Ignacia Gutiérrez Preciado
Expediente 546/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 22 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 546/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 11/11/2019
Partes del expediente
- Ignacia Gutiérrez Preciado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada mediante proveído de veintiocho de octubre del año en curso (foja 146); en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "***", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 34 a 54), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los artículos 24, fracción III, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa, determinadas en la impresión de determinación de pago exhibida por la quejosa previstas en el artículo 24, fracción III, de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 24, fracción III de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley; es decir, para que vigilara que fueran desincorporados de la esfera jurídica de la promovente, en el presente y en el futuro, tales numerales legales; y, B) Devolverle a la parte quejosa las contribuciones erogadas, determinadas en la impresión de determinación de pago exhibida por la quejosa; esto es, reintegrar la cantidad de $22,123.00 (veintidós mil ciento veintitrés pesos 00/100 moneda nacional), que resultó de descontarle $3.00, por concepto de comisión bancaria; la cual debía ser actualizada. Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, interpuso recurso de revisión, el cual se sustanció ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, cuyos integrantes lo registraron con el número de amparo en revisión 354/2019 y, por ejecutoria de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, emitida en el cuaderno auxiliar 668/2019 de la estadística del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, en auxilio al Tribunal Colegiado de referencia, determinaron desecharlo; por tanto, quedaron intocados los efectos precisados en la ejecutoria en cita. Luego, a través del oficio DGJ/3458/2019, de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Jugados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit (fojas 144 y 145), en esa misma data, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó constancia de transferencia en la que se advierte que devolvió a la parte quejosa la cantidad de $22,250.44 (veintidós mil doscientos cincuenta pesos 44/100 moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad de $22,126.60 (veintidós mil ciento veintiséis pesos 60/100 moneda nacional), menos la cantidad de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de comisión bancaria, da como resultado $22,123.60 (veintidós mil ciento veintitrés pesos 60/100 moneda nacional), cantidad ésta sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el once de marzo de dos mil diecinueve y el veinticuatro de octubre de la presente anualidad, se efectuó la devolución mediante transferencia a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo de dos mil diecinueve a octubre del mismo año; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de septiembre de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de septiembre de esa misma anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue de 103.079; y para el mes de septiembre actual de 103.942. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00837. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad de $22,123.60 (veintidós mil ciento veintitrés pesos 60/100 moneda nacional), que resultó de restarle la cantidad de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de comisión bancaria, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $22,308.77 (veintidós mil trescientos ocho pesos 77/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, a la diversa que resultó del pago correspondiente de $22,126.60 (veintidós mil ciento veintiséis pesos 60/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $182.17 (ciento ochenta y dos pesos 17/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad $22,250.44 (veintidós dos mil doscientos cincuenta pesos 44/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $22,308.77 (veintidós mil trescientos ocho pesos 77/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $22,250.44 (veintidós mil doscientos cincuenta pesos 44/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $58.33 (cincuenta y ocho pesos 33/100 moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la quejosa en su traslado a esta ciudad, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada mediante proveído de veintiocho de octubre del año en curso (foja 146); en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "***", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 34 a 54), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los artículos 24, fracción III, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa, determinadas en la impresión de determinación de pago exhibida por la quejosa previstas en el artículo 24, fracción III, de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 24, fracción III de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley; es decir, para que vigilara que fueran desincorporados de la esfera jurídica de la promovente, en el presente y en el futuro, tales numerales legales; y, B) Devolverle a la parte quejosa las contribuciones erogadas, determinadas en la impresión de determinación de pago exhibida por la quejosa; esto es, reintegrar la cantidad de $22,123.00 (veintidós mil ciento veintitrés pesos 00/100 moneda nacional), que resultó de descontarle $3.00, por concepto de comisión bancaria; la cual debía ser actualizada. Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, interpuso recurso de revisión, el cual se sustanció ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, cuyos integrantes lo registraron con el número de amparo en revisión 354/2019 y, por ejecutoria de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, emitida en el cuaderno auxiliar 668/2019 de la estadística del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, en auxilio al Tribunal Colegiado de referencia, determinaron desecharlo; por tanto, quedaron intocados los efectos precisados en la ejecutoria en cita. Luego, a través del oficio DGJ/3458/2019, de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Jugados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit (fojas 144 y 145), en esa misma data, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó constancia de transferencia en la que se advierte que devolvió a la parte quejosa la cantidad de $22,250.44 (veintidós mil doscientos cincuenta pesos 44/100 moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad de $22,126.60 (veintidós mil ciento veintiséis pesos 60/100 moneda nacional), menos la cantidad de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de comisión bancaria, da como resultado $22,123.60 (veintidós mil ciento veintitrés pesos 60/100 moneda nacional), cantidad ésta sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el once de marzo de dos mil diecinueve y el veinticuatro de octubre de la presente anualidad, se efectuó la devolución mediante transferencia a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo de dos mil diecinueve a octubre del mismo año; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de septiembre de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de septiembre de esa misma anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue de 103.079; y para el mes de septiembre actual de 103.942. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00837. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad de $22,123.60 (veintidós mil ciento veintitrés pesos 60/100 moneda nacional), que resultó de restarle la cantidad de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de comisión bancaria, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $22,308.77 (veintidós mil trescientos ocho pesos 77/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, a la diversa que resultó del pago correspondiente de $22,126.60 (veintidós mil ciento veintiséis pesos 60/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $182.17 (ciento ochenta y dos pesos 17/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad $22,250.44 (veintidós dos mil doscientos cincuenta pesos 44/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $22,308.77 (veintidós mil trescientos ocho pesos 77/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $22,250.44 (veintidós mil doscientos cincuenta pesos 44/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $58.33 (cincuenta y ocho pesos 33/100 moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la quejosa en su traslado a esta ciudad, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el acuse de recibo signado por**, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa **, a través del cual acredita haber proporcionado ante el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, la documentación solicitada a su autorizante, a fin de que la autoridad responsable de que se trata se encuentre en condiciones de acatar el fallo protector; sin embargo, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de veintiocho de octubre actual (foja 146), por el que se le dio vista a la accionante de garantías, en relación con el cumplimiento efectuado por la autoridad responsable recaudadora. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por ********************, a través del cual, en cumplimiento al fallo protector concedido, remite copia simple del comprobante de tranferencia por la cantidad de $22,250.44 (veintidós mil doscientos cincuenta pesos 44/100 moneda nacional), a favor de la parte quejosa. En consecuencia, al tenor del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el comunicado de mérito y anexo que acompaña, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, con apercibimiento de que en caso de no hacer expresión alguna al respecto, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos, se hará pronunciamiento en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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