Ignacia Sánchez Suárez
Expediente 219/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/03/2017
Partes del expediente
- Ignacia Sánchez Suárez
Actuaciones
- Principal
VI. COMO SE ORDENÓ SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, EN LA CUAL SE RESOLVIÓ: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA.
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VII.- como se ordenó se notifica a la parte quejosa el auto de nueve de febrero de dos mil diecisiete, el cual en sintesis dice: Visto el oficio de cuenta por medio del cual Jorge Reyes Santana en su carácter de delegado de la autoridad responsable Consejo de la Judicatura del Estado de México, remite copia certificada de la resolución dictada el primero de los cursantes en el expediente administrativo disciplinario DGC/DTLAL/0050/2014, con lo cual aduce la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos del juicio en que se actúa. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada con el oficio y anexo mencionado, así como con el diverso oficio recibido el veintisiete de enero del año en curso en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, para que dentro del término de tres días computados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar declaración alguna sobre el particular, este Tribunal de Amparo se pronunciará respecto del cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
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COMO SE ORDENÓ SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL EN SINTESIS DICE: Por recibida la demanda de amparo promovida por Ignacia Sánchez Suárez, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa Uno de Trámite de la Unidad de Investigación A 1, en Toluca, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 219/2017. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado en el presente asunto, consiste esencialmente en: La omisión del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa Uno de Trámite de la Unidad de Investigación A 1, en Toluca, Estado de México de integrar la carpeta de investigación NUC TOL/TOL/AC1/107/098829/16/11, NIC: TOL/AC1/00/MPI/135/1460/16/11, con número económico 2033/2016, iniciada el nueve de noviembre de dos mil dieciséis por la parte quejosa. Establecido lo anterior, la suscrita advierte que respecto del acto materia de estudio en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 150, fracción XIV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 150. En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido, de manera enunciativa más no limitativa, tienen los derechos siguientes: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De lo transcrito tenemos que los citados preceptos legales establecen que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues acorde con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la carta magna, las decisiones del agente del Ministerio Público, entre ellas, la omisión del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa Uno de Tramite de la Unidad de Investigación A 1, en Toluca, Estado de México, en la investigación de los delitos, es susceptible de ser impugnada ante el juez de control, quien podrá analizar si dicha situación es legal o en su caso, ordenar la investigación y continuar con la persecución penal. Dicho en otras palabras, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. A su vez, el artículo 150, fracción XIV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión condicional del proceso a prueba, cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En esas condiciones, se considera que la parte quejosa debió impugnar la omisión de que se duele ha incurrido la autoridad responsable en la investigación del hecho delictuoso denunciado, ante la autoridad judicial correspondiente, en el caso, ante el juez de control. En ese orden, sería la resolución del juez de control que decida en definitiva sobre la omisión atribuida al Agente del Ministerio Público en la investigación de los hechos delictuosos, la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Ahora bien, este Juzgado de Distrito no soslaya que el presente caso no se ajusta a las hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, no se trata de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, lo que en la especie no acontece, al impugnarse un acto de omisión por parte del agente del Ministerio Público, en demérito de la obligación constitucional que le atañe conforme al artículo 21 de la Carta Magna; por lo que de la misma manera tampoco se ajusta a los supuestos de la fracción XX del referido precepto legal, donde se dispone que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Empero, el propio precepto 61, en su fracción XXIII, establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues se reitera, acorde con el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, se establece que las omisiones del agente del Ministerio Público en la investigación de los delitos, son susceptibles de ser impugnadas ante la autoridad judicial, en la que se podrá determinar lo referente a dichas omisiones en la investigación de los delitos, o en su caso, ordenar la investigación y continuar con la persecución penal. La prerrogativa que constitucionalmente se otorga al pasivo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley, ello se advierte de la exposición de motivos, que dio origen a la redacción actual del precepto constitucional citado, en que, entre otras cosas se dijo: "El Apartado C del artículo 20 constitucional confiere ahora nuevos derechos a las víctimas u ofendidos de los delitos. Fundamentalmente, una participación más activa en el proceso mediante la introducción de novedosas figuras. En esta reforma se conservan importantes derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad." "Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establezca la ley. " "Esta figura se incorpora ahora como una nueva garantía constitucional, con el objeto de que exista la posibilidad para las víctimas de defender directamente sus intereses. Ello no significa por supuesto que el Ministerio Público no esté obligado a dar un efectivo servicio de calidad a las víctimas y a representar sus intereses." "Además de lo anteriormente indicado, se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva. Diversos criterios jurisprudenciales ya preveían esos extremos, los cuales ahora se reconocen expresamente en la Constitución." Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no solo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sino también de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; lo que igualmente se encuentra tutelado en el artículo 150, fracción XIV, del Código de Procedimiento Penales para el Estado de México. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso. En esas condiciones, de lo expuesto se advierte que la parte quejosa debió agotar el recurso que la propia Constitución consigna a su favor en términos de lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, en relación con el precepto 150, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, y al no haberlo hecho opera en su perjuicio el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima al recurrente de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso el diverso 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en el artículo 113 de la propia codificación legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ignacia Sánchez Suárez , contra actos del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa Uno de Trámite de la Unidad de Investigación A 1, en Toluca, Estado de México, por notoriamente improcedente. Cabe mencionar que similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por unanimidad de votos, al resolver el amparo en revisión 279/2015 y la queja 43/2016, formados con motivo de los juicios de amparo indirecto 1149/2015 y 269/2016, del índice de este Juzgado de Distrito, resoluciones de las que se agrega copia certificada para los efectos legales conducentes. Conforme a lo establecido en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Antonio Hernández Arguello, dado que se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos de dicho precepto legal, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las diversas personas señalas en el escrito de demanda por no contar con registro en dicho sistema. Se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para firmar de manera autógrafa los oficios que deriven del presente, así como a enviar, en el caso de ser necesario, las comunicaciones oficiales dirigidas a Juzgados de Distrito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E), con el uso de su firma electrónica, y con los respectivos anexos escaneados, entre ellos, el exhorto correspondiente con la firma autógrafa del suscrito. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada.
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