Ignacio Aguilar Leyva
Expediente 1489/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1489/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Ignacio Aguilar Leyva
Actuaciones
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que a la parte quejosa le ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para promover el recurso de queja en contra de la resolución mediante la cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en vista de lo prevenido en el artículo 2 de la ley de la materia, se declara ejecutoriada en sus términos; en su oportunidad archívese el presente expediente.
- Principal
Durango, Durango, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por **** contra un acto del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango, por considerarlo violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Es notoria y manifiestamente improcedente la demanda de garantías interpuesta por l***as razones que a continuación se precisan. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En interpretación de un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la vigente Ley de Amparo, existe la tesis de jurisprudencia 749, que puede ser consultable en la página 505, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años de 1917 a 1995, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". El dispositivo 61, fracción XVIII, de la propia Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .". Esta causal de improcedencia estriba en que el juicio de garantías es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación, con independencia de que quien ejerce la acción constitucional no lo hubiere hecho valer con la debida oportunidad, salvo que se trate de las excepciones previstas en los incisos a), b) y c) del citado dispositivo legal, aunque la última parte del inciso b) exceptúa las sentencias definitivas en el proceso penal. En interpretación de un numeral y fracción de similar redacción correspondiente a la vigente Ley de Amparo existe la jurisprudencia I.6º.C. J/37, consultable bajo el registro IUS 187016, o bien en la página 902, del Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". La fracción I, del artículo 228 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango, establece: "ARTÍCULO 228. El recurso de queja es competencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y es procedente contra las resoluciones de Sala Ordinaria que: Nieguen la admisión de demanda o la desechen. .". Conforme a este numeral son impugnables a través del recurso de queja los proveídos en los que se deseche la demanda interpuesta. Pues bien, el ahora quejoso Ignacio Aguilar Leyva reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango, lo siguiente: "IV. LA OMISIÓN QUE SE RECLAMA.- La omisión por parte de la Autoridad responsable al no aceptar la demanda y poner cada traba y requisito con lo cual se cumple con todos y cada uno de los requisitos que solicito el tribunal de justicia administrativa pero desecha mi demanda por una cuestión técnica como lo especifica en su resolución donde desecha mi demanda al mencionar que falta agregar la solicitud que el suscrito debe realizar a la patronal para pedir mi finiquito que como trabajador me corresponde por ley sin que tenga que ser solicitado por mí, ya que este por ley debe ser expedido como liquidación, de esta forma privándome de mi derechos consagrados por el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Sin embargo, contra ese acuerdo desechatorio de la demanda que controvierte el hoy inconforme Ignacio Aguilar Leyva, procede el recurso de queja que prevé el invocado dispositivo 228 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango, que puede traer como efecto revocar o modificar esa decisión jurisdiccional. De tal suerte que si el hoy aquí amparista no agotó ese medio de defensa previo al ejercicio de la vía constitucional, es incuestionable que no acató el principio de definitividad que, al igual que otros, rigen la vía de amparo, lo que actualiza de manera patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, lo que conlleva a desechar de plano la demanda que se provee con apoyo en el artículo 113 de la propia codificación. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que señala en el escrito de demanda, también proporciona el correo electrónico robertohuizar1@hotmail.com y número de contacto 618 234 71 41. Fórmese cuaderno y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo que promueve ****, contra el acto que reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · 12,516 expedientes
- Hyo Jin An1152/2022
- Idali López Ávila1428/2016
- Idalia Romo Pérez864/2016
- Idelfonso Hernández Burciaga908/2022
- Idhali Viridiana Mitre Ojeda403/2019
- Ignacio Adolfo Rodríguez Alemán1516/2022
- Ignacio Alejandro Godinez Stevenson456/2019
- Ignacio Antonio Ruiz Nevárez810/2016
- Ignacio Candia Tinoco767/2019
- Ignacio Candia Tinoco1367/2023
- Ignacio Flores Alvarado783/2023
- Ignacio Francisco Villa Murguia1533/2016