Ignacia y/o Ma. Ignacia Sánchez Ramírez
Expediente 122/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ignacia y/o Ma. Ignacia Sánchez Ramírez
Actuaciones
- Principal
la ciudad de León, Guanajuato, a veintiocho de mazo de dos mil veintitrés, la suscrita Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, en cumplimiento a lo ordenado en el auto inicial, hago constar que la presente promoción, con número de registro 4255, se ubica en la hipótesis del inciso c) acuses de recibo, por lo que resulta inútil el dictado de acuerdo. Doy fe.
- Principal
Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de catorce de febrero pasado, ya feneció sin que lo hubiera hecho; por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Devuélvanse tres tomos de prueba al Juzgado Sexto Civil de Partido, de esta ciudad, y uno a la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital; documentales que fueron remitidas por la superioridad con motivo de la incompetencia legal planteada, en virtud de que es innecesario permanecer con los mismos.
- Principal
Se recibe exhorto diligenciado. Agréguense a los autos para que surtan los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta y anexos que remite la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 28/2023-II (43/2023), del índice de este juzgado. En razón de lo anterior, dese de baja la comunicación de trato y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Se tiene por hecha notificación. Finalmente, téngase por hecha la notificación ordenada en auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, a la parte quejosa; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Tribunal Colegiado remite demanda de amparo y anexos. Téngase recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, remite el original y copia de la demanda de amparo promovida por ********* y/o ***************, por haberse declarado legalmente incompetente para conocer de la misma; copia certificada del oficio 277 y original del diverso 98, suscritos por la magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, oficio 199 signado por el juez Sexto Civil de Partido, de esta ciudad, constancias de emplazamiento, copias certificadas del expediente ********* de su índice, en tres tomos y toca de apelación *************, del índice de la magistrada responsable; con los que se ordena formar por separado cuatro tomos de pruebas. Acúsese recibo. Atento al contenido del oficio relacionado, este Juzgado de Distrito acepta la competencia declinada y, por ende se asume el conocimiento de la demanda de amparo remitida por la superioridad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; así como en los numerales 1º, 37, 38, 45 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con los puntos de acuerdo primero, relativo al Décimo Sexto Circuito, y cuarto, párrafo segundo, del punto XVI, derivados del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General ********************/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, este Juzgado de Distrito. Desechamiento de demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del referido artículo, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en principio, se estima que respecto al acto reclamado precisado en el inciso a), se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". En efecto, de la interpretación de la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Mientras que el segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. En el caso, se actualiza la segunda hipótesis relativa a que un nuevo acto de autoridad incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, al ser sustituido procesalmente, como a continuación se demostrará. Como se dijo, el acto atribuido al juez Sexto Civil de Partido, de esta ciudad, consiste en la resolución de doce de octubre de dos mil veintidós, en autos del expediente ********************, en la que no acordó favorablemente la pretensión de la quejosa, en el sentido de llamar a juicio a la persona moral "********************", sociedad anónima de capital variable, en calidad de tercero demandado. Ahora bien, como puede observarse del contenido de la demanda de amparo y anexos de cuenta, el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, esto es, con posterioridad a la emisión de la determinación reclamada de doce de octubre de dos mil veintidós, la magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, en autos del toca ********************, al resolver el recurso de apelación intentando en contra de aquella, confirmó la resolución emitida por el juez Sexto Civil de Partido, de esta ciudad, en autos del expediente ********************, quien no acordó favorablemente la pretensión de la quejosa, en el sentido de llamar a juicio a la persona moral "********************", sociedad anónima de capital variable, en calidad de tercero demandado. De lo anterior se colige que la afectación en la esfera de derechos de la peticionaria del amparo, proviene de una fuente diversa a la que constituye el acto combatido en este asunto, consistente en la determinación de doce de octubre de dos mil veintidós, y por tanto, es improcedente el juicio de amparo respecto a dicho acto reclamado, al resultar desacertado hacerlo valer para nulificar una actuación que ya no lesiona la esfera jurídica de la parte quejosa, pues en su caso, la que aquí lo hace es la diversa de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en la que la magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, en autos del toca ********************, que confirmó aquélla, siendo sustituida procesalmente por esta nueva determinación, que es la que podría, en su caso, irrogar a la peticionaria del amparo una afectación real y actual a su esfera jurídica. Por todo lo anterior, se concluye que la determinación de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, sustituyó procesalmente a la diversa de doce de octubre de dos mil veintidós y, por ende, es la que causa un agravio personal y directo a la parte quejosa para los efectos del juicio de amparo. Ahora, respecto al diverso acto reclamado apuntado en el inciso b), la suscrita estima que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De dichos preceptos se advierte que el juicio de amparo es improcedente si el acto reclamado dentro del juicio no es de imposible reparación entendiéndose por ellos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, la resolución reclamada apuntada en el inciso b), no constituye para la parte quejosa un acto de imposible reparación, ya que no afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de ésta, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el dictado de la sentencia definitiva en el juicio de origen; lo anterior, considerando que la resolución combatida, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la referida determinación; dado que sus efectos y consecuencias se traducen únicamente en que no sea llamado a juicio la persona moral denominada "********************", sociedad anónima de capital variable, en calidad de tercero demandado; sin embargo, en caso de que se obtenga una sentencia favorable, se repararían las posibles violaciones que hubieran acontecido en la resolución que se estudia. Así, dicha determinación por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado, ya que sus efectos y consecuencias únicamente se reflejan en el juicio de origen, y se podrían reparar en caso de obtener sentencia favorable. En virtud de los razonamientos sostenidos con antelación, al actualizarse las causas de improcedencia previstas por el artículo 61, fracción XXI y XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda en estudio. Autorizados. Téngase como autorizados de la quejosa únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere en su demanda, por así haberlo solicitado expresamente. Se gira exhorto. Ahora bien, toda vez que la promovente señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato -en mérito del amparo directo intentado en aquella localidad-; en consecuencia, toda vez que dicha ciudad se encuentra fuera de la circunscripción territorial donde este Juzgado Federal ejerce su jurisdicción, con fundamento en los numerales 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, en turno, a efecto de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, designe actuario a su cargo, a fin de que notifique el presente proveído a la quejosa ********************y/o Ma. ********************Sánchez Ramírez, en el domicilio ubicado en calle ********************, número ********************, fraccionamiento ********************, de esa ciudad capital, debiéndole hacer entrega de copia autorizada del mismo, que para tal efecto se anexa. Asimismo, la deberá requerir para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de León, Guanajuato, con el apercibimiento que de no cumplir con ello, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se le realizarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal; se faculta al homólogo para que en caso de ser necesario, con fundamento en el ordinal 21, último párrafo de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles; solicitándole que una vez que sea diligenciado el exhorto que se remite, lo devuelva a este órgano de control constitucional para que obre como corresponda. El exhorto de mérito gírese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como comunicación oficial electrónica, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación dentro del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los asuntos de Justicia Penal Federal. Se solicita a la autoridad exhortada, que una vez diligenciado el exhorto de referencia, de cumplimiento a lo establecido en el artículo 110, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y remita las actuaciones conducentes, resultado del trámite de la comunicación oficial electrónica a este órgano jurisdiccional. Sin que resulte legalmente válido devolver sin diligenciar la comunicación oficial de mérito, con motivo a que no se firme de manera autógrafa, pues de acuerdo a los artículos 3,10, 12 inciso f y 13, inciso d, del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; los documentos electrónicos que se envíen y contengan la FIREL, producirán los efectos que los presentados con la firma autógrafa. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Finalmente, en cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.
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