Ignacio Daniel Navarrete Navarrete

Expediente 26/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
26/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
05/08/2021

Partes del expediente

  • Ignacio Daniel Navarrete Navarrete

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, dentro del que la parte promovente pudo recurrir en queja el proveído de mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 97 inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese este asunto como concluido. Expediente principal destruible. En virtud de que la demanda de amparo que dio origen al presente expediente fue desechada, y carece de relevancia documental se precisa que el presente asunto es DESTRUIBLE, por lo que deberá conservarse el expediente principal del presente juicio de amparo, por el término de tres años. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la carátula del expediente principal, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. En ese contexto, visto lo asentado en la certificación de cuenta, se advierte de autos que en proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a las partes con los informes rendidos por las autoridades responsables en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, corriéndoles traslado con dichos informes, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieran desahogado dicha vista, tal y como se advierte de la certificación que antecede. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y este juzgado procede a resolver si la sentencia protectora ejecutoriada ha sido cumplida o no. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2ª/J.26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Para lograr ese objetivo, se realizará un análisis comparativo entre: 1) Los términos de la concesión del amparo, que incluirá, en su caso, los efectos establecidos en la sentencia y 2) Lo realizado en ese sentido por las responsables, así como las pruebas que en su caso justifiquen el cumplimiento. En ese sentido, se aprecia que por sentencia definitiva dictada en este asunto por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, la cual se terminó de engrosar el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, por una parte, sobreseyó en el presente juicio de amparo, y por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa xxxxxxxxxxxxxxx, contra los actos reclamados a las responsables Director General, Director de Nómina de Jubilados y Directora de Prestaciones Sociales, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad. Inconforme con dicha resolución, la propia quejosa, interpuso recurso de revisión contra esa determinación, remitiendo estos autos el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, domiciliado en esta ciudad, siendo el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, domiciliado en Mérida, Yucatán, quien en auxilio del primer, bajo el toca de revisión xx/2020, resolvió el dieciocho de agosto de dos mil veinte, el referido expediente, remitiendo mediante oficio xxxxxx/2020, copia certificada de la ejecutoria ahí emitida, que confirmó la sentencia recurrida dictada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, para efecto de que el Director Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, marzo de 2000, página 243. General, Director de Nómina de Jubilados y Directora de Prestaciones Sociales, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, realizaran lo siguiente: "1. Deje insubsistente el dictamen de pensión de viudez, de once de junio de dos mil diecinueve, por el que se le concede por dicho concepto la cantidad de $3,080.40 (tres mil ochenta pesos 40/100 moneda nacional) mensuales; y, 2. Emita otro con libertad de decisión en el cual deberá exponer las circunstancias especiales, particulares, causas inmediatas o documentos que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables que prevén el mecanismo de cálculo respectivo. Cabe señalar que la concesión del amparo no constriñe a la autoridad responsable a resolver en determinado sentido, sino únicamente a emitir un nuevo dictamen en el que subsane las omisiones señaladas en esta sentencia." Siendo en auto de veinticuatro de septiembre pasado, que se requirió a las responsables el cumplimiento del fallo protector. De las constancias que obran en este sumario y de los elementos aportados por las responsables, se advierte que:  Por ocurso de nueve de octubre de dos mil veinte, (foja 185) la Representante y Apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veinte y dictamen de pensión de esa misma fecha, que dejó insubsistente el anterior y emitió otro, en el que con libertad de jurisdicción, determinó el nuevo monto de pensión por viudez que le fue concedido a la aquí quejosa, lo cual se le notificó el nueve de octubre del año retro próximo. De lo expuesto, se colige que efectivamente las autoridades responsables, acataron la ejecutoria de amparo emitida en este expediente, pues acreditaron haber cumplido con el fallo protector que se le concedió a la parte quejosa, toda vez que las responsables, en el ámbito de su competencia, dejaron insubsistente el dictamen de pensión de viudez de once de junio de dos mil diecinueve y con libertad de jurisdicción emitieron otro el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, exponiendo las circunstancias especiales, particulares, causas inmediatas o documentos que tuvieron en consideración para la emisión del nuevo cálculo de pensión por viudez a favor de la agraviada. Así las cosas, las anteriores precisiones son aptas para concluir que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la resolución dictada por este Juzgado, en el presente juicio de amparo, por lo que en la sustanciación del cumplimiento se observa que las responsables no incurrieron en exceso o defecto, así como que no existió imposibilidad por parte de éstas para su debido cumplimiento. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que deberá archivarse el asunto acorde al párrafo cuarto del mencionado artículo, hasta que transcurra el plazo a que se refiere el diverso dispositivo 202 de la citada legislación. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a/J.63/2015 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, registro digital 2010089, publicada el dos de octubre de dos mil quince, que a la letra dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo." En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: . En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Este expediente, al ser depurable, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas (en su caso) y la sentencia que puso fin al asunto, así como la resolución que le otorgó autoridad de cosa juzgada y el proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del referido Acuerdo General. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el numeral 21, inciso c)2 , del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2., apartado 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que tanto la suspensión provisional como la definitiva, fueron negadas, se precisa que el cuaderno original del incidente de suspensión deberá ser destruido, una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de esta fecha, lo que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes, y remitir el Acta y listado de destrucción, relativa a la baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar en la carátula del cuaderno original del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. 2 "Artículo 21 Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; [.]".Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo General que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, se ordena que una vez que transcurran SEIS MESES a esta fecha de archivo como asunto concluido, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, siempre que se cuente con el cuaderno original, por tanto se ordena archivar por separado el duplicado del cuaderno incidental, y una vez cumplido dicho término, se proceda a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, previa formulación del acta de baja documental correspondiente, que se deberá remitir a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el primer párrafo del artículo 20 del acuerdo normativo en mención, así como haciéndose la anotación respectiva en el libro de gobierno. Debiendo hacerse constar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el numeral 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.

  3. Principal

    SE TIENE DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE VEINTIUNO DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CUYA SÍNTESIS DICE: se colige que efectivamente la autoridad responsable, acató la ejecutoria de amparo emitida en este expediente, pues acreditó haber cumplido con el fallo protector que se le concedió a la parte quejosa, toda vez que la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, se pronunció sobre la admisión de las pruebas en el conflicto laboral de origen, continuando así con la fase probatoria. Así las cosas, las anteriores precisiones son aptas para concluir que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la resolución dictada por este Juzgado, en el presente juicio de amparo, por lo que en la sustanciación del cumplimiento se observa que las responsables no incurrieron en exceso o defecto así como que no existió imposibilidad por parte de éstas para su debido cumplimiento. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que deberá archivarse el asunto acorde al párrafo cuarto del mencionado artículo, hasta que transcurra el plazo a que se refiere el diverso dispositivo 202 de la citada legislación. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a/J.63/2015 (10.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, registro digital 2010089, publicada el dos de octubre de dos mil quince, que a la letra dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo." En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. 2. Este expediente, al ser depurable, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas (en su caso) y la sentencia que puso fin al asunto, así como la resolución que le otorgó autoridad de cosa juzgada y el proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del referido Acuerdo General. Hágase constar en la carátula del expediente principal, la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. Finalmente, agréguese únicamente para que obre como corresponda, el telegrama de la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, por el que dice remitir las constancias relativas a las pruebas desahogadas en la controversia natural; toda vez que en esta propia fecha se calificó la sentencia concesoria de amparo y se declaró debidamente cumplida con las constancias que obran en autos. Notifíquese personalmente.

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