Ignacio Calixto Viviano Y/O Ignacio Calixto Bibiano

Expediente 5/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
5/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
08/02/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Calixto Viviano Y/O Ignacio Calixto Bibiano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió sin que hubiera hecho uso de tal derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en libro de gobierno, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en la carátula del expediente y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, no obstante que el presente asunto encuentre en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de depuración, pues si bien se desechó la demanda que le dio origen, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados en el juicio de amparo 1270/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, de cuya separación derivó; además, carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contado a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse conservando los documentos a que se refiere el párrafo tercero del artículo 18 del Acuerdo aplicado, y posterior a ello, se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  2. Principal

    "Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda, la diligencia de notificación personal que antecede, de la que se advierte que la Defensora Pública Federal ************, acepta el cargo conferido por el Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Veracruz, para que represente al aquí quejoso ***********, en el presente juicio de amparo; en consecuencia, désele la intervención que legalmente corresponda; de igual manera, notifíquesele el proveído de nueve de enero pasado, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, en relación a usuario ofrece para recibir notificaciones, dígasele que en proveído de diez de enero del año en curso, se proveyó lo conducente. Asimismo, se toma en consideración el domicilio particular que señala, para el caso que este órgano jurisdiccional lo estime pertinente. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo." Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo que antecede, notifico a la Defensora Pública Federal *******, el contenido integro del acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés, que en lo conduce dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, nueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la diligencia de notificación personal de cuenta, se advierte que el quejoso, al momento de satisfacer la prevención efectuada en autos bajo protesta de decir verdad manifestó: ? "Bajo protesta de decir verdad manifiesto q´ El Acto q´ Reclamo Es La Falta De Atención Médica". PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DEMANDA DESECHAMIENTO CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, cabe precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo otorga facultad al órgano jurisdiccional para desechar la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral de la demanda, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que el promovente antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe agotar previamente algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, siempre que conforme con las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. En relación con ello conviene destacar los artículos 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que disponen lo siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. (.) Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. (.) Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." De los artículos transcritos se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece el Procedimiento Administrativo, el cual pueden instar las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa Ley sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, en el que pueden formular por escrito peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, la cual tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y una vez allegada de la información necesaria, resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el interno puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Cabe destacar que si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria, conforme al artículo 115 de la Ley en estudio. Asimismo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley relativa, los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución con el objeto de resolver las controversias sobre condiciones de internamiento. HECHOS Del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al radicar el juicio ******* de su índice, previno al aquí quejoso para que aclarara en qué consisten los actos de tortura de los que se duele, para que manifestara cuales son las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión en el que aconteció el acto reclamado, además de manifestar si se le impuso algún correctivo disciplinario por alguna autoridad penitenciaria. Asimismo, se estableció que el aquí quejoso, al momento de tratar de satisfacer la prevención que realizó el homologo federal, manifestó que contaba con un dolor intenso en la espalda, en virtud que sufría de lumbalgia crónica, por lo que no dio cabal cumplimiento a dicha prevención; no obstante, para no dejarlo en estado de indefensión, se le requirió nuevamente para que precisara si únicamente reclama en la presente demanda la falta de atención médica; o en su caso, precisara los actos reclamados en términos de lo establecido en el citado acuerdo de veintisiete de diciembre del año próximo pasado. Ahora bien, como se estableció en párrafos precedentes el quejoso manifestó: Bajo protesta de decir verdad manifiesto q´ El Acto q´ Reclamo Es La Falta De Atención Médica. CONCLUSIÓN En atención a lo anterior, se concluye que este juicio es improcedente en virtud que el directo quejoso antes de acudir a la instancia de amparo debió agotar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que a través del mismo es posible lograr que las autoridades responsables se pronuncien respecto de sus peticiones, relacionadas con la falta de atención médica. En ese sentido, el mecanismo de protección de derechos consistente en las peticiones administrativas, constituye un medio de defensa judicializado aun cuando de primera mano conoce de ella la autoridad penitenciaria; lo anterior, porque en caso de no obtener respuesta a sus peticiones o bien si la respuesta se emite en sentido contrario a los intereses del promovente, puede formular controversia ante el Juez de Ejecución; por ende, la actuación de la autoridad penitenciaria resulta complementaria, sujeta a revisión por una autoridad jurisdiccional. En ese contexto, al actualizarse la aludida causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX y 113, ambos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Tiene aplicación al caso por sus consideraciones las tesis de registros y rubros siguientes: Época: Décima Época Registro: 2018548 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.) Página: 230 "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2017822 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: PC.III.P. J/18 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, página 1701 Tipo: Jurisprudencia "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO". Época: Décima Época Registro: 2016370 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: III.2o.P.135 P (10a.) Página: 3318 "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Además de lo antes expuesto, se observa que el promovente no desahogo cabalmente la prevención efectuada por el homólogo federal, pues no precisó el nombre y cargo de las autoridades a quienes les atribuía el acto reclamado. Finalmente, una vez que la Defensora que se le asignó al quejoso cumpla con el requerimiento efectuado en proveído de seis de enero del año en curso; esto es, acepte el cargo conferido, notifíquesele el presente auto para los efectos legales conducentes. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio proveniente de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en Veracruz, Veracruz, manifestando que dejó sin efectos el oficio DVER/193/2023, en el que designó al defensor público federal **** para que represente al quejoso en este juicio. En tal virtud, se deja sin efectos el requerimiento efectuado el dieciocho de enero pasado. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la defensora pública federal ****, no compareció a este Juzgado a aceptar el cargo que le fue conferido; por lo tanto, requiérasele nuevamente, en el domicilio que fue proporcionado en proveído de seis de enero pasado, para que en el momento de la diligencia manifieste si acepta o no el cargo de representante del quejoso en este juicio; en su caso, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, comparezca ante este órgano jurisdiccional, sito en avenida Manuel Ávila Camacho, número ciento noventa (190), zona centro, Xalapa de Enríquez, Veracruz, debidamente identificada para tal fin; asimismo, de aceptar el cargo conferido, deberá de indicar un domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo así en el plazo concedido, las subsecuentes, aun las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos que se publique en este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Titular de la Delegación Veracruz del Instituto Federal de Defensoría Pública, con el que da respuesta a la solicitud efectuada en autos y comunica que designó al defensor público federal **** para que represente al quejoso en este juicio; por lo tanto, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que le notifique este auto en el domicilio que se proporciona en el oficio de cuenta con sede en esta ciudad y lo requiera para que en el momento de la diligencia manifieste si acepta o no el cargo de representante del quejoso en este juicio; en su caso, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, comparezca ante este órgano jurisdiccional, sito en avenida Manuel Ávila Camacho, número ciento noventa (190), zona centro, Xalapa de Enríquez, Veracruz, debidamente identificada para tal fin; asimismo, de aceptar el cargo conferido, deberá de indicar un domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo así en el plazo concedido, las subsecuentes, aun las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos que se publique en este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. En el entendido que el segundo oficio relacionado, al haber sido recibido vía correo electrónico oficial, tiene valor probatorio pleno acorde con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, sin que obste que en el presente juico ya se había designado una Defensora Pública Federal, no obstante a la fecha no ha aceptado el cargo conferido..

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