Ignacio Castillo Castillo

Expediente 139/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
139/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
24/05/2022

Partes del expediente

  • Ignacio Castillo Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2, ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a catorce de marzo de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, por el que la parte quejosa solicita dos juegos de copias certificadas de diversas constancias que integran el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 221, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido y previa toma de razón que por su recibo se deje en autos, expídanse a su costa copia certificada, únicamente por lo que hace a un tanto, de las documentales que refiere; en el entendido de que la persona que se presente a recogerlos, deberá exhibir original y copia de su identificación oficial vigente, provista de fotografía, la cual, previo cotejo que se realice será glosada en autos. Lo anterior, en razón de que no expone las razones que justifiquen ese número de copias que pide, máxime que el suscrito, derivado de la escasez de recursos materiales con que cuenta éste juzgado, está obligado a contribuir al ahorro de los mismos. Para tal efecto y conforme a las disposiciones establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y tomando en cuenta que a este Juzgado de Distrito le correspondió la jornada de labores presencial de las nueve horas con quince minutos (09:15), a las quince horas con quince minutos (15:15), deberá programar una cita dentro de ese horario para la entrega de constancias. Lo anterior, con uso de la facultad con la que cuenta el suscrito para administrar éste órgano jurisdiccional, derivada de los artículos 17 y 94, constitucionales y con la finalidad de agilizar el trabajo que se desarrolla en este Juzgado Federal, permitiendo que la labor de los servidores públicos que gozan de fe pública en este Órgano, se limite en la medida de lo posible, a la función jurisdiccional y no únicamente a la expedición de copias y entrega de documentos. Notifíquese.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, a uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Director General de Programación, Organización y Presupuesto, y a su superior jerárquico Coordinador General de Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han sido omisos en coadyuvar con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que no han remitido las constancias con las que acrediten haber dado cumplimiento al fallo protector, de manera específica la suficiencia presupuestal autorizada a favor de la parte quejosa por la cantidad que asciende a ****, por concepto de diferencias del pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete, la cual les fue requerida mediante acuerdos de diecisiete de marzo, quince de abril, treinta de junio, veintiocho de julio, dieciocho de noviembre, veintiséis de noviembre y diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno y veintiocho de enero y nueve de febrero de dos mil veintidós, pese a estar debidamente notificadas. En ese sentido, con el objeto de procurar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y restituir plenamente al quejoso en sus derechos, toda vez que ya fue agotada la primera etapa del procedimiento de ejecución de sentencia previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo; y con finalidad de continuar procurando el cumplimiento del fallo protector, con fundamento en el artículo 192 de la referida ley, se REQUIERE POR ÚLTIMA OCASIÓN al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, debe: ? Emitir la suficiencia presupuestal autorizada a favor de la quejosa, por la cantidad que asciende a $14,780.72 (catorce mil setecientos ochenta pesos 72/100 moneda nacional), por concepto de diferencias del pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete. En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, se REQUIERE POR ÚLTIMA OCASIÓN al Coordinador General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de la vinculada responsable, la conmine a dar cumplimiento al fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la vinculada responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas que en caso de omisión, términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a las personas físicas que ostentan los cargos precisados, una multa por QUINIENTAS VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Aunado a lo anterior, se hará del conocimiento de nueva cuenta al Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien conoce del incidente de inejecución de sentencia aperturado en autos con el número de expediente 15/2021 para los efectos legales correspondientes. Lo anterior, tomando en consideración el tiempo que ha trascurrido en exceso para acatar lo ordenado en el fallo protector dictado en autos, aunado a que el cumplimiento de una determinación judicial constituye una cuestión de orden público, por lo que deben evitarse actuaciones o decisiones que la dificulten. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO ES DE ORDEN PUBLICO DEBIENDOSE EVITAR ACTUACIONES O DECISIONES QUE LO DIFICULTEN O IMPIDAN. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107,fracción XVI, de la Constitución, y 105 y 113 de la Ley de Amparo, en cuanto a las medidas que deben adoptarse para lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, debe establecerse que éste es de orden público, lo que exige que las decisiones y acciones que se adopten en esa materia, no tiendan a propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a ese objetivo. Por consiguiente, si bien la improcedencia del incidente de inejecución de sentencia se produce cuando existe un acto que entraña un principio de cumplimiento, ello solo resulta aplicable cuando tal situación se presente con anterioridad a la promoción del referido incidente y no cuando ello ocurre durante su tramitación pues, en este caso, en el debe lograrse el pleno cumplimiento de la sentencia y proceder, en su caso, a adoptar las medidas consignadas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución (Época: Octava Época, Registro: 206968, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Materia(s): Común, Tesis: 3a. XCI/91, Página: 99). En ese sentido, no obstante no se desconoce que existe un procedimiento interno que se sigue dentro de dicha dependencia para realizar un pago, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que implica la entrega de recursos monetarios, las autoridades se encuentran obligadas a desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de sus atribuciones, para acatar la obligación constitucional que deriva de la sentencia, por lo que deberá atender el presente requerimiento de forma pronta y completa, en los términos fijados por este Juzgado de Distrito, Apoya lo anterior la jurisprudencia que establece: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. (Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10.) En el entendido, de que no se otorgara ninguna prórroga para atender lo solicitado en el presente proveído, por las razones anteriormente expuestas, por lo que transcurrido el termino aludido, en caso omiso de su parte, sin mayor providencia se hará efectivo el apercibimiento decretado. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual, solicita se requiera nuevamente el cumplimiento del fallo protector a las autoridades responsables e informa las constancias que deben remitirse con los recursos de queja interpuestos en autos en contra del proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar, debiendo estarse a lo acordado en párrafos precedentes. En ese sentido, por cuanto hace a su solicitud de requerir nuevamente a las autoridades responsables el cumplimiento del fallo protector, deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. Asimismo, resérvese acordar el envío del recurso de queja hasta en tanto fenezca el término concedido a las partes en proveídos de veintiuno y veintidós de febrero del año en curso. Sin que haya lugar a requerir a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que gestione ante la Dirección de Operación y Control de Pagos la reimpresión de la planilla de liquidación al ejercicio fiscal dos mil veintidós, toda vez que mediante proveído de nueve de febrero del año en curso, este juzgado hizo del conocimiento de las autoridades responsables que no se aceptarían trámites dilatorios en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tal como lo es la obtención de la planilla actualizada al presente ejercicio fiscal, por lo que deberán realizar todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento al fallo protector en el término otorgado en párrafos anteriores. Finalmente, por cuanto hace a su solicitud respecto a remitir el presente expediente al tribunal colegiado de circuito para iniciar el incidente de inejecución relativo, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno ya se ordenó remitir los autos originales al Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien conoce del INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 15/2021. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Vistos los oficios signados por la Subdirectora de Amparos Administrativos en suplencia de la Coordinadora General de Administración, y por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuales, la primera, informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y el segundo, comunica que para estar en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debe contar con la planilla de liquidación actualizada al ejercicio dos mil veintidós, que aduce le debe ser remitida por la Directora General de Recursos Humanos de dicha fiscalía. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguense a los autos para que obren como correspondan, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar Ahora bien atento a lo manifestado, cabe destacar que desde el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se requirió a las citadas autoridades para que otorgaran la suficiencia presupuestal referida, esto es, desde hace aproximadamente seis meses, sin que a la fecha lo hayan realizado, lo que evidencia su contumacia y renuencia para acatar el cumplimiento de la sentencia de amparo. En efecto, derivado de los múltiples asuntos que se substancian en este Juzgado de Distrito, es un hecho notorio para el suscrito las prácticas dilatorias de las autoridades vinculadas, para retrasar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa, en específico del Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como lo es que ante el inicio del ejercicio fiscal en curso, pretende reiniciar el procedimiento de pago bajo el pretexto de solicitar la planilla de liquidación actualizada, y en consecuencia, evadir el cumplimiento de los requerimientos que le formula este órgano jurisdiccional; actuación que constituye una práctica dilatoria y negligente que obstaculiza y dificulta el cumplimento de la sentencia dictada en autos. Aunado a la mala fe con la que evidentemente se conducen las autoridades aquí requeridas, todas vez que si durante casi seis meses, no fueron capaces de otorgar la suficiencia presupuestal solicitada, permitirle reiniciar el procedimiento de pago, implicaría prolongar durante otro año el procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la misma etapa en que actualmente se encuentra el juicio de amparo en que se actúa (otorgamiento de suficiencia presupuestal), desde hace casi seis meses, como ya se ha expuesto, por lo que transcurrido el ejercicio fiscal dos mil veintidós, nuevamente pretenderá reiniciar el procedimiento de pago y así sucesivamente año con año, evadiendo su obligación constitucional de atender lo ordenado por este Juzgado de Distrito. Además, si las autoridades mencionadas, ahora requieren una planilla actualizada al presente ejercicio fiscal, es un trámite generado precisamente como consecuencia de su incumplimiento y su omisión de otorgar la suficiencia presupuestal ordenada desde el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, pues de haber atendido los requerimientos que se le formularon oportunamente, ahora no tendría que recabar nuevamente la citada planilla. En consecuencia, vista la notoria y reiterada renuencia para dar cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional, no ha lugar a tener en vías de cumplimiento la ejecutoria de amparo, ni excusar su incumplimiento bajo el argumento que la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no ha emitido la planilla de liquidación actualizada al ejercicio dos mil veintidós, ni tampoco a requerir a la autoridad antes señalada para que emita dicha planilla actualizada, pues como ya se expuso en los párrafos que anteceden, las autoridades requeridas han dilatado en exceso el cumplimiento del fallo protector de manera injustificada, aunado a que, desde el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional les remitió la planilla de liquidación correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno, por lo que si desde septiembre pasado, no emitieron la suficiencia presupuestal requerida, es su entera responsabilidad el incumplimiento a los requerimientos de este Juzgado ante su actitud contumaz y negligente en un abierto desacato a éste órgano jurisdiccional, por lo que en todo caso, es a las autoridades omisas a quienes les corresponde realizar todos los trámites administrativos dentro de dicha Fiscalía para subsanar su omisión y cumplir dentro de los plazos otorgados por este Juzgado Federal. En ese sentido, con el objeto de procurar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y restituir plenamente al quejoso en sus derechos, toda vez que ya fue agotada la primera etapa del procedimiento de ejecución de sentencia previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo; y con finalidad de continuar procurando el cumplimiento del fallo protector, con fundamento en el artículo 192 de la referida ley, se REQUIERE NUEVAMENTE al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, debe: ? Emitir la suficiencia presupuestal autorizada a favor de la quejosa, por la cantidad que asciende a $157,160.19 (ciento cincuenta y siete mil ciento sesenta pesos 19/100 moneda nacional). En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, se REQUIERE NUEVAMENTE al Coordinador General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de la vinculada responsable, la conmine a dar cumplimiento al fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la vinculada responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas que en caso de omisión, términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a las personas físicas que ostentan los cargos precisados, una multa por QUINIENTAS VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Lo anterior, tomando en consideración el tiempo que ha trascurrido en exceso para acatar lo ordenado en el fallo protector dictado en autos, aunado a que el cumplimiento de una determinación judicial constituye una cuestión de orden público, por lo que deben evitarse actuaciones o decisiones que la dificulten. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO ES DE ORDEN PÚBLICO DEBIENDOSE EVITAR ACTUACIONES O DECISIONES QUE LO DIFICULTEN O IMPIDAN. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107,fracción XVI, de la Constitución, y 105 y 113 de la Ley de Amparo, en cuanto a las medidas que deben adoptarse para lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, debe establecerse que éste es de orden público, lo que exige que las decisiones y acciones que se adopten en esa materia, no tiendan a propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a ese objetivo. Por consiguiente, si bien la improcedencia del incidente de inejecución de sentencia se produce cuando existe un acto que entraña un principio de cumplimiento, ello solo resulta aplicable cuando tal situación se presente con anterioridad a la promoción del referido incidente y no cuando ello ocurre durante su tramitación pues, en este caso, en el debe lograrse el pleno cumplimiento de la sentencia y proceder, en su caso, a adoptar las medidas consignadas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución (Época: Octava Época, Registro: 206968, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Materia(s): Común, Tesis: 3a. XCI/91, Página: 99). En ese sentido, no obstante no se desconoce que existe un procedimiento interno que se sigue dentro de dicha dependencia para realizar un pago, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que implica la entrega de recursos monetarios, las autoridades se encuentran obligadas a desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de sus atribuciones, para acatar la obligación constitucional que deriva de la sentencia, por lo que deberá atender el presente requerimiento de forma pronta y completa, en los términos fijados por este Juzgado de Distrito. Apoya lo anterior la jurisprudencia que establece: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. (Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10). En el entendido de que no se otorgará ninguna prórroga para atender lo solicitado en el presente proveído, por las razones expuestas, por lo que transcurrido el termino aludido, en caso omiso de su parte, sin mayor providencia se hará efectivo el apercibimiento decretado. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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