Ignacio de los Santos Adelaido

Expediente 231/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
231/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
02/12/2021

Partes del expediente

  • Ignacio de los Santos Adelaido

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se aprecia que mediante oficio SEADS/1171/2021, se hizo del conocimiento de la suscrita que, en sesión ordinaria de veinte de octubre del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó mi adscripción como titular de este juzgado a partir del dieciséis de noviembre del presente año, en sustitución del Juez Jacinto Figueroa Salmorán. En consecuencia, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes por el término de tres días siguientes a aquél en que les surta efectos la notificación de este proveído, para que de ser el caso hagan valer lo que conforme a derecho corresponda. En diverso contexto, del estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho proveído, HA CAUSADO ESTADO; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes; y con apoyo en el diverso 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído. Finalmente, respecto de los documentos exhibidos por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda; y toda vez que los mismos se encuentran catalogados como no originales se dejan a su disposición para que comparezca a recogerlos en el plazo de noventa días, previa copia simple y constancia de recibo que obre en autos, se le apercibe que de no hacerlo así una vez que transcurra el término de tres años, tales documentos serán destruidos junto con el expediente, de conformidad con el numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintinueve de octubre del año en curso, remite copia certificada del laudo de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 303/2015, de su índice. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida como prueba de la responsable la documental que acompaña, misma que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. En esa guisa, del análisis de laudo de doce de noviembre de dos mil veintiuno, allegado por la responsable en apoyo a su informe justificado, se determina innecesario continuar con la tramitación de este juicio de amparo, por las razones que se explican a continuación: En principio, es oportuno mencionar que, para fijar correctamente el acto reclamado, atendiendo a la causa de pedir, y delimitando en concreto el acto de autoridad que obstaculiza o impide la prosecución del procedimiento en los términos y plazos previstos por la legislación obrera aplicable, este órgano jurisdiccional se pronunciará respecto al acto reclamado, atendiendo a la etapa procesal en que se encuentre. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama medularmente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, la falta de dictado de laudo informada mediante acuerdo de once de febrero de dos mil veinte, en el cual puntualizó que el juicio laboral se encontraba en estudio para tal efecto. En ese sentido, de la constancia que remitió el tribunal obrero responsable se aprecia que el doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictó el laudo en el juicio laboral 303/2015, de su índice; documental a la que se concedió valor probatorio pleno en líneas precedentes. Por tanto, queda acreditado que la autoridad responsable cesó el acto reclamado, puesto que la pretensión de la parte quejosa consistió en que la autoridad responsable dictara laudo en el juicio laboral 303/2015, lo cual ya aconteció. En ese contexto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este Juzgador Federal considera que en la especie sobreviene la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Ello es así, pues conforme al citado texto legal, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó vestigio en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa la jurisprudencia número 2ª./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, como ya se explicó al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales transgredidos, imposibilita el examen constitucional de la retardación de justicia que tilda de inconstitucional, precisamente porque ese acto ya no invade la esfera jurídica del promovente al haberse dictado el laudo el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio de origen, con ello, se cumple su pretensión al momento de promover el presente medio de control constitucional; de ahí que en tal evento se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia; por tanto, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional programada para las once horas con veinte minutos del quince de diciembre de dos mil veintiuno. Finalmente, cabe precisar que no es obstáculo para tomar la determinación que antecede, el hecho de que no se haya otorgado a las partes la vista con la constancia que remitió la autoridad responsable, puesto que dicha vista es para que las partes se encuentren en aptitud de conocer las razones que tuvo la autoridad para emitir el acto reclamado y en su caso, desvirtuar el contenido así como las razones aducidas, lo cual en el caso, es innecesario, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se reservó señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional, hasta en tanto la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, reanudara labores, debido a que se encontraba cerrada dicha dependencia con motivo del virus covid-19. Ahora bien, tomando en consideración que mediante aviso de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, la mencionada autoridad responsable hizo del conocimiento que reanudó labores el veinte del mismo mes y año; en consecuencia, se reanuda el procedimiento en el presente juicio y para que tenga verificativo la audiencia constitucional se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. En relación con la celebración de la audiencia constitucional, a fin de privilegiar la salud del personal y de los justiciables, se hace la precisión que si bien, conforme al numeral 124 de la Ley de Amparo, las audiencias son públicas, éstas no están supeditadas para su desahogo a que deban comparecer las partes; de ahí que pueden verificarse aún sin su asistencia. En este tenor, se invita a las partes para que, de no ser absolutamente necesaria su asistencia presencial para la celebración de la audiencia, se privilegie la promoción de alegatos y, en su caso, de las pruebas correspondientes, por los medios escritos y electrónicos establecidos para tal efecto; no obstante lo anterior, si es su deseo comparecer por considerarlo necesario, deberán solicitarlo expresamente a efecto de proveer lo conducente y ordenar su preparación vía remota, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Lo anterior, debido a que el Acuerdo General 9/2021, de cinco de agosto de dos mil veintiuno, que reforma y adiciona el similar 21/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el tres de agosto de dos mil veinte, privilegia el trabajo a distancia, con el fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias para el desarrollo de la misma. En la inteligencia que, de no manifestar expresamente su deseo de asistir a la celebración de la audiencia de mérito, una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, ésta se llevará a cabo sin su asistencia. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable fue omisa en rendir su informe justificado, aun cuando fue notificada del oficio 3606/2020 mediante el cual se le requirió, el veintiuno de febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 75, de la Ley de la materia y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidenta Miriam Cortes Cisneros, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio de notificación del presente auto, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 303/2015, de su índice, en la que se incluya el acto reclamado (once de febrero de dos mil veinte), toda vez que resultan indispensables para el estudio del fondo del presente asunto. Se le apercibe que de no hacerlo en el plazo que para ello se le concede, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Tiene aplicación al caso la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Notifíquese por lista electrónica y personalmente.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a catorce de abril de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los escritos signados por ****, sin proveído, toda vez que no acredita el carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, con el que comparece en esta instancia constitucional. Notifíquese.

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