Ignacio Colín Zepeda

Expediente 630/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
630/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/08/2021

Partes del expediente

  • Ignacio Colín Zepeda
  • Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México
  • H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, México

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, acusa de recibo del diverso 24158/2021, por el que se ordenó la devolución de dos tomos de los autos originales del expediente laboral 1188/2012, de su índice; circunstancia de la que se toma conocimiento.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, remite el juicio laboral ***/2012, en dos tomos e informa el contenido del acuerdo de dos de julio pasado, dictado en los autos del juicio de amparo directo DT ****/2021 de su índice, del que se advierte la presentación ante dicho órgano jurisdiccional de la demanda de amparo promovida por Georgina Álvarez Hernández, promoviendo en su carácter de Presidenta Municipal por ministerio de ley del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, respecto de la cual dicho tribunal declaró carecer de competencia para conocer de ella, por los motivos expuestos en el proveído citado. En consecuencia, fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 630/2021-I; acúsese el recibo correspondiente y fórmese anexo con el juicio laboral remitido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37, 41 y 45 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia y se asume el conocimiento del presente asunto. Ahora, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral *****/2012, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en el cual, de manera esencial, se dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra del ayuntamiento demandado, aquí quejoso, aunado a que esgrimió conceptos de violación para controvertir la diligencia de pago y embargo practicada el once de mayo del año en curso, en horario en que ese ayuntamiento se encontraba laborando. Respecto de dicho acto, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, del propio ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el numeral de referencia, como lo es el que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia. Ahora, de la intelección del precepto legal invocado en segundo término, se deduce que el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, entendiendo por "juicio", para los efectos del amparo, el proceso contencioso que inicia con la presentación de la demanda ante el órgano competente y concluye con el dictado de la sentencia definitiva. Sobre esa base, los actos impugnables en amparo indirecto ante Juez de Distrito, son los que los jueces o tribunales ordinarios ejecutan antes de que hayan recibido la demanda y después de que se haya pronunciado sentencia ejecutoria, incluyendo actos de ejecución de sentencia o de remates, aunque con reglas específicas de procedencia. En efecto, de la interpretación de los artículo 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del numeral 114, fracciones III y IV de la Ley de Amparo abrogada (actualmente artículo 107, fracciones IV y V), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvo dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: 1. La primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. 2. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. 3. La regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Dichas reglas se encuentran contenidas en la jurisprudencia de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA." Ahora, es importante precisar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, dio un matiz importante a dichas reglas, pues determinó que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo (ahora fracción V del artículo 107), en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción III de dicho precepto (artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente), de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Las consideraciones apuntadas dieron origen a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En ese sentido, con base en los anteriores criterios jurisprudenciales se debe concluir que, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente en tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o laudo, si la acción constitucional no se promueve contra la última resolución dictada en ese procedimiento. Sin embargo, también se advierte que a esa regla aplica la excepción relativa a que, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de laudo, existe la posibilidad de impugnarlos vía amparo indirecto, exclusivamente cuando infrinjan directamente derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la resolución definitiva. En ese tenor, como ha quedado precisado, el acto reclamado es el acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral ****/2012, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en el cual, de manera esencial, se dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra del ayuntamiento demandado, aquí quejoso, aunado a que esgrimió conceptos de violación para controvertir la diligencia de pago y embargo practicada el once de mayo del año en curso, en horario en que ese ayuntamiento se encontraba laborando. Como se ve, el acto reclamado en estudio no constituye la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución, ya que en aquél no se declara cumplido el laudo ni se decreta la imposibilidad de que se cumpla; por el contrario dicha auto tiene por objeto ejecutar la condena dictada en el juicio laboral de origen. Es ilustrativo a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de rubro: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN' DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO." Además, el acto reclamado tampoco constituye una resolución que haya resuelto un procedimiento incidental o de otra índole similar, que tenga por objeto preparar la ejecución de la sentencia. En las condiciones anotadas, resulta evidente que el acto reclamado no constituye la última resolución con la que concluya el procedimiento de ejecución de laudo, ya que en él no se declaró cumplida la condena o se decretó la imposibilidad de que ésta se cumpla; y tampoco afectan materialmente derechos sustantivos distintos de la cosa juzgada y, por ende, en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, el juicio de amparo es improcedente. Además, no se actualizan los supuestos de excepción dado que la parte quejosa no comparece como tercero extraño al juicio de origen, ya que fue demandada en el juicio laboral de origen y ha tenido intervención en dicho procedimiento; de igual modo, no aduce que con el acto reclamado se violenten materialmente derechos sustantivos distintos de la cosa juzgada en el juicio primigenio. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que no sería factible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sentido, ambos de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio el que cita la quejosa, para los efectos que refiere; asimismo, se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Esperanza Salazar Mercado y Juan Maldonado Gomora, por no contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente, ello hasta en tanto cuenten con dicho registro, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, en la tesis cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.

  3. Principal

    SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIONO, EN EL JUICIO DE AMPARO 630/2021, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO OFICIAL (HASTA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2021, EN RAZÓN A QUE SE ENCONTRABAN DE VACACIONES),EL CUAL ES DEL DEL TENOR SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, trece de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, remite el juicio laboral ***/2012, en dos tomos e informa el contenido del acuerdo de dos de julio pasado, dictado en los autos del juicio de amparo directo DT ****/2021 de su índice, del que se advierte la presentación ante dicho órgano jurisdiccional de la demanda de amparo promovida por Georgina Álvarez Hernández, promoviendo en su carácter de Presidenta Municipal por ministerio de ley del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, respecto de la cual dicho tribunal declaró carecer de competencia para conocer de ella, por los motivos expuestos en el proveído citado. En consecuencia, fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 630/2021-I; acúsese el recibo correspondiente y fórmese anexo con el juicio laboral remitido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37, 41 y 45 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia y se asume el conocimiento del presente asunto. Ahora, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral *****/2012, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en el cual, de manera esencial, se dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra del ayuntamiento demandado, aquí quejoso, aunado a que esgrimió conceptos de violación para controvertir la diligencia de pago y embargo practicada el once de mayo del año en curso, en horario en que ese ayuntamiento se encontraba laborando. Respecto de dicho acto, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, del propio ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el numeral de referencia, como lo es el que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia. Ahora, de la intelección del precepto legal invocado en segundo término, se deduce que el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, entendiendo por "juicio", para los efectos del amparo, el proceso contencioso que inicia con la presentación de la demanda ante el órgano competente y concluye con el dictado de la sentencia definitiva. Sobre esa base, los actos impugnables en amparo indirecto ante Juez de Distrito, son los que los jueces o tribunales ordinarios ejecutan antes de que hayan recibido la demanda y después de que se haya pronunciado sentencia ejecutoria, incluyendo actos de ejecución de sentencia o de remates, aunque con reglas específicas de procedencia. En efecto, de la interpretación de los artículo 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del numeral 114, fracciones III y IV de la Ley de Amparo abrogada (actualmente artículo 107, fracciones IV y V), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvo dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: 1. La primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. 2. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. 3. La regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Dichas reglas se encuentran contenidas en la jurisprudencia de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA." Ahora, es importante precisar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, dio un matiz importante a dichas reglas, pues determinó que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo (ahora fracción V del artículo 107), en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción III de dicho precepto (artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente), de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Las consideraciones apuntadas dieron origen a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En ese sentido, con base en los anteriores criterios jurisprudenciales se debe concluir que, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente en tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o laudo, si la acción constitucional no se promueve contra la última resolución dictada en ese procedimiento. Sin embargo, también se advierte que a esa regla aplica la excepción relativa a que, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de laudo, existe la posibilidad de impugnarlos vía amparo indirecto, exclusivamente cuando infrinjan directamente derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la resolución definitiva. En ese tenor, como ha quedado precisado, el acto reclamado es el acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral ****/2012, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en el cual, de manera esencial, se dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra del ayuntamiento demandado, aquí quejoso, aunado a que esgrimió conceptos de violación para controvertir la diligencia de pago y embargo practicada el once de mayo del año en curso, en horario en que ese ayuntamiento se encontraba laborando. Como se ve, el acto reclamado en estudio no constituye la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución, ya que en aquél no se declara cumplido el laudo ni se decreta la imposibilidad de que se cumpla; por el contrario dicha auto tiene por objeto ejecutar la condena dictada en el juicio laboral de origen. Es ilustrativo a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de rubro: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN' DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO." Además, el acto reclamado tampoco constituye una resolución que haya resuelto un procedimiento incidental o de otra índole similar, que tenga por objeto preparar la ejecución de la sentencia. En las condiciones anotadas, resulta evidente que el acto reclamado no constituye la última resolución con la que concluya el procedimiento de ejecución de laudo, ya que en él no se declaró cumplida la condena o se decretó la imposibilidad de que ésta se cumpla; y tampoco afectan materialmente derechos sustantivos distintos de la cosa juzgada y, por ende, en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, el juicio de amparo es improcedente. Además, no se actualizan los supuestos de excepción dado que la parte quejosa no comparece como tercero extraño al juicio de origen, ya que fue demandada en el juicio laboral de origen y ha tenido intervención en dicho procedimiento; de igual modo, no aduce que con el acto reclamado se violenten materialmente derechos sustantivos distintos de la cosa juzgada en el juicio primigenio. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que no sería factible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sentido, ambos de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio el que cita la quejosa, para los efectos que refiere; asimismo, se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Esperanza Salazar Mercado y Juan Maldonado Gomora, por no contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente, ello hasta en tanto cuenten con dicho registro, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, en la tesis cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.

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