Ignacio Alarcon Rodriguez Pacheco
Expediente 282/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 282/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ignacio Alarcon Rodriguez Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. En primer término, hágase saber a las partes que, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, la cual sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión único, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General y, conforme al punto 7.1.1. apartado 2 del Manual para la Organización de Archivos Judiciales Bajo el Resguardo del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En diverso aspecto, en virtud de que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, se deja a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este juzgado, el billete de depósito N 956119, expedido por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $900.00 (novecientos pesos, cero centavos, moneda nacional), que exhibió para que surtiera efectos la medida cautelar provisional concedida en autos, el cual se ordena devolverle previa toma de razón de recibo que se deje en autos. En el entendido de que, por estrictas razones de seguridad y control, la devolución ordenada sólo se hará los días martes y jueves de cada semana, de doce treinta a trece treinta horas, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional, debiéndose acompañar identificación oficial y vigente, y copia simple de la misma, para los efectos legales correspondientes. Con el apercibimiento que, de no comparecer a recoger la mencionada garantía en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, ésta prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena glosar el presente acuerdo al expediente impreso, pues se considera de trascendencia para la etapa procesal en la que se encuentra este juicio. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por ***, contra los actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia; por las autoridades y los motivos expuestos en el diverso cuarto del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de abril de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 282/2023, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, asistido de la Secretaria Nahieli Avendaño Palacios, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo promovida por Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, así como el auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés (suspensión provisional), e informes previos de las autoridades responsables. De igual forma la Secretaria da cuenta con el estado procesal de autos. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que mediante acuerdo dictado el tres de abril de dos mil veintitrés (es decir, previo a la celebración de la audiencia que antecede), se declaró inexistente a la autoridad señalada como responsable: "Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Estatal de la Fiscalía General del Estado de Puebla". En ese tenor, dicha autoridad se excluye de la materia de la presente incidencia. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; a lo anterior el Juez de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no exhibió pedimento. A lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Finalmente, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 282/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previa reserva, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: Las órdenes de búsqueda, aprehensión y detención, libradas en contra del aquí quejoso; y, Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. Oficio Autoridad responsable. Sentido del informe. 1. COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS (JOSÉ GONZÁLEZ ZEPEDA); EN REPRESENTACIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. NIEGA 2. TITULAR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA (FERNANDO FIERRO ALDANA). NIEGA CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. De lo anterior se advierte que las autoridades responsables señaladas, al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Por otra parte, como se señaló en la audiencia que antecede, no existe la autoridad responsable, que la parte quejosa denominó como: "Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Estatal de la Fiscalía General del Estado de Puebla"; por tanto, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." QUINTO. Integración de expediente físico. Los registros con los que se dio cuenta deben integrarse al expediente físico, y con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente incidente de suspensión. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE AL QUEJOSO; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de abril de dos mil veintitrés. Desahoga Vista Agréguese a los autos el escrito signado por José Luis Peredo Elguero, autorizado del quejoso en términos amplios de la Ley de Amparo, por medio del cual en cumplimiento al auto de veintiocho de marzo pasado, precisa que el nombre correcto de la autoridad que señaló como Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Estatal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, es: "Fernando Fierro Aldana, Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla". Autoridad Inexistente Dado que Fernando Fierro Aldana, Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, es parte de este juicio y obra su informe con justificación, entonces debe tenerse como inexistente a la que señaló como 1. Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Estatal de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Solicitud de requerimiento a la autoridad responsable Por otra parte, el quejoso solicita que se requiera a Fernando Fierro Aldana, Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, información sobre la carpeta de investigación FGEP/CDI/UEIORPI/UIOROL/25/2022; pues afirma que se han efectuado actos de molestia derivados de tal indagatoria. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, no procede acceder a su solicitud, pues la litis de este juicio constitucional, de acuerdo con el auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, consiste en las órdenes de búsqueda, aprehensión y detención, así como su ejecución, quedado expresamente fuera del juicio, por desechamiento, los actos relativos a la integración de una carpeta de investigación y/o proceso penal contra el quejoso, de ahí la improcedencia de su petición. Cabe precisar que la autoridad a la que pretende atribuir la integración de la investigación no es un agente del Ministerio Público, sino una autoridad ejecutora, situación que también incide en la improcedencia de su petición. Integración del expediente físico El registro con el que se dio cuenta y el presente proveído deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
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