Ignacio Cano Hernández

Expediente 601/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
601/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Cano Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    SE AGREGAN OFICIOS. se ordena agregar los oficios de cuenta para que obren como corresponda, toda vez que mediante acuerdo de siete de mayo de la presente anualidad se tuvo por no presentada la demanda de amparo. FIRMA ELECTRÓNICA. se ordena glosar la evidencia criptográfica respectiva, toda vez que tiene el mismo valor que la firma autógrafa.

  2. Principal

    Guanajuato, Guanajuato, a siete de mayo de dos mil veintitrés Guanajuato, Guanajuato, siete de mayo de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por **********, en nombre y representación de ********************, contra los actos de: Desaparición forzada Tortura Incomunicación Privación ilegal de la libertad Actos que atribuye a las autoridades responsables 1. Agentes de Investigación Criminal, adscritos a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Guanajuato; 2. Juez de Control de la Sede y Base Guanajuato del Juzgado Penal de Oralidad de la Primera Región del Estado de Guanajuato; y, Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de esta ciudad. Y que refiere se llevan a cabo en contra del directo quejoso ********************. De la lectura de los antecedentes se advierte que el promovente refiere que el quejoso se encontraba el día viernes cinco de mayo del presente año, aproximadamente a las doce horas del día, en la avenida Santa Fe casi esquina con Cañada del Río, en esta ciudad de Guanajuato, Capital, cuando llegó un vehículo Pontiac Blanco de vidrios polarizados, del que descendieron al parecer dos Agentes de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes sin haberse presentado, ni mostrado gafete alguno, esposaron al desaparecido, en contra de su voluntad, lo torturaron, lo cargaron y lo subieron al automóvil ya mencionado; que se lo habían llevado por la fuerza, que desconoce la causa de su detención. Actos todos, que se consideran violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1, párrafo tercero y 20, apartado B, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A lo anterior, se acuerda: REGISTRO DE EXPEDIENTE. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar el expediente en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 601/2023. SUSPENSIÓN DE PLANO. Con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano en cuanto a los actos de tormento, tortura física y psicológica, e incomunicación de ********************, para que cesen de inmediato de los actos que lo ocasionan, el acto reclamado antes precisado. Se decreta la suspensión de plano de todos aquellos actos que importen peligro de privación de la vida, tortura, malos tratos de palabra y de obra, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición o sean de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, medida que se emite para el efecto de que cesen de inmediato los actos precisados. SUSPENSIÓN DE PLANO POR DESAPARICIÓN FORZADA. Con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano consistente en la desaparición forzada de ********************, se concede la suspensión de plano para los efectos siguientes: Para que cese de inmediato de los actos que ocasionan la desaparición, y dicten las medidas efectivas e idóneas para localizar al aquí quejoso. En el entendido de que las responsables deberán garantizar la salud e integridad física de los quejosos, respetando en todo momento el pleno ejercicio de los derechos tanto de la víctima como de toda persona que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de ese acto. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis I.1o.P.107 P (10a.), consultable a página 2091, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. SI SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, Y DE LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ADVIERTE QUE LA VÍCTIMA ES MENOR, LAS MEDIDAS QUE COMPRENDEN EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO DEBEN DICTARSE ACORDE CON ESA CONDICIÓN, Y EN CONCORDANCIA CON EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. Conforme a los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 y 24 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que ratificó el Estado Mexicano el 15 de enero de 2008, y cuyo decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2011, de observancia obligatoria conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las medidas que comprenden la suspensión de oficio y de plano cuando se reclama el acto mencionado, consisten en: 1) ordenar a las autoridades responsables el cese inmediato de los actos que lo ocasionan, entre otras, garantizar la salud e integridad física -para el caso de que sea ubicada con vida la persona desaparecida- y el pleno ejercicio de los derechos tanto de la víctima como de toda persona que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de ese acto; así como 2) dictar las medidas efectivas e idóneas para localizar y liberar a la víctima. Asimismo, si de los hechos expuestos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, se advierte que la víctima es menor, las medidas que implica la medida cautelar citada deben dictarse acorde con esa condición y en concordancia al principio de interés superior de la niñez, conforme lo dispone el numeral 25 de la convención mencionada, por ejemplo, deberá indicarse que el diagnóstico del estado de salud de la víctima -tanto física como mentalmente- lo efectúe personal médico especializado en infantes y establecer acciones para evitar su revictimización -adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del acto citado y que el daño sufrido por la víctima no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con los aparatos del sistema de justicia- y con independencia de las acciones legales emprendidas por sus legítimos representantes -por ejemplo, sus progenitores- dar vista a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de su competencia, investigue ese hecho, a efecto de deslindar responsabilidades." Asimismo, el criterio contenido en la tesis I.1o.P.106 P (10a.), visible a página 2090, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Décima Época materia Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO NO SÓLO COMPRENDE ORDENAR LAS ACCIONES EFECTIVAS E IDÓNEAS PARA LOCALIZAR Y LIBERAR A LA VÍCTIMA, SINO TAMBIÉN LAS MEDIDAS PARA QUE CESEN LOS ACTOS QUE AFECTAN TANTO LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS COMO LOS DE LAS PERSONAS QUE HAYAN SUFRIDO UN PERJUICIO DIRECTO COMO CONSECUENCIA DE DICHO ACTO. Los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, interpretados conforme a los diversos 21 y 24 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada el 15 de enero de 2008, y cuyo decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2011, de observancia obligatoria conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dan pauta para establecer que las medidas que comprenden la suspensión de oficio y de plano cuando se reclama el acto mencionado -dado el carácter pluriofensivo-, consisten en: 1) ordenar a las autoridades responsables el cese inmediato de los actos que lo ocasionan; y, 2) dictar las medidas efectivas e idóneas para localizar y liberar a la víctima. En la inteligencia de que las acciones relacionadas con el cese inmediato del acto reclamado, implican garantizar la salud e integridad física -para el caso de que sea ubicada con vida la persona desaparecida- y el pleno ejercicio de los derechos tanto de la víctima como de toda persona que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de ese acto, las que se determinarán conforme a los hechos expuestos en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, por ejemplo, dar intervención a las autoridades en materia de sanidad para diagnosticar el estado de salud y otorgar el tratamiento médico correspondiente; asignarle a la víctima protección policiaca -por personal que no dependa de las autoridades responsables- durante su estancia en el nosocomio o lugar donde se encuentre internado recibiendo el tratamiento médico correspondiente; y, a las personas afectadas con motivo de este acto -por ejemplo, los progenitores de la persona desaparecida- se les dote de asesoría jurídica especializada en el tema, atención psicológica o médica que requieran por este acto y ordenar a las autoridades responsables que deberán abstenerse de intimidarlos o efectuar cualquier acción para disuadirlos de su pretensión, a efecto de garantizar la investigación y esclarecer la verdad respecto a este hecho; finalmente, con independencia de las acciones legales que se hayan emprendido, dar vista a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de su competencia, investigue ese hecho, con independencia de que aparezca o no la persona que se dice desaparecida." Además, la tesis 60 P, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, libro 10, septiembre de 2014, tomo III, página 2392, registro 2007426, de rubro: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ACORDE CON LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE TRAMITAR Y DICTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS, AUN SIN HABER ADMITIDO LA DEMANDA.". SUSPENSIÓN DE PLANO POR LO QUE VE A LA DETENCIÓN O PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. En atención a que el promovente señala como autoridades responsables, entre otras, a aquellas de índole ministerial, entonces se concede la suspensión por cuanto ve al acto de privación de libertad, en términos del artículo 165 de la Ley de Amparo, para los efectos siguientes: Si el acto reclamado afecta la libertad personal del quejoso y éste se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Si el quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que sea puesto a disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores (a) y (b), y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Por otra parte, se hace de su conocimiento que la información deberá remitirla a la dirección 2jdo16cto@correo.cjf.gob.mx y realizar su confirmación en el teléfono ******************** En la inteligencia de que la suspensión que aquí se concede, surte efectos únicamente por lo que hace a los actos referidos. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que conforme al artículo 262 de la Ley de Amparo, el desacato al mandamiento indicado puede constituir una conducta que se encuentra prevista como delito, conducta que, de llegar a consumarse, justificará se de vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para que en su caso, proceda a la integración de la averiguación previa correspondiente. REQUERIMIENTO DE RATIFICACIÓN. Ahora, como la parte signante promueve a favor de ********************, con fundamento en el artículo 15, se faculta al Actuario adscrito a este Juzgado para que se constituya en: La Fiscalía General del Estado, Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social, Juzgado Penal de Oralidad de la Primera Región, todos con residencia en esta ciudad. Y con copia autorizada le notifique la presente determinación. Lo anterior con la finalidad de buscar a ********************; y para el caso de que lo localice, deberá requerirlo a fin de que en el acto de la notificación del presente auto, manifieste, de manera expresa, si en ese momento ratifica la demanda de amparo presentada a su favor o bien, lo haga dentro del término de tres días, por sí o a través de su representante; apercibido que de no ratificarla, se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efectos las providencias que se hubiesen dictado. Hecho que sea lo anterior, dése nueva cuenta para acordar lo que en derecho corresponda. Asimismo, en caso de encontrarla, de conformidad con el "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN ASUNTOS QUE INVOLUCREN HECHOS CONSTITUTIVOS DE TORTURA Y MALOS TRATOS", se ordena levantar constancia actuarial, en la que se de fe de la integridad física del quejoso y se le interrogue en ese tenor. Asimismo, se faculta al Actuario para que de no encontrar a la persona buscada, y de enterarse de un domicilio diverso donde pueda ser notificado la presente determinación, se constituya en el lugar que se le informe y lleve al cabo la diligencia de que se trata. Atento a lo anterior, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del improrrogable plazo de VEINTICUATRO HORAS, informen el cumplimiento que de a la suspensión de plano que se decreta, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 158, de la Ley de Amparo; asimismo, deberá acreditar las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la suspensión de plano, agregando al informe solicitado copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Se le apercibe que ante la falta del informe requerido dentro del improrrogable plazo de VEINTICUATRO HORAS señalado, o de la remisión de dicho informe sin las constancias mencionadas, se le impondrá una medida de apremio en lo individual consistente en una multa de cien días a mil días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, Apartado B, de la Constitución Federal de este país, contemplada en el artículo 260 de la Ley de Amparo, lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal en que puedan incurrir. Asimismo, deberán informar sobre la puesta en libertad del quejoso, en caso de que proceda o bien, indiquen la fecha y hora en que la haya puesto a disposición de la autoridad competente, agregando al informe solicitado copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación respectiva o documental que demuestre, en su caso, la flagrancia o urgencia por la que hayan sido detenido. Para el conocimiento exacto de la autoridad responsable y con la finalidad de garantizar la eficacia plena de la medida suspensiva, se transcribe enseguida la parte relativa del artículo 22 constitucional: "Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. [.]." SE DA VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, el cual establece la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que goza todo individuo, y dada la naturaleza de los actos reclamados, entre ellos, la desaparición forzada, se ordena dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que instruya la investigación conducente, en orden a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidad. INSCRIPCIÓN AL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO ENCONTRADAS. Con relación a su solicitud de inscribir a la persona en el registro referido, se ordena que en caso de no localizarlo en la búsqueda ordenada, con copia de la demanda y del presente auto, se ordena girar oficio a la Comisión Nacional de Búsqueda para que dé trámite a su petición. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Conforme lo establecido en el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y de acuerdo a lo establecido por el artículo 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones vía electrónica FIREL, bajo los datos de usuario "********************". AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Raúl Luna Pavón, por así solicitarlo expresamente. CONSTANCIAS OBTENIDAS DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Hágase saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos de lo establecido por el artículo 3º. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; de tal manera que, las constancias que las partes obtengan de dicho sistema cuando se incluya dicha evidencia criptográfica, son consideradas como copias certificadas electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. COPIAS SIMPLES. Y que, para el supuesto de que las partes requieran se les realice la entrega física de las constancias que obren dentro del presente juicio y no cuenten con acceso al expediente electrónico, deberán solicitarlo por escrito, en el que deberán proporcionar un correo electrónico con la finalidad de remitir por esa vía copias simples; y de ser el supuesto de que las requiera certificadas, deberá imprimirlas y presentarlas ante este Juzgado, a efecto que se realice la certificación correspondiente. SE AUTORIZA LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, se autoriza el uso de los medios electrónicos en términos de lo dispuesto por la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto tiene aplicación la tesis 23 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, abril de 2015, foja 1830, registro 2008986, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Por otra parte, se exhorta a las partes, en términos del artículo 2º, del Acuerdo General 8/2020, que a continuación se transcribe: "Artículo 2. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". En caso de que un asunto calificado como urgente sea promovido físicamente, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho, exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE. De conformidad con lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase saber a las partes, que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3° fracciones IX y XVII, 5°, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este Juzgado y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. FIRMA ELECTRÓNICA. Conforme lo señalado en el oficio CJF/CAP/DGGJ/STG/4230/2022, signado por la Encargada del despacho de los asuntos de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de conformidad con lo establecido en su artículo 52, fracción IV, este acuerdo se firma de manera electrónica; por lo que se ordena glosar la evidencia criptográfica respectiva, sin que sea necesario realizar certificación alguna o nueva firma para su incorporación al expediente físico, toda vez que tiene el mismo valor que la firma autógrafa.

  3. Principal

    Guanajuato, Guanajuato, a siete de mayo de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE RAZÓN ACTUARIAL. Vista la razón elaborada por el actuario judicial de la adscripción, se desprende que el directo quejoso ********************, al momento de la notificación del auto que antecede, el funcionario hizo de su conocimiento que la demanda promovida en su nombre, se presentó dos veces en idénticos términos con tres minutos de diferencia, a lo que manifestó que no ratificaba la -segunda- demanda de amparo y que continuaba con el trámite de la primera. Asimismo, asentó que en uso de la voz ******************** reiteró que no fue golpeado, que se encuentra en buen estado de salud, lo cual corroboró el actuario con sus sentidos. DEMANDA POR NO PRESENTADA. Con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento que se contiene en el auto inicial, y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************en favor de ********************. SE AGREGA OFICIO. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 62 y 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se ordena agregar el ocurso de cuenta para que obre como corresponda, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento atento a la determinación establecida en el párrafo anterior. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, conforme lo señalado en el oficio CJF/CAP/DGGJ/STG/4230/2022, signado por la Encargada del despacho de los asuntos de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de conformidad con lo establecido en su artículo 52, fracción IV, este acuerdo se firma de manera electrónica; por lo que se ordena glosar la evidencia criptográfica respectiva, sin que sea necesario realizar certificación alguna o nueva firma para su incorporación al expediente físico, toda vez que tiene el mismo valor que la firma autógrafa.

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