los particulares, el derecho de petición supone una obligación positiva de parte de los órganos federales o estatales, que es precisamente la de contestar por escrito y en breve término al autor de la petición Sin embargo, debe precisarse que el derecho de petición obliga a las autoridades a responder las solicitudes que les hagan los gobernados; sin embargo, eso no implica que la autoridad a la que se haya formulado la petición, necesariamente, tenga que resolver en sentido afirmativo o favorablemente a los intereses del solicitante. El derecho de petición constriñe a las autoridades a dar una respuesta, pero no les impone la carga de hacerlo en determinado sentido. Dicho criterio ha sido puntualizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Tercera Parte, XX, Sexta Época, página 83, con registro 818267, que establece: "PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO". La riqueza del derecho de petición se manifiesta al constatar que sus diversas modalidades dan origen a las más variadas formas de relación institucional entre gobernantes y gobernados, y al crear las fórmulas para garantizar a los segundos la respuesta eficiente y expedita de parte de las autoridades del Estado a la formulación de sus requerimientos. El derecho de petición es el sustento de gran parte de las relaciones jurídicas entre gobernantes y gobernados; constituye el mecanismo por el cual los particulares realizan toda clase de trámites frente a las autoridades y ponen en movimiento a los órganos del Estado, sean estos judiciales, administrativos, e incluso, en algunos casos, legislativos En efecto, es importante destacar que para cumplir cabalmente con el texto del artículo 8 constitucional, que no admite más interpretación que la literal derivada de su simple lectura, se obtiene que es necesario: a) Que a la petición formulada en forma pacífica y respetuosa por un gobernado, recaiga una contestación por escrito, en la que precisamente se dé respuesta a lo solicitado, lo que implica que no basta un acuerdo en el que se den evasivas para respetar el derecho fundamental de mérito; y b) Que dicho acuerdo sea notificado al gobernado, en breve término. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con registro 162603, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 2167, del Tomo XXXIII, Marzo de 2011, de la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que reza: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS" En ese orden de ideas, para que en el juicio de amparo promovido por violación del derecho humano consagrado en el artículo 8º constitucional, se considere satisfecha la obligación de la autoridad debe acreditarse plenamente el dictado de la contestación correspondiente y que se haya hecho del conocimiento del peticionario en breve término. Sobre este tópico, es necesario destacar que el concepto de "breve término" ha ido evolucionando pues los criterios establecidos por distintos órganos colegiados han sido discrepantes al interpretar la Carta Magna en este aspecto, ya que unos sostuvieron que no era jurídicamente definirlo, en tanto que otros indicaron que debía considerarse de tres a cuatro meses a la fecha de la solicitud, y además, en diversas intelecciones se indicó que no era indispensable que transcurrieran esos lapsos para que se considerara que existía transgresión a la norma constitucional, lo que hace patente la falta de criterio uniforme. Al respecto el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sustentó la tesis consultable en la página 61 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 79 Sexta Parte, Séptima Época, con registro 254475, que establece: "PETICIÓN. BREVE TÉRMINO" Por su parte, el Cuarto Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 218148, sustentó la tesis visible en la página 318 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: X, Octubre de 1992, que prescribe: "DERECHO DE PETICIÓN. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR BREVE TÉRMINO Y CUÁL ES AQUÉL EN QUE LA AUTORIDAD DEBE DICTAR EL ACUERDO RESPECTIVO Y DARLO A CONOCER AL PETICIONARIO". Asimismo, el propio Tribunal emitió la diversa tesis localizable en la página 390 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XIII, Febrero de 1994, con registro 213551, que establece: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. De lo que se concluye que el concepto "breve término" debe ser entendido como el plazo racional y coherente con el que cuentan los órganos tanto del nivel federal como el estatal para pronunciarse sobre la petición del particular que se considere afectado por la falta de respuesta oportuna. Dicho de otra forma, se debe considerar como aquél en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición conforme las circunstancias particulares del caso concreto, o bien en las condiciones insertas por el legislador en caso de que se encuentre normado el actuar de la responsable, esto es, dentro del plazo fijado en la ley correspondiente, lo cual no acontece en la especie, por lo que, resulta ilegal la omisión de la responsable, ya que la contestación al escrito presentado debe ser sin demora. Apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con registro 2009511, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República, visible a página 2004, del Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, que reza: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD" En esas condiciones tenemos que, de acuerdo con las reglas de la carga de la prueba que rigen en el caso que nos ocupa, la autoridad responsable debió probar que de acuerdo al contenido del escrito presentado el trece de enero de dos mil veinte, de manera integral emitió la respuesta por escrito y la notificó. En este contexto, establecida la conducta que deben observar los particulares y forma de atención que deben respetar las autoridades respecto a las solicitudes que se les formulen, es procedente analizar su actuar de acuerdo a la documental que adjuntó la quejosa, consistente en la petición presentada el trece de enero de dos mil veinte, dirigido al Jefe de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tabasco. Documento de marras, el cual constituye prueba de lo que consigna en las condiciones valoradas previamente, se puede advertir que la parte quejosa formuló ante la responsable en su carácter de autoridad, una petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa, cumpliendo así con lo que dispone el artículo 8º constitucional. En esas condiciones, es posible concluir que la autoridad responsable, no ha dado contestación a la petición que le elevó la parte quejosa desde el trece de enero de dos mil veinte, en que fue presentado ante aquella dependencia, lo que pone de manifiesto que a la fecha ha transcurrido más de un año diez meses a la formulación de la solicitud; incumpliendo con su obligación constitucional de dar respuesta cabalmente y en tiempo razonable a la petición formulada por un gobernado e informárselo en breve término. Así las cosas, se debe tener por violatoria de derechos fundamentales la omisión de la autoridad responsable, en virtud de que, como se le imputa una transgresión al derecho de petición, al no dar respuesta en breve término a una solicitud que se le formuló por escrito en las condiciones reseñadas en párrafos precedentes, es indubitable que se vulneró lo que la norma preceptúa. Consecuentemente, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que la responsable no dio cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le imponen la obligación en breve término de dar respuesta de forma coherente, integral, así como fundada y motivada a los escritos y solicitudes que ante ella se presenten. Apoya lo anterior, la tesis aislada, con registro 229489, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 1031, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "PETICION. REQUISITOS QUE SE DEBEN ACREDITAR CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES AL DERECHO DE" Con motivo de las anteriores consideraciones y fundamentos, se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que el Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tabasco, Delegación Estatal Tabasco: Dé contestación inmediata de forma coherente, integral, así como fundada y motivada a la solicitud presentada el trece de enero de dos mil veinte, formulada por el quejoso Ignacio de los Santos Macías, y que se transcribe a continuación. "C. IGNACIO DE LOS SANTOS MATÍAS, por mi propio derecho en mi carácter de pensionado del ISSSTE con número de pensión 1491730 con fecha 01/01/16 señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Gladiola número 105 del fraccionamiento Real del Ángel de esta ciudad, y autorizado a los CC. Licenciados Rodolfo Gordillo Alvarado, Alberto Gil Gutiérrez, Germán Lorenzo Iduarte Méndez, Tixiana Laura Toledo Peral, Antonio González Velázquez, José Alejandro Córdova Pulido y Kristell Torres Figueroa, comparezco a solicitar: De conformidad con el artículo 8 de la CPEUM y 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, solicito se me indique: Se me indique de forma fundada y motivada los cálculos y operaciones aritméticas que fueron utilizadas para la determinación de la cuota pensionaria diaria, así como los conceptos que se me incluyeron y se ordene el pago de las diferencias a mi favor desde la fecha de su otorgamiento hasta la actualidad ello en razón de que no se han completado la totalidad de los conceptos en la integración y cálculo a mi cuota pensionaria. Los montos que he recibido mes con mes y año por concepto de pensión mensual. Los cálculos y porcentajes de incremento que se han aplicado a mi pensión, desde la fecha de su otorgamiento hasta la presente, toda vez que no se han realizado los incrementos correspondientes de acorde a la ley de la materia. Adicionalmente, se precise la ley que para tal efecto ha sido tomada en cuenta. Por lo antes expuesto: PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos descritos en este curso, ante esta autoridad, ejerciendo mi derecho de petición así como lo señalado domicilio y autorizando a los mencionados para oír y recibir todo tipo de citas y notificaciones" Hecho lo anterior, proceda a la notificación de su determinación, en el domicilio indicado en el citado escrito. Cabe señalar, que la presente concesión de amparo no implica la contestación de la solicitud formulada en sentido positivo o negativo, ya que el derecho fundamental contenido en el artículo 8 constitucional, impone a la autoridad responsable la obligación de emitir una respuesta en breve término, que debe ser congruente con lo solicitado, empero, no la vincula a que la contestación deba ser favorable o no a los intereses del peticionario de amparo. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Ignacio de los Santos Matías, respecto a la autoridad y actos reclamados precisados en el resultando PRIMERO, por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos QUINTO y SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

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