Ignacio de Jesús Andrade Sánchez

Expediente 1281/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1281/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Ignacio de Jesús Andrade Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

  2. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL(LOS) ACUERDO(S) DICTADO(S) EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Petición. La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de las que Integran la Local de Conciliación y Arbitraje: a.- Remite las constancias de notificación de la parte actora y emplazamiento de la parte demandada, en alcance a su informe justificado. Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Trámite y vista. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por el que la autoridad responsable, remite las constancias de notificación a la parte actora y emplazamiento de la parte demandada, dentro de los autos del expediente *** de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vistas las constancias remitidas por la autoridad responsable, así como los informes justificados, se provee: Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: Autoridad(es) responsable(s). 1.- Junta Especial Número Dos de las que Integran la Local de Conciliación y Arbitraje 2.- Actuario de los expedientes pares adscrito a la Junta Especial Número Dos de las que Integran la Local de Conciliación y Arbitraje D.- Acto(s) reclamado(s). La omisión de emitir el auto correspondiente al señalamiento de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones así como la falta de emplazamiento, todo en el juicio laboral D2/520/2020. Sobreseimiento por inexistencia. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Hipótesis normativas. La ratio del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo conduce a concluir que el legislador estableció la posibilidad de decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto ante 2 escenarios y momentos procesales distintos, es decir: 1.- Fuera de audiencia. Durante el trámite e integración del juicio de amparo indirecto y, por ende, fuera de la audiencia constitucional, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Esta hipótesis está sujeta a la condición sine qua non de que esté plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, de modo que no exista posibilidad alguna de que el quejoso desvirtué la negativa del acto cuestionado. 2.- En la audiencia. Al momento de celebrar la audiencia constitucional trifásica de pruebas, alegatos y sentencia, cuando no se probare su existencia en ese acto. Caso concreto. Respecto del acto reclamado consistente en la omisión de emitir el auto correspondiente al señalamiento de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones en el juicio laboral *** las autoridades responsables, manifiestan y acreditan que: 1.- Mediante auto de seis de octubre de dos mil veinte, señaló las trece horas del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo a audiencia de conciliación, demanda y Excepciones. En efecto, de las constancias remitidas por las autoridades responsables se advierte que en seis de octubre de dos mil veinte, señaló las trece horas del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo a audiencia de conciliación, demanda y Excepciones, de lo anterior se advierte la inexistencia del acto reclamado en esta instancia. Acorde con lo expuesto, resulta conveniente destacar que la calificación sobre la existencia o no de los actos reclamados deriva también de atender a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que se debe verificar si al momento en que se instó al Tribunal de Amparo, existía o no un acto de autoridad susceptible de ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, puesto que es en ese instante cuando tiene que existir el acto reclamado, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, y no probables o contingentes. En esa medida, de la papeleta de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, que aparece en la demanda de amparo, se advierte que el presente juicio de amparo se promovió el catorce de diciembre de dos mil veinte. Por su parte, de las constancias remitidas por las autoridades responsables al rendir su informe con justificación permite establecer que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la petición de la quejosa ya había sido contestada el seis de octubre de dos mil veinte, por lo que la omisión que se le reclama es inexistente. De lo anterior se colige que al promoverse la demanda de amparo la omisión atribuida a la autoridad responsable no existía. Al respecto es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 3/94, cuyo texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Por tanto, queda claramente demostrado que no existe el acto reclamado y la quejosa no aportó los medios de prueba para desvirtuar su inexistencia. Sobreseimiento por cesación de los actos reclamados. Por otra parte, l artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. Respecto al acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento en el juicio laboral *** la(s) autoridad(es) responsable(s), manifiesta(n) y acredita(n) lo siguiente: 1.- Emplazó a la parte demandada el trece de febrero de dos mil veintiuno. 3. Notificó a la parte actora el quince de febrero de dos mil veintiuno. Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, el(los) acto(s) reclamado(s) cesó (aron) en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la(s) autoridad(es) responsable(s) han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haberse emplazado y notificado a las partes en el juicio laboral *** Conclusión. En consecuencia, ante la inexistencia y cesación de los actos reclamados estudiados en los párrafos que anteceden, procede sobreseer fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En el entendido que se resuelve atendiendo a la etapa procesal en que se encuentra el asunto de origen. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con cincuenta minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    3.- Oficio. El Delegado Estatal en Puebla de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por conducto de quien lo representa, realiza lo siguiente: 1. Designa delegados, proporciona números telefónicos y correos electrónicos. 2. Manifiesta que dicha dependencia aún no cuenta con delgado de dicha Secretaría. 3. Proporciona los datos personales solicitados por este juzgado. 4. Refiere que aún no tiene en su poder físicamente los expedientes solicitados, ya que refiere que son necesarios para poder realizar el cotejo de éstos. 5. Solicita que se les conceda una prórroga para poder cumplir cumplimiento a la sentencia de amparo. 6. Solicita que se giren oficios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FOHAPO), a fin de que informen si pueden subsidiar o ayudar o solventar, o en su caso otorgar los apoyos económicos de dicho fideicomiso. ..Acuerdo Se tiene por recibido el oficio de cuenta y se toma conocimiento de lo informado. Se tienen como delegados a las personas que menciona en el oficio de cuenta. Además, se toma conocimiento de los correos y números telefónicos que señala a través de los cuales podrá entablar comunicaciones no procesales y de ser necesario el Actuario Judicial podrá levantar la razón correspondiente. Se tiene por recibidos los datos del subdelegado, para en su caso hacer efectivo la multa correspondiente. Estado procesal. Ahora bien, del estado procesal de los autos se advierte que en la sentencia engrosada el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para los efectos siguientes: DÉCIMO. Efectos de la concesión de amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de la Materia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano "SEDATU" en el Estado de Puebla, realice los siguientes tres puntos: 1. De manera inmediata determine si los expedientes formados con motivo de las solicitudes de 65 acciones de vivienda se encuentran debidamente integrados; 2. En caso de encontrarse completa la documentación y/o integrados los expedientes, remitirlos al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares "FONHAPO", para que esté en aptitud de decidir lo atinente a la procedencia del otorgamiento de las acciones de vivienda respectivas. 3. En caso contrario, precisar cuál es el requisito o documento faltante y recabarlo, teniendo que informar al solicitante cuál es el requisito o documento que no fue exhibido, quien en un plazo máximo de 10 días hábiles tendrá que completar la información faltante. Debiendo, en todo caso, tomar todas las medidas que estime necesarias para lograr su integración. Para que de este modo, en el momento oportuno el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares "FONHAPO", esté en aptitud de decidir lo atinente a la procedencia del otorgamiento de las acciones de vivienda respectivas, en términos de lo dispuesto en el numeral 7.3 de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2016, Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares." Asimismo, en proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito e en el recurso de inconformidad 26/2019, de quine de enero de dos mil veinte, declaró parcialmente fundado dicho recurso y determinó lo siguiente: En las relatadas circunstancias, procede declarar parcialmente fundada la presente inconformidad y no tener por cumplida la ejecutoria de amparo en forma total y sin excesos ni defectos, por lo que deben devolvérsele los autos al juez de Distrito para que requiera a la autoridad responsable Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado lleve a cabo la debida integración de los expedientes formados con motivo de las solicitudes de sesenta y cinco acciones de vivienda, es decir, para que realice todas las medidas necesarias para lograr que el expediente técnico y la propuesta de subsidios por modalidad sean presentados en los formatos autorizados; hecho lo anterior, los remita al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares para que decida lo procedente." Puesto que para llegar dicha determinación realizó el estudio siguiente: 24. En cambio, le asiste razón en cuanto manifiesta que el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado no ha cumplido con la ejecutoria de amparo, dado que omitió integrar debidamente los expedientes antes de remitirlos al mencionado fideicomiso (i). 25. En esa ejecutoria, la primera obligación que le fue impuesta es la de integrar debidamente los expedientes relativos a las solicitudes de acciones de vivienda, para lo cual debía requerir a la parte quejosa para que complete la información faltante, debiendo "tomar todas las medidas que estime necesarias para lograr su integración"; y solamente después de integrarlos, entonces sí remitirlos al fideicomiso. 26. Con todo, la Directora de Promoción y Operación del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, una vez que recibió los expedientes, consideró que "no puede validar el expediente técnico ni la propuesta de subsidios por modalidad, presentado en su escrito en mención, en virtud de que lo anterior no está presentado en los formatos autorizados para este fin". Esto implica que la autoridad responsable no cumplió con su obligación de integrar debidamente los expedientes, antes de remitirlos al mencionado fideicomiso, pues previamente debió verificar la utilización de esos formatos; por ello, la ejecutoria de mérito no se encuentra debidamente cumplida por la autoridad responsable. En relatadas condiciones, y a fin de dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, requiérase al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, remita al Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Puebla los documentos originales siguientes: 1. Los expedientes que le fueron solicitado mediante oficio .., de dos de marzo de dos mil veinte; lo anterior para la que el Delegado citado se encuentre en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 2. Informe a este juzgado federal la fecha en la que remite los expedientes al Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Puebla. En el entendido que deberá remitir los documentos originales y no digitales. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Puebla, para que en el término de tres días, contados a partir de que reciba la documentación requerida en párrafos anteriores, debiendo informar la fecha de recepción. Para que realice lo siguiente: 1. Lleve a cabo la debida integración de los expedientes formados con motivo de las solicitudes de sesenta y cinco acciones de vivienda, es decir, para que realice todas las medidas necesarias para lograr que el expediente técnico y la propuesta de subsidios por modalidad sean presentados en los formatos autorizados. 2. Hecho lo anterior, los remita al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares para que decida lo procedente. Ahora, atendiendo a los efectos precisados por el tribunal colegiado, bastara que el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Puebla, remita los expedientes debidamente integrados y con los formatos autorizados al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares "FONHAPO", para que esté en aptitud de decidir lo atinente a la procedencia del otorgamiento de las acciones de vivienda respectivas, en términos de lo dispuesto en el numeral 7.3 de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2016, Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Lo que no implica que resuelva en un sentido determinado, por ellos no es procedente requerir a la Secretaría de Hacienda y crédito Público, pues no forma de los efectos de la sentencia amparadora. Apercibimiento. En la inteligencia de que la autoridad responsable deberá remitir a este Juzgado Federal, dentro del mismo plazo, las constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa ... Superior Jerárquico. Como lo señala el numeral 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Dirección General de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en su carácter de superior jerárquico, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del al en que se encuentre legalmente notificado del presente acuerdo, ordene a la autoridad antes citada, cumplir con la ejecutoria de amparo. Según lo que establece el artículo 34 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que a la letra dice: Artículo 34.- Para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría contará con Delegaciones Estatales en cada una de las entidades federativas, con facultades para resolver sobre las materias que se les determine, las cuales estarán adscritas a la Dirección General de Coordinación de Delegaciones. Apercibimiento al superior jerárquico. De igual forma, deberá acreditar en el mismo plazo haber dado la orden respectiva a la responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo así, será acreedor a una multa ... Penas que pueden imponerse a las autoridades. Se le hace saber a la autoridad obligada a dar cumplimiento a la sentencia de amparo, que las penas que se le podrán imponer en caso de incumplimiento, serán las previstas en la fracción I, del artículo 267 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; II. Repita el acto reclamado; III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad. Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo. Incidente de Inejecución. Asimismo, se apercibe a la autoridad constreñida al cumplimiento, que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192 segundo párrafo de la Ley de Amparo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Apercibimiento en caso de cumplimiento extemporáneo. Se precisa a las autoridades requeridas que el cumplimiento extemporáneo e injustificado a la ejecutoria de amparo, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable como lo prevé el artículo 195 de la Ley de Amparo, .. Notifíquese. ..

  4. Principal

    .Visto el estado procesal de autos y las certificaciones de cuenta, se evidencia que por Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, por una parte, se prorrogó la vigencia del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hasta el dos de agosto de dos mil veinte y, por otra, se determinó levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de veinte, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, con las precisiones que ahí se indican, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. Que por Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fue modificado el diverso Acuerdo General 21/2020, del mismo cuerpo colegiado citado, prorrogando la vigencia del citado en último término del tres de agosto de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno y del tres de agosto de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Por Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se regresó a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación al esquema de trabajo previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno Mediante la Circular SECNO/1/2021, se determinó el regresó de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación al esquema de trabajo previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, siempre que no se trate de alguno de los previstos en los Circuitos Judiciales incluidos en el apartado I, de la citada circular, como en el caso sucede respecto al Estado de Puebla. Reanudación de plazos procesales. Con fundamento en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, Circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, y dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron; el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En el entendido, que se hace saber a las partes que de conformidad con el artículo 2, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que, en el presente asunto, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Prueba pericial Ahora, de autos se advierte que se encuentra pendiente el desahogo de la prueba pericial ofrecida en el incidente de objeción hecho valer por el interesado, toda vez que por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se requirió al Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Delegación Estatal de Puebla de la Fiscalía General de la República a fin de que designara un perito oficial en materia de caligrafía y grafoscopía, sin que a la fecha lo hubiera hecho, sin que obre en autos constancia alguna que acredite que haya sido notificada del oficio mediante el cual se le solicitó. Audiencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, se difiere la continuación de la audiencia constitucional y señalan las once horas con veinte minutos del ocho de febrero de dos mil veintiuno para su celebración, dado que así lo permite la agenda de audiencias de este órgano jurisdiccional. Notificación Con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, en relación con el 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y en sentido contrario, considerando que la suspensión del procedimiento no abarcó más de seis meses y que el presente proveído constituye un auto de mero trámite, se ordena su notificación en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, vía electrónica a las partes que así se les haya autorizado expresamente. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la (s) autoridad (es) responsable (s) por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.

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