Ignacio Chávez Cisneros
Expediente 3679/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 3679/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/01/2019
Partes del expediente
- Ignacio Chávez Cisneros
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que por auto de dos de enero pasado se requirió a la parte quejosa para que acudiera a las instalaciones de la autoridad responsable a recoger la cantidad autorizada a su favor; por tanto, con fundamento en los artículos 192, cuarto párrafo y 193, tercer párrafo, de la ley de la materia, requiérase al Secretario del Transporte del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, informe si el impetrante de garantías acudió a sus instalaciones para recibir el cheque; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de dos de enero del año en curso.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio enviado por el Presidente de la Treceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite copia certificada del acta levantada por la Actuaria adscrita a la citada Junta, en los autos del juicio laboral 1013/2016; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado resolverá si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que: Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso por propio derecho, contra actos de autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHARLA DE PLANO, por actualizarse un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, el amparo deviene improcedente al actualizarse una causa que impide su admisión y tramitación, la cual es oficiosa por ser de orden público en términos del artículo 62 de la citada ley. Efectivamente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé la inejercibilidad del juicio constitucional contra resoluciones dictadas por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Lo anterior, debido a que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el de definitividad que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional. Dicho principio se encuentra contemplado en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone la procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo cuya ejecución sea de imposible reparación, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; ello, con la finalidad de que hasta en tanto sean adversos los resultados que se obtengan en los recursos ordinarios, no será posible acudir a la Justicia Federal que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. Es aplicable la jurisprudencia: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVITAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo". Ahora bien, el peticionario del amparo reclama a través del presente juicio de amparo, la determinación reclamada el veintiocho de octubre de dos mil dieciocho por la Asamblea General de Ejidatarios en el que se le removió del cargo de ejidatario respecto del predio rustico del cual aduce propiedad en el Municipio de "El Grullo, Jalisco"; atribuyéndole diversas violaciones, entre las que destacan las emitidas por las autoridades agrarias al actuar como órganos rectores y auxiliares de la misma, al no apegarse a los términos establecidos en la Ley Agraria; ejecución que reclama al Comisario respectivo. No obstante, es importante precisar que ello no es impugnable en la instancia que se intenta, porque en contra de tales actos procede el juicio agrario establecido en el artículo 163 de la Ley Agraria. Efectivamente, se tiene que acorde a lo establecido en el artículo 1° de la Ley Agraria, es el ordenamiento que reglamenta el artículo 27 Constitucional, que prevé todo lo relacionado con las tierras y aguas de la nación, además de dar vida jurídica a diversas instituciones como lo es la propiedad comunal y ejidal. Ahora, el capítulo I del título décimo de la legislación en comento, regula la jurisdicción en materia agraria, para la correcta solución de controversias que surjan con la aplicación de las disposiciones que la propia Ley Agraria establece. Luego, el arábigo 163 de la Ley Agraria prevé el juicio agrario o acción agraria, y, su objeto es dirimir, substanciar y resolver toda controversia motivada con la aplicación de las disposiciones contenidas en la ley en comento. Asimismo, el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, establece la competencia de dichos Tribunales, y en sus fracciones IV, VI y IX, señala que conocerán de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones de las autoridades agrarias, que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; asimismo, conocerán de las controversias en materia agraria surgidas entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí, o las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población (Asamblea General de Ejidatarios ó Comisariado Ejidal); y, de las omisiones que incurran y que deparen perjuicio a los ejidatarios. A su vez el numeral 166 de la Ley Agraria establece los requisitos para la tramitación de las diligencias precautorias a fin de proteger a los interesados, en la especie, la suspensión del acto de autoridad que se reclame. Por ende, previo a promover juicio de amparo debió promover el juicio agrario ante el Tribunal Unitario Agrario, por ser el órgano competente para dirimir la controversia planteada, medio de defensa que prevé la suspensión de los actos reclamados. Resulta aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia 31 (9°), con número de registro 920377, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TRIBUNALES AGRARIOS. EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN CONTROVERSIAS DONDE SE RECLAMA PRINCIPALMENTE LA NULIDAD DE UN ACTA O RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE UN NÚCLEO DE POBLACIÓN". En esos términos, se colige que contra el acto que reclama el quejoso, existe medio ordinario de defensa a través del cual es posible modificar, revocar o nulificar la asamblea llevada a cabo el veintiocho de octubre de dos mil dieciocho. Además, el presente caso no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción previstos por la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia; es decir, la ley secundaria prevé la suspensión del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los señalados por la Ley de Amparo, puesto que el diverso 166 de la Ley Agraria, que prevé la suspensión del acto de autoridad, remite a las disposiciones aplicables en ese rubro de la propia Ley de Amparo; la inconstitucionalidad del acto reclamado se hace depender de violación a leyes secundarias. Así las cosas, al haberse actualizado la causa prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 de dicho ordenamiento legal, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Se tiene como autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a quien indica, por así haberlo solicitado el promovente y en razón de que el presente asunto es materia agraria por lo que no requiere contar con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. De conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (modificado en el Acuerdo General Conjunto S/N-2007), y del Acuerdo General del propio Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, hágase saber a las partes que sus datos personales se harán del conocimiento de terceros, pero podrán oponerse en los términos, plazos y condiciones establecidos en esos ordenamientos.
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