Ignacio Buenos Aires Escobar

Expediente 963/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
963/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
19/09/2022

Partes del expediente

  • Ignacio Buenos Aires Escobar

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por María Magdalena Kabsch Vela, Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual remite copia del convenio celebrado entre la actora aquí quejosa con la demanda, mismo que fue ratificado en diligencia de veinticinco de mayo del año en curso, motivo por el cual ordena su archivo como asunto concluido; al respecto, se tiene por hechas sus manifestaciones para los efectos a que haya lugar. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ignacio Buenos Aires Escobar, contra actos del Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 963/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda: Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables,de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I 13 A J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: La parte quejosa en su escrito de demanda reclama: ".de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras reclamo la orden de fecha 21 de julio del año 2022, que han emitido las ordenadoras a las ejecutoras, para que se introduzcan a mi parcela ejidal del ejido de Emiliano Zapata Morelos y realizar actos que afectan a la siembra de arroz que tengo en la parcela de mi titularidad.". Se aprecia del contenido íntegro de la demanda que el acto reclamado lo es la orden de veintiuno de julio del año en curso, en el que las autoridades responsables le informan a la parte quejosa que se constituirán en su parcela ejidal a las diez horas del veintinueve de julio del presente año, para efectos de llevar a cabo acondicionamientos, reparaciones y mejoras a la red de drenaje que pasa por el bien inmueble antes referido. Atento a lo anterior, se estima que el acto reclamado al Presidente, Síndica y Secretario de Planeación de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, todos adscritos al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, señalados como responsables, deriva de una controversia que se suscita en el plano civil; motivo por el cual no pueden considerarse como acto de autoridad para efectos del amparo, como en seguida se explica. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción, XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas" De lo transcrito se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente contra actos de autoridad, concepto éste que, precisamente, es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado en este juicio de amparo. De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, tomo V, febrero de 1997, Semanario Judicial de "la Federación y su Gaceta, novena época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.". Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de hecho o derecho o aquel particular que con facultades establecidas en una norma, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público o particular con funciones y facultades establecidas en una norma general; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Sobre el particular resultan ilustrativas la tesis 2ª XXXVI/99 publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, marzo de 1999, página: 307, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Así como la tesis 2 CCIV/2001, Segunda Sala, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, noviembre2 de 2001, página: 39, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Respecto a la primera nota distintiva indicada, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supra subordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior permite establecer que, en el caso, el acto combatido por la parte quejosa consistente en la orden de veintiuno de julio del año en curso, en el que las autoridades responsables le informan a la parte quejosa que se constituirán en su parcela ejidal a las diez horas del veintinueve de julio del presente año, para efectos de llevar a cabo acondicionamientos, reparaciones y mejoras a la red de drenaje que pasa por el bien inmueble antes referido, ello, se materializa en el contexto de una controversia que se ciñe exclusivamente al plano civil existente entre el Ayuntamiento y el aquí quejoso. En efecto, el contrato de constitución de derecho real de usufructo a título oneroso celebrado entre el Ayuntamiento y el ahora quejoso en su carácter de particular no configura actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dichas partes son meramente de expresión de voluntades y no de supra a subordinación, toda vez que: a) Deriva de una relación civil entre el Ayuntamiento (no como autoridad o ente superior) y la parte quejosa como particulares; y, b) Las diferencias entre particulares relativas a los contratos celebrados entre ambas partes, se rigen por la legislación civil aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de la expresión de voluntades. Atento a lo anterior, el acto combatido no tiene carácter de acto de autoridad, ya que de la constancia anexa (oficio: SMEZM/0428/07/2022), de veintiuno de julio de dos mil veintidós, signado por la Síndica Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, se desprende que el quejoso Ignacio Buenos Aires Escobar, es dueño de la parcela número 531 Z-1 P-2, y por tanto, entre éste y el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, existe una relación civil derivada del contrato de constitución de derecho real de usufructo a título oneroso, de veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Es así, ya que el acto impugnado no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades civiles y no del juicio de amparo, pues como se dijo, entre el promovente del amparo y las responsables, existe una relación de coordinación entre particulares, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse acto de autoridad las diferencias de carácter civil, suscitadas entre contratantes. Por consiguiente, el acto combatido por el impetrante de amparo, es una actuación que se circunscribe exclusivamente al plano civil y en esa medida, desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; lo cual implica que la parte quejosa, puede acudir ante las instancias ordinarias a hacer valer los derechos civiles que pudieran ser vulnerados con las actuaciones del Ayuntamiento en su carácter de particular, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. En consecuencia, queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de que se trata, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Domicilio procesal y autorizados: Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que refiere la parte quejosa en su escrito de demanda para los efectos que indica. Por cuanto a las personas que refiere se les tiene por autorizados en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo. Correo electrónico: Por cuanto al número telefónico y correo electrónico que proporciona, dada la contingencia sanitaria que prevalece debido al fenómeno de salud pública derivado del virus denominado SARS-CoV2 (COVID-19), se tienen únicamente como medios de comunicación, y sólo en su caso, para agilizar alguna notificación relacionada con el mismo. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. En la inteligencia de que el uso y divulgación de dicha información, será bajo su propia responsabilidad. En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. Lo anterior, en términos de la tesis I 6 C 365 C, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 887, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL AMPARO. SI EL ACTUARIO JUDICIAL, NO OBSTANTE HABERSE PRESENTADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN DISTINTOS HORARIOS Y DÍAS HÁBILES, NO LOGRA LOCALIZAR AL INTERESADO PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO EL AUTO DE REQUERIMIENTO, PREVENCIÓN O ACTUACIONES QUE EL TRIBUNAL ESTIME CONVENIENTE, DEBEN HABILITARSE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR AQUELLA DILIGENCIA COMO LO PREVÉ EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SUPLETORIO DE LA LEY DE LA MATERIA. De los artículos 27, 28, fracciones II y III, y 29 de la Ley de Amparo, se advierte que en el juicio de garantías es obligación del juzgador, ordenar notificar personalmente a los interesados, aquellas providencias en las que se les formulen requerimientos o prevenciones, y sólo por exclusión, les serán notificadas por lista las demás resoluciones. Por su parte, el artículo 30 de la ley de la materia precisa ciertos casos en los cuales una notificación que deba hacerse en forma personal, ya sea por prescripción de la ley o por mandato judicial, finalmente se ordenará practicar por lista, cuando el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio, con domicilio o casa señalados para oír y recibir notificaciones, no esperen al actuario judicial, una vez que, con anterioridad ha dejado citatorio previo, al no encontrárseles en la primera búsqueda y cuando no conste en autos domicilio, ni designación de casa o despacho para oír y recibir notificaciones. Finalmente, el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que las actuaciones judiciales tienen lugar en días y horas hábiles, que comprenderán, entre las ocho y las diecinueve horas de días hábiles y el artículo 282 del mismo ordenamiento establece que el tribunal respectivo puede habilitar días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que así lo amerite, expresando ésta y la diligencia que deba practicarse. Ahora bien, si de autos se advierte que el actuario judicial, no obstante haberse presentado en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, en distintos horarios y días hábiles, no logra localizar a la parte interesada, a efecto de dar cumplimiento al artículo 28 citado, deben habilitarse días y horas inhábiles para realizar la diligencia de notificación personal a la quejosa, tercera perjudicada o persona extraña al juicio, en el domicilio designado para tal efecto y hacer de su conocimiento el auto de requerimiento, prevención o actuaciones que el tribunal estime pertinente, como cuando se requiere a la quejosa para que comparezca a reconocer como suya la firma que obra en la demanda de amparo, en la inteligencia que de no hacerlo se le tendrá por no interpuesta. Con esa actuación se crea en las partes la confianza de que en cualquiera de los casos mencionados, serán notificadas personalmente y no por lista, pues de hacerlo de esta manera, se les dejaría en total estado de indefensión.". En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Finalmente, se conmina a las partes para que en caso de realizar manifestación alguna respecto al presente proveído, lo haga mediante el esquema de "Juicio en línea", por lo que, en caso de optar por este medio a través de su usuario, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se les efectuaran por dicha vía en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene como finalidad privilegiar la administración pronta y expedita en los juicios constitucionales, derivado del fenómeno de salud social por el virus Covid-19 que enfrenta el país. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Jaime César Pereyra Román, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

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