Ignacio Cuellar Delgado

Expediente 7/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
7/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Ignacio Cuellar Delgado
  • Secretaría técnica del Pleno del Instituto Nacional de Trasparencia, acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Actuaciones

  1. Principal

    , se declara que ese fallo causa estado para todo efecto legal.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda presentado vía electrónica por Ignacio Cuellar Delgado, el cual fue firmado electrónicamente por diversa persona de nombre ********************, contra actos de la Secretaría Técnica del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la Información y Protección de Datos Personales y otras autoridades; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 2°, 3º, 5º, 6º, 12, 17, 18, 20, 33, 35, 37, 107 a 110, 112, 111, 113, 123 y 124 de la Ley de Amparo, de igual forma, con fundamento en la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido en el marco de la situación que atraviesa el país y el mundo frente a la pandemia del coronavirus COVID-19 y en seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se determinó tomar las medidas contenidas en el Acuerdo 8/2020, entre otras, la suspensión de las funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, por lo que no correrán plazos procesales, exceptuando los casos urgentes, los apremiantes y los presentados mediante el esquema de "juicio en línea" (como el de la especie). Se ordena formar e integrar el expediente impreso y electrónico, y registrar la demanda con el número progresivo 7/2021-IV, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Al respecto, una vez analizado el escrito de demanda, con fundamento en los artículos 1º, 17, 18, 20, 33, 37, 61, 107, 108, 112 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a examinar de oficio la procedencia del juicio de amparo, para lo cual se realiza el análisis siguiente. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El juez tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial o su aclaración. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran ofrecer las partes. Es aplicable la jurisprudencia que establece lo siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Ahora, en atención a la certificación de cuenta, se advierte que en la demanda de amparo no obra la firma electrónica del promovente Ignacio Cuellar Delgado; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5° y 6° de esa legislación, así como el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las consideraciones siguientes: De acuerdo a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal; 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", el cual significa que éste sólo puede promoverse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, de acuerdo al contexto constitucional, significa que sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Por su parte, la Ley de Amparo en los preceptos referidos, regula la legitimación para acudir a promover amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, si bien el derecho subjetivo de acción, en principio, corresponde directamente a la persona -física o moral- titular de un derecho reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales que se consideran vulnerados, derivado de contar con un interés ya sea jurídico o legítimo; la Ley de Amparo en sus artículos 10 y 11 autoriza que la persona afectada pueda ser representada, ya sea por su representante o por su apoderado legal, cuya personalidad en el juicio puede justificarse en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, estarse a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo cual, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio de amparo, constituyendo esto un requisito esencial, por ser la expresión de la voluntad del accionante. Ahora bien, la demanda de amparo de que se trata fue recibida a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, siendo que en relación a dicho procedimiento, el artículo 3° de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Conforme a la reglamentación señalada, es claro que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, se tiene que en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se advierte que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. En ese sentido, resulta incuestionable que el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito, es decir, que el juicio de amparo se siga siempre a "instancia de parte agraviada", pues la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores del juicio, como lo es el de "instancia de parte agraviada". Por tanto, tomando en consideración que en el escrito de demanda no obra la firma electrónica del promovente, esto es, no obra la firma de Ignacio Cuellar Delgado, se constata que no expresó su voluntad para dar trámite a la presente demanda; sin que sea el caso de prevenirla en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una irregularidad que sea susceptible de subsanarse, pues al no contenerla, no queda de manifiesto su voluntad de promover el juicio de amparo, por lo que se actualiza la causal de improcedencia en comento. Se cita en apoyo la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Máxime que en el presente juicio de amparo, no se reclaman actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, caso en el cual no se requerirá de firma electrónica, como lo dispone el numeral 109 de la ley de la materia; toda vez que la directamente promovente señaló como acto destacado el siguiente: Lo Constituye la resolución de desechamiento de recurso de revisión con número de la solicitud con número de folio: 0063500182920, derivado del crédito no. 1902078234, Expediente: RRD 01426/20. Contestación del Lic. Jhonny Alejandro Uicab Diaz, Titular de la Unidad de Trasparencia del INFONAVIT, mediante oficio No. 0063500182920 de fecha 28 de febrero de 2020, en el cual admite que se aplicó en la fecha equivocada el ahorro de la vivienda retenido desde el año 2004 al año 2018 en la subcuenta, sin ser aplicado directo al préstamo otorgado por el INFONAVIT para compra de vivienda. Contestación del Lic. Jhonny Alejandro Uicab Díaz, Titular de la Unidad de Trasparencia del INFONAVIT, mediante oficio. Por consiguiente, no existe salvedad para que la parte quejosa no suscriba la demanda de amparo ya sea en forma electrónica, o bien, de manera autógrafa. No se pierde de vista que en la parte final de la demanda, este anexada una imagen en la cual consta una firma, empero, no puede tenerse de esa manera, precisamente por no estar plasmada la voluntad de quien en realidad pretende instar la acción de amparo, lo cual se crea con la firma autógrafa o firma electrónica del quejoso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 5°, 6º, 61, fracción XXIII, 62 y 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegación de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente, pues la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver el fondo de todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, dentro de los cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos, el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Lo anterior se apoya en la tesis siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Además, cabe mencionar que el desechamiento de la demanda por falta de firma electrónica de Ignacio Cuellar Delgado, no obstaculiza irreparablemente su acceso a la justicia, pues aún existe la posibilidad de presentar la demanda por escrito, o bien, vía electrónica, subsanando la omisión en que ocurrió, siendo importante mencionar que conforme a la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido en el marco de la situación que atraviesa el país y el mundo frente a la pandemia del coronavirus COVID-19 y en seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se determinó tomar las medidas contenidas en el Acuerdo 8/2020, entre otras, la suspensión de las funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, se suspendieron las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, con excepción de los órganos jurisdiccionales que se encuentren de guardia, así como para dar trámite a los asuntos presentados electrónicamente, entre otros. Del mismo modo, el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en su artículo 2, fracción XVI, establece lo siguiente: ". Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por: (.) XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del "Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico." Como se ve, para efectos de esa normatividad, por firma electrónica se comprenderá a la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados; de ahí que el promovente puede promover la acción constitucional que intenta a través de cualquiera de los instrumentos digitales que se apuntan. Aunado al párrafo que antecede, es de señalarse que la parte quejosa puede obtener su firma electrónica (FIREL) sin salir de su domicilio, lo anterior, en virtud de que la misma tiene la opción de ingresar a través de una computadora a la liga https://w3.cjf.gob.mx/certfirel/index.htm de donde se desprenden los pasos a seguir para obtener la firma antes referida. En otro rubro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud respecto a la autorización de la consulta del expediente electrónico y envío de promociones, bajo el usuario "********************", toda vez que el escrito de demanda no se encuentra firmado electrónicamente por el promovente, de ahí que no expresó su voluntad para dicho efecto. Asimismo, no ha lugar a acordar de conformidad la solicitud de contacto mediante correo electrónico ********************. En virtud de lo anterior, y toda vez que del escrito de demanda se advierte que la quejosa señaló domicilio convencional para el efecto de oír y recibir notificaciones, el ubicado en la ********************, Colonia ******************** en ********************, Nuevo León, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este juzgado, a fin de que notifique el presente auto de manera personal. De igual forma, se le tiene autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada ********************, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema computarizado para el Registro único de Profesionales del derecho con que cuentan los tribunales federales, y para el solo efecto de oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo al diverso licenciado que menciona en su escrito por no tener registrada su cédula profesional en el sistema mencionado, así como a las demás personas que menciona en su escrito por así haberlo solicitado.

  3. Principal

    glósese a los autos el oficio por el Director Contencioso y Subdirectora Contencioso, ambos adscritos a la Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos "C", quienes comparecen mancomunadamente en ejercicio de la facultad de su Titular; en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual rinde su informe respecto al incidente por defecto al cumplimiento a la suspensión provisional. En ese sentido, se pone a la vista de las partes y se ordena hacer relación puntual de este informe en la audiencia relativa a la incidencia de mérito; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo. Por otra parte, a fin de tener mayores elementos para resolver la presente incidencia con apoyo en los artículos 121 y 143 de la Ley de Amparo; el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su numeral 2°, segundo párrafo; se requiere a la autoridad responsable Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita a este Juzgado copia certificada de la documentación relativa al cumplimiento a la suspensión provisional dictada en el presente incidente. Se apercibe que en caso de incumplir con lo anterior, se aplicará una multa consistente en cien Unidades de Medida y Actualización, a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), equivalente a $8,962.00 [ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional], conforme lo disponen los ordinales 237, fracción I, 238, párrafo primero y 259, de la Ley de Amparo, así como los arábigos Primero y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecinueve. Por ello, a fin de no infringir normas procedimentales, no se está en posibilidades de desahogar la audiencia del incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional señalada para el día hoy, en consecuencia, se señalan las diez horas con treinta y nueve minutos del cuatro de febrero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma.

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