Ignacio Castillo Castillo
Expediente 330/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 330/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ignacio Castillo Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Agréguese el oficio 25526/2021 signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, del que se desprende que acusa recibo del oficio remitido por este órgano jurisdiccional y manifiesta que se avoca al conocimiento de la competencia planteada a su favor, la cual registraron con el número de expediente 651/2021 de su índice. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal: ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso j), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se decretó la incompetencia; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa Vistas las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, de las que se advierte que mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno (fojas 6 a 11), se admitió a trámite la demanda de amparo; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la correspondiente intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; así como se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En el caso, la parte quejosa reclama de manera destacada de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México lo siguiente: La omisión de respuesta de la petición que presentó el cinco de noviembre de dos mil veinte, en la que, entre otras cuestiones, solicita "se me informe el número de carpeta y estado procesal de las siguientes denuncias (.) la petición de la parte quejosa se inserta para pronta referencia: Precisión que se hace con apoyo en lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro a la letra dice "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De lo anterior, se colige que, la omisión de respuesta de la petición que por esta vía se reclama el quejoso de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, constituye un acto cuyo origen se sustenta en la materia penal, pues como se precisó, solicitó información relativa al número de carpeta y estado procesal de diversas denuncias, de las que incluso puede advertirse que es parte, según se aprecia del análisis de las constancias que se anexaron al informe justificado de la autoridad responsable. En ese sentido, este órgano jurisdiccional determina que el acto reclamado en la presente vía es de naturaleza penal, y que para analizar su legalidad se tendrá que aplicar la legislación penal sustantiva y adjetiva, ya que los ordenamientos jurídicos penales son los que regulan el acto que por esta vía se impugna, toda vez que el peticionario de amparo señala como tal la omisión de atender una petición relacionada con denuncias realizadas por presuntos delitos previstos en la legislación penal. Por ende, el análisis del acto que se reclama compete al Juez de Distrito especializado en materia penal, dado que no se colma alguno de los supuestos jurídicos contenidos en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados en materia administrativa. Bajo este contexto, conviene tener presentes los artículos 51 y 52 de la ley invocada establecen, respectivamente, las atribuciones de los Jueces de Distrito de Amparo en materia penal y de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, en los siguientes términos: "51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La asignación de competencias por materia es congruente con el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho y, por ello, pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto. En el primero de los preceptos citados, se fijan las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en el conocimiento de los juicios de amparo indirecto en la materia penal e interpretando de forma sistemática las fracciones de dicho precepto, se desprende que en el mismo se prevé la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de actos materialmente penales, con independencia de la naturaleza de la autoridad que los expide, pues el acto puede emanar de cualquier autoridad judicial o administrativa, con tal de que se trate de un acto materialmente penal. De este modo, si se considera que las omisiones y violaciones a los derechos fundamentales de acceso a la información y al derecho de petición, el cual constituye el acto reclamado en el presente asunto, deriva de la omisión en que incurre la autoridad Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (autoridad que señala como responsable, antes Procuradora General de Justicia), al no atender la petición relacionada con denuncias a las que se hacen alusión en el escrito de petición de cinco de noviembre de dos mil veinte; por lo que, se estima que la competencia para resolver el presente asunto se ubica en el propio artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es aplicable en lo conducente la tesis aislada II.2o.P.102 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Fuente:. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 3015, Materias(s): Común, Penal, Registro digital: 2022847, de rubro y texto siguiente: "OMISIÓN DE LAS FISCALÍAS DE DAR RESPUESTA O INFORMACIÓN SOBRE UNA DENUNCIA DE HECHOS. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON AQUÉLLA, COMO VIOLACIÓN DIRECTA AL DERECHO DE PETICIÓN, SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE, PARA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, HACE PROCEDENTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL [INAPLICABILIDAD DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 27/2018 (10a.) Y 1a./J. 28/2018 (10a.)]. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto y refirió como actos reclamados los relacionados con las omisiones atribuidas a diversas Fiscalías (General de la República y Regional de un Estado), consistentes en no dar respuesta o información sobre una denuncia de hechos, no haber designado a un agente del Ministerio Público que se encargara de su investigación, ni número a la carpeta que al efecto se abriera. El Juez de Distrito desechó la demanda, al estimar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad, ya que previo a instar la acción constitucional, el quejoso debió impugnar las omisiones o abstenciones surgidas durante la etapa de investigación ante la autoridad judicial, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atento a las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.). Inconforme con lo anterior, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se reclaman actos relacionados con la omisión de las Fiscalías de dar respuesta sobre una denuncia de hechos, como violación directa al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se actualiza una excepción al principio de definitividad que, para los efectos de la admisión de la demanda de amparo, hace procedente la acción constitucional. Justificación: Lo anterior es así, en razón de que el Juez de Distrito no puede exigir, desde el auto inicial, la satisfacción del principio de definitividad que rige en el juicio de derechos fundamentales, cuando del escrito de demanda se advierta que el quejoso solamente se duele de una violación directa al artículo 8o. constitucional, pues en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en correlación con la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.", no existe obligación de agotar los medios de defensa ordinarios que prevé la ley que rige el acto reclamado, previo a la interposición del juicio de amparo, cuando únicamente se aducen violaciones directas a la Constitución. Y si bien la Primera Sala del Más Alto Tribunal de la República, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), estableció que tratándose de omisiones atribuibles al Ministerio Público, previamente a acudir al amparo, debe agotarse el recurso innominado previsto en el artículo 258 mencionado, lo cierto es que dichas tesis de jurisprudencia no son aplicables en la hipótesis que se analiza, ya que ninguna de ellas excluye, anula o hace nugatorio el supuesto en el que el quejoso se coloque en el específico caso de excepción que opera tratándose del principio de definitividad, al tenor del invocado artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, esto es, cuando sólo alegue violaciones directas a algún precepto de la Constitución General. Por tanto, en un caso así, el juzgador debe admitir la demanda de amparo y no desecharla de plano por notoria improcedencia, con mayor razón cuando de ella se advierta que, en estricto sentido, no se atribuye a un determinado agente del Ministerio Público cualquiera de las determinaciones a que se contrae el artículo 258 indicado, al no reclamársele cualquier pronunciamiento relacionado con una investigación ya iniciada, como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción penal, sino ciertas omisiones imputables de forma genérica a diversas Fiscalías. Y aunque pudiera considerarse que se está frente a una omisión, por excelencia, atribuible a las Fiscalías correspondientes y, de alguna manera, relacionada con la descripción normativa que hace el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre omisiones o negligencias atribuidas al Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, derivada de la falta de avocamiento a una denuncia de hechos, su registro conforme al número de carpeta que le corresponda y su correlativa asignación o turno a un determinado agente del Ministerio Público, vistos como actos propios relacionados con la investigación de cualquier delito, lo cierto es que ese conglomerado de omisiones no está disociado del hecho de que, en opinión del quejoso, se transgrede su derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, cuya introducción en el escrito de demanda, es motivo suficiente para que el Juez se vea imposibilitado para desechar la demanda por violación al principio de definitividad, dada la excepción operante a este último, en términos de las disposiciones constitucional, jurisprudencial y legal precisadas". Al respecto, por analogía, se cita la jurisprudencia 1a.J/89/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 46, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA. Cuando se trate de juicios de amparo interpuestos en contra de actos realizados por el agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa, que no incidan en la libertad personal del quejoso ni se esté en presencia de un procedimiento de extradición, en atención a su naturaleza intrínsecamente penal, independientemente de la procedencia del juicio de garantías, es competente para conocer de ellos el Juez de Distrito en Materia Penal y, en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia para resolver el recurso de revisión respectivo. Ello es así, en virtud de que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados o Jueces de Distrito atiende a la naturaleza del acto reclamado para decidirlos, prescindiendo de la naturaleza formal de la autoridad de la que emana el acto; de ahí que aun cuando durante la integración de la averiguación previa el agente del Ministerio Público es una autoridad formalmente administrativa, los actos que realiza son de naturaleza penal, ya que practica toda clase de diligencias con fundamento en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto. De igual forma, es aplicable en lo conducente la tesis I.5o.P.16P de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 1105 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, mayo de 2001, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER SOBRE LA NEGATIVA A EXPEDIR COPIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. Cuando un indiciado al promover demanda de amparo señala como acto reclamado la negativa a expedir copias de la averiguación previa, aun cuando se trata de un acto formalmente administrativo, al ser emitido por el Ministerio Público, su naturaleza intrínseca es penal y conforme al artículo 51, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entraña el análisis de preceptos de esa materia que protegen derechos del quejoso, por lo que la competencia corresponde a un Juez de Distrito en Materia Penal y no Administrativa. Ahora, conviene tener presente que aun cuando el acto reclamado es atribuido a una autoridad administrativa, ello no es suficiente para estimar que dicho acto tiene tal carácter, ya que para determinar las características jurídicas del acto se debe atender a la naturaleza del mismo, de manera que si se sujeta a disposiciones de naturaleza penal debe considerarse que corresponde a la materia penal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.24/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 412 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado". Motivos por los cuales, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; 51 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, este órgano jurisdiccional determina carecer de competencia legal por razón de materia para resolver del presente juicio de amparo. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme del expediente en que se actúa, se ordena la remisión del presente asunto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente para resolverlo, por los motivos y fundamentos ya expuestos. Solicítese atentamente al juez declinado, que acuse el recibo correspondiente y precise si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. No se soslaya la determinación tomada por este Órgano Jurisdiccional, por la que se admitió a trámite la demanda de amparo, ya que al ser la competencia una cuestión de orden público, el juzgador de amparo queda facultado para examinarla en la sentencia y, en su caso, resolver lo que proceda conforme a derecho. Lo anterior se corrobora con el criterio publicado en la tesis que aparece publicada en la página 67, del Semanario Judicial de la Federación Séptima Época, Volumen 193-198, Tercera Parte, Segunda Sala, que dispone: COMPETENCIA, INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO. ACEPTADA POR UNA AUTORIDAD, NADA IMPIDE QUE PUEDA CUESTIONARSE DESPUÉS. Aun cuando una autoridad judicial haya aceptado inicialmente el conocimiento de un negocio, nada impide que posteriormente pueda cuestionarse y establecerse la competencia sobre el mismo, en virtud de que las cuestiones de competencia, por ser de orden público, pueden plantearse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte la resolución que ponga fin a la instancia, y sin contravenir lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Amparo, porque este precepto no prohíbe, y tampoco lo hace disposición otra alguna, que el Juez que haya admitido su competencia pueda rechazarla después." En efecto, no es obstáculo al sentido del presente fallo, la circunstancia de que mediante proveído de veintiséis de marzo del presente año (fojas 6 a 11), este juzgado federal admitió a trámite la demanda de amparo, pues al proveer sobre la misma, carecía de las constancias suficientes para conocer con exactitud los elementos que determinan la incompetencia de este órgano jurisdiccional. Máxime, que de la consulta efectuada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación, la cual se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ha conocido de diversos juicios de amparo promovidos por el aquí quejoso contra el mismo acto reclamado, en el caso, los radicados con los expedientes 512/2019, 767/2018 y 769/2019, entre otros. Finalmente, se deja sin efectos la fecha y hora señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, y hágase del conocimiento de las partes la presente determinación.
- Principal
Vistas las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, de las que se advierte que mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno (fojas 6 a 11), se admitió a trámite la demanda de amparo; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la correspondiente intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; así como se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En el caso, la parte quejosa reclama de manera destacada de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México lo siguiente: La omisión de respuesta de la petición que presentó el cinco de noviembre de dos mil veinte, en la que, entre otras cuestiones, solicita "se me informe el número de carpeta y estado procesal de las siguientes denuncias (.) la petición de la parte quejosa se inserta para pronta referencia: Precisión que se hace con apoyo en lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro a la letra dice "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De lo anterior, se colige que, la omisión de respuesta de la petición que por esta vía se reclama el quejoso de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, constituye un acto cuyo origen se sustenta en la materia penal, pues como se precisó, solicitó información relativa al número de carpeta y estado procesal de diversas denuncias, de las que incluso puede advertirse que es parte, según se aprecia del análisis de las constancias que se anexaron al informe justificado de la autoridad responsable. En ese sentido, este órgano jurisdiccional determina que el acto reclamado en la presente vía es de naturaleza penal, y que para analizar su legalidad se tendrá que aplicar la legislación penal sustantiva y adjetiva, ya que los ordenamientos jurídicos penales son los que regulan el acto que por esta vía se impugna, toda vez que el peticionario de amparo señala como tal la omisión de atender una petición relacionada con denuncias realizadas por presuntos delitos previstos en la legislación penal. Por ende, el análisis del acto que se reclama compete al Juez de Distrito especializado en materia penal, dado que no se colma alguno de los supuestos jurídicos contenidos en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados en materia administrativa. Bajo este contexto, conviene tener presentes los artículos 51 y 52 de la ley invocada establecen, respectivamente, las atribuciones de los Jueces de Distrito de Amparo en materia penal y de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, en los siguientes términos: "51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La asignación de competencias por materia es congruente con el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho y, por ello, pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto. En el primero de los preceptos citados, se fijan las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en el conocimiento de los juicios de amparo indirecto en la materia penal e interpretando de forma sistemática las fracciones de dicho precepto, se desprende que en el mismo se prevé la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de actos materialmente penales, con independencia de la naturaleza de la autoridad que los expide, pues el acto puede emanar de cualquier autoridad judicial o administrativa, con tal de que se trate de un acto materialmente penal. De este modo, si se considera que las omisiones y violaciones a los derechos fundamentales de acceso a la información y al derecho de petición, el cual constituye el acto reclamado en el presente asunto, deriva de la omisión en que incurre la autoridad Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (autoridad que señala como responsable, antes Procuradora General de Justicia), al no atender la petición relacionada con denuncias a las que se hacen alusión en el escrito de petición de cinco de noviembre de dos mil veinte; por lo que, se estima que la competencia para resolver el presente asunto se ubica en el propio artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es aplicable en lo conducente la tesis aislada II.2o.P.102 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Fuente:. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 3015, Materias(s): Común, Penal, Registro digital: 2022847, de rubro y texto siguiente: "OMISIÓN DE LAS FISCALÍAS DE DAR RESPUESTA O INFORMACIÓN SOBRE UNA DENUNCIA DE HECHOS. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON AQUÉLLA, COMO VIOLACIÓN DIRECTA AL DERECHO DE PETICIÓN, SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE, PARA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, HACE PROCEDENTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL [INAPLICABILIDAD DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 27/2018 (10a.) Y 1a./J. 28/2018 (10a.)]. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto y refirió como actos reclamados los relacionados con las omisiones atribuidas a diversas Fiscalías (General de la República y Regional de un Estado), consistentes en no dar respuesta o información sobre una denuncia de hechos, no haber designado a un agente del Ministerio Público que se encargara de su investigación, ni número a la carpeta que al efecto se abriera. El Juez de Distrito desechó la demanda, al estimar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad, ya que previo a instar la acción constitucional, el quejoso debió impugnar las omisiones o abstenciones surgidas durante la etapa de investigación ante la autoridad judicial, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atento a las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.). Inconforme con lo anterior, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se reclaman actos relacionados con la omisión de las Fiscalías de dar respuesta sobre una denuncia de hechos, como violación directa al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se actualiza una excepción al principio de definitividad que, para los efectos de la admisión de la demanda de amparo, hace procedente la acción constitucional. Justificación: Lo anterior es así, en razón de que el Juez de Distrito no puede exigir, desde el auto inicial, la satisfacción del principio de definitividad que rige en el juicio de derechos fundamentales, cuando del escrito de demanda se advierta que el quejoso solamente se duele de una violación directa al artículo 8o. constitucional, pues en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en correlación con la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.", no existe obligación de agotar los medios de defensa ordinarios que prevé la ley que rige el acto reclamado, previo a la interposición del juicio de amparo, cuando únicamente se aducen violaciones directas a la Constitución. Y si bien la Primera Sala del Más Alto Tribunal de la República, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), estableció que tratándose de omisiones atribuibles al Ministerio Público, previamente a acudir al amparo, debe agotarse el recurso innominado previsto en el artículo 258 mencionado, lo cierto es que dichas tesis de jurisprudencia no son aplicables en la hipótesis que se analiza, ya que ninguna de ellas excluye, anula o hace nugatorio el supuesto en el que el quejoso se coloque en el específico caso de excepción que opera tratándose del principio de definitividad, al tenor del invocado artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, esto es, cuando sólo alegue violaciones directas a algún precepto de la Constitución General. Por tanto, en un caso así, el juzgador debe admitir la demanda de amparo y no desecharla de plano por notoria improcedencia, con mayor razón cuando de ella se advierta que, en estricto sentido, no se atribuye a un determinado agente del Ministerio Público cualquiera de las determinaciones a que se contrae el artículo 258 indicado, al no reclamársele cualquier pronunciamiento relacionado con una investigación ya iniciada, como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción penal, sino ciertas omisiones imputables de forma genérica a diversas Fiscalías. Y aunque pudiera considerarse que se está frente a una omisión, por excelencia, atribuible a las Fiscalías correspondientes y, de alguna manera, relacionada con la descripción normativa que hace el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre omisiones o negligencias atribuidas al Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, derivada de la falta de avocamiento a una denuncia de hechos, su registro conforme al número de carpeta que le corresponda y su correlativa asignación o turno a un determinado agente del Ministerio Público, vistos como actos propios relacionados con la investigación de cualquier delito, lo cierto es que ese conglomerado de omisiones no está disociado del hecho de que, en opinión del quejoso, se transgrede su derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, cuya introducción en el escrito de demanda, es motivo suficiente para que el Juez se vea imposibilitado para desechar la demanda por violación al principio de definitividad, dada la excepción operante a este último, en términos de las disposiciones constitucional, jurisprudencial y legal precisadas". Al respecto, por analogía, se cita la jurisprudencia 1a.J/89/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 46, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA. Cuando se trate de juicios de amparo interpuestos en contra de actos realizados por el agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa, que no incidan en la libertad personal del quejoso ni se esté en presencia de un procedimiento de extradición, en atención a su naturaleza intrínsecamente penal, independientemente de la procedencia del juicio de garantías, es competente para conocer de ellos el Juez de Distrito en Materia Penal y, en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia para resolver el recurso de revisión respectivo. Ello es así, en virtud de que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados o Jueces de Distrito atiende a la naturaleza del acto reclamado para decidirlos, prescindiendo de la naturaleza formal de la autoridad de la que emana el acto; de ahí que aun cuando durante la integración de la averiguación previa el agente del Ministerio Público es una autoridad formalmente administrativa, los actos que realiza son de naturaleza penal, ya que practica toda clase de diligencias con fundamento en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto. De igual forma, es aplicable en lo conducente la tesis I.5o.P.16P de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 1105 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, mayo de 2001, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER SOBRE LA NEGATIVA A EXPEDIR COPIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. Cuando un indiciado al promover demanda de amparo señala como acto reclamado la negativa a expedir copias de la averiguación previa, aun cuando se trata de un acto formalmente administrativo, al ser emitido por el Ministerio Público, su naturaleza intrínseca es penal y conforme al artículo 51, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entraña el análisis de preceptos de esa materia que protegen derechos del quejoso, por lo que la competencia corresponde a un Juez de Distrito en Materia Penal y no Administrativa. Ahora, conviene tener presente que aun cuando el acto reclamado es atribuido a una autoridad administrativa, ello no es suficiente para estimar que dicho acto tiene tal carácter, ya que para determinar las características jurídicas del acto se debe atender a la naturaleza del mismo, de manera que si se sujeta a disposiciones de naturaleza penal debe considerarse que corresponde a la materia penal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.24/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 412 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado". Motivos por los cuales, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; 51 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, este órgano jurisdiccional determina carecer de competencia legal por razón de materia para resolver del presente juicio de amparo. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme del expediente en que se actúa, se ordena la remisión del presente asunto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente para resolverlo, por los motivos y fundamentos ya expuestos. Solicítese atentamente al juez declinado, que acuse el recibo correspondiente y precise si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. No se soslaya la determinación tomada por este Órgano Jurisdiccional, por la que se admitió a trámite la demanda de amparo, ya que al ser la competencia una cuestión de orden público, el juzgador de amparo queda facultado para examinarla en la sentencia y, en su caso, resolver lo que proceda conforme a derecho. Lo anterior se corrobora con el criterio publicado en la tesis que aparece publicada en la página 67, del Semanario Judicial de la Federación Séptima Época, Volumen 193-198, Tercera Parte, Segunda Sala, que dispone: COMPETENCIA, INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO. ACEPTADA POR UNA AUTORIDAD, NADA IMPIDE QUE PUEDA CUESTIONARSE DESPUÉS. Aun cuando una autoridad judicial haya aceptado inicialmente el conocimiento de un negocio, nada impide que posteriormente pueda cuestionarse y establecerse la competencia sobre el mismo, en virtud de que las cuestiones de competencia, por ser de orden público, pueden plantearse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte la resolución que ponga fin a la instancia, y sin contravenir lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Amparo, porque este precepto no prohíbe, y tampoco lo hace disposición otra alguna, que el Juez que haya admitido su competencia pueda rechazarla después." En efecto, no es obstáculo al sentido del presente fallo, la circunstancia de que mediante proveído de veintiséis de marzo del presente año (fojas 6 a 11), este juzgado federal admitió a trámite la demanda de amparo, pues al proveer sobre la misma, carecía de las constancias suficientes para conocer con exactitud los elementos que determinan la incompetencia de este órgano jurisdiccional. Máxime, que de la consulta efectuada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación, la cual se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ha conocido de diversos juicios de amparo promovidos por el aquí quejoso contra el mismo acto reclamado, en el caso, los radicados con los expedientes 512/2019, 767/2018 y 769/2019, entre otros. Finalmente, se deja sin efectos la fecha y hora señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, y hágase del conocimiento de las partes la presente determinación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese el oficio de la Directora de Amparos, en ausencia de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual, en desahogo al requerimiento formulado en proveído de cuatro de junio del año en curso, remite copia certificada del oficio 0629 de quince de abril de dos mil veintiuno, así como la cédula de notificación del mismo. Se tiene por desahogado el citado requerimiento y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en dicho auto. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.
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