Ignacio Bonilla Castillo
Expediente 981/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 9 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 09/06/2015
Partes del expediente
- Ignacio Bonilla Castillo
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de junio de dos mil quince. 1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Ignacio Bonilla Castillo, contra actos del Juez de lo Civil y Familiar de Zacatlán Puebla, y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 981/2015; y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2DESECHAMIENTO De la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que Ignacio Bonilla Castillo señala como acto reclamado, lo siguiente: El auto de diecisiete de diciembre de dos mil catorce, emitido en el juicio de alimentos 730/2014 del Juzgado de lo Civil y Familiar de Zacatlán Puebla, en el que se ordenó el descuento del treinta por ciento de los ingresos y demás prestaciones que percibe el aquí quejoso, por concepto de pensión provisional a favor de la menor Nathalie Bonilla García, a través de su representante Coral García Lima. La diligencia de requerimiento de pensiones alimenticias de trece de marzo de dos mil quince, llevada a cabo por el Diligenciario adscrito al Juzgado de lo Civil y Familiar de Zacatlán Puebla, en el juicio de de alimentos 730/2014. Establecido lo anterior, respecto al acto reclamado precisado en el inciso a), el suscrito advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la nueva Ley de Amparo, que dispone "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Hecha la precedente anotación, debe indicarse que en el caso se actualiza la citada causa de improcedencia, en atención a que el auto de diecisiete de diciembre de dos mil catorce, es susceptible de ser revocado o modificado mediante el recurso de reclamación, tal como lo establece el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, mismo que prevé su procedencia contra autos que no ponga fin al procedimiento. El artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, establece "Artículo 408. La reclamación es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento." Por tanto, resulta indiscutible que el auto que aquí reclama la parte quejosa es impugnable mediante el recurso de reclamación, ya que tal determinación no pone fin al juicio, no es apelable, y por tanto debe ser recurrida mediante recurso de reclamación ante el juez que la emitió, antes de promover el amparo que ahora se intenta, lo anterior a efecto de satisfacer la regla contenida en el artículo 61, fracción XIII de la nueva Ley de Amparo. SPor otra parte, respecto al acto reclamado precisado en el inciso b),debe decirse que el mismo deviene improcedente, pues se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la nueva Ley de Amparo, que en la parte que interesa establece lo siguiente "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" El precepto legal reproducido, contempla el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, consistente en que éste sólo procede contra actos que sean definitivos, es decir, que no puedan ser modificados, revocados o nulificados por un medio ordinario de defensa. Dicho de otra manera, el artículo 61, en la fracción XIX, establece como causa de improcedencia la existencia por interposición anterior de recursos o medios ordinarios o simultáneos con el amparo. En este sentido, basta con que exista en trámite un medio ordinario de defensa contra el acto reclamado, para que el juicio de garantías resulte improcedente en términos de la referida causal (fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo). En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo (antes prevista en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de amparo abrogada), se actualiza cuando concurren los siguientes requisitos a) Que haya sido el propio peticionario de amparo quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se promueva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Ahora, a efecto de verificar la actualización de la referida causal se estima pertinente transcribir algunos de los antecedentes de acto reclamado, los cuales fueron narrados por el promovente, bajo protesta de decir verdad "4. Así las cosas, y ante tales violaciones me vi en la necesidad de promover dentro del juicio de origen incidente de nulidad de todo lo actuado a partir de la diligencia de requerimiento de fecha trece de marzo de dos mil quince, ya que no fue notificado conforme a derecho dicho requerimiento, lo cual demuestro con el acuse del mencionado incidente de nulidad el cual fue presentado ante el juez de origen el día cuatro de mayo del dos mil quince, Tomando en consideración lo anterior, se advierte que la parte quejosa, acude a solicitar a esta instancia federal impugnando la diligencia de requerimiento de pago de pensiones alimenticias realizada el trece de marzo de dos mil quince, respecto de la cual según sus manifestaciones promovió incidente de nulidad, mismo que se encuentra pendiente de resolver. Lo anterior, revela la improcedencia de la demanda de garantías respecto del citado acto, por estar en trámite el medio ordinario de defensa referido que puede revocar, modificar o nulificar el acto reclamado, ya que es irrefutable que al momento en que se promovió el juicio de amparo, se encuentra pendiente de resolver el incidente de nulidad de actuaciones, a través del cual se puede obtener la modificación del acto que aquí es reclamado. En las relatadas condiciones al haberse acreditado las causales de improcedencia previstas en las fracciones XVIII y XIX del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113 del mismo ordenamiento lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías de mérito. Finalmente, caber destacar que al no asistirle el carácter de tercero extraña a juicio por equiparación a Ignacio Bonilla Castillo, y en atención a que en el procedimiento de origen no se ha dictado sentencia definitiva, se encuentra en aptitud de comparecer al mismo a fin de defender sus derechos a efecto de emprender la defensa que estime pertinente directamente ante las autoridades que señala como responsables. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la nueva Ley de Amparo, a las personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la nueva Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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