Ignacio Cordero Ascencio

Expediente 438/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
438/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Cordero Ascencio

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción II, del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/Ara

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "..Tijuana, Baja California, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por el quejoso Ignacio Cordero Ascencio, mediante el cual desahoga la prevención realizada en proveído de diecisiete de abril pasado y, al efecto, manifiesta que el expediente de origen es el Juicio ordinario civil 1439/2015 del índice del Juzgado Décimo de lo Civil, con sede en esta ciudad. Ahora, conforme a lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que se trata, toda vez que de su contenido integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En relación con ello, debe establecerse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo y su aclaración, se advierte que el promovente hace consistir como acto reclamado la falta de notificación personal de la resolución de once de septiembre de dos mil diecinueve dictada en el juicio ordinario civil 1439/2015 del índice del Juzgado Décimo de lo Civil, con sede en esta ciudad, en el que se decretó la caducidad de la instancia. Por tanto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". El precepto transcrito, prevé el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que a su vez consagra el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual el peticionario de amparo tiene la obligación de agotar los recursos ordinarios que la ley señala y a través de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar la resolución que se reclame, siempre que no se trate de alguno de los casos de excepción previstos en la propia norma. A mayor abundamiento, es prudente señalar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos humanos, por lo cual, su estructura está fundamentada en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional, en tanto que obliga a los quejosos a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que significa que la vía indirecta sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Para que se actualice la referida causal de improcedencia, es necesario que concurran los requisitos siguientes: 1) Que se trate de una resolución que provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; 2) Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, 3) Que la parte quejosa no sea una persona extraña al juicio de origen, o se ubique en algún otro caso de excepción. En el caso, se reúnen los requisitos que se precisaron en líneas supra, para que se actualice la causa de improcedencia que se invoca. Esto, en virtud de que el primero de los requisitos -que el acto reclamado emane de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo- se surte en la especie, toda vez que el acto reclamado fue emitido en el juicio ordinario civil 1439/2015 del índice del Juzgado Décimo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, en el que se reclamó como prestación, el cumplimiento de un contrato de compraventa, tal y como se obtiene de la certificación de cuenta, en virtud de que el juicio de amparo 780/2021-V del índice de este Juzgado fue promovido por Ana Luisa Ontiveros López, en contra de actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California y de otra autoridad, en el cual el -aquí quejoso- Ignacio Cordero Ascencio es tercero interesado; lo cual constituye un hecho notorio para este juicio. Luego, los artículos 76, 77 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, expone: "Artículo 76.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del título II serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha. Artículo 77. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo. 78.- Sólo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, por falta de citación para la absolución de posiciones y para reconocimiento de documentos, y en los demás casos en que la ley expresamente lo determine. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones, se fallarán en la sentencia definitiva." De los numerales transcritos, en esencia, dispone que en contra de la notificación hecha en forma distinta a la prevenida, procede el incidente de nulidad de notificaciones, el cual constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio, a fin de que el Juez natural se pronuncie sobre la nulidad, de ahí que los actos reclamados no puedan ser analizados como tal en el presente juicio de amparo. En efecto, de conformidad con lo establecido por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se obliga a la parte quejosa a que, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados por autoridad jurisdiccional, agote los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado; ello debe entenderse que dichos medios de impugnación ordinarios sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Ello es así, pues dicho deber no debe entenderse de llegar al extremo de obligar al quejoso a agotar recursos inútiles que no reparen la violación sufrida; por ende, debe entenderse que la regla de definitividad, en el caso concreto, también se sujeta a condición de que el medio de impugnación ordinario debe ser eficaz para reparar el acto en un plazo razonable. En ese sentido, se actualiza el segundo de los requisitos enunciados -proceda algún medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama- en atención a que contra el acto reclamado procede el incidente de nulidad de notificaciones, conforme a lo previsto en el artículo 126 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 1a./J. 68/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 1047, Materia Civil, Décima Época, con número de registro digital 2020845, cuyo rubro y texto dicen: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad". Por su parte, el tercer requisito de la causal de improcedencia en estudio ?que no se surta alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad?, se actualiza dado que el quejoso tiene el carácter de actor, en el juicio de origen, por lo que no le asiste el carácter de tercero extraño. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J. 65/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, página 177, Materia Laboral, Novena Época, con número de registro digital 193763, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO LABORAL, NO PUEDE TENER ESE CARÁCTER EL ACTOR. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la persona extraña al juicio es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente. Sin embargo este equiparamiento entre quien no fue parte en el juicio y quien siéndolo no fue emplazado o lo fue incorrectamente, no puede hacerse extensivo al actor, primero, porque éste sí fue parte en el juicio y, segundo, porque no puede alegar el desconocimiento del procedimiento, dado que fue él quien lo inició. Por tanto, si la Junta laboral, al tratar de cumplir con la obligación contenida en el artículo 742, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, de notificar personalmente el primer proveído al actor, no lo hace en los términos establecidos en los artículos 743 y siguientes del propio dispositivo legal, el actor no puede, so pretexto de ser extraño al juicio, quedar eximido de tramitar el incidente de nulidad previsto en el artículo 752 de la propia ley laboral. Asimismo el acto reclamado no importa un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otra parte, la resolución que se reclama no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, un auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, no niega la libertad bajo caución o que establece requisitos para su disfrute, no decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, y no constituye una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; asimismo, no se trata un auto de vinculación a proceso. Por tanto, la acción de amparo se condiciona al previo agotamiento del medio de defensa ordinario procedente. En esa intelección, si la parte quejosa no interpuso el medio de defensa que la ley de la materia contempla, por virtud del cual se puede modificar, revocar o nulificar la resolución que se reclama ?previo a acudir al presente juicio de amparo?, no obstante su vinculación a la controversia de origen, es inconcuso que no se cumplió con el principio de definitividad. Además, se estima pertinente destacar que, aun y cuando la falta de notificación personal del proveído que se duele el quejoso pudiera constituir una violación de imposible reparación -como lo refiere-, ello no lo exime de la obligación de agotar el medio de defensa ordinario. Atento a lo anterior, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se trata, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.."

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por el Titular de la Oficina de Representación en Baja California del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad; mediante el cual, solicita se cancele la multa impuesta dentro del presente juicio de amparo en fecha veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Ahora, visto el estado de autos, se obtiene que en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento formulado en autos de veintitrés de noviembre del mismo año, y se le impuso multa a ********************, Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en esta ciudad, de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización. Multa que fue registrada por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Baja California "2", en esta ciudad, con el número de documento determinante 39638/2022 de seis de enero del año en curso. Cabe destacar que, el treinta y uno de enero del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. En consecuencia, se ordena la cancelación de la multa impuesta a ********************, Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, precisado en el párrafo que antecede. Hágase lo anterior del conocimiento del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Baja California "2" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, a fin de que realice las gestiones correspondientes para llevar a cabo la cancelación de dicha sanción, debiendo informar sobre la misma en un término no mayor a tres días, contado a partir de que reciba el oficio relativo. En la inteligencia de que no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa por la cantidad de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo en vigor, medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/drm

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