Ignacio Antonio Ramos García
Expediente 855/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ignacio Antonio Ramos García
Actuaciones
- Principal
Ténganse por recibidos los oficios *** procedentes del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, mediante los cuales en el primero, comunica que aceptó la competencia planteada por este juzgado para conocer del juicio de amparo ***, que registró como juicio de amparo *** de su índice; y en el diverso transcribe el acuerdo de quince de julio del año en curso, en el que proveyó respecto a la suspensión provisional de los actos reclamados. Por otra parte, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente cuaderno de antecedentes formado con motivo de la referida incompetencia. Por último, en cumplimiento al acuerdo general conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción.
- Principal
En razón de no haber acudido la parte quejosa, a las instalaciones de este juzgado, a efecto de notificarle personalmente el auto de primero de julio del año que transcurre, no obstante el aviso dejado en su domicilio con anterioridad, se le notifica por lista de estrados el mencionado auto, que en lo conducente dice: Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 855/2021, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en ***, en esta ciudad, y como autorizado a Jesús Alfredo López Reyna, con las limitantes que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no tener acreditado estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Se exhorta a las partes para que transiten y den seguimiento al presente asunto mediante el esquema de juicio en línea. Ahora bien, es necesario destacar que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción, que por su trascendencia implica una cuestión de orden público, por tanto, es de estudio previo al pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo. Ahora bien, sobre el tema de la competencia territorial para conocer de los juicios de amparo, el artículo 37 de la Ley de la materia dispone: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del precepto transcrito derivan tres reglas básicas para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo: a) La primera, se caracteriza porque con independencia de dónde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el criterio para fijarla consiste en que será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de los que requieren ejecución por autoridad diversa de la ordenadora. b) La segunda regla, deriva de la primera, pues sobre el mismo criterio de ejecución del acto reclamado, establece que cuando éste haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente para conocer del amparo el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) La tercera regla se refiere al supuesto de que el acto reclamado no requiera de ejecución material, caso en el cual es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por su parte, el primer párrafo del numeral 48 del invocado cuerpo de leyes establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado.". En el mismo contexto, el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el punto Cuarto, fracción XII, establece: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: ."XII. DECIMO SEGUNDO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Culiacán y Navolato. Los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa. Los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Concordia, Cosalá, Elota, Escuinapa, Mazatlán, Rosario y San Ignacio." Destacado lo anterior, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, Distrito Judicial con sede en Mazatlán, Sinaloa y Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Unidad Integral del Ministerio Público de Elota: La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en la causa penal 293/2019, por el delito de lesiones dolosas agravadas y violencia familiar. Director del Centro Penitenciario El Castillo" y Supervisora adscrita a la Región Sur de la Unidad de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, Sinaloa; La ejecución del acto reclamado. En ese contexto, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado. Lo anterior es así, pues la ejecución del acto reclamado consistente en la privación de la libertad del quejoso ***, con motivo de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en su contra en la causa penal ***, por la comisión del delito de lesiones dolosas agravadas y violencia familiar, tiene ejecución material en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Por tanto, se considera que el Juez de Distrito competente para conocer la demanda de amparo que originó el juicio que ahora nos ocupa, es un Juez de Distrito del Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, en turno. Por lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, determina que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda y sus copias al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, en turno, a quien se considera competente en términos del artículo 37, párrafo primero, de la invocada ley, lo anterior por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Juzgados; además, tal envió se lleva a cabo para los efectos a que se refiere el artículo 48 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, se sirva comunicar si acepta o no la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo en cuestión. Sin que haya lugar a proveer en relación con la sustanciación del incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa, toda vez que en la demanda de amparo no se reclaman actos de los mencionados en el artículo 15 de la ley reglamentaria del juicio constitucional y, por ende, el presente asunto no se ubica en los casos de excepción a que se refiere el artículo 48 del mismo ordenamiento. Fórmese cuaderno de antecedentes. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial lleve a cabo las diligencias correspondientes.
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