Ignacia Sánchez Rodríguez
Expediente 18/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ignacia Sánchez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifica: a) Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. b) Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del tres al dieciséis de julio del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. c) Se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. d) Que no existen tomos de prueba por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, así como con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia pronunciada por este juzgado el veinticinco de junio del año en curso, la que negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2 de la ley de la metería, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro de Documentación Judicial, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Brenda.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 18/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Ignacia Sánchez Rodríguez solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: AUTORIDADES RESPONSABLES: Agentes del Ministerio Público Números Tres y Siete, con sede en Fresnillo, Zacatecas. En audiencia constitucional se tuvo como inexistente al agente del Ministerio Público Número Siete, con residencia en Fresnillo, Zacatecas. ACTO RECLAMADO: "La falta de resolución que hacen con respecto a la Averiguación Previa marcada con el número 186/2015." Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; y en auto de diez de enero de dos mil dieciocho (fojas 7-10), se registró con el consecutivo 18/2018 y se admitió a trámite, se ordenó dar la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y se ordenó emplazar a la parte tercero interesada. Seguido el juicio por sus trámites legales, se inició la audiencia constitucional al tenor del Acta que antecede, misma que forma parte integral de esta resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en razón de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado consiste en la omisión que la quejosa atribuye al agente del Ministerio Público Número Tres, en Fresnillo, Zacatecas, de resolver la averiguación previa 186/2015, iniciada con motivo de la denuncia que presentó contra Cupertino Treto Padilla (tercero interesado), por el delito de despojo de bien inmueble. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama al agente del Ministerio Público Número Tres, en Fresnillo, Zacatecas, toda vez que así se advierte del contenido integral del informe justificado que rindió (fojas 28 y 29). Sirve de apoyo al respecto, la jurisprudencia 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Al no advertirse alguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que este resolutor advierta de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En la demanda de derechos, la promovente relata como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: 1. Que el once de septiembre de dos mil quince, compareció ante la agencia del Ministerio Público Número Siete, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas, con sede en el Municipio de Fresnillo, a interponer denuncia contra Cupertino Treto Padilla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo de bien inmueble, cometido en su perjuicio. 2. Presentada la denuncia se inició la averiguación previa 186/2015; y a pesar que se han presentado los testigos que la responsable ha requerido; se han llevado a cabo las diligencias de fe ministerial y de fijación de los puntos de los lugares materia del despojo; así como se han rendido los dictámenes periciales necesarios para comprobar el cuerpo del delito de despojo, así como para acreditar la probable responsabilidad del indiciado, dicha autoridad no ha resuelto conforme a derecho la citada indagatoria. En sus conceptos violatorios la quejosa aduce, medularmente, que se conculcan en su perjuicio los derechos fundamentales que tutelan los artículos artículo 8, 17 y 21 de la Constitución Federal, dado que a pesar de que dentro de la averiguación previa se han desahogado las pruebas necesarias para acreditar el cuerpo del delito de despojo de bien inmueble; así como la probable responsabilidad penal del indiciado, como lo exige el artículo 16 constitucional, la autoridad responsable no ha resuelto conforme a derecho la citada indagatoria, no obstante el tiempo que ha transcurrido, pues su denuncia la presentó el once de septiembre de dos mil quince, sin que haya ejercido la acción penal correspondiente; refiriendo que incluso se corre el riesgo de que opere la prescripción, por las dilaciones innecesarias de la representación social. Son infundados los motivos de inconformidad antes destacados. Para poner de relieve lo anterior, conviene acotar que la administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos, a saber: a). Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. b). Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. c). Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. d). Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia, los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto, particular relevancia tienen el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Sobre ese tópico, en lo conducente, el artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Luego, la consecuencia de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Por su parte, los párrafos primero y segundo del artículo 21 de la Constitución Federal, disponen: "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunalescorresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." Como se ve, la disposición constitucional reproducida establece que es obligación del Ministerio Público la investigación de los delitos, para estar en posibilidad de ejercer acción penal; sin prever plazo alguno para ello. Ahora, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, nada disponen respecto al plazo que tiene el Agente del Ministerio Público responsable para resolver sobre la determinación de una averiguación previa, ya sea en el sentido de ejercer la acción penal o decretar el no ejercicio; por tanto, debe atenderse al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable. Para determinar un plazo razonable, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido cuatro parámetros para medir la razonabilidad del lapso en que se desarrolla un proceso: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; c) La conducta de las autoridades judiciales; y, d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. En otras palabras, debe realizarse un análisis global de cada procedimiento y establecer, de acuerdo a sus particularidades, si ha transcurrido en exceso el tiempo, o si éste resulta justificado. Por tanto, para establecer el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación al derecho de justicia pronta. Sustenta las consideraciones que anteceden, en lo conducente, la tesis I.4o.A.4 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya síntesis es: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del procedimiento", y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto." En el caso, como antes se dijo, la quejosa reclama la omisión que atribuye al agente del Ministerio Público Número Tres, en Fresnillo, Zacatecas, de resolver la averiguación previa 186/2015, iniciada con motivo de la denuncia interpuesta contra Cupertino Treto Padilla (tercero interesado), por el delito de despojo de bien inmueble. Los numerales 2º y 3° del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, disponen: "ARTICULO 2o.- Dentro del período de averiguación previa, la Policía Judicial, deberá, en ejercicio de sus facultades: I.- Recibir las denuncias y querellas de los particulares o de cualquiera autoridad, sobre hechos que puedan constituir delitos del orden común. En estos casos, las diversas policías cuando actúen en funciones de Policía Judicial, inmediatamente darán aviso al Ministerio Público dejando de actuar cuando éste así lo determine; II.- Practicar la averiguación previa; y III.- Buscar las pruebas de la existencia de los delitos de la competencia de los tribunales del Estado y de la responsabilidad de quienes en ellos hubieren participado.". "ARTICULO 3o.- Dentro del mismo período, el Ministerio Público deberá: I.- Ejercer por sí mismo, en caso necesario, las funciones expresadas en el artículo anterior, teniendo bajo su dirección y mando a todas las autoridades y policías, cuando conforme a la ley ejerzan de policía judicial; y II.- Ejercitar la acción penal." De los normativos transcritos se colige que dentro del período de averiguación previa, el Ministerio Público deber recibir las denuncias y querellas de los particulares o de cualquiera autoridad; practicar la averiguación previa y recabar las pruebas que se relacionen con la existencia de los delitos de la competencia de los tribunales del Estado y de la responsabilidad de quienes en ellos hubieren participado. De lo narrado destaca que para que el órgano investigador pueda emitir resolución en la que determine si ejerce o no acción penal contra el inculpado de que se trate, es presupuesto indispensable que se hayan recabado y desahogado las pruebas que considere pertinentes y que sirvan de sustento para cualquiera de esos pronunciamientos. Ahora bien, en el caso concreto, el agente del Ministerio Público Número Tres, con sede en Fresnillo, Zacatecas, en su informe justificado (fojas 28-29), manifestó que existen diligencias por desahogar, ya que quien figura como inculpado dentro de la indagatoria, promovió un recurso de revisión respecto del predio en conflicto, ante la Secretaría de Gobierno del estado, contra la resolución dictada por la Dirección de Fraccionamientos Rurales, estando en espera de que se resuelva dicho medio de impugnación, ya que ahí se determinará a quién le asiste la razón. Para apoyar el aserto apuntado, la mencionada responsable remitió copias certificadas de los oficios SGG/DJ/91/2018 y SGG/SP/1063/2017 (fojas 30 y 31); documentales públicas que revisten pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, y de las que se advierte que, en efecto, Cupertino Treto Padilla interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el trece de septiembre de dos mil diecisiete, por la Dirección de Fraccionamientos Rurales del estado, dentro del expediente administrativo de nulidad de procedimiento identificado con el número 288/2016; medio de impugnación que hasta la fecha en que se dicta esta sentencia de amparo, no se advierte que hubiera sido resuelto; y que es al que alude la autoridad responsable como una prueba que se encuentra pendiente de recabar en la averiguación previa, motivo por el cual ésta no ha sido resuelta. En ese contexto, deviene inconcuso que la autoridad responsable, hasta la fecha en que se presentó la demanda de derechos que motivó este juicio de amparo (nueve de enero de dos mil dieciocho) no estaba en condiciones de resolver la averiguación previa 186/2015, como lo pretende la quejosa, pues incluso la autoridad responsable en su comunicado de ley (fojas 28 y 29) expuso el motivo justificado por el cual no ha sido resuelta dicha indagatoria, según se acotó en párrafos que anteceden. En el contexto anotado, es palmario que el acto de omisión que se atribuye al representante social señalado como responsable de dictar la resolución que legalmente proceda dentro de la averiguación previa de que se trata, no es en sí mismo violatorio de los derechos fundamentales que tutelan los artículos 8, 17 y 21 de la Constitución Federal, como lo aduce la quejosa; y en ese tenor, es necesario que ésta acreditara su inconstitucionalidad, esto es, que en la indagatoria en cuestión no se ha decidido respecto del ejercicio de la acción penal a pesar de estar en un estado procesal que así lo permita, es decir, que no existan pruebas pendientes de recabar o desahogar, lo que en la especie no ocurre, por la razón antes destacada. En las relatadas condiciones, debe convenirse en que la quejosa no demostró en esta instancia constitucional, que el agente del Ministerio Público responsable haya incurrido en demora al omitir resolver la averiguación previa 186/2015; menos aún que dicho expediente se encuentre en un estado procesal que permita emitir una determinación de ejercicio o inejercicio de la acción penal y, por ende, que se conculquen en su perjuicio los derechos fundamentales que tutelan los precitados normativos; por tanto, debe convenirse en que por el motivo antes señalado, la omisión que se atribuye a la autoridad responsable, está justificada. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación planteados y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de la quejosa, procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Ignacia Sánchez Rodríguez, contra el acto que reclamó del agente del Ministerio Público Número Tres, en Fresnillo, Zacatecas, consistente en la omisión de resolver la averiguación previa 186/2015, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, hoy veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante José de Jesús Martínez Torres, secretario que autoriza y da fe. LJJMT/Luis
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA IGNACIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, LA DETERMINACIÓN DE VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 18/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Ignacia Sánchez Rodríguez solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: AUTORIDADES RESPONSABLES: Agentes del Ministerio Público Números Tres y Siete, con sede en Fresnillo, Zacatecas. En audiencia constitucional se tuvo como inexistente al agente del Ministerio Público Número Siete, con residencia en Fresnillo, Zacatecas. ACTO RECLAMADO: "La falta de resolución que hacen con respecto a la Averiguación Previa marcada con el número 186/2015." Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; y en auto de diez de enero de dos mil dieciocho (fojas 7-10), se registró con el consecutivo 18/2018 y se admitió a trámite, se ordenó dar la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y se ordenó emplazar a la parte tercero interesada. Seguido el juicio por sus trámites legales, se inició la audiencia constitucional al tenor del Acta que antecede, misma que forma parte integral de esta resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en razón de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado consiste en la omisión que la quejosa atribuye al agente del Ministerio Público Número Tres, en Fresnillo, Zacatecas, de resolver la averiguación previa 186/2015, iniciada con motivo de la denuncia que presentó contra Cupertino Treto Padilla (tercero interesado), por el delito de despojo de bien inmueble. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama al agente del Ministerio Público Número Tres, en Fresnillo, Zacatecas, toda vez que así se advierte del contenido integral del informe justificado que rindió (fojas 28 y 29). Sirve de apoyo al respecto, la jurisprudencia 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Al no advertirse alguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que este resolutor advierta de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En la demanda de derechos, la promovente relata como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: 1. Que el once de septiembre de dos mil quince, compareció ante la agencia del Ministerio Público Número Siete, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas, con sede en el Municipio de Fresnillo, a interponer denuncia contra Cupertino Treto Padilla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo de bien inmueble, cometido en su perjuicio. 2. Presentada la denuncia se inició la averiguación previa 186/2015; y a pesar que se han presentado los testigos que la responsable ha requerido; se han llevado a cabo las diligencias de fe ministerial y de fijación de los puntos de los lugares materia del despojo; así como se han rendido los dictámenes periciales necesarios para comprobar el cuerpo del delito de despojo, así como para acreditar la probable responsabilidad del indiciado, dicha autoridad no ha resuelto conforme a derecho la citada indagatoria. En sus conceptos violatorios la quejosa aduce, medularmente, que se conculcan en su perjuicio los derechos fundamentales que tutelan los artículos artículo 8, 17 y 21 de la Constitución Federal, dado que a pesar de que dentro de la averiguación previa se han desahogado las pruebas necesarias para acreditar el cuerpo del delito de despojo de bien inmueble; así como la probable responsabilidad penal del indiciado, como lo exige el artículo 16 constitucional, la autoridad responsable no ha resuelto conforme a derecho la citada indagatoria, no obstante el tiempo que ha transcurrido, pues su denuncia la presentó el once de septiembre de dos mil quince, sin que haya ejercido la acción penal correspondiente; refiriendo que incluso se corre el riesgo de que opere la prescripción, por las dilaciones innecesarias de la representación social. Son infundados los motivos de inconformidad antes destacados. Para poner de relieve lo anterior, conviene acotar que la administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos, a saber: a). Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. b). Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. c). Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. d). Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia, los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto, particular relevancia tienen el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Sobre ese tópico, en lo conducente, el artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Luego, la consecuencia de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Por su parte, los párrafos primero y segundo del artículo 21 de la Constitución Federal, disponen: "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunalescorresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." Como se ve, la disposición constitucional reproducida establece que es obligación del Ministerio Público la investigación de los delitos, para estar en posibilidad de ejercer acción penal; sin prever plazo alguno para ello. Ahora, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, nada disponen respecto al plazo que tiene el Agente del Ministerio Público responsable para resolver sobre la determinación de una averiguación previa, ya sea en el sentido de ejercer la acción penal o decretar el no ejercicio; por tanto, debe atenderse al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable. Para determinar un plazo razonable, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido cuatro parámetros para medir la razonabilidad del lapso en que se desarrolla un proceso: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; c) La conducta de las autoridades judiciales; y, d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. En otras palabras, debe realizarse un análisis global de cada procedimiento y establecer, de acuerdo a sus particularidades, si ha transcurrido en exceso el tiempo, o si éste resulta justificado. Por tanto, para establecer el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación al derecho de justicia pronta. Sustenta las consideraciones que anteceden, en lo conducente, la tesis I.4o.A.4 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya síntesis es: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del procedimiento", y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto." En el caso, como antes se dijo, la quejosa reclama la omisión que atribuye al agente del Ministerio Público Número Tres, en Fresnillo, Zacatecas, de resolver la averiguación previa 186/2015, iniciada con motivo de la denuncia interpuesta contra Cupertino Treto Padilla (tercero interesado), por el delito de despojo de bien inmueble. Los numerales 2º y 3° del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, disponen: "ARTICULO 2o.- Dentro del período de averiguación previa, la Policía Judicial, deberá, en ejercicio de sus facultades: I.- Recibir las denuncias y querellas de los particulares o de cualquiera autoridad, sobre hechos que puedan constituir delitos del orden común. En estos casos, las diversas policías cuando actúen en funciones de Policía Judicial, inmediatamente darán aviso al Ministerio Público dejando de actuar cuando éste así lo determine; II.- Practicar la averiguación previa; y III.- Buscar las pruebas de la existencia de los delitos de la competencia de los tribunales del Estado y de la responsabilidad de quienes en ellos hubieren participado.". "ARTICULO 3o.- Dentro del mismo período, el Ministerio Público deberá: I.- Ejercer por sí mismo, en caso necesario, las funciones expresadas en el artículo anterior, teniendo bajo su dirección y mando a todas las autoridades y policías, cuando conforme a la ley ejerzan de policía judicial; y II.- Ejercitar la acción penal." De los normativos transcritos se colige que dentro del período de averiguación previa, el Ministerio Público deber recibir las denuncias y querellas de los particulares o de cualquiera autoridad; practicar la averiguación previa y recabar las pruebas que se relacionen con la existencia de los delitos de la competencia de los tribunales del Estado y de la responsabilidad de quienes en ellos hubieren participado. De lo narrado destaca que para que el órgano investigador pueda emitir resolución en la que determine si ejerce o no acción penal contra el inculpado de que se trate, es presupuesto indispensable que se hayan recabado y desahogado las pruebas que considere pertinentes y que sirvan de sustento para cualquiera de esos pronunciamientos. Ahora bien, en el caso concreto, el agente del Ministerio Público Número Tres, con sede en Fresnillo, Zacatecas, en su informe justificado (fojas 28-29), manifestó que existen diligencias por desahogar, ya que quien figura como inculpado dentro de la indagatoria, promovió un recurso de revisión respecto del predio en conflicto, ante la Secretaría de Gobierno del estado, contra la resolución dictada por la Dirección de Fraccionamientos Rurales, estando en espera de que se resuelva dicho medio de impugnación, ya que ahí se determinará a quién le asiste la razón. Para apoyar el aserto apuntado, la mencionada responsable remitió copias certificadas de los oficios SGG/DJ/91/2018 y SGG/SP/1063/2017 (fojas 30 y 31); documentales públicas que revisten pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, y de las que se advierte que, en efecto, Cupertino Treto Padilla interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el trece de septiembre de dos mil diecisiete, por la Dirección de Fraccionamientos Rurales del estado, dentro del expediente administrativo de nulidad de procedimiento identificado con el número 288/2016; medio de impugnación que hasta la fecha en que se dicta esta sentencia de amparo, no se advierte que hubiera sido resuelto; y que es al que alude la autoridad responsable como una prueba que se encuentra pendiente de recabar en la averiguación previa, motivo por el cual ésta no ha sido resuelta. En ese contexto, deviene inconcuso que la autoridad responsable, hasta la fecha en que se presentó la demanda de derechos que motivó este juicio de amparo (nueve de enero de dos mil dieciocho) no estaba en condiciones de resolver la averiguación previa 186/2015, como lo pretende la quejosa, pues incluso la autoridad responsable en su comunicado de ley (fojas 28 y 29) expuso el motivo justificado por el cual no ha sido resuelta dicha indagatoria, según se acotó en párrafos que anteceden. En el contexto anotado, es palmario que el acto de omisión que se atribuye al representante social señalado como responsable de dictar la resolución que legalmente proceda dentro de la averiguación previa de que se trata, no es en sí mismo violatorio de los derechos fundamentales que tutelan los artículos 8, 17 y 21 de la Constitución Federal, como lo aduce la quejosa; y en ese tenor, es necesario que ésta acreditara su inconstitucionalidad, esto es, que en la indagatoria en cuestión no se ha decidido respecto del ejercicio de la acción penal a pesar de estar en un estado procesal que así lo permita, es decir, que no existan pruebas pendientes de recabar o desahogar, lo que en la especie no ocurre, por la razón antes destacada. En las relatadas condiciones, debe convenirse en que la quejosa no demostró en esta instancia constitucional, que el agente del Ministerio Público responsable haya incurrido en demora al omitir resolver la averiguación previa 186/2015; menos aún que dicho expediente se encuentre en un estado procesal que permita emitir una determinación de ejercicio o inejercicio de la acción penal y, por ende, que se conculquen en su perjuicio los derechos fundamentales que tutelan los precitados normativos; por tanto, debe convenirse en que por el motivo antes señalado, la omisión que se atribuye a la autoridad responsable, está justificada. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación planteados y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de la quejosa, procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Ignacia Sánchez Rodríguez, contra el acto que reclamó del agente del Ministerio Público Número Tres, en Fresnillo, Zacatecas, consistente en la omisión de resolver la averiguación previa 186/2015, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente a las partes."
- Principal
El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, el suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICA: Que se encuentran señaladas las once horas con veinte minutos para la celebración de la audiencia constitucional; además de que por auto de nueve del mes y año en curso, se ordenó dar vista al tercero interesado Cupertino Treto Padilla, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable agente del Ministerio Público número Tres, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, el cual fue notificado por medio de lista publicada el doce de febrero del año actual; por lo que se encuentra transcurriendo el término previsto por el numeral 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que se imponga de su contenido. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy Fe. El secretario En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que por auto de nueve del mes y año en curso, se ordenó dar vista al tercero interesado Cupertino Treto Padilla, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable agente del Ministerio Público número Tres, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, el cual fue notificado por medio de lista publicada el doce del febrero del año actual; por lo que se encuentra transcurriendo el término previsto por el numeral 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que se imponga de su contenido. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles
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