Ignacio Cruz Ramírez
Expediente 221/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 04/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ignacio Cruz Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir en revisión la sentencia que negó la protección constitucional, sin que se impugnara; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE CAUSÓ EJECUTORIA. Devuélvanse a las autoridades responsables las constancias que allegaron, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se negó el amparo. El incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción III del Acuerdo General mencionado, es destruible, pues se negó la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese la razón de imposibilidad para enterar personalmente a la parte tercera interesada la sentencia con fecha de engrose de veintiuno de junio de la presente anualidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista la determinación citada, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE DE VEINTIUNO DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SEÑALA: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 221/2023, promovido por ...., contra actos de la Segunda Sala, así como del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Séptimo, todos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El seis de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirió informe justificado; y, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar, tramitado ante un Juzgado del orden común con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fijan los actos reclamados, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: Resolución de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca ..., por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó la interlocutoria de ocho de agosto de dos mil veintidós, emitida en el incidente de ejecución de cumplimiento de convenio derivado del juicio de divorcio incausado ..., del Juez Séptimo de lo Familiar de esta Ciudad, donde se condenó al accionante al pago de $..., moneda nacional), por concepto de pensiones alimenticias adeudadas, con apercibimiento de embargo en caso de no hacerlo, así como para que los garantizara en cualquiera de las formas que dispone la ley. Su ejecución. TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados: I. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno..., promovió incidente de ejecución de convenio en contra del accionante de amparo; proceso que se admitió el diecisiete de ese mes y año. II. El ocho de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la incidencia aludida, donde se condenó al demandado al pago de alimentos caídos por $..., moneda nacional) y a que los garantizara por cualquiera de las formas establecidas en la ley por el monto de $..., moneda nacional). III. Inconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la interlocutoria aludida, el cual se resolvió el nueve de febrero de dos mil veintitrés, donde la Sala responsable determinó procedente modificar las cantidades indicadas, para en su lugar, por concepto de pensiones vencidas aprobar el monto por $..., moneda nacional), y sobre garantizar los alimentos tenía que ser por $..., moneda nacional). Actuación que constituye el acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se violaron los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en razón de que: a. Las autoridades se inclinaron a favor de las peticiones de Rosario Cadena Escobar, por ser mujer, sin tomar en cuenta los derechos del accionante de amparo ni su situación personal, pues indica que no es importante el hecho de la pandemia para el pago de la pensión, lo que lo coloca en un estado de indefensión, en razón de que obliga a lo imposible. a.1. Tomó en consideración pruebas que fueron anteriores a la presentación del incidente, con lo que favoreció los intereses de la actora incidentista, pues no fueron presentados conforme lo dispone el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, lo que le perjudica porque ... pretende crear más perjuicios contra el impetrante y solamente se le imponen cargas al quejoso por ser hombre. b. No motiva su determinación, es decir, no realiza razonamientos lógicos jurídicos para considerar por qué no debe ser tomado en cuenta que el menor de iniciales .... este viviendo con el impetrante desde noviembre de dos mil veintiuno. c. No valoró que el quejoso tiene la mayor parte del tiempo a sus menores hijos, lo que es motivo de excepción para el pago de alimentos, pues cuando se encuentran con el accionante de amparo realiza erogaciones que deben ser tomadas en cuenta. d. El juez fue omiso en señalar una pensión a favor del infante de iniciales ..., que fue solicitado en el escrito de contestación del incidente natural, lo cual tampoco fue considerado por la Sala, no obstante que hay suplencia de la queja para decretar los mismos. e. No se dio contestación a la excepción de compensación solicita respecto la pensión a que tiene derecho el menor aludido, por vivir con el quejoso, pues ...r también tiene la obligación de darle una pensión alimenticia, lo cual fue realizado como excepción sin que se diera contestación a tal petición. Los conceptos de violación descritos en los incisos a. y a.1., son infundados, por los motivos que se expondrán a continuación. La impartición de justicia con perspectiva de género implica una obligación para las autoridades, de identificar si en un caso concreto existe un estado de vulnerabilidad que genere una desventaja real o un desequilibrio patente en perjuicio de una de las partes en el conflicto. Para cumplir con dicho imperativo, es conveniente acudir a los elementos establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, para juzgar con perspectiva de género, a saber: I) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; II) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; III) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; IV) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; V) Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, VI) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Elementos contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, página 836, en Materia Constitucional, de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO." Sin embargo, dicha circunstancia no puede presumirse, sino que es necesario que en autos existan elementos objetivos de los que se advierta la actualización de situaciones de poder por cuestiones de género. Para ello, debe tomarse en cuenta, entre otras cuestiones, lo siguiente: a) Si una o todas las partes se encuentran en una categoría sospechosa. b) La situación de desigualdad de género y violencia que prevalece en el lugar o núcleo social en el que se desenvuelven las partes, para esclarecer la posible existencia de desigualdad estructural. c) El grado de estudios, edad, condición económica y demás características particulares de todas las personas interesadas o involucradas en el juicio, para determinar si realmente existe un desequilibrio entre ellas. d) Los hechos probados en autos, para identificar relaciones de poder. Se cita al respecto, la tesis XXI.2o.P.A.1 CS (10a.), de la Décima Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, abril de 2017, Tomo II, página 1752, en Materia Constitucional, de rubro: "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL JUZGADOR DEBE IDENTIFICAR SI EL JUSTICIABLE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAYA GENERADO UNA DESVENTAJA REAL O DESEQUILIBRIO PATENTE EN SU PERJUICIO FRENTE A LAS DEMÁS PARTES EN CONFLICTO." En el particular, se tiene que el incidente primigenio fue promovido por la tercera interesada contra el quejoso, donde le reclamó el cumplimiento del convenio celebrado entre las partes, en especificó lo relativo a las pensiones devengadas de enero de dos mil veinte a mayo de dos mil veintiuno, así como el que se garantizará el cumplimiento de su obligación alimenticia y que se inscribiera al demandado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La tercera interesada fundó su pretensión en el hecho de que el demandado incidentista se obligó a pagar $..., moneda nacional) por concepto de pensión alimenticia a favor de sus menores hijos, sin embargo, indicó que a la presentación de la demanda incidental su contraparte se había abstenido de dar cumplimiento a la obligación pactada. Para robustecer dichas afirmaciones, ofreció como pruebas el convenio de diez de enero de dos mil veinte, celebrado ante la subdirectora de Mediación Familiar del Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México, así como la audiencia de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, donde celebraron convenio, relativo a la guarda, custodia, visitas y convivencias respecto de sus dos menores hijos, y también exhibió una planilla de pensiones alimenticias. Asimismo, la actora ofreció como prueba una copia de la factura de una motocicleta y diversas conversaciones vía mensajería de texto. Elementos de convicción que fueron óptimos para acreditar los extremos jurídicos pretendidos por su oferente, en tanto que con las documentales citadas, se obtuvo la obligación del demandado de realizar el pago de alimentos y que durante el plazo que se tuvo a los menores no fueron suministrados, así como lo relativo a que le fue ofrecido como método de pago una motocicleta que adminiculado con la conversación que tuvo con el quejoso, la autoridad consideró procedente que se descontara del monto adeudado. Al dar contestación, el demandado indicó que se le entregó a la actora el dinero en efectivo a través de sus hijos, por así habérselo solicitado, así como que el menor de iniciales..., ya vivía con él y que los menores pasaban más tiempo con éste que con su progenitora, por lo que opuso como excepciones la de sine actiones agis, falta de acción y derecho, así como la de compensación. Como pruebas para sostener su dicho, ofreció la confesional a cargo de la tercera interesada, la testimonial de..., y..., la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. Tales elementos de convicción no fueron benéficos a la pretensión de su oferente, en tanto que la autoridad indicó que no se acreditó el cumplimiento a su debito alimentario para con sus hijos en la forma y términos en los que se obligó, ni justificó sus defensas. Además, en la confesional la actora negó recibir de su contrario dinero para los gastos de sus hijos, además de solicitarle a su contraparte le entregara la pensión de forma personal, máxime de que negó el menor..., habitara con él desde mayo de dos mil veintiuno, pues refirió que fue hasta noviembre de ese año cuando comenzó a vivir con él. Respecto de la testimonial, tampoco probó que pagó la pensión en la forma en que se pactó, pues ello no fue adminiculado con otro medio de prueba, como podría ser el comprobante de depósito de la pensión alimenticia a la cuenta bancaria de la justiciable, para que se creara convicción del cumplimiento de su obligación. Así, la valoración realizada no arrojó elementos, ni indiciarios, sobre aspectos que permitan advertir una situación de desigualdad por motivos de género. Bajo el escenario anterior, es dable afirmar que el contexto que rodea al litigio no arroja elementos que permitan identificar una situación de poder que genere un desequilibrio entre las partes, porque aun cuando indicó que él cumplió con el pago de las pensiones, pero en efectivo y que ahora tiene viviendo con él a uno de los infantes, lo cierto es que esa sola circunstancia no lo sitúa en una desventaja ante su contraria. Lo anterior es así, en tanto que tuvo oportunidad de poder defenderse sin que con las pruebas que ofreció crearan convicción en las autoridades para acreditar su defensa. De este modo, lo que a juicio del quejoso constituye una situación de desigualdad (hecho percibido), a criterio del suscrito, únicamente forma parte de una serie de manifestaciones efectuadas para obtener una resolución favorable a sus intereses, pero carente de sustento incluso indiciario (hecho interpretado), que a su vez pueda oponerse a las circunstancias apuntadas por su contraparte, para condenar a las pensiones alimenticias adeudadas. Es orientador en tal sentido, el criterio VII.2o.C.57 K (10a.), de la Décima Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en Materia Común, que dice: "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. FORMA EN LA QUE OPERA LA EXIGENCIA DE "CUESTIONAR LOS HECHOS". La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de título y subtítulo: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", dispuso que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual debe implementarse un método, donde aquél debe, entre otros, "cuestionar los hechos" desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. Tal exigencia conmina a realizar algunas precisiones en torno a la objetividad y subjetividad de los hechos. Así, de acuerdo con la literatura especializada, buena parte de nuestra visión del mundo depende de nuestro concepto de objetividad y de la distinción entre lo objetivo y lo subjetivo. Respecto al cuestionamiento ¿es posible un conocimiento objetivo de la realidad? ha optado por la teoría denominada "objetivismo crítico". De acuerdo con ésta los hechos deben someterse a un riguroso análisis para determinar en qué medida son independientes y en qué medida son construcciones del (de la) observador(a), así como en qué casos podemos conocerlos con objetividad. Para lo anterior, indica que una herramienta fundamental es realizar la distinción entre "hechos externos", "hechos percibidos" y "hechos interpretados". Los hechos externos son objetivos en el sentido ontológico, esto es, su existencia no depende del observador. Los hechos percibidos son epistemológicamente subjetivos, en el sentido de que son relativos a una determinada capacidad sensorial. Los hechos interpretados son epistemológicamente subjetivos, en el sentido de que son relativos al trasfondo, y éste puede variar de cultura a cultura y de persona a persona. La subjetividad que afecta a la interpretación de los hechos es relativa a un grupo social e, incluso, a una persona. Así, bajo la teoría del "objetivismo crítico", la exigencia de "cuestionar los hechos", propia de un análisis con perspectiva de género, recae en "los hechos interpretados", pues esto depende de la red de conocimientos en la que el(la) observador(a) subsume el hecho percibido, dentro de la que se encuentran los estereotipos. En efecto, de acuerdo con la literatura especializada, un estereotipo es un esquema de conocimientos que afecta a un grupo de personas, es decir, un tipo especial de convicción que funciona como filtro mediante el cual se criban las informaciones que uno(a) recibe sobre el mundo o sobre personas pertenecientes a grupos sociales diferentes del propio. De ahí que el(la) Juez(a) debe controlar la intersubjetividad de la interpretación de los hechos, realizada por las partes y por él(ella) mismo(a), a fin de identificar si el criterio de interpretación no está basado en un estereotipo de género." De ahí que sea dable afirmar que la autoridad responsable juzgó el asunto de origen sin desatender su obligación con relación a la perspectiva de género y desigualdad alegada, pues se insiste, no obraron elementos -aun indiciarios- sobre el estado de desigualdad manifestado por el quejoso. Además, tampoco se advierte un lenguaje o consideraciones que permitan afirmar que el sentido de lo resuelto se basó en un estereotipo de género, sino simplemente atendió a lo que se obligaron y probaron en el proceso incidental, lo que conllevó a la condena de pensiones alimenticias adeudadas; es decir, un aspecto probatorio. Es orientador, el criterio XXI.2o.P.A.1 CS (10a.), de la Décima Época, sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, página 1752, en Materia Constitucional, de rubro: "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL JUZGADOR DEBE IDENTIFICAR SI EL JUSTICIABLE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAYA GENERADO UNA DESVENTAJA REAL O DESEQUILIBRIO PATENTE EN SU PERJUICIO FRENTE A LAS DEMÁS PARTES EN CONFLICTO." En diverso aspecto, los conceptos de violación descritos en los incisos b. y c., son infundados, porque, contrario a lo que indica la parte quejosa, la autoridad responsable sí dio contestación a los temas relacionados de por qué no era procedente considerar que el menor de iniciales ..., se encontraba viviendo con él desde noviembre de dos mil veintiuno y que era motivo de excepción de pago el hecho de que él los tuviera más tiempo en su domicilio. Ello, pues la autoridad al momento de resolver el recurso interpuesto por el quejoso, realizó los siguientes argumentos: Fue correcto que el a quo condenara al pago de las pensiones vencidas y no pagadas a partir de febrero de dos mil veinte a mayo de dos mil veintiuno, en consideración a la fecha de la firma del convenio, si se toma en cuenta que contra la ejecución de una sentencia no se admite como excepción más que la de pago, como se estableció en el artículo 531 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Es infundado lo relativo a que se debió de tomar en cuenta que el menor de iniciales..., desde el mes de noviembre de dos mil veintiuno vivía con su padre, dado que las pensiones reclamadas corresponden a una temporalidad en la que su hijo vivió con la actora, es decir, de enero de dos mil veinte a mayo de dos mil veintiuno, siendo que en dichos meses el enjuiciado debía de cubrir los alimentos en los términos en que se obligó. Es parcialmente fundado en el sentido de que el a quo debió de tomar en consideración los pagos que presentó mediante diversos billetes de depósito, mismos que indicó el quejoso de los dos primeros que correspondían a los alimentos que transcurrían y solo uno de ellos a las pensiones atrasadas, de modo que solo este último es el que debe ser descontado. De las constancias se advierte que el enjuiciado ofreció a la actora darle una moto y que la demandada indicó que estaba dispuesta a tomarla a cuenta, pero no al valor factura, porque la compró usada, por lo que estimó que debía considerarse en $..., moneda nacional), tomando en cuenta sus especificaciones y comparando los precios de venta en diversas plataformas, sin que el demandado contraviniera dicha cantidad, de modo que se debió de descontar del monto adeudado, junto con el billete que presentó para las pensiones caídas. Es incongruente que se le requiera para garantizar los alimentos del menor ..., que vive con el recurrente, pues éste está cumpliendo con su obligación al incorporarlo a su domicilio. Por lo que respecta a la emergencia sanitaria, fue ineficiente lo alegado, en razón de que a pesar de la pandemia los menores seguían necesitando alimentos y si bien en esas fechas se paró la economía, en la actualidad ya está reactivada, por lo que es momento de cubrir los pagos pendientes. El precepto 286 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, permite que los órganos jurisdiccionales valoren los documentos exhibidos y las constancias de autos, por lo que fue correcto que se estimaran y precisara lo correspondiente, pues incluso de ellos se advirtió la copia de la factura de la moto que el demandado dio como pago parcial, así como la conversación de whatsapp, que demuestra que la actora aceptó tal bien como forma de pago, por lo que el apelante también se benefició de la valoración de tales documentos. De lo anterior, se advierte que, contrario a lo que asevera el accionante de amparo, la autoridad responsable sí dio contestación a los temas que ahora trae como concepto de violación, relacionados con el hecho de que su hijo viviera con él tenía que considerarse para el cálculo de las pensiones y el que se actualizaba una excepción por tener a los infantes más tiempo en su domicilio. Es así, pues sobre ello indicó que no se debía considerar que el menor de iniciales ... viviera con él porque el infante se fue en noviembre de dos mil veintiuno y las pensiones reclamadas correspondían de enero de dos mil veinte a mayo de dos mil veintiuno, que fue cuando vivió con la actora incidental; asimismo indicó que la única excepción que se admitía en el proceso era la de pago, por así disponerlo el precepto 531 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Por lo anterior, esas consideraciones deben quedar incólumes y firmes para seguir rigiendo el sentido de lo decidido, por no haber sido atacadas de forma directa por la parte quejosa. En diverso aspecto, los conceptos de violación descritos en los incisos d. y e., son inoperantes por los motivos que se expondrán a continuación. En términos generales, los conceptos de violación resultan inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento formulado; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." Lo anterior, en virtud de que lo son aquellos en los que se introducen cuestiones novedosas, pues si lo planteado en ellos se estudiara, implicaría abrir una nueva instancia que brindaría al quejoso una oportunidad adicional para que hiciera valer argumentos diversos a los que planteó inicialmente, lo que es contrario a la técnica y a la naturaleza del amparo. En efecto, son inoperantes los conceptos de violación formulados en una demanda de amparo, cuando se hacen valer cuestiones que no se invocaron en los agravios del recurso ordinario ante las autoridades del orden común y, como consecuencia de ello, éstas no tuvieron la oportunidad de pronunciarse al respecto, por lo que es indudable que esas cuestiones no pueden atenderse en el juicio de amparo, en tanto que no integraron la litis en dicho recurso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 154, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUESTIONES QUE NO PUEDEN PLANTEARSE EN LOS, POR NO HABER SIDO MATERIA DE LA APELACIÓN. Aun cuando el juez de primera instancia haya resuelto sobre determinado punto cuestionado, si ante el tribunal de apelación no se plantea cuestión alguna al respecto, no habiendo tenido la autoridad responsable oportunidad legal de resolver sobre ella, menos puede hacerlo la Suprema Corte, atenta la técnica del juicio de garantías." También sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 12/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios." En el caso, se advierte que lo que ahora alega la parte quejosa, constituye una cuestión que no fue invocada en la apelación, puesto que, en ese recurso, solo se expresaron los agravios siguientes: No consideró las pruebas presentadas en el incidente, porque no valoró en su conjunto lo manifestado por los testigos que desahogaron la testimonial, al razonar que el quejoso está obligado a cumplir con el convenio, cuando de sus deposados se puede apreciar que el suscrito si ha cumplido con él, no solo que se ha entregado dinero a la contraparte de forma personal, sino que también se han proporcionado útiles escolares, ropa y comida a sus hijos, quienes además están en su domicilio todos los fines de semana, días en los que se hace cargo de los gastos de ellos, incluso en las vacaciones. No se tomó en cuenta lo manifestado por la actora, en el sentido de que el menor de iniciales..., vive con el accionante de amparo desde noviembre de dos mil veintiuno. Carece de fundamentación la determinación al condenar a que se garanticen los alimentos de un año de sus hijos, pues cada una de las partes tiene a uno de ellos, además de que han depositado diversas cantidades mediante billetes de depósito. Asimismo, desconoce la emergencia sanitaria que es de orden público, por lo que el demandado incidentista tuvo que cerrar momentáneamente su negocio, tal como sucedió con los Juzgados de marzo a agosto de dos mil veinte. Admite y desecha diversas pruebas exhibidas por las partes y sobre las que inadmitió, el juez las valoró en términos del artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Como se aprecia los argumentos formulados no fueron expuestos ante la Sala, por lo que no integraron la litis del recurso y, por ende, no pueden analizarse pues implicaría resolver cuestiones que no integraron la materia recursal, como lo es que no se contestó lo relativo a que se debía de fijar una pensión alimenticia a favor del accionante por estar viviendo con él uno de sus hijos y lo relativo a la excepción de compensación que hizo valer en la contestación del incidente de origen. Consecuentemente, al ser infundados e inoperantes los conceptos de violación, procede negar la protección constitucional solicitada, la cual es extensiva a los actos de ejecución reclamados, pues no se impugnaron por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Apoya la anterior, la jurisprudencia 91 de la Primera Sala del Alto Tribunal, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a..., contra actos de la Segunda Sala, así como del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Séptimo, todos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
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EXPEDIENTILLO Vista la certificación que antecede de la que se advierte que a las nueve horas con cincuenta minutos del diez de mayo de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 221/2023; y el asunto se encuentra en estudio para dictar la resolución correspondiente, en tales condiciones, con el ocurso de cuenta, fórmese el expedientillo correspondiente. Agréguese sin mayor pronunciamiento el ocurso de la autorizada del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo, pues el catorce de abril pasado se efectuó su emplazamiento. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 221/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron sus informes justificados; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió pedimento; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
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