Ignacia López Pérez

Expediente 1029/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1029/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
27/10/2017

Partes del expediente

  • Ignacia López Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veinte al veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de diez de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda con que se formó el presente expediente, no se presentó promoción alguna en que se haya hecho uso del recurso de queja a que se alude en el artículo 97 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 fracción I, inciso a) en relación con el 98 y 99 de la ley de materia y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes De conformidad con el punto Cuarto, Noveno, fracción I, Décimo Primero, Décimo Séptimo, Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda de amparo; carece de valor jurídico, histórico y relevancia documental que amerite su conservación, y no existen documentos originales. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Centro Archivístico Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Notifíquese....

  2. Principal

    Vista la demanda presentada por Ignacia López Pérez, con siete copias y anexo que acompaña, contra actos del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Santa María del Río San Luis Potosí, y otra autoridad. Por tanto, fórmese expediente y regístrese en el Registro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la integración del expediente electrónico, y su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1029/2017-8; y a la Secretaría vigile la digitalización oportuna y de manera legible de las constancias que en su caso integraran el presente juicio de amparo. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa.... De conformidad con el análisis contextual antes señalado, se obtiene que la impetrante de garantías reclama de las autoridades responsables: "ÚNICO.- De las autoridades que señalo como responsables reclamo la autorización de construcción que en una forma arbitraría, ilegal y sin procedimiento administrativo alguno se les otorgó a los señores Alejandro Pérez Ramos, Imelda Ventura Álvarez y al sacerdote católico de nombre Rubén Pérez Ramos, personas que señalo como Terceros interesados en la presente solicitud de amparo, misma que consiste concretamente en el permiso de construir unas paredes en vía pública, precisamente en el cruce que hacen la calle denominada Privada de Juan Pablo Segundo y la entrada a mi domicilio que se encuentra en la misma privada perteneciente a la Fracción de Sánchez del municipio de Santa María del Río, S.L.P., autorización de la cual no se me notificó ni en tiempo ni en forma para estar en condiciones de manifestar mi conformidad o inconformidad con la citada construcción no obstante ser la directamente dañada, además que no se respetaron las formalidades que ordena la Ley Orgánica del Municipio Libre para expedir este tipo de autorizaciones de construcción, igualmente que con la multicitada construcción se obstruye la entrada a mi domicilio como a los servicios de emergencia como son Los Bomberos, La Cruz Roja, los servicios de entrega de Gas, agua potable, etc., etc., actos que violentan flagrantemente mis derechos Humanos y Garantías Constitucionales que las protegen, concretamente mi derecho de audiencia, el derecho a mis posesiones y derechos, el derecho a entrar y salir libremente de mi domicilio y los que resulten. Además que dicha construcción se está realizando al parecer en terrenos federales, pues la misma se encuentra en los márgenes de un arroyo propiedad federal." El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe tenerse en consideración, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio.... En el caso, la suscrita advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior" Del supuesto normativo inserto con antelación se deduce que, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos humanos y que por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina como de: definitividad, mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 61, fracciones XIV, XVIII y XX, y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones ponen de manifiesto que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por tanto, para que sea procedente el juicio de amparo contra determinaciones respecto de las cuales la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha determinación, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que no podría modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de garantías tilda de inconstitucional y, por ende, el no agotamiento del principio de definitividad. Por su parte, el artículo 19, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 19.- Las Salas del Tribunal son competentes para conocer de los juicios que se promuevan en contra de: I.- Los actos y resoluciones que las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal y de los municipios, así como los organismos descentralizados, cuando éstos actúen como autoridades, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares.". Como puede verse, de la anterior trascripción se colige que en contra del permiso de construcción de unas paredes en vía pública, en el cruce que hacen la calle denominada Privada de Juan Pablo Segundo perteneciente a la Fracción de Sánchez del municipio de Santa María del Río, San Luis potosí, emitida por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa María del Río San Luis Potosí, procede un medio legal de defensa -juicio contencioso administrativo-, que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar tal determinación, sin que la parte quejosa lo haya agotado previamente a promover el juicio de garantías en que se actúa, actualizándose así la causal de improcedencia invocada. Ciertamente, pues el referido numeral establece en forma genérica la procedencia del juicio contencioso administrativo en contra de todos los actos y resoluciones que las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal y de los Municipios, así como los organismos descentralizados, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares; luego, si en el caso, la determinación combatida fue emitida por el Ayuntamiento del Santa María del Río San Luis Potosí, y además, se traduce en una actuación de autoridad que puede irrogar un perjuicio al aquí quejoso, en tanto que por virtud de ella, se ordenó la construcción de una pared en la vía pública, obstaculizando el paso del quejoso a su domicilio particular, es inconcuso que aquél se encontraba en aptitud de acudir mediante el medio ordinario de defensa para su impugnación, empero, al no haberlo hecho así, es claro que se actualiza la referida causa de improcedencia del juicio constitucional. Sobre todo, si se tiene en consideración que en los capítulos del VII al XI, de la Ley de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, se establecen el plazo y la forma de hacerse valer y resolverse el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; previendo asimismo en su capítulo XIII, artículo 102, la posibilidad de suspender la ejecución del acto reclamado, por virtud de la interposición del medio de defensa al que se alude, sin exigir mayores requisitos de los que señala el artículo 124 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión definitiva... Sin que pase desapercibido para la suscrita, que si bien, el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclamen violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no menos lo es que, tal excepción a la causal de improcedencia prevista por la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, presupone que en la demanda de garantías se hagan valer exclusivamente violaciones directas a nuestra Carta Fundamental; pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la parte quejosa, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a nuestro máximo ordenamiento legal, podría optar entre acudir directamente al juicio constitucional o promover los medios ordinarios de defensa que las disposiciones secundarias establezcan.... En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia que establece el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto del acto que reclama el inconforme, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en cuestión. Domicilio y autorizados Con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción I, de la Ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en Aldama número 400 interior 101 de la Zona Centro en esta ciudad, y como su autorizado para tal efecto en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Samuel Ortega Hernández, toda vez que no tiene cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. Notificaciones De conformidad con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que de ser necesario, las diligencias derivadas del presente asunto las puedan llevar a cabo en días y horas inhábiles. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a la parte quejosa que la resolución dictada en el presente asunto y las constancias que lo integren estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Uso de aparatos electrónicos Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista la determinación dictada el diez de octubre de dos mil diecisiete, a la parte quejosa Ignacia López Pérez, que dice: Vista la demanda presentada por Ignacia López Pérez, con siete copias y anexo que acompaña, contra actos del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Santa María del Río San Luis Potosí, y otra autoridad. Por tanto, fórmese expediente y regístrese en el Registro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la integración del expediente electrónico, y su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1029/2017-8; y a la Secretaría vigile la digitalización oportuna y de manera legible de las constancias que en su caso integraran el presente juicio de amparo. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa.... De conformidad con el análisis contextual antes señalado, se obtiene que la impetrante de garantías reclama de las autoridades responsables: "ÚNICO.- De las autoridades que señalo como responsables reclamo la autorización de construcción que en una forma arbitraría, ilegal y sin procedimiento administrativo alguno se les otorgó a los señores Alejandro Pérez Ramos, Imelda Ventura Álvarez y al sacerdote católico de nombre Rubén Pérez Ramos, personas que señalo como Terceros interesados en la presente solicitud de amparo, misma que consiste concretamente en el permiso de construir unas paredes en vía pública, precisamente en el cruce que hacen la calle denominada Privada de Juan Pablo Segundo y la entrada a mi domicilio que se encuentra en la misma privada perteneciente a la Fracción de Sánchez del municipio de Santa María del Río, S.L.P., autorización de la cual no se me notificó ni en tiempo ni en forma para estar en condiciones de manifestar mi conformidad o inconformidad con la citada construcción no obstante ser la directamente dañada, además que no se respetaron las formalidades que ordena la Ley Orgánica del Municipio Libre para expedir este tipo de autorizaciones de construcción, igualmente que con la multicitada construcción se obstruye la entrada a mi domicilio como a los servicios de emergencia como son Los Bomberos, La Cruz Roja, los servicios de entrega de Gas, agua potable, etc., etc., actos que violentan flagrantemente mis derechos Humanos y Garantías Constitucionales que las protegen, concretamente mi derecho de audiencia, el derecho a mis posesiones y derechos, el derecho a entrar y salir libremente de mi domicilio y los que resulten. Además que dicha construcción se está realizando al parecer en terrenos federales, pues la misma se encuentra en los márgenes de un arroyo propiedad federal." El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe tenerse en consideración, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio.... En el caso, la suscrita advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior" Del supuesto normativo inserto con antelación se deduce que, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos humanos y que por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina como de: definitividad, mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 61, fracciones XIV, XVIII y XX, y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones ponen de manifiesto que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por tanto, para que sea procedente el juicio de amparo contra determinaciones respecto de las cuales la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha determinación, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que no podría modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de garantías tilda de inconstitucional y, por ende, el no agotamiento del principio de definitividad. Por su parte, el artículo 19, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 19.- Las Salas del Tribunal son competentes para conocer de los juicios que se promuevan en contra de: I.- Los actos y resoluciones que las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal y de los municipios, así como los organismos descentralizados, cuando éstos actúen como autoridades, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares.". Como puede verse, de la anterior trascripción se colige que en contra del permiso de construcción de unas paredes en vía pública, en el cruce que hacen la calle denominada Privada de Juan Pablo Segundo perteneciente a la Fracción de Sánchez del municipio de Santa María del Río, San Luis potosí, emitida por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa María del Río San Luis Potosí, procede un medio legal de defensa -juicio contencioso administrativo-, que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar tal determinación, sin que la parte quejosa lo haya agotado previamente a promover el juicio de garantías en que se actúa, actualizándose así la causal de improcedencia invocada. Ciertamente, pues el referido numeral establece en forma genérica la procedencia del juicio contencioso administrativo en contra de todos los actos y resoluciones que las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal y de los Municipios, así como los organismos descentralizados, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares; luego, si en el caso, la determinación combatida fue emitida por el Ayuntamiento del Santa María del Río San Luis Potosí, y además, se traduce en una actuación de autoridad que puede irrogar un perjuicio al aquí quejoso, en tanto que por virtud de ella, se ordenó la construcción de una pared en la vía pública, obstaculizando el paso del quejoso a su domicilio particular, es inconcuso que aquél se encontraba en aptitud de acudir mediante el medio ordinario de defensa para su impugnación, empero, al no haberlo hecho así, es claro que se actualiza la referida causa de improcedencia del juicio constitucional. Sobre todo, si se tiene en consideración que en los capítulos del VII al XI, de la Ley de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, se establecen el plazo y la forma de hacerse valer y resolverse el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; previendo asimismo en su capítulo XIII, artículo 102, la posibilidad de suspender la ejecución del acto reclamado, por virtud de la interposición del medio de defensa al que se alude, sin exigir mayores requisitos de los que señala el artículo 124 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión definitiva... Sin que pase desapercibido para la suscrita, que si bien, el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclamen violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no menos lo es que, tal excepción a la causal de improcedencia prevista por la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, presupone que en la demanda de garantías se hagan valer exclusivamente violaciones directas a nuestra Carta Fundamental; pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la parte quejosa, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a nuestro máximo ordenamiento legal, podría optar entre acudir directamente al juicio constitucional o promover los medios ordinarios de defensa que las disposiciones secundarias establezcan.... En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia que establece el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto del acto que reclama el inconforme, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en cuestión. Domicilio y autorizados Con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción I, de la Ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en Aldama número 400 interior 101 de la Zona Centro en esta ciudad, y como su autorizado para tal efecto en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Samuel Ortega Hernández, toda vez que no tiene cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. Notificaciones De conformidad con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que de ser necesario, las diligencias derivadas del presente asunto las puedan llevar a cabo en días y horas inhábiles. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a la parte quejosa que la resolución dictada en el presente asunto y las constancias que lo integren estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Uso de aparatos electrónicos Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa...

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