Ignacio Álvarez Zea
Expediente 705/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 50 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 705/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Ignacio Álvarez Zea
- Ignacio Álvarez Zea y Otros.
- Edgar Rafael Marín de la Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo; sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, mediante auto de veinte de agosto de dos mil veinte, se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
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EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo, ha transcurrido un año sin que Ignacio Álvarez Zea y Edgar Rafael Marín de la Cruz, hayan ratificado la demanda de amparo promovida por Leydy Guadalupe Álvarez Izquierdo, en consecuencia, se tiene por no interpuesta la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo, se dejan sin efectos las providencias dictadas en auto de veinte de agosto de dos mil veinte, relativas a la suspensión de plano de los actos reclamados. Notifíquese y personalmente a la parte promovente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo, ha transcurrido un año sin que Ignacio Álvarez Zea y Edgar Rafael Marín de la Cruz, hayan ratificado la demanda de amparo promovida por Leydy Guadalupe Álvarez Izquierdo, en consecuencia, se tiene por no interpuesta la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo, se dejan sin efectos las providencias dictadas en auto de veinte de agosto de dos mil veinte, relativas a la suspensión de plano de los actos reclamados. Notifíquese y personalmente a la parte promovente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual, devuelve sin diligenciar el exhorto 78/2020-9 (orden 254/2020), del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para que ordenara a quien correspondiera, con libertad de decisión, se constituyera en comandancias e instalaciones policiales y de detención de su jurisdicción, zonas militares, hospitales y centros de atención medica así como psiquiátricos (si hubiere estos últimos), o en cualquier lugar en que el Juez exhortado considerara pudieran encontrarse los directos quejosos Ignacio Alvarez Zea y Edgar Rafael Marín de la Cruz; consecuentemente, dése de baja a la comunicación oficial en mención, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, en virtud de que en autos ya obran todas las comunicaciones oficiales que se libraron con el fin de localizar a los directos quejosos Ignacio Alvarez Zea y Edgar Rafael Marín de la Cruz, y al no haber obtenido información que ayudara a la localización, lo procedente es suspender el procedimiento en el presente juicio de amparo. Se estima lo anterior, en razón de que el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. En ese contexto, con fundamento en el precepto antes citado, se suspende el procedimiento del expediente en que se actúa, en virtud de que los quejosos Ignacio Alvarez Zea y Edgar Rafael Marín de la Cruz, no han ratificado la demanda promovida a su favor por Leydy Guadalupe Álvarez Izquierdo, y dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado, para los efectos precisados en el referido ordenamiento legal. En el entendido que transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda, que dio origen al presente juicio. Notifíquese personalmente.
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