Ignacio Banderas García
Expediente 577/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ignacio Banderas García
- Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de mayo de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de mayo de dos mil veintitrés. 1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Ignacio Banderas García, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad responsable. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 577/2023. 1.2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: Del actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se le reclama la ilegal notificación de la tercería de preferencia de crédito, promovido por Javier Álvarez Durán, ya que según consta en la razón levantada por el citado servidor público, realizó el emplazamiento al suscrito, por cédula fijada en estrados de la Junta, ello en cumplimiento del auto dictado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, fechando tal acto en 8 ocho de julio de 2021 dos mil veintiuno, según consta en los autos de la Tercería de Preferencia de Crédito número 3A-03/2021, relacionado con el expediente laboral número 3A-2678/2016, radicado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje. Fundamentalmente reclamo la falta de emplazamiento a la Tercería de Preferencia de Crédito y de todo lo actuado, ya que se violó la garantía de audiencia del ahora quejoso. Reclamo de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, derivado de la ilegal notificación y se reclama todo lo actuado en la Tercería de Preferencia de Crédito citada, tal como se desprende de constancias de autos de la tercería aludida, el suscrito quejoso, no fui formalmente emplazado a dicha Tercería, conforme a derecho, motivo por el cual, no he tenido oportunidad de comparecer a juicio, concretamente a la Tercería a que se ha hecho referencia, lo que violenta en mi perjuicio mi derecho de audiencia, legalidad, seguridad y certeza jurídica. 1.3. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales, así como 1°, en relación con el 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar algunos antecedentes del juicio de origen, que bajo protesta de decir verdad formula el promovente. El diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, Ignacio Banderas García -aquí quejoso-, fue demandado por Martín Landín Santos y Abel Jerónimo Rodríguez, dando origen al expediente 3A-2678/2016, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, juicio en el que el quejoso fue debidamente emplazado. Posteriormente, el aquí quejoso fue demandado por Javier Álvarez Durán, dando origen al juicio civil hipotecario 592/2016, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, juicio en el cual, le fue embargado el inmueble ubicado en calle Francisco Arganda número ciento treinta y seis, lote cuatro, manzana cinco, fraccionamiento Jardines de Torremolinos, con residencia en esta ciudad; en dicho juicio, se dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso, en donde el veintisiete de abril de la presente anualidad, aquél inmueble fue sacado a remate, siendo adjudicado a la parte actora por la cantidad $1,180,000.00 (un millón ciento ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional). En esa fecha, tuvo conocimiento de que dentro del expediente 3A-2678/2016, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, el catorce de octubre de dos mil veintiuno, se emitió resolución dentro de una tercería preferente de crédito, en que se ordenó pagar a los trabajadores la cantidad de $379,990.08 (trescientos setenta y nueve mil novecientos noventa pesos 08/100 moneda nacional) y se asentó que el aquí quejoso fue emplazado. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la materia, deberá examinarse el escrito de demanda en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano. En el caso concreto, se advierte que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, conforme al siguiente razonamiento. Así, de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio que tengan efectos de imposible reparación. Por lo que si se aplica esta última disposición en sentido contrario, se concluye que el juicio de amparo indirecto no procede contra actos emanados dentro de una contienda jurisdiccional, que no tengan efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P. /J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P. /J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa considera que lo resuelto dentro de la tercería de preferencia de crédito 3A-03/2021 que derivó del juicio laboral 3A-2678/2016 del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en que se ordenó pagar a los trabajadores la cantidad de $379,990.08 (trescientos setenta y nueve mil novecientos noventa pesos 08/100 moneda nacional); no es un acto que afecte material y actualmente derechos sustantivos del quejoso tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad. Lo anterior es así, ya que en el juicio laboral existe condena líquida firme en contra del aquí quejoso, y esa determinación es la que en todo caso generó afectación en su esfera de derechos. Además se debe considerar la naturaleza de las tercerías y preferencia de crédito, cuyo procedimiento se prevé en los artículos 976, 977, 978, 979, 980 y 981 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se establece que su procedimiento cuando el juicio en que se interpuso se encontraré concluido, será en los mismos términos que éste; además, su objetivo es obtener el pago preferentemente de un crédito con el producto de los bienes embargados, en el caso, bienes embargos al quejoso en diverso juicio hipotecario; por lo que la Junta que haya dictado laudo por cantidad líquida hará saber a la autoridad judicial o administrativa que haya sido prevenida, remitiéndole copia certificada del laudo, a fin de que se tome en cuenta el mismo al aplicar el producto de los bienes rematados o adjudicados. De lo que se tiene si al quejoso le resulta el carácter de demandado vencido en el juicio laboral, lo resuelto por la Junta responsable en la tercería de preferencia de crédito, no constituye un acto de imposible reparación por que no genera ninguna afectación en la esfera jurídica del impetrante del amparo, pues únicamente se determinó sobre la preferencia para ejercer el cobro de lo condenado en aquél expediente. Ilustra a lo anterior el criterio siguiente: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA RESOLUCIÓN QUE LA RESUELVE NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL PATRÓN, POR NO INCIDIR EN LA ACCIÓN PRINCIPAL. Conforme a lo dispuesto en el artículo 976 de la Ley Federal del Trabajo, las tercerías pueden ser excluyentes de dominio o de preferencia, siendo las primeras aquellas que tienen por objeto conseguir el levantamiento del embargo practicado en bienes que sean propiedad de un tercero; en cambio, las segundas son las que tienen por objeto obtener el pago preferente de un crédito con el producto de los bienes embargados; de donde se sigue que las tercerías de preferencia requieren la intervención de alguien ajeno a la controversia original con el propósito de conseguir que se le pague preferentemente un crédito. Ahora bien, es evidente que el patrón demandado en el juicio laboral no sufre afectación alguna en su esfera jurídica con la resolución que define una tercería de preferencia de crédito, ya que tal decisión no incide en la procedencia de la acción principal pues, como su nombre lo indica, únicamente se circunscribe a determinar qué sujeto tiene un crédito preferente, por lo que en todo caso, quien resentiría agravio con ese tipo de resolución, sería la persona a quien no se le considere con mejor crédito, por ser evidente que en esa clase de tercerías, quienes entran en conflicto son los acreedores y no los ejecutados; en consecuencia, en esa hipótesis se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo promovido por el patrón sobre el particular, lo que induce a decretar el sobreseimiento condigno." Atento a lo anterior, no se surte el supuesto contenido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, pues no se no se trata de un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ante ello, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V de artículo 107, de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu. Sustenta lo expuesto, en lo relativo a la ejecución irreparable, la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la cusa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, así como el precepto 113 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de amparo que se acuerda. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones y autorizando para tales efectos a las personas que menciona, quienes gozarán de las amplias facultades que otorga el numeral 12 de la Ley de Amparo, dado que ********************cuenta con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y ********************, cuenta con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la consulta realizada en la página de internet https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action, sin que obste que esta última, no se encuentra inscrita en dicho sistema, pues acredita encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho. 3. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Andrea Estephania Ortiz León.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA DOCE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, doce de mayo de dos mil veintitrés. 1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Ignacio Banderas García, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad responsable. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 577/2023. 1.2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: Del actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se le reclama la ilegal notificación de la tercería de preferencia de crédito, promovido por Javier Álvarez Durán, ya que según consta en la razón levantada por el citado servidor público, realizó el emplazamiento al suscrito, por cédula fijada en estrados de la Junta, ello en cumplimiento del auto dictado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, fechando tal acto en 8 ocho de julio de 2021 dos mil veintiuno, según consta en los autos de la Tercería de Preferencia de Crédito número 3A-03/2021, relacionado con el expediente laboral número 3A-2678/2016, radicado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje. Fundamentalmente reclamo la falta de emplazamiento a la Tercería de Preferencia de Crédito y de todo lo actuado, ya que se violó la garantía de audiencia del ahora quejoso. Reclamo de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, derivado de la ilegal notificación y se reclama todo lo actuado en la Tercería de Preferencia de Crédito citada, tal como se desprende de constancias de autos de la tercería aludida, el suscrito quejoso, no fui formalmente emplazado a dicha Tercería, conforme a derecho, motivo por el cual, no he tenido oportunidad de comparecer a juicio, concretamente a la Tercería a que se ha hecho referencia, lo que violenta en mi perjuicio mi derecho de audiencia, legalidad, seguridad y certeza jurídica. 1.3. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales, así como 1°, en relación con el 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar algunos antecedentes del juicio de origen, que bajo protesta de decir verdad formula el promovente. El diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, Ignacio Banderas García -aquí quejoso-, fue demandado por Martín Landín Santos y Abel Jerónimo Rodríguez, dando origen al expediente 3A-2678/2016, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, juicio en el que el quejoso fue debidamente emplazado. Posteriormente, el aquí quejoso fue demandado por Javier Álvarez Durán, dando origen al juicio civil hipotecario 592/2016, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, juicio en el cual, le fue embargado el inmueble ubicado en calle Francisco Arganda número ciento treinta y seis, lote cuatro, manzana cinco, fraccionamiento Jardines de Torremolinos, con residencia en esta ciudad; en dicho juicio, se dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso, en donde el veintisiete de abril de la presente anualidad, aquél inmueble fue sacado a remate, siendo adjudicado a la parte actora por la cantidad $1,180,000.00 (un millón ciento ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional). En esa fecha, tuvo conocimiento de que dentro del expediente 3A-2678/2016, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, el catorce de octubre de dos mil veintiuno, se emitió resolución dentro de una tercería preferente de crédito, en que se ordenó pagar a los trabajadores la cantidad de $379,990.08 (trescientos setenta y nueve mil novecientos noventa pesos 08/100 moneda nacional) y se asentó que el aquí quejoso fue emplazado. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la materia, deberá examinarse el escrito de demanda en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano. En el caso concreto, se advierte que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, conforme al siguiente razonamiento. Así, de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio que tengan efectos de imposible reparación. Por lo que si se aplica esta última disposición en sentido contrario, se concluye que el juicio de amparo indirecto no procede contra actos emanados dentro de una contienda jurisdiccional, que no tengan efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P. /J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P. /J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa considera que lo resuelto dentro de la tercería de preferencia de crédito 3A-03/2021 que derivó del juicio laboral 3A-2678/2016 del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en que se ordenó pagar a los trabajadores la cantidad de $379,990.08 (trescientos setenta y nueve mil novecientos noventa pesos 08/100 moneda nacional); no es un acto que afecte material y actualmente derechos sustantivos del quejoso tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad. Lo anterior es así, ya que en el juicio laboral existe condena líquida firme en contra del aquí quejoso, y esa determinación es la que en todo caso generó afectación en su esfera de derechos. Además se debe considerar la naturaleza de las tercerías y preferencia de crédito, cuyo procedimiento se prevé en los artículos 976, 977, 978, 979, 980 y 981 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se establece que su procedimiento cuando el juicio en que se interpuso se encontraré concluido, será en los mismos términos que éste; además, su objetivo es obtener el pago preferentemente de un crédito con el producto de los bienes embargados, en el caso, bienes embargos al quejoso en diverso juicio hipotecario; por lo que la Junta que haya dictado laudo por cantidad líquida hará saber a la autoridad judicial o administrativa que haya sido prevenida, remitiéndole copia certificada del laudo, a fin de que se tome en cuenta el mismo al aplicar el producto de los bienes rematados o adjudicados. De lo que se tiene si al quejoso le resulta el carácter de demandado vencido en el juicio laboral, lo resuelto por la Junta responsable en la tercería de preferencia de crédito, no constituye un acto de imposible reparación por que no genera ninguna afectación en la esfera jurídica del impetrante del amparo, pues únicamente se determinó sobre la preferencia para ejercer el cobro de lo condenado en aquél expediente. Ilustra a lo anterior el criterio siguiente: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA RESOLUCIÓN QUE LA RESUELVE NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL PATRÓN, POR NO INCIDIR EN LA ACCIÓN PRINCIPAL. Conforme a lo dispuesto en el artículo 976 de la Ley Federal del Trabajo, las tercerías pueden ser excluyentes de dominio o de preferencia, siendo las primeras aquellas que tienen por objeto conseguir el levantamiento del embargo practicado en bienes que sean propiedad de un tercero; en cambio, las segundas son las que tienen por objeto obtener el pago preferente de un crédito con el producto de los bienes embargados; de donde se sigue que las tercerías de preferencia requieren la intervención de alguien ajeno a la controversia original con el propósito de conseguir que se le pague preferentemente un crédito. Ahora bien, es evidente que el patrón demandado en el juicio laboral no sufre afectación alguna en su esfera jurídica con la resolución que define una tercería de preferencia de crédito, ya que tal decisión no incide en la procedencia de la acción principal pues, como su nombre lo indica, únicamente se circunscribe a determinar qué sujeto tiene un crédito preferente, por lo que en todo caso, quien resentiría agravio con ese tipo de resolución, sería la persona a quien no se le considere con mejor crédito, por ser evidente que en esa clase de tercerías, quienes entran en conflicto son los acreedores y no los ejecutados; en consecuencia, en esa hipótesis se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo promovido por el patrón sobre el particular, lo que induce a decretar el sobreseimiento condigno." Atento a lo anterior, no se surte el supuesto contenido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, pues no se no se trata de un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ante ello, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V de artículo 107, de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu. Sustenta lo expuesto, en lo relativo a la ejecución irreparable, la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la cusa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, así como el precepto 113 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de amparo que se acuerda. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones y autorizando para tales efectos a las personas que menciona, quienes gozarán de las amplias facultades que otorga el numeral 12 de la Ley de Amparo, dado que ********************cuenta con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y ********************, cuenta con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la consulta realizada en la página de internet https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action, sin que obste que esta última, no se encuentra inscrita en dicho sistema, pues acredita encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho. 3. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Andrea Estephania Ortiz León.
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