Ignacio Castillo Castillo
Expediente 703/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ignacio Castillo Castillo
Actuaciones
- Principal
mesa "1" Ciudad de México, a ocho de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario adscrito al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remite copia certificada de la resolución aprobada en sesión de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, en el C.C.A. 28/2016, formado con motivo del conflicto competencia hecho valer por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, resolución en la que se determinó: "ÚNICO. Se declara legalmente competente al JUEZ DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para conocer de la demanda promovida por IGNACIO CASTILLO CASTILLO. Notifíquese." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, acúsese el recibo respectivo y archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se establece que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.
- Principal
mesa "1" Ciudad de México, a diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a este expediente para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, atento a su contenido, téngasele comunicando que el secretario encargado del despacho del juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México insistió en sostener su incompetencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Ignacio Castillo Castillo ante lo cual se denunció conflicto competencial, el cual se registró con el número C.C.A. 28/2016; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
mesa "1" Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a este expediente para que obre como corresponda el oficio del Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual, en principio acusa de recibo del oficio 53999/2016, de este índice, por el que se hizo de su conocimiento que no se aceptó la competencia declinada en favor de este Juzgado de Amparo en Materia Penal. De igual forma, hace del conocimiento que al disentir de los razonamientos en que se sustentó la incompetencia de este Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México, planteó conflicto competencial y remitió los autos del juicio de amparo 1112/2016, a la Oficina de correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, a fin de que lo remita al Tribunal Colegiado en turno, para que se determine a quien corresponde conocer de dicho asunto. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
mesa"1"Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil dieciséis. Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México mediante el cual remite el juicio de amparo 1112/2016 de su índice, promovido por IGNACIO CASTILLO CASTILLO, contra los actos y las autoridades que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número 703/2016-1 y fórmese el expediente correspondiente. Análisis de la competencia. Una vez estudiados los argumentos que plantea el Juez declinante, éste juzgador por el momento, se estima legalmente incompetente para conocer del juicio de garantías que remite, en atención a las siguientes consideraciones. El motivo por el cual el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, estima carecer de competencia para conocer del presente asunto, por razón de materia, lo es el que considera que el acto reclamado, consistente en la falta de resolución del expediente CARIVA a nombre de IGNACIO CASTILLO CASTILLO, derivado de la Carpeta de Investigación CI-FDS/FDS-1/UI-FDS-1-02/058/04-2016, se encuentra vinculado a un acto primigenio de naturaleza penal, como lo es la denuncia por el delito de acoso sexual investigado dentro de la carpeta de investigación señalada; y con ello estima que la competencia para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente expediente se ubica en los preceptos establecidos en el artículo 51, fracciones II y III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así, el artículo 51 de la referida Ley Orgánica establece: Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ahora, es menester establecer que para determinar la competencia en razón de la materia, ésta se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio; o por razón de la naturaleza de la causa, o sea, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso. Bajo tal contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido criterio en el sentido de que la competencia por razón de materia de los órganos jurisdiccionales debe determinarse, exclusivamente, en atención a la naturaleza de la litis planteada en el caso que dio origen a dicho conflicto competencial, lo cual es factible precisar, regularmente, mediante el análisis de los siguientes aspectos: a) Las prestaciones reclamadas; b) Los conceptos de violación planteados; c) Las pruebas ofrecidas; d) La invocación de preceptos legales en que el litigio se apoye; y, e) Las consideraciones que sustenten la ejecutoria de amparo. Lo anterior, prescindiendo, siempre, del examen de lo que constituye la relación jurídica sustancial existente entre las partes en conflicto, pues tal cuestión es parte del estudio de fondo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 83/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veintiocho del tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE "DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA "DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA "SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico "mexicano, por regla general, la competencia de los órganos "jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre "diversos tribunales, a los que se les asigna una "especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales "agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a "cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos "relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un "conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo "exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, "regularmente, se puede determinar mediante el análisis "cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos "narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales "en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este "último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a "mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del "estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y "al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión "relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir "exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de "competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y "haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado "que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en "conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae "como consecuencia que el tribunal competente conserve "expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho "proceda." Una vez considerado lo anterior, se aprecia que de los preceptos invocados por el Juez declinante, en específico de las fracciones II y III en que el homólogo fundamenta el proveído en que declina competencia, se advierte que el Juez de Distrito en Materia Penal, conocerá de los asuntos en que se reclaman: 1. Resoluciones dictadas en los incidente de reparación del daño, 2. Cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y; 3. Contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. Con lo anterior, queda de manifiesto que el acto reclamado consistente en la falta de resolución del expediente a nombre de IGNACIO CASTILLO CASTILLO, derivado de la Carpeta de Investigación CI-FDS/FDS-1/UI-FDS-1-02/058/04-2016, no es una resolución dictada dentro de un incidente de reparación del daño ni ataca directamente alguna ley o disposición del orden penal, sino que, es una omisión de resolver un proceso paralelo a la integración de una carpeta de investigación, la cual subsiste de manera individual y no se encuentra sujeta a la determinación de aquella. Por lo tanto, se estima que el acto primigenio que da origen al acto reclamado, no lo es la denuncia del delito de abuso sexual investigado dentro de la carpeta de investigación citada, sino que lo es la petición que, de manera alterna a la investigación del delito, realiza el quejoso a la autoridad administrativa para que le sea brindada la atención en su carácter de víctima; con lo que se dio origen a un expediente administrativo. En concordancia con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar la competencia por materia, se deben tomar como elementos tanto el carácter de la autoridad emisora del acto reclamado como la naturaleza del acto que emite, aunado a que las reglas para la distribución de las competencias ponen especial énfasis en el contenido material del acto reclamado; por tanto, es dable concluir que el elemento fundamental para determinar la competencia material en el juicio de amparo indirecto, es la naturaleza del acto. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veinte del Volumen 44, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES "COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA NO CONOCER DE UN "AMPARO EN REVISIÓN. DEBE RESOLVERSE EN RAZÓN "A LA NATURALEZA DEL ACTO Y NO DE LAS "AUTORIDADES. Los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley "Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en las distintas "fracciones que se refieren a la competencia de las Salas de "esta Suprema Corte de Justicia, contiene dos prevenciones "diferentes: La primera, en las fracciones I y II que se refieren al "amparo en revisión, y la segunda, en las fracciones tercera, "que corresponden al amparo directo. Ahora bien, aquélla "distribuye la competencia tomando en cuenta la naturaleza "material del acto reclamado, por esa circunstancia, en los "incisos b) de cada fracción I que alude al conocimiento de las "Salas de este Alto Tribunal, dice que cuando se reclamen del "presidente de la República reglamentos federales, por "estimarlos inconstitucionales, el conocimiento corresponde a "las Salas de esta Suprema Corte, según la materia de que se "trate. De esta manera, si el reglamento es de naturaleza penal, "corresponde a la Primera Sala, administrativa a la Segunda, "civil a la Tercera, y laboral a la Cuarta; eso no obstante que "todos los reglamentos serían formalmente administrativos por "derivar del Ejecutivo de la unión. No sucede lo mismo con las "fracciones terceras de cada uno de los preceptos "mencionados, que se refieren al amparo directo, en donde se "finca la competencia tomando en cuenta fundamentalmente la "naturaleza de las autoridades de que deriva el acto y no la "materialidad de éste."(9) Así, entendiendo que la violación de derechos de la que se duele el quejoso, se deriva de la falta de integración del expediente de naturaleza administrativa, y no así de la integración de la respectiva carpeta de investigación, este órgano federal estima que carece de competencia para conocer el presente juicio de garantías en razón de la materia. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la Ley General de Víctimas en que se fundamenta la solicitud del quejoso, haya sido creada para proteger los derechos de los gobernados que cuentan con tal carácter dentro del procedimiento penal, pues de ella se derivó un procedimiento de naturaleza administrativa, del que tanto su integración y su resolución, se llevan a cabo de forma independiente al procedimiento penal. En ese sentido, al encontrarnos en presencia de actos no vinculados con la actividad persecutoria, éstos son meramente administrativos, emitidos además por autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas, cuya actuación no fue motivada por denuncia o querella específica, ni se realizó como parte de alguna indagatoria penal, sino dentro de un procedimiento administrativo alterno a la carpeta de investigación incoada; de ahí que el conocimiento de la demanda de garantías promovida en su contra o del medio impugnativo respectivo corresponda al juzgador de amparo en materia administrativa. Al efecto, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece las atribuciones de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, en los siguientes términos: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente, y V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio." De la anterior trascripción, destaca que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, son competentes para para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas. También es oportuno señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver conflictos competenciales por razón de la materia, ha sostenido criterio respecto que debe atenderse a la naturaleza del acto que se reclama y de la autoridad responsable . Por lo tanto, como el acto que se reclama en la presente vía no está encaminado a la integración de una carpeta de investigación, a fin de comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad del inculpado, y por ende no guarda relación con alguno procedimiento penal, se concluye que éste es meramente administrativo, emitido además por autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas. Por lo expresado, se estima que el presente asunto que se analiza, no es de la competencia de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, ya que no se trata de una resolución judicial de dicha especialidad, ni de actos dictados dentro de algún proceso; puesto que, conforme a lo narrado en la demanda de garantías, dicho acto es de consecuencias administrativas, razón por la que este órgano de control constitucional estima suficiente para admitir la competencia declinada por el homólogo. Por tanto, devuélvase el presente asunto al Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y solicítesele para que, de no tener inconveniente legal alguno, una vez que existan en su poder los presentes autos, acuse el recibo de estilo correspondiente, en el que informe si insiste o no en declinar la competencia planteada. Notifíquese personalmente.
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